Leodegario Villalobos Murillo

Expediente 1093/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1093/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Leodegario Villalobos Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto que desechó la demanda de garantías, le transcurrió del tres de diciembre pasado al nueve siguiente; por tanto, ha fenecido sin que haya interpuesto recurso legal alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que se desechó la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL ATO DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Morelia, Michoacán, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Radicación y formación de expediente. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por la Juez Quinto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, al que adjunta su informe justificado con copia certificada del juicio ejecutivo mercantil -, y la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Actuario adscrito a dicho tribunal civil y otras autoridades. Regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este juzgado con el número VI-1093/2021-2. 2. Análisis sobre la procedencia o no del juicio de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". la actuación de fecha 18 de octubre del presente año 2021, derivada de los autos de fechas 18 de mayo y 23 de septiembre del año en curso, dentro del expediente -, realizada por el actuario.". Diligencia en la cual dicha autoridad responsable asentó lo siguiente: "...mismo que ordena constituirnos en el domicilio de la parte demandada, para lo cual se autoriza el auxilio de la Fuerza Pública y uso de cerrajero en caso de ser necesario para la cumplimentación del auto dictado y referido en supra líneas, por lo que una vez constituidos en dicho domicilio: una vez estando en dicho domicilio procedo a preguntar por el demandado en la puerta de entrada de la Fiscalía del Estado, saliendo el propio demandado a quien le hago saber el motivo de mi visita quien me manifiesta "no tengo en este momento para hacer el pago de lo que se me requiere en este momento no señalo nada, para su embargo ya que estoy en mí fuente laboral yo me presento con la licenciada el día 30 de octubre del año en curso, siendo todo lo que manifiesto; en uso de la voz de mi asociada manifiesta: Que teniendo la oposición de la parte demandada para señalar bienes que garantice el adeudo, así como para realizar el pago de las prestaciones que se le reclaman y con fundamento en la tesis jurisprudencial con número de registro -y que al rubro señala salario mínimo en donde se desprende que la autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo del salario sobre el excedente de su monto para el aseguramiento de su monto y de las obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador es que señalo para su embargo y como garantía de las prestaciones a que resulto condenado en sentencia el 30% del excedente del monto del salario mínimo que percibe el demandado los cuales fueron informados mediante oficio recibido por parte de este Juzgado con fecha 13 de octubre suscrito por el Subdelegado Administrativo -, y en la cual se observan las percepciones del demandado, por lo anterior, se giren oficios a la dirección de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República para que le sean retenidos los descuentos correspondientes a partir de este momento, siendo todo lo que deseo manifestar, en uso de la voz del actuado actuante y de las manifestaciones del demandado y mi asociada, en este momento se señala el salario del demandado no se embarga por no tener el oficio u auto donde se me indique el embargo del excedente del salario del demandado, así mismo, hago una llamada al secretario el C. Lic. - quien me corrobora que se ocupa tal oficio para el embargo de dicho excedente por lo que se da parcialmente cumplimiento al auto ordenado hasta en tanto se esté en condiciones del embargo del mismo, dando por terminada la presente actuación, firmando en ella, los que supieron y quisieron hacerlo, para los efectos legales a que haya lugar, siendo todo, Doy Fe.". Asimismo, en los antecedentes refiere que con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la cual se condenó al aquí tercero interesado al pago de las prestaciones reclamadas en juicio natural, que posteriormente el veintinueve siguiente, solicitó se declarara firme dicha sentencia y se requiriera al demandado en el término de tres días diera cumplimiento voluntario a la misma; seguido el tramite respectivo con fecha dieciocho de octubre del presente año, en acatamiento a la sentencia, el actuario responsable levanto el acta que ahora se reclama. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora, respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo primero, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el primer precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Al respecto, resulta preciso señalar que debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la ejecución de la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquella en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."; indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, mediante la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior permite sostener que la diligencia reclamada, a través de la cual requirió al aquí tercero interesado del pago de lo demandado en el juicio de origen, de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del proceso, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, el acto que se encuentre directamente vinculado con la ejecución de la sentencia, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia; por ende, en la especie la diligencia reclamada, a través de la cual requirió al aquí tercero interesado del pago de lo demandado en el juicio de origen, tiene la misma naturaleza de dicho acto, pues su finalidad consiste en resolver sobre una cuestión meramente sustancial cuyo resultado puede o no afectar un derecho sustantivo, caso en el cual es posible acudir al amparo indirecto, por lo que no se está en presencia de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia, ni en presencia de actos de imposible reparación tratándose de bienes ajenos a la cosa juzgada. Además de que en el caso, el quejoso puede solicitar al Juez responsable revise la actuación de la que se duele y decretar el embargo ordenado en el juicio natural. Lo anterior significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la etapa de ejecución de sentencia, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. De ahí que, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, la cual podrá hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Así como las jurisprudencias números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente". "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. De acuerdo con lo establecido en la fracción III, del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, el juicio indirecto procede ante el