León Felipe González Martínez
Expediente 387/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- León Felipe González Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.(III)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho...Vista la certificación que antecede de la que se desprende que el promovente del juicio de amparo, no dio cumplimiento a la prevención que se le formuló en auto de dos de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia, este órgano jurisdiccional de amparo procede a pronunciarse sobre la admisión de la demanda. - Análisis integral del escrito de demanda - De las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que a manera de antecedentes realiza el promovente del juicio de amparo en su escrito inicial de demanda, mismas que constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, emerge que León Felipe González Martínez, quien promueve el juicio ".por mi propio derecho...", aduce tener el carácter de "apoderado representante" de la parte actora de nombre Juan Manuel Martínez Garza, en el juicio laboral de origen número 2185/2015-4, del índice de la Junta Especial responsable. Asimismo, asegura que dicha personalidad le fue otorgada mediante mandato con carta poder con facultades expresas, en base a los artículos 692, fracción I y 693 de la Ley Federal del Trabajo, siendo el caso que a pesar de que se le reconoció tal carácter por la responsable, verídico resulta también, que en el auto reclamado no se acordó de conformidad lo solicitado, en virtud de que no se desprende la exhibición de carta de pasante o cédula profesional o registro en el sistema de la Junta, por lo que reservó su solicitud hasta en tanto demuestre el carácter de pasante o licenciado en derecho. - Desechamiento de la demanda de amparo - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE En la especie, Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I y 6°, sensu contrario, todos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." (subrayado añadido). "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Cabe señalar que el interés jurídico consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; ya que de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación 72 Séptima Parte, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.Igualmente sustenta lo expuesto, el criterio emitido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI. 3º. J/26, visible en la página 117 del Tomo VIII, Diciembre de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado en el sentido de que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; y, por consiguiente, es un presupuesto procesal para la procedencia de la acción de amparo que el acto o la ley reclamados en un juicio de garantías, cause perjuicio al quejoso. En consecuencia, el contenido de los preceptos legales transcritos en lo que interesa revelan, por un lado, que tiene carácter de quejoso, el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo primero de la misma ley de Amparo, que no son otros que las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, las garantías otorgadas por la Constitución y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las demás normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal, de los Estados o del Distrito Federal, que ahí se consignan, incluida la protección de las personas, frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la misma ley. Asimismo, se exige que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Además destaca, que la autoridad pública no puede invocar interés legítimo. Y, finalmente se establece, que la víctima u ofendido del delito, podrán tener el carácter de quejosos conforme a la misma ley. Lo anterior determina, que en ninguna parte de las analizadas disposiciones, se prevé la posibilidad de que los apoderados del actor en el juicio laboral, promoviendo por propio derecho el juicio de amparo, respecto de un acto dictado en el primero, puedan tener el carácter de parte quejosa; pues atento a lo transcrito, el único que puede ser quejoso es la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley, esto es, aquella que sea titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y los tratados internacionales y con ello se produzca una afectación real, actual y directa a su esfera jurídica, por provenir de tribunales judiciales, en la especie, en materia de trabajo. Además, de acuerdo con el texto transcrito del artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo puede promoverse por quien aduce ser el titular del derecho subjetivo (interés jurídico), pues al reclamarse una resolución proveniente de un Tribunal Judicial, necesariamente el acto materia de reclamo debe afectarle de manera personal y directa. Circunstancia que en la especie no se surte, ya que el acto que reclama el promovente del amparo por su propio derecho, consistente en el auto dictado por la Junta Especial responsable el veintiocho de febrero del año en curso, en donde se reservó acordar diverso escrito, hasta en tanto