León Medina Martínez
Expediente 682/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/09/2018
Partes del expediente
- León Medina Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho (folios 45 a 58); este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: Los efectos restitutorios de la ejecutoria constitucional, fueron para que la responsable: "1) Deje insubsistente la resolución recurrida; y, 2) Emita otra en la que con plenitud de jurisdicción, examine los restantes conceptos de impugnación formulados por la actora en la demanda, que tienden al fondo del asunto y resolver lo que en derecho corresponda, en el entendido de que de considerar que los conceptos de impugnación analizados no son suficientes para declarar la nulidad lisa y llana del oficio impugnado, deberá reiterar la nulidad decretada por indebida fundamentación y motivación". El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, procedió en los términos siguientes: -Por oficio ********************/********************, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, adjuntó la sentencia de la misma fecha y resolvió atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo (fojas 71 a 91), en la que se advierte lo siguiente: En el resultando cuarto, dejó insubsistente la sentencia de veinte de octubre de dos mil diecisiete. Respecto a los conceptos de anulación del segundo al sexto, los declaró inoperantes debido a que consideró: "(.) Luego entonces, la actora pretende hacer valer vicios del procedimiento para el ajuste de la facturación, es evidente que esas cuestiones ya eran conocidas por la demandante al momento de promover el primer juicio, pues ésta ya tenía conocimiento de la existencia del procedimiento previó y de la forma en que se le determinó el ajuste por facturación, por lo que si la sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis no satisfizo el interés del actor, éste estuvo en posibilidades de combatirla, sin embargo, fue omisa en hacerlo. Por ello, no se puede alegar en la presente instancia los vicios que pretende hacer valer, se reitera, dichos conceptos de impugnación debieron hacerse valer, desde el escrito que dio origen al juicio anterior; por tanto, al no haberlo hecho así o haber consentido el resultado alcanzado en el juicio anterior, resultan inoperantes. (.) Por otro lado, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en la ejecutoria que se cumplimenta, en atención a que los agravios del accionante resultaron infundados e inoperantes, se procede a reiterar lo resuelto por esta Sala el veinte de octubre de dos mi diecisiete en el juicio en que se actúa, por ende se califican como fundados los agravios encaminados a controvertir la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, para ello es preciso indicar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación, la obligación de la autoridad de señalar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, aplicables al caso concreto, y por motivación, la serie de razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se determinó que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa; no omitiendo para ello señalar la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. (.) En ese sentido, resulta suficiente que la autoridad señale únicamente lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. (.)" En el considerando quinto de la sentencia manifestó que es infundado el concepto de impugnación séptimo, en atención a lo siguiente. "Resulta infundado el argumento sostenido por la actora en el concepto de anulación séptimo del escrito inicial, en la parte que alegó que la autoridad demandada emitió la resolución en cumplimiento al fallo dictado en el expediente ********************/15-11-02-9, fuera del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (.) De la lectura realizada al anterior numeral se advierte que, en los casos en que este Tribunal dicte una sentencia en la que declare la nulidad cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad. En el caso, en el juicio primigenio, se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que "la Comisión Federal de Electricidad emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que explícitamente determine si es procedente o no EL AJUSTE DE FACTURACIÓN, por lo detección de la anomalía "CARGA CONECTADA ANTES DE LA MEDICIÓN", para lo cual, deberá señalar cuáles son los conceptos que consideró en el cálculo de la diferencia en el ajuste de facturación que específicamente utilizó para el cálculo correspondiente; mencione si consideró otros conceptos; funde y motive la competencia del funcionario que la emite; de forma tal que permita su posterior revisión y escrutinio", tal como se advierte de la sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis, visible en los auto del juicio ********************/15-11-02- 9, los cuales se tienen a la vista y que se tratan de hechos notorios por ser propios de esta Sala. (.) La sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis, fue notificada a la autoridad enjuiciada el once de julio de dos mil dieciséis, mientras que a la accionante se le notificó el dos de agosto de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de quince días con que contaban para interponer el medio defensa correspondiente feneció los días diecisiete y veinticuatro de agosto, respectivamente. Cabe mencionar que la sentencia dictada en el juicio primigenio quedó firme el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, una vez transcurrido el plazo legal de quince días para que las partes interpusieran medio de defensa legal alguno, lo cual no ocurrió, de ahí que los cuatro meses con que contaba la autoridad fiscal para dar cumplimiento a dicho fallo corrieron del veinticinco de agosto al veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, desde el escrito inicial de demanda, en el capítulo de hechos, la actora reconoció expresamente que el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis tuvo conocimiento del oficio DVMN/ZDC/DJ/********************1/2016, cuestión que no fue controvertida por las partes, es evidente que la autoridad dio cumplimiento en tiempo a la sentencia dictada en el juicio ********************/17-11-02-6, por lo que su argumento resulta infundado." Por otro lado, el concepto de impugnación octavo, lo declaró infundado, según se transcribe: "Por otro lado, en relación con el argumento que la actora hizo valer en el concepto octavo del escrito inicial, en donde alega que el "sistema sancionador constitucional", entre otros principios con fundamento en el artículo 23 constitucional prohíbe la duplicidad o repetición de procesos respecto de los mismos hechos o actos, se califica como infundado, en atención a que si bien dicho principio se traduce en materia administrativa, como la imposibilidad de las autoridades de iniciar un procedimiento administrativo respecto de hechos o situaciones que ya hayan sido objeto de uno diverso de similar naturaleza, en la especie no ocurrió tal situación. (.) De lo anterior podemos advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se viola cuando en materia fiscal se declara la nulidad de un acto para determinados efectos, debido a que la resolución que da efectos constituye una sentencia que puede ser controvertida, lo que no implica que el acto declarado nulo pueda ser materia de interminables juicios o procedimientos administrativos, pues respecto de ella no procede un nuevo juicio, sino que únicamente si se plantea respecto de un nuevo acto. Ahora bien, en el juicio de nulidad ********************/15-11-02-9, la actora controvirtió el oficio ********************/2014, de tres de diciembre de dos mil catorce, a través del cual el Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Cuautitlán de la División Valle de México Norte, le determinó un reajuste de facturación del servicio en cantidad de $********************(********************pesos ********************/1******************** M.N.), el cual tuvo como antecedente directo, la constancia de verificación de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, con número de folio 2122, a través de la cual se determina el corte del suministro de energía. (.) Así, en el presente asunto la actora demandó la nulidad del oficio DVMN/ZDC/DJ/********************1/2016, dictado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida en el juicio de nulidad ********************/15-11-02-9, es decir, se trata de una resolución nueva, pues la primigeniamente controvertida ya había quedado sin efectos. No pasa desapercibido que tanto en la resolución controvertida en el juicio primigenio, como en la controvertida en el presente, se determinó al actor un ajuste por facturación de $********************(********************pesos ********************/1******************** M.N.), correspondiente al periodo de veintiséis de junio de dos mil trece al veintisiete de noviembre de dos mil catorce, sin embargo, como se señaló el oficio ********************/2014, de tres de diciembre de dos mil catorce, fue declarado nulo en el juicio ********************/15-11-02-9, mediante sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis y en su lugar la autoridad emitió el diverso DVMN/ZDC/DJ/********************1/2016, de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, no puede considerarse que el actor hubiera soportado de nueva cuenta un procedimiento por hechos que habían sido materia de uno diverso al considerar que el primer oficio emitido en su contra fue declarado nulo en el juicio ********************/15-11-02-9, por lo que no le ocasiona ningún perjuicio al carecer de validez. En ese sentido, la única resolución que ocasiona afectación al promovente en el presente juicio es el oficio DVMN/ZDC/DJ/********************1/2016, de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia cuatro de julio de dos mil dieciséis, en el juicio primigenio, por lo que no se actualiza una duplicidad en los procedimientos empleado en contra del actor, de ahí lo infundado de su argumento." Con base a lo anterior, y visto que la responsable procedió a dejar insubsistente la sentencia reclamada, y emitió otra, atendiendo los lineamientos expuestos en la ejecutoria, al haber analizado los conceptos de impugnación en los que se alegaron aspectos de fondo, son las razones por las cuales este tribunal declara cumplida la ejecutoria de amparo; sin que en su cumplimiento se advierta que se incurrió en exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágaseles de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 197 y 214 de la ley de la materia. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, esto por así haberse ordenado en auto de nueve de enero de dos mil dieciocho; y mediante oficio a la tercera interesada. En su oportunidad, archívese el presente asunto. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, y anexo que se acompaña, por medio del cual remite copia certificada de la sentencia de cuatro de abril de dos mil diecisiete, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Lvec..
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 181 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, por conducto de su delegada, Andrea Cosette Solís Silva, carácter que le fue otorgado en auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad de origen, formulando alegatos. Finalmente, devuélvase los presentes autos a la ponencia respectiva de este tribunal colegiado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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