León Dan Vázquez López
Expediente 176/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- León Dan Vázquez López
Actuaciones
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de quince de febrero de dos mil dieciséis, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, el expediente 707/2013 de su índice, sin que haya lugar a ordenar el desglose del mismo, toda vez que por auto de quince de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó formar un tomo de pruebas por cuerda separada del principal (foja 24). Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo vigésimo primero de dicho acuerdo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término que establece el diverso artículo décimo primero del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente.
- Principal
Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 120/2016, con motivo de la demanda de amparo de derechos fundamentales de Leo Dan Vázquez López, dado que mediante resolución de veintinueve de enero del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se procede a proveer lo conducente respecto de la citada demanda de amparo. Procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. Así las cosas, este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que, al tratarse de una actuación dentro de juicio, el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo dispuesto en el segundo artículo trascrito, debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós fracciones anteriores del artículo 61 de la ley de la materia, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, de los diversos artículos transcritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra actos que producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la instancia constitucional no se reclamen actos ocurridos dentro del juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del proceso es de carácter excepcional. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que la propia Ley de Amparo en vigor establece que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que no tienen tal característica los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Esto significa que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En este apartado, conviene precisar que las violaciones procesales ocurridas dentro del juicio son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva o laudo final. Luego, si llegado el momento de dilucidar si es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, no se actualiza alguno de los enunciados supuestos, el juicio de derechos fundamentales será improcedente y, en tal condición, el peticionario de amparo deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva, entendida ésta como la que decida el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir la posible violación cometida a través de la vía directa del juicio de amparo. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos sean de imposible reparación, esto es, que incidan inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal y tratados internacionales y no en los adjetivos. Debiéndose entender por los primeros, aquéllos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una sentencia favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Bajo ésta óptica, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado, siempre que, como ya se mencionó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, en la especie la parte quejosa señala como acto reclamado la interlocutoria dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 707/2013, promovido por Leo Dan Vázquez López, contra Carlos García Sarmiento, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, relativa al recurso de revocación de quince de septiembre de dos mil quince, interpuesto por la parte actora, por el cual confirma el auto de catorce de agosto de dos mil catorce, dictado en la etapa procesal de ofrecimiento admisión y desahogo de pruebas, en el cual, se le tiene a la parte demandada por admitido en tiempo y forma su dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía. De lo anterior, se evidencia que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: En el particular, resulta claro que la sentencia que resolvió el recurso de revocación en el cual confirmó el auto de catorce de agosto de dos mil catorce, dictado en la etapa procesal de desahogo de pruebas, dentro del expediente del juicio ejecutivo mercantil 707/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en el cual se tiene a la parte demandada Carlos García Sarmiento, por admitido en tiempo y forma su dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía; no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque se trata de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque de existir alguna infracción en la admisión del dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía, dentro del expediente del juicio ejecutivo mercantil 707/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, por el cual se tiene a la parte demandada Carlos García Sarmiento, por admitido en tiempo y forma su dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía, constituiría una violación al procedimiento, susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva, que se dicte en la causa. Por tanto, si la admisión de la prueba ofrecida por la parte contraria del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley, dicha violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, como lo establece el artículo 172 de la fracción III, de la Ley de Amparo, Consecuentemente, las actuaciones realizadas en el juicio de origen donde la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación en el cual confirmó el auto de catorce de agosto de dos mil catorce, dictado en la etapa procesal de desahogo de pruebas, dentro del expediente del juicio ejecutivo mercantil 707/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en el cual se tiene a la parte demandada Carlos García Sarmiento, por admitido en tiempo y forma su dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía, no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el juez de distrito, porque no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, porque la forma en que la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación en el cual confirmó el auto de catorce de agosto de dos mil catorce, dictado en la etapa procesal de desahogo de pruebas, dentro del expediente del juicio ejecutivo mercantil 707/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, por el cual se tiene a la parte demandada Carlos García Sarmiento, por admitido en tiempo y forma su dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía, constituiría una violación al procedimiento, susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, por lo cual sólo puede combatirse mediante el amparo directo que se promueva en su contra si la violación trasciende al resultado. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo en vigor para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas de las partes, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. En esta tesitura, las actuaciones reclamadas a la autoridad responsable que resolvió el recurso de revocación en el cual confirmó el auto de catorce de agosto de dos mil catorce, dictado en la etapa procesal de desahogo de pruebas, dentro del expediente del juicio ejecutivo mercantil 707/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, por el cual se tiene a la parte demandada Carlos García Sarmiento, por admitido en tiempo y forma su dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía, no producen al ahora quejoso de manera inmediata una afectación a sus derechos fundamentales que sea de imposible reparación, dado que se trata de una cuestión de índole procesal en el trámite del juicio natural, que solamente repercute en el propio procedimiento, pero que no afecta algún derecho sustantivo, en razón de que existe la posibilidad de que el inconforme obtenga un fallo definitivo favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los efectos de la supuesta infracción que señala y su esfera jurídica quedaría intocada. Por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva que resuelva la controversia respectiva cuando pueda apreciarse si el proceder de la autoridad responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación trascendió al resultado de ese fallo, pues en tal supuesto entonces sí tendría la posibilidad de combatirla vía amparo directo, si ésta resultara adversa a sus intereses. Así, es inconcuso que el acto reclamado no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta, pues en todo caso trastocaría -presuntivamente- derechos de índole procesal que son combatibles mediante la promoción del juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva que dirima la controversia de que se trata. Esta afirmación se corrobora al tener en cuenta que la situación impugnada por la parte quejosa desaparecerá del mundo fáctico sin trascender a su esfera jurídica en caso de que el tribunal responsable dicte sentencia favorable a sus intereses en el juicio natural; circunstancia que, sin género de duda demuestra la ausencia de una afectación irreparable. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. En las relacionadas condiciones, se concluye que las actuaciones que por esta vía constitucional se reclaman, son actos emitidos dentro del juicio, que no tiene el carácter de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclama el inconforme, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. Por otra parte, como lo solicita expresamente el promovente, háganse las notificaciones de éste y los subsecuentes proveídos en lista que se fije en los estrados de este juzgado, aún las notificaciones de carácter personal, y por autorizado en términos amplios a Arturo Flores Pérez, toda vez que el mismo cuenta con el registro de su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal a Perla Yanira Sánchez y Arturo Flores Muñoz. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacer públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, se hace del conocimiento a las partes para que manifiesten si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales al hacerse pública la presente; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva a que la sentencia respectiva se publique con supresión de datos. Se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la sentencia, se ingrese en el módulo Sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En la inteligencia de que es responsabilidad del Secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución.
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