acreditara su carácter de pasante o licenciado en derecho, dado que adujo ser apoderado de la parte actora en el juicio laboral, no le afecta derecho subjetivo alguno de manera personal y directa, requisito sine qua non, para promover el presente juicio constitucional, pues en todo caso, la falta del reconocimiento de su calidad de apoderado de la parte actora en el juicio laboral de origen, hasta en tanto se surta la condición impuesta por la responsable, ocasionaría una afectación directa en la esfera jurídica del actor en el juicio laboral, por ser quien deduce una pretensión determinada en dicho controvertido y es el titular del derecho que se estima vulenrado, más no en la diversa esfera de derechos que corresponde al promovente, en favor de quien se otorga el mandato a través de la carta poder que -asegura- le fue otorgada por el actor principal en el juicio burocrático de origen. Lo anterior, toda vez que la manifestación del sedicente apoderado de la parte actora en el juicio laboral de donde surge el acto reclamado, en el sentido de que promueve la acción constitucional por su propio derecho, en esas condiciones, torna improcedente el juicio con apoyo en los preceptos supra indicados, pues, por su propio derecho, el promovente carece de legitimación procesal activa, cuando al mismo tiempo asegura que actúa como apoderado legal de una de las partes en el juicio laboral de origen, pues como tal, el acto reclamado no le irroga agravio alguno en forma personal y directa, sino sólo en su calidad de apoderado legal de quien representa. Es por ello que el promovente del amparo no acredita su legitimación para promover el juicio de amparo por su propio derecho y no con el carácter con el que compareció al juicio laboral de origen, mismo que aduce expresamente le fue reconocido por la autoridad responsable, pues al accionar en tal forma, esto es, no siendo titular del derecho ejercitado en el juicio natural, ya que solo se le otorgó el carácter de apoderado con facultades expresas, es evidente que el acto reclamado no le irroga un agravio en lo personal. Sin que pase desapercibido para quien resuelve, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 24/96 , determinó que debe suplirse el error en la demanda de amparo cuando su promueve por derecho propio, pero de su apreciación integral se desprende que se promueve en representación de otro. Ello, en virtud de que, del análisis integral del contenido de la demanda, se advierte que la promoción del juicio por quien suscribe la demanda por propio derecho, no evidencia un yerro que permita considerar que insta la acción constitucional en nombre de otro -particularmente del actor en el juicio laboral origen del acto reclamado. Es así, en la medida de que, con entera independencia de que el accionante no desahogó la prevención que se le formuló en ese sentido, a fin de que aclarara el carácter con el que promueve, lo cierto es que del contenido integral de la demanda se advierte que no se trata de un simple error en la forma de promover el juicio de amparo, ya que en uno de sus motivos de inconformidad, expresamente se duele de que no se encuentra obligado en forma personal, a acreditarle a la responsable el carácter de pasante o licenciado en derecho que aquella le exige, agregando que ".la Junta responsable agravia al suscrito." al no observar el contenido de los numerales 692, fracción I y 693 de la Ley Federal del Trabajo, al no reconocerle la personalidad como apoderado de la parte "demandada", por no ser "su voluntad" acreditarle a la responsable el carácter mencionado, por no encontrarse obligado a ello. Manifestaciones las anteriores, que revelan la expresa voluntad de promover el juicio de amparo en contra del acto reclamado, por su propio derecho y no, en nombre de alguna de las partes en el juicio laboral, por virtud de un error en la forma en que se promueve la acción constitucional, que este juzgador debiera suplir en otras circunstancias diversas a las expuestas, que claramente se desprenden del contenido integral de la demanda de amparo. Máxime que, además de que el promovente señala expresamente en la demanda, que el juicio de amparo lo promueve por su propio derecho, es claro que no lo hace como apoderado de la parte actora en el juicio laboral de donde emana lo reclamado, porque tampoco solicitó que se le reconociera la representación con la que compareció a dicho controvertido, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, ni acompañó las constancias que así lo acreditan; de tal suerte que en esas condiciones, al promover por su propio derecho el accionante, carece de legitimación procesal activa, porque no tiene la aptitud para ejercer en contra del derecho que se cuestiona, en forma directa y personal. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I y 6°, sensu contrario, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza...(III)
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Notifíquese personalmente.(III)
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