Leonarda Hernández Hernández
Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 35 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Leonarda Hernández Hernández
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
téngase recibida y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la pieza postal devuelta por el Administrador Local de Correos que contiene el oficio 13013/2022 dirigido a Bartolomé Méndez González, Agente de la Policía Investigadora de la Subdirección de Zona Media de la Dirección General de Métodos de Investigación, en Matehuala, San Luis Potosí, toda vez que el once de abril actual, se tuvo como autoridad no responsable, suspendiéndose toda comunicación con la misma. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con el 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables foráneas, hayan sido notificadas de la mencionada resolución, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento dictado. Es aplicable al respecto, la tesis de Jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Anótese en la carátula que este expediente es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN. Finalmente, de autos se advierte que se acompañaron a la demanda de amparo diversos documentos; en consecuencia, hágase saber a la parte quejosa, que cuenta con un plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acuda a este Juzgado, debidamente identificado, con documento original y vigente, en días y horas hábiles, a fin de que se le haga entrega de dicho documento. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la citada parte deberá generar previa cita, para que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las nueve a las catorce horas de lunes a viernes. Lo anterior a fin de que se encuentre en aptitud de realizar el trámite correspondiente para recibir los documentos que se dejan a su disposición. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de diecinueve de septiembre del año en curso que dice:"Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con el 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables foráneas, hayan sido notificadas de la mencionada resolución, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento dictado. Es aplicable al respecto, la tesis de Jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Anótese en la carátula que este expediente es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN. Finalmente, de autos se advierte que se acompañaron a la demanda de amparo diversos documentos; en consecuencia, hágase saber a la parte quejosa, que cuenta con un plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acuda a este Juzgado, debidamente identificado, con documento original y vigente, en días y horas hábiles, a fin de que se le haga entrega de dicho documento. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la citada parte deberá generar previa cita, para que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las nueve a las catorce horas de lunes a viernes. Lo anterior a fin de que se encuentre en aptitud de realizar el trámite correspondiente para recibir los documentos que se dejan a su disposición. Notifíquese; y personalmente al quejoso."
- Principal
CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracciones I, II, primer párrafo, y III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto de autoridad reclamado es el siguiente: La orden de detención y/o incautación de la motocicleta marca ITALIKA, modelo DM250, con número de motor ... color AZUL NEGRO. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y Delegado de la Séptima Delegación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad; toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que el impetrante de amparo haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Lo anterior se considera así, pues no obstante que de tales informes se dio vista a la parte quejosa, esta no aportó medio de convicción alguno tendiente a desvirtuar tal negativa, como era su carga probatoria conforme a la interpretación, en sentido contrario, del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que al prevalecer dicha negativa debe concluirse que los actos atribuidos a tales autoridades son inexistentes. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Determinación de existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Agente Fiscal adscrito a la Delegación Décima de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, con sede en San Luis Potosí, Capital, Encargado de la Jefatura de Grupo de la Subdirección de Zona Huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación en el Estado y Encargado del Grupo de Investigación de Abigeato de la Subdirección de Zona huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación en el Estado, toda vez que así se advierte de las manifestaron realizadas en su informe justificado. Asimismo, dicha circunstancia se corrobora con las constancias que remitieron el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación del Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, así como la Agente Fiscal de la Fiscalía General del Estado adscrito a la Delegación Décima, con sede en el Municipio de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, las que por tratarse de documentales públicas, tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo Segundo. De igual forma, el acto reclamado por la quejosa al Agente Fiscal Especializado en Abigeato de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con sede en Tamuín, Jefe de Grupo de la Policía Investigadora de la Dirección General de Métodos de Investigación, con sede en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí y Renato Andrade Chávez, Agente de la Policía Investigadora de la Dirección General de Métodos de Investigación, con sede en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, se presume cierto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues dichas autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante estar debida y oportunamente notificadas de los oficios a través del cual se les solicitó, como se desprende de los acuses de recibo de los oficios que obran agregados al expediente en que se actúa. Quinto. Análisis de las causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente se procede al estudio de las causales de improcedencia del juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: ... La cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del apéndice 2000, de la Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. .... En la especie, el acto reclamado por la quejosa radica en la detención y/o incautación de la motocicleta marca .... Sin embargo, se debe tomar en consideración que en auto de diecinueve de agosto del año en curso se tuvo por recibido el oficio 185/2022, signado por la Agente Fiscal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Delegación Décima con sede en el Municipio de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, a través del cual remitió copia certificada del acta levantada con motivo de la entrevista del querellante, de la que se advierte que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se hizo entrega a la quejosa el oficio .... dirigido al Encargado y/o Director de la Pensión de Grúas Valles, en esta ciudad, por el que se le hace la devolución y entrega en calidad de depósito ministerial de la motocicleta marca .... En ese sentido, se estima que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo. Ello ya que, como se advierte de las constancias digitalizadas, la responsable ordenó la devolución de la motocicleta de la cual se reclamó por esta vía la detención y/o incautación. Por consiguiente, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no genera perjuicio a la quejosa, pues al habérsele efectuado la devolución de la motocicleta en cuestión, la violación que en este juicio se reclamó ya no deja huella alguna en la esfera jurídica de la impetrante que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tal virtud, demostrada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63, del propio ordenamiento legal, procede SOBRESEER en el presente juicio constitucional. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 85/2022, promovido por ... en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en los resultandos primero y tercero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese.
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