Leon Armando Liahut Quiroz
Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Leon Armando Liahut Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Archivo. Archívese el presente por tratarse de un asunto concluido.
- Principal
La Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, comunica el auto emitido el 27 de mayo de 2019, del que se advierte lo siguiente: Se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de 10 de mayo de 2019. Se registró con el número 225/2019.
- Principal
La parte quejosa interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de mayo de 2019. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 de la Ley de Amparo. a. Tramítese el recurso de queja. b. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. c. Agréguese una copia de los agravios a este expediente. d. Remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo indirecto, en vía de informe justificado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en turno, para agilizar el trámite, la integración y la resolución del recurso de queja y, con ello, garantizar a los justiciables el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías judiciales y la protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. e. Por ende, se estima innecesario otorgar plazo a las partes para que señalen las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. f. Remítanse a la superioridad los agravios originales y una copia para correr traslado al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, diez de mayo de dos mil diecinueve. Oficio. La Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, envía los autos originales del juicio en que se actúa; asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria dictada el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el conflicto competencial 4/2019 de su índice; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, para conocer del juicio del juicio de amparo promovido por león Armando Liahut Quiroz, en contra del Director del Instituto Consorcio Clavijero y otras autoridades. TERCERO. Comuníquese a los jueces del conflicto competencial y remítanse los autos al juez estimado competente." Acuerdo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta; tómese conocimiento de lo informado por el Tribunal de Alzada y se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo. Acúsese el recibo correspondiente. Acuerdo sobre el cuaderno de antecedentes. Glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de este asunto al citado Tribunal Colegiado, para el dictado del conflicto competencial. Demanda de amparo. A juicio de este órgano jurisdiccional, se advierte de manera manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia del juicio de amparo, que conduce a desechar de plano la demanda de garantías. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda. Esto es, que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. De ahí que nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite de la demanda si se conoce desde un inicio el resultado, además de que se contravendría lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, se considera que en el actual asunto, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que el Director y el Subdirector Académico, ambos del Instituto Consorcio Clavijero, así como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, no tienen la calidad de autoridades responsables para el juicio de amparo De lo anteriores preceptos se tiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Caso concreto respecto al carácter de autoridades responsables del Director y el Subdirector Académico, ambos del Instituto Consorcio Clavijero. Ahora bien, el dispositivo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa: "Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. [.]. VII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y [.]". De lo transcrito se desprende que las universidades podrán gozar de autonomía, la cual se traduce en otorgar las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismos. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto Constitucional, en virtud que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en la leyes respectivas, en las que se deberá desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente. Por su parte, el Estatuto de Estudiantes de Programas Técnicos Superior Universitario y Licenciatura del Instituto Consorcio Clavijero, establece lo siguiente: "Artículo 1. El presente Estatuto es de observancia general para los aspirantes a ingresar a alguno de los programas de Técnico Superior Universitario o Licenciatura del Instituto Consorcio Clavijero, en adelante ICC, así como para los estudiantes inscritos y para los egresados en lo que a ellos concierne. Con fundamento en el artículo 4 fracción XVII. del Decreto que crea el Instituto Consorcio Clavijero como un Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz No. Ext. 293 de fecha 29 de agosto de 2012, que le confiere la facultad de expedir las disposiciones normativas necesarias para el logro de su objeto y el cumplimiento de sus atribuciones. Artículo 2. Este estatuto establecerá las normas para el ingreso, permanencia, evaluación y egreso de los estudiantes del Instituto Consorcio Clavijero de los programas de Técnico Superior Universitario, en adelante TSU y Licenciatura. Artículo 44. El estudiante podrá solicitar una revisión académica de una calificación final, si cumplió en tiempo y forma con las actividades de evaluación, y considera que no fueron aplicados los métodos o criterios de evaluación del desempeño académico descritos en las actividades de la materia. El tiempo límite para solicitar una revisión de esta naturaleza será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la publicación de la calificación en el sistema de administración escolar del ICC. Artículo 46. El Consejo Técnico analizará la solicitud presentada por el estudiante y dictaminará sobre la misma en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles posteriores al cierre del periodo establecido, para la solicitud de revisiones académicas. Artículo 47. La resolución del Consejo Técnico será definitiva e inapelable. La resolución se le hará llegar al estudiante mediante una notificación, vía correo electrónico, además de ser actualizada la calificación en el sistema de administración escolar del ICC, en caso de que haya procedido algún cambio en la calificación del estudiante. Artículo 88. El estudiante del Instituto Consorcio Clavijero tendrá las siguientes obligaciones: I. Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Estatuto; II. Participar en todas las actividades que le correspondan como estudiante del Instituto Consorcio Clavijero; III. Presentar las actividades que se encuentren sujetas a evaluación en tiempo y forma, de acuerdo con los periodos dispuestos en el calendario escolar; IV. Tramitar sus asuntos académicos o administrativos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Consorcio Clavijero; V. Observar una conducta respetuosa con sus compañeros, facilitadores y personal del ICC en todos los medios de comunicación empleados, que permita la realización de los fines del Instituto Consorcio Clavijero; VI. Hacer buen uso de las instalaciones, materiales y equipo informático del Instituto Consorcio Clavijero, así como de las Aulas Clavijero; VII. Evitar conductas que trastornen las actividades o que afecten las instalaciones y equipo en las Aulas Clavijero y recursos humanos dentro del Instituto Consorcio Clavijero y las Aulas Clavijero; VIII. Pagar las cuotas de recuperación de aquellos trámites escolares que así lo requieran, en los periodos establecidos por el calendario académico; IX. Revisar diariamente su correo institucional y responder oportunamente, cuando se requiera, durante su trayectoria estudiantil en el Instituto Consorcio Clavijero; X. Enviar las actividades evaluables de los materias en tiempo y forma, en la plataforma educativa de la Institución; Xl. Cumplir todas las disposiciones, normas y reglas que establezca el Instituto Consorcio Clavijero. Transitorios PRIMERO. El presente Estatuto de Estudiantes entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la página Web del Instituto Consorcio Clavijero, una vez que haya sido autorizado por las Autoridades del Instituto Consorcio Clavijero, Organismo Público Desconcentrado de la Secretaria de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave. SEGUNDO. El presente Estatuto será aplicable para todos los estudiantes que se encuentren inscritos en alguno de los programas académicos de Licenciatura o Técnico Superior Universitario del Instituto Consorcio Clavijero. Todo lo no previsto en el presente Estatuto, será resuelto por el Consejo Técnico del Instituto Consorcio Clavijero" De este dispositivo se puede obtener que el Instituto Consorcio Clavijero, es un organismo descentralizado del Estado, el cual se rige de manera autónoma en los términos de artículo 3° de nuestra Carta Magna, por medio de su propio estatuto el cual establecerá las normas para el ingreso, permanencia, evaluación y egreso de los estudiantes de dicho instituto en los programas de Técnico Superior Universitario y Licenciatura. En el caso, el peticionario de amparo reclama del Director y el Subdirector Académico, ambos del Instituto Consorcio Clavijero, los siguientes actos reclamados: - La falta de didáctica. - La falta de explicación de temas. - El exceso de temas a tratar en los contenidos temáticos, como en los exámenes. El quejoso señala que es alumno de la Universidad Consorcio Clavijero en línea y que cursa la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sentado lo anterior, se concluye que la autonomía es una garantía institucional con la que cuentan las universidades públicas que se proyecta por medio de principios que salvaguardan la función de educar, investigar y difundir la cultura. Dentro de estos principios destaca el de autogobierno. En relación con el principio de autogobierno, se concluye que conforme al artículo 3° constitucional, las universidades públicas son organismos descentralizados de la administración pública federal y de las administraciones estatales, que se erigen en centros de ejercicio de la función administrativa del Estado. Así, las universidades públicas cumplen con una función que implica una doble relevancia, dado que no sólo prestan el servicio educativo, la promoción de la investigación y la cultura, sino que también son constituidas para garantizar, precisamente, el derecho fundamental consagrado en el artículo 3° de la Norma Suprema, relativo a la impartición de la educación, la promoción de la investigación y la cultura. El que la Constitución Federal establezca como garantía institucional de las universidades públicas a la autonomía, encuentra sentido en que para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de recibir educación, es menester establecer un sistema que esté aislado del influjo de intereses ajenos a los mencionados fines. De esa forma, la autonomía de las universidades públicas deriva directamente de la Constitución Federal y de las leyes por virtud de las cuales son creadas. Esa autonomía les dota de capacidad, entre otras hipótesis, para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior. Asimismo, la garantía institucional de autonomía dota a las universidades públicas de una neutralidad que le permite prestar el servicio educativo y, a la par, garantizar el goce de ese derecho fundamental, al margen de interferencias e intereses ajenos a esos fines, sino que por el contrario, su actividad se ve orientada por los principios de imparcialidad y especialidad técnica. La imparcialidad y el desempeño de sus funciones desde una especialidad técnica permiten que las universidades públicas desarrollen su función con un conocimiento amplio y continuado del mismo, lo cual redunda en el aseguramiento del constante perfeccionamiento de esos centros de estudio y de la educación, la investigación y la cultura que imparten y promueven. Con el propósito de cumplir su función, las universidades públicas deben contar con un cúmulo de competencias que el legislador por reenvío expreso del numeral 3°, fracción VII, de la Constitución General de la República, establece en las leyes de creación de aquéllos organismos. Ese bagaje de competencias las coloca como instituciones públicas encargadas de llevar a cabo la función de impartición de la educación y de la promoción de la investigación y la cultura, sin que sea constitucional ni legalmente posible que reciban órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus decisiones. Las competencias que comprenden al principio de autogobierno, pueden ser catalogadas, entre otras de la siguiente forma: a. Competencias normativas Para hacer efectiva la garantía institucional de autonomía universitaria, por reenvío expreso del artículo 3°, fracción VII, de la Carta Magna, los cuerpos legislativos deben establecer a favor de las universidades públicas competencias para que estos organismos puedan dictar normas en desarrollo de lo establecido en su ley de creación. El objeto de esa atribución es que las universidades públicas estén en aptitud de expedir normas generales que les permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura. b. Competencias ejecutivas Las universidades públicas son titulares de todas las competencias ejecutivas que correspondan al desarrollo y ejecución tanto de los principios constitucionales consagrados en el artículo 3° de la Constitución Federal o en cualquier otro precepto iusfundamental; como de las leyes expedidas por los cuerpos legislativos y de las propias normas que aquéllas emiten. Dentro de éstas encontramos a la designación de los funcionarios de las universidades, dentro de la cual debe ubicarse, desde luego, la aplicación de los exámenes y su evaluación. c. Competencias de supervisión Las universidades públicas cuentan con las facultades de inspección y control con el fin de supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de facultades, colegios, bachilleres o cualquier otro órgano adscrito a la casa de estudios. Para desplegar esta competencia las universidades pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico, operativo, etcétera, a fin de comprobar que se estén respetando los principios constitucionales, legales y universitarios que rigen a todo el sector. d. Competencias parajudiciales Otra de las competencias que las universidades públicas poseen para llevar a cabo su autogobierno, es la atinente a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, de cualquier naturaleza, siempre que constitucional o legalmente la solución de tales litigios no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario. Una vez precisadas las competencias anteriores, se llega a la convicción de que para la designación de Director, en uso de la atribución de autogobierno, los órganos universitarios ejercen sus competencias normativas y ejecutivas, las cuales además, deben ceñirse a las disposiciones constitucionales, específicamente, a las consagradas en el numeral 3°, así como a las normas legales expedidas por el legislador federal o local, sin que sea jurídicamente aceptable que ningún órgano exterior a la universidad pueda tener injerencia en esas decisiones. Lo anterior se estima en ese sentido, cuenta habida que la garantía institucional de autonomía universitaria impide que ningún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación, que en el caso concreto, consistiría en determinar si un alumno es susceptible de aprobar o reprobar alguna asignatura, amén de que tal determinación constituye un acto ad-intra. Por otro lado, el Alto Tribunal del País, ha establecido los parámetros que deben satisfacerse para considerar qué actos son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, los cuales se enuncian a continuación: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisos del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Analizado lo anterior, en yuxtaposición con el acto reclamado en el presente asunto, se arriba a la determinación que el mecanismo conforme al cual se llevan a cabo las actividades escolares, programas, plan de estudios y su forma de evaluación, constituyen un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de que goza dicha Universidad; y por lo tanto, cualquier acto que se reclame respecto a dicho proceso, no puede considerase como un acto reclamable en amparo indirecto. Así es, no puede tenerse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo a las autoridades universitarias mencionadas en su juicio de amparo, pues si bien existen ciertos supuestos en los que las autoridades universitarias pueden ser considerados como responsables para efectos del amparo, lo cierto es que si se atiende a la naturaleza jurídica de los actos que se reclaman a través de este conflicto constitucional, que consisten en su forma de evaluación y la manera en que se imparten las clases y plan de estudios, no emanan de un órgano con los tintes de autoridad, pues con él no se ejerce un poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del hoy aquí quejoso. Por lo que la postura del peticionario de garantías frente a las autoridades universitarias que señala como responsables no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que al haberse suscitado dentro de la impartición de cátedra relativa al plan de estudios constituye una facultad inmersa en un ámbito de decisión autónoma de acuerdo al estatuto de el Instituto Consorcio Clavijero, de tal suerte que dichos actos no pueden considerarse como planteamientos encaminados a evidenciar la violación de derechos fundamentales en su perjuicio, por encontrarse ausente el elemento de supra a subordinación característico del acto de autoridad, lo que hace patente la materialización de la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, relacionado con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Tal determinación encuentra soporte en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las Universidades Públicas no se consideran autoridades responsables en los procesos de aplicación y evaluación de los exámenes. Ilustra a lo anterior en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2010, de la Primera Sala, que a la letra dice: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." Caso concreto respecto al carácter de autoridad responsable de Carlos Salinas de Gortari. En la misma línea de los razonamientos anteriores, con fundamento en el dispositivo 61, fracción XXIII, relacionado con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se estima que debe desecharse la presente demanda de amparo respecto a los actos reclamados a Carlos Salinas de Gortari consistentes en el entorpecimiento de sus actividades laborales y los actos que refiere en contra de su educación. Lo anterior, ya que si bien es cierto los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable, siempre que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales y que sus funciones estén determinadas por una norma general, en el presente caso, los actos que le imputa el quejoso derivan de un supuesto hostigamiento, por lo que en todo caso se trata de actos entre dos particulares, sin que sus funciones estén determinadas por una norma general. Esto aunado a que el quejoso no hace referencia a que al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se encuentre desempeñando un cargo de servidor público en el cual pudiera tener participación en los actos reclamados, sino únicamente lo señala como particular. Por tanto, al no tener Carlos Salinas de Gortari el carácter de autoridad responsable de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al no estar en una relación jurídica de supra a subordinación con la parte impetrante, sino en un plano de igualdad, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, por lo que procede desechar la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, lo debido es desechar de plano en su totalidad la demanda que se provee conforme a lo establecido en el ordinal 113 de la propia codificación. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Sin que se tengan por autorizado a ninguna persona, en virtud de que en la demanda de cuenta no se mencionó a nadie con ese carácter. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Documentación confidencial. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acuerda y firma Édgar Ulises Rentería Cabañez, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante el Secretario David Villalpando Núñez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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