LEÓN MAGNO FRANYUTTI y Otros.
Expediente 1855/2013 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1855/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- LEÓN MAGNO FRANYUTTI y Otros.
- NORMA HERNÁNDEZ USCANGA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes quejosa y tercero interesado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por las autoridades responsables, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) El acto reclamado se hizo consistir en la resolución de diez de julio de dos mil trece, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca 826/2013 de su índice, en la que revocó el auto de sobreseimiento de catorce de febrero de ese año, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, y en consecuencia, ordenó continuar con la secuela procedimental en la causa penal 362/2015, instruida contra los quejosos por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de incumplimiento del deber legal. II) En la sentencia de amparo dictada el siete de noviembre de dos mil trece, se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto siguiente: A) La autoridad responsable Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada de diez de julio de dos mil trece, dictada en el toca 826/2013 de su índice. 2. Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, empero, ello una vez que se subsanaran los vicios formales que la afectaban, entre otros, el siguiente: -Explicara de forma clara y precisa cuál era la fecha desde la cual comenzó a computarse el término para que operara la prescripción de la acción penal, para sustentar si en el presente caso se actualizó o no dicha prescripción, tomando en cuenta que, mediante dictamen médico de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, recibido por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el dos de diciembre de dos mil nueve, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, emitió el respectivo dictamen médico institucional. La anterior concesión del amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y, al Director del Centro de Readaptación Social Zona I, ambos con sede en Pacho Viejo, Veracruz, los cuales no fueron reclamados por vicios propios, sino como una consecuencia del acto declarado inconstitucional. III) Por otra parte, cabe precisar que si bien en la sentencia también se fijaron obligaciones para el Secretario de Salud del Estado de Veracruz, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado y, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos con residencia en esta ciudad, mediante resolución de veintidós de abril de dos mil quince, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal, determinó que el juez federal se extralimitó de la litis planteada y tuvo una incorrecta apreciación de lo que implica el control de convencionalidad y del principio pro persona, pues para estar en posición de ordenar una reparación debía existir la determinación de una violación de derechos humanos, la cual surja en el momento procesal oportuno y dentro del marco del debido proceso; por lo que modificó la sentencia recurrida respecto de las obligaciones fijadas a los citados organismos. IV) En acuerdo de veintiséis de junio de dos mil quince, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en el toca relativo al amparo en revisión 476/2014, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual por una parte, modificó la sentencia recurrida y, por otra, concedió el amparo a la parte quejosa (fojas 280 a 298); en razón de ello se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora (fojas 299 y 300). V) Por su parte, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante oficio de 2164, remitió copia certificada de la resolución de siete de julio de dos mil quince, dictada en el toca de apelación 826/2013-A de su índice, en la que dejó insubsistente la resolución de diez de julio de dos mil trece (fojas 322 a 339); asimismo, la Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, en atención a la resolución emitida por la Sala responsable, remitió el oficio 1659 de diez de julio de dos mil quince (foja 341), en el que informó la medidas tomadas a fin de continuar con el procedimiento en la causa penal 362/2012 de su índice; y, el Director del Centro de Readaptación Social Zona I "Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, remitió el diverso oficio SSP-DGPRS/CPV/EJ/1918/2015, en el que informó el cumplimiento dado al fallo amparador. VI) Por tal motivo, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, quienes no realizaron manifestación alguna (foja 353). VII) De las constancias remitidas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo, se advierte lo siguiente: La Sala responsable: Dejó insubsistente la resolución emitida el diez de julio de dos mil trece. Dictó una nueva resolución en la que concluyó que no se actualizaba la prescripción de la acción penal, dejando plasmadas las operaciones aritméticas que sustentan su determinación, indicando que el ilícito de incumplimiento del deber legal cuenta con una pena privativa de libertad de uno a ocho años de prisión y multa de hasta doscientos días de salario mínimo, siendo su término medio aritmético de cuatro años, seis meses y ocho días; pues el artículo 112 del Código Penal establecía que la acción persecutoria prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad, pero en ningún caso será menor de tres años, lo que en el caso que nos ocupa no aconteció. La Sala responsable también precisó que si bien en el trascurso de la investigación del delito existió inactividad procesal proveniente de las partes o de la autoridad ministerial, esto es, en dos ocasiones, siendo la primera durante dos años y dos meses y la segunda durante dos años y diez meses, dicho término se había visto interrumpido por las actuaciones practicadas durante la investigación del delito, de conformidad con el artículo 117 del Código Penal; además, que de ninguno de los dos casos había excedido el término de cuatro años, seis meses y ocho días, que es el término medio aritmético de la sanción privativa de libertad correspondiente al delito que se imputaba a los quejosos. Asimismo, la referida Sala indicó que si