juez de Distrito, si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero en esta hipótesis sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo impugnarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante esa secuela y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en esa virtud, cuando el acto combatido lo constituye el auto mediante el cual se previene al inconforme para que dentro del término de tres días, formule el inventario de bienes de la sociedad conyugal, así como las cuentas de administración inherentes a la misma, apercibiéndolo con aplicar las medidas de apremio para el caso de no acatarlo, es de estimarse que tal acto no es la última resolución que pueda dictarse con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento, instaurado para liquidarse la sociedad conyugal, ya que sólo se requirió al agraviado para que formulara el inventario de los bienes correspondientes a la misma y aportara las cuentas relativas a su administración, las cuales incluso están supeditadas a aprobarse de parte de la autoridad; por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo biinstancial.". En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo primero, de dicha legislación, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. 3. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. 4. Autorización de días y horas inhábiles. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." 5. Domicilio para recibir notificaciones. Finalmente, se le tiene al quejoso por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizada en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a la licenciada -, toda vez que como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, tiene su cédula profesional, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse de los autos a los pasantes juristas que indica. Notifíquese personalmente...." NOTIFICACIÓN QUE SE LE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso signado por el apoderado de los impetrantes, atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones relativas a las gestiones realizadas por la Junta responsable para dar cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, como se desprende de la constancia secretarial, en auto de ocho de los actuales se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por informando las gestiones realizadas por la actora Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, a fin de dar cumplimiento al laudo protector; empero, únicamente exhibió ante la Junta responsable copia del oficio ********************, del que se desprende que la Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública Federal, solicitó a la Directora General de Presupuesto y Recursos Financieros, la ampliación presupuestal por la cantidad que ahí refiere, para cubrir sueldos, salarios y cuotas sindicales de los empleados de la Universidad, sin que hubiera especificado el concepto del recurso para efectuar el pago del laudo condenatorio emitido en contra de la referida Universidad, como se indicó en la ejecutoria dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, y a efecto de hacer cumplir el fallo protector, gírese oficio nuevamente a la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como al Consejo Directivo de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, se sirvan informar a este juzgado, en relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, es decir, en el ámbito de sus funciones, acrediten haber realizado los trámites idóneos para que se efectúe el pago ordenado en el laudo respectivo; bajo apercibimiento que no hacerlo dentro del término precisado, ni informar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa de doscientos días de multa conforme a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus integrantes y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Radicación y formación de expediente. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por la Juez Quinto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, al que adjunta su informe justificado con copia certificada del juicio ejecutivo mercantil -, y la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Actuario adscrito a dicho tribunal civil y otras autoridades. Regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este juzgado con el número VI-1093/2021-2. 2. Análisis sobre la procedencia o no del juicio de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". la actuación de fecha 18 de octubre del presente año 2021, derivada de los autos de fechas 18 de mayo y 23 de septiembre del año en curso, dentro del expediente -, realizada por el actuario.". Diligencia en la cual dicha autoridad responsable asentó lo siguiente: "...mismo que ordena constituirnos en el domicilio de la parte demandada, para lo cual se autoriza el auxilio de la Fuerza Pública y uso de cerrajero en caso de ser necesario para la cumplimentación del auto dictado y referido en supra líneas, por lo que una vez constituidos en dicho domicilio: una vez estando en dicho domicilio procedo a preguntar por el demandado en la puerta de entrada de la Fiscalía del Estado, saliendo el propio demandado a quien le hago saber el motivo de mi visita quien me manifiesta "no tengo en este momento para hacer el pago de lo que se me requiere en este momento no señalo nada, para su embargo ya que estoy en mí fuente laboral yo me presento con la licenciada el día 30 de octubre del año en curso, siendo todo lo que manifiesto; en uso de la voz de mi asociada manifiesta: Que teniendo la oposición de la parte demandada para señalar bienes que garantice el adeudo, así como para realizar el pago de las prestaciones que se le reclaman y con fundamento en la tesis jurisprudencial con número de registro -y que al rubro señala salario mínimo en donde se desprende que la autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo del salario sobre el excedente de su monto para el aseguramiento de su monto y de las obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador es que señalo para su embargo y como garantía de las prestaciones a que resulto condenado en sentencia el 30% del excedente del monto del salario mínimo que percibe el demandado los cuales fueron informados mediante oficio recibido por parte de este Juzgado con fecha 13 de octubre suscrito por el Subdelegado Administrativo -, y en la cual se observan las percepciones del demandado, por lo anterior, se giren oficios a la dirección de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República para que le sean retenidos los descuentos correspondientes a partir de este momento, siendo todo lo que deseo manifestar, en uso de la voz del actuado actuante y de las manifestaciones del demandado y mi asociada, en este momento se señala el salario del demandado no se embarga por no tener el oficio u auto donde se me indique el embargo del excedente del salario del demandado, así mismo, hago una llamada al secretario el C. Lic. - quien me corrobora que se ocupa tal oficio para el embargo de dicho excