León Fermí Pacheco García
Expediente 322/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/07/2022
Partes del expediente
- León Fermí Pacheco García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México; veintiocho de julio de dos mil veintidós. Se atiende promoción: Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de Amparos contra Actos Administrativos C de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual devuelve el oficio 28148/2022 del índice de este Juzgado, por no tener representación sobre el Presidente de la República. Atento a lo anterior, y de una revisión de autos se advierte que la Secretaría de la Función Pública, es la secretaría que representa al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el presente juicio de amparo. En razón a lo anterior, se ordena reexpedir vía ordinaria (vía papel), el citado oficio que contiene el proveído de siete de julio de dos mil veintidós, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (por conducto de la Secretaría de la Función Pública). Fundamento: Artículos 3°, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su numeral 2º. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que ya se ordenó archivar el expediente en que se actúa; en tal virtud, en su oportunidad remítase este asunto al archivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por el Director de Amparos contra Actos Administrativos "C" de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual devuelve el oficio 18344/2021, girado al Presidente de la República, toda vez que informa que no le corresponde la representación del Ejecutivo Federal, en esas condiciones reexpídase dicho oficio por conducto de la Secretaria de la Función Pública, lo anterior para los efectos legales del caso. Por otra parte, dígase a las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: mariadelcarmen.cerecedo.arreola@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del quince de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; y, tomando en consideración que por Circular 9/2021 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que en sesión ordinaria de la misma fecha, el Pleno declaró como días no laborables el quince de septiembre, uno y dos de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que no correrán los términos de Ley, conforme lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional. Por tal motivo este órgano jurisdiccional fija las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Fundamento: Artículo 115, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables y a la parte quejosa. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables por oficio y a la parte quejosa de forma personal. Fundamento: Artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Invitación al trámite del juicio en línea. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: ana.vargas.rosas@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 322/2020, promovido por León Fermín Pacheco García, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, León Fermín Pacheco García, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Turno al juzgado en materia administrativa. La demanda fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde fue radicada con el número de expediente que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se emplazó a las partes; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (hoy Fiscal Ejecutivo Titular); y, se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el juzgado de origen remitió el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que le diera el turno correspondiente. CUARTO. Turno y radicación en este juzgado de Distrito. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de diez de marzo de dos mil veinte, radicó la demanda y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 322/2020; en el mismo auto, se notificó a las partes; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular); y se señalaron nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que obra glosada en autos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, así como los efectos y consecuencias. Es aplicable a la precisión de actos que antecede, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Cámara de Senadores [1] y Cámara de Diputados [2], ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República [3], que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus competencias, en la discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en concreto, los artículos 20, 22 y 24, así como el 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." En razón de lo anterior, se tienen por ciertos los actos descritos y se procede a continuación al estudio de las causas de improcedencia de los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Lo anterior es así, ya que de autos se advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el contenido del artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Conforme a los preceptos reproducidos, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, debe entenderse por agraviado todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que el peticionario del amparo está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto y que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Al respecto, el artículo 107 constitucional que establece los principios rectores del juicio de amparo, pondera la existencia del agravio personal y directo, definido como: "todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El concepto de interés jurídico está estrechamente ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no lo causa, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional en su contra. De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo el solicitante del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de la expedición de normas que tilda de inconstitucional, la regla es que el quejoso debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Es aplicable al caso, la tesis II.2o.C.92 K, de rubro es: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE." Además, como lo prevé el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés "simple" en ningún caso podrá invocarse como interés jurídico, de modo que es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley, que faculte a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y como consecuencia lógica, el correlativo deber de cumplirla. En ese sentido, hay "interés jurídico", cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que legitime a exigir de la autoridad determinada conducta. Asimismo, el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Resulta ilustrativa en la parte que aquí interesa la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De lo anterior, se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.16/94, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Respecto al tema, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo se sigue a instancia de parte agraviada, y se entiende como tal quien "aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", mientras que la Ley de Amparo, abunda sobre esta definición. Su artículo 5, fracción I, en la parte que interesa, define como quejoso a quien "aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo", cuando alegue que el acto reclamado viola derechos humanos y ello produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es válido afirmar que la noción de perjuicio, para efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, cuya transgresión por una autoridad o por alguna ley es factor determinante para que su titular ocurra ante el órgano de control de la constitucionalidad a demandar el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es el interés jurídico que la ley de la materia exige para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXVII.1o. (VII Región) J/4 (10a), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ahí que el interés jurídico de quien promueve la acción de amparo, sólo se surte en la medida en que se demuestre que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones legalmente salvaguardados. Por tanto, la demostración del perjuicio que el quejoso dice le causa el Decreto reclamado constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, pues para la procedencia de la acción constitucional, se requiere que el acto combatido incida en la esfera jurídica del solicitante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso concreto, el solicitante de la protección constitucional refiere que con motivo de la discusión, aprobación, expedición y publicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se le causa una afectación a su esfera de derechos dado que se le pretende, unilateralmente modificar y reducir el sueldo y diversas prestaciones. Ahora para que la afectación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario acredite encontrarse en el supuesto de la norma combatida, por lo que se debe exhibir documentales que produzcan la convicción de que tiene derecho a percibir un salario por el desempeño de un cargo público y que la norma reclamada afecte su esfera jurídica; sin embargo, no ofreció prueba idónea para acreditar que se ubica en los supuestos del Decreto combatido. Ello es así, pues para acreditar su interés jurídico, el quejoso exhibió como prueba las siguientes documentales en copia simple: Contrato individual de trabajo celebrado entre Cenace y el quejoso, Reconocimiento de antigüedad a nombre del quejoso, Credencial expedida al quejoso por Cenace, y Credencial a nombre del quejoso, expedida por el Instituto Federal Electoral. Documentales que, por sí solas, no demuestran el interés jurídico para instar el presente juicio de garantías, pues sólo generan la presunción de la existencia de su original, por lo que los citados documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiere objetado su autenticidad. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." Asimismo, robustece lo anterior la jurisprudencia J/37, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS." Por todo lo anterior, debe decirse que no basta que el solicitante de amparo manifieste encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de derecho preexistente que pueda defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar las normas señaladas como actos reclamados. Así para considerar que la ley impugnada impacta en la esfera de derechos de la parte quejosa, ésta debió probar, como mínimo, ser funcionario público y que por su desempeño perciba alguna contraprestación. En suma, ninguno de los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa permiten acreditar la prerrogativa manifestada, de manera que no demostró la afectación a su interés jurídico. Con base en lo anterior, es claro que la parte quejosa no tiene interés, siquiera legítimo, para reclamar las normas combatidas, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que el quejoso no demostró tener interés para combatirla, al no ser parte del grupo de individuos a quienes puedan afectar las normas impugnadas. En este orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no se acreditó la afectación a un interés jurídico ni legítimo, por lo que procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o. J/23, con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este expediente corresponde. Notifíquese.
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