bien la autoridad ministerial determinó la reserva de la investigación ministerial FESP/931/2005/III, dicha determinación quedó sin efecto al recibirse y agregarse el oficio número CODAMED.VER.SDAD.01145,0123.09, de veintiséis de noviembre de dos mil nueve, signado por Emilio Stadelmann López, que contiene el dictamen técnico médico institucional número 397-36-09, recibido por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Delitos Cometidos por Servidores Público, con sede en esta ciudad, el dos de diciembre de dos mil nueve, por lo que, transcurridos dos años y diez meses después de dicha fecha, la referida autoridad ministerial, el veinticinco de octubre de dos mil doce, determinó el ejercicio de la acción penal contra los aquí quejosos y otros, por la comisión del delito de incumplimiento de un deber legal; por lo anterior, el seis de diciembre de dos mil doce, la autoridad jurisdiccional consideró reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional y obsequió la correspondiente orden de aprehensión contra los quejosos, la cual fue ejecutada el siete y ocho de febrero de dos mil trece, respectivamente, y en esa última fecha quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien legalizó su detención, resolviendo su situación jurídica el catorce de febrero siguiente, dictando a su favor auto de sobreseimiento; corroborando con lo anterior que no se actualizaba la prescripción del delito que se le imputaba a la parte quejosa, y sin que la Sala responsable haya encontrado acreditada alguna otra causa que propiciaría la extinción de la acción penal. Por lo anterior, determinó revocar el auto recurrido y ordenar al Juez de Primera Instancia continuar con la secuela procedimental correspondiente, dentro de la causa penal 362/2012, instruida en contra de los quejosos. La Juez Primero de Primera Instancia: A fin de continuar con el procedimiento en la causa penal 362/2015 de su índice, el diez de julio de dos mil quince, citó a los quejosos para que comparecieran al Juzgado y se definiera su situación jurídica en términos de lo previsto por el artículo 19 constitucional (foja 341). El Director del Centro de Readaptación Social: Informó que la Juez de Primero de Primera Instancia le informó la resolución dictada por la Sala responsable, por lo que realizó las anotaciones en los libros de registro correspondientes (foja 352). Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS QUEJOSOS LEÓN MAGNO FRANYUTTI, NORMA HERNÁNDEZ USCANGA, JOSÉ EMILIO GUERRERO HUESCA Y EMILIO JUAN GUERRERO HUESCA, EL ACUERDO QUE DICE: Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes quejosa y tercero interesado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por las autoridades responsables, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) El acto reclamado se hizo consistir en la resolución de diez de julio de dos mil trece, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca 826/2013 de su índice, en la que revocó el auto de sobreseimiento de catorce de febrero de ese año, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, y en consecuencia, ordenó continuar con la secuela procedimental en la causa penal 362/2015, instruida contra los quejosos por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de incumplimiento del deber legal. II) En la sentencia de amparo dictada el siete de noviembre de dos mil trece, se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto siguiente: A) La autoridad responsable Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada de diez de julio de dos mil trece, dictada en el toca 826/2013 de su índice. 2. Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, empero, ello una vez que se subsanaran los vicios formales que la afectaban, entre otros, el siguiente: -Explicara de forma clara y precisa cuál era la fecha desde la cual comenzó a computarse el término para que operara la prescripción de la acción penal, para sustentar si en el presente caso se actualizó o no dicha prescripción, tomando en cuenta que, mediante dictamen médico de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, recibido por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el dos de diciembre de dos mil nueve, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, emitió el respectivo dictamen médico institucional. La anterior concesión del amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y, al Director del Centro de Readaptación Social Zona I, ambos con sede en Pacho Viejo, Veracruz, los cuales no fueron reclamados por vicios propios, sino como una consecuencia del acto declarado inconstitucional. III) Por otra parte, cabe precisar que si bien en la sentencia también se fijaron obligaciones para el Secretario de Salud del Estado de Veracruz, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado y, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos con residencia en esta ciudad, mediante resolución de veintidós de abril de dos mil quince, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal, determinó que el juez federal se extralimitó de la litis planteada y tuvo una incorrecta apreciación de lo que implica el control de convencionalidad y del principio pro persona, pues para estar en posición de ordenar una reparación debía existir la determinación de una violación de derechos humanos, la cual surja en el momento procesal oportuno y dentro del marco del debido proceso; por lo que modificó la sentencia recurrida respecto de las obligaciones fijadas a los citados organismos. IV) En acuerdo de veintiséis de junio de dos mil quince, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en el toca relativo al amparo en revisión 476/2014, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual por una parte, modificó la sentencia recurrida y, por otra, concedió el amparo a la parte quejosa (fojas 280 a 298); en razón de ello se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora (fojas 299 y 300). V) Por su parte, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante oficio de 2164, remitió copia certificada de la resolución de siete de julio de dos mil quince, dictada en el toca de apelación 826/2013-A de su índice, en la que dejó insubsistente la resolución de diez de julio de dos mil trece (fojas 322 a 339); asimismo, la Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, en atención a la resolución emitida por la Sala responsable, remitió el oficio 1659 de diez de julio de dos mil quince (foja 341), en el que informó la medidas tomadas a fin de continuar con el procedimiento en la causa penal 362/2012 de su índice; y, el Director del Centro de Readaptación Social Zona I "Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, remitió el diverso oficio SSP-DGPRS/CPV/EJ/1918/2015, en el que informó el cumplimiento dado al fallo amparador. VI) Por tal motivo, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, quienes no realizaron manifestación alguna (foja 353). VII) De las constancias remitidas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo, se advierte lo siguiente: 1. La Sala responsable: a) Dejó insubsistente la resolución emitida el diez de julio de dos mil trece. b) Dictó una nueva resolución en la que concluyó que no se actualizaba la prescripción de la acción penal, dejando plasmadas las operaciones aritméticas que sustentan su determinación, indicando que el ilícito de incumplimiento del deber legal cuenta con una pena privativa de libertad de uno a ocho años de prisión y multa de hasta doscientos días de salario mínimo, siendo su término medio aritmético de cuatro años, seis meses y ocho días; pues el artículo 112 del Código Penal establecía que la acción persecutoria prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad, pero en ningún caso será menor de tres años, lo que en el caso que nos ocupa no aconteció. La Sala responsable también precisó que si bien en el trascurso de la investigación del delito existió inactividad procesal proveniente de las partes o de la autoridad ministerial, esto es, en dos ocasiones, siendo la primera durante dos años y dos meses y la segunda durante dos años y diez meses, dicho término se había visto interrumpido por las actuaciones practicadas durante la investigación del delito, de conformidad con el artículo 117 del Código Penal; además, que de ninguno de los dos casos había excedido el término de cuatro años, seis meses y ocho días, que es el término medio aritmético de la sanción privativa de libertad correspondiente al delito que se imputaba a los quejosos. Asimismo, la referida Sala indicó que si bien la autoridad ministerial determinó la reserva de la investigación ministerial FESP/931/2005/III, dicha determinación quedó sin efecto al recibirse y agregarse el oficio número CODAMED.VER.SDAD.01145,0123.09, de veintiséis de noviembre de dos mil nueve, signado por Emilio Stadelmann López, que contiene el dictamen técnico médico institucional número 397-36-09, recibido por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Delitos Cometidos por Servidores Público, con sede en esta ciudad, el dos de diciembre de dos mil nueve, por lo que, transcurridos dos años y diez meses después de dicha fecha, la referida autoridad ministerial, el veinticinco de octubre de dos mil doce, determinó el ejercicio de la acción penal contra los aquí quejosos y otros, por la comisión del delito de incumplimiento de un deber legal; por lo anterior, el seis de diciembre de dos mil doce, la autoridad jurisdiccional consideró reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional y obsequió la correspondiente orden de aprehensión contra los quejosos, la cual fue ejecutada el siete y ocho de febrero de dos mil trece, respectivamente, y en esa última fecha quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien legalizó su detención, resolviendo su situación jurídica el catorce de febrero siguiente, dictando a su favor auto de sobreseimiento; corroborando con lo anterior que no se actualizaba la prescripción del delito que se le imputaba a la parte quejosa, y sin que la Sala responsable haya encontrado acreditada alguna otra causa que propiciaría la extinción de la acción penal. Por lo anterior, determinó revocar el auto recurrido y ordenar al Juez de Primera Instancia continuar con la secuela procedimental correspondiente, dentro de la causa penal 362/2012, instruida en contra de los quejosos. 2. La Juez Primero de Primera Instancia: a) A fin de continuar con el procedimiento en la causa penal 362/2015 de su índice, el diez de julio de dos mil quince, citó a los quejosos para que comparecieran al Juzgado y se definiera su situación jurídica en términos de lo previsto por el artículo 19 constitucional (foja 341). 3. El Director del Centro de Readaptación Social: a) Informó que la Juez de Primero de Primera Instancia le informó la resolución dictada por la Sala responsable, por lo que realizó las anotaciones en los libros de registro correspondientes (foja 352). Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", con sede en Pacho Viejo, Veracruz, a través del cual informa las medidas adoptadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente en este asunto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se ordena dar vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el plazo de TRES DÍAS legalmente computado, con las constancias que obran en autos, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; en la inteligencia que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos, en tanto que el cumplimiento de la sentencia es de orden público.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS QUEJOSOS LEÓN MAGNO FRANYUTTI, NORMA HERNÁNDEZ USCANGA, JOSÉ EMILIO GUERRERO HUESCA Y EMILIO JUAN GUERRERO HUESCA, EL ACUERDO QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", con sede en Pacho Viejo, Veracruz, a través del cual informa las medidas adoptadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente en este asunto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se ordena dar vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el plazo de TRES DÍAS legalmente computado, con las constancias que obran en autos, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; en la inteligencia que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos, en tanto que el cumplimiento de la sentencia es de orden público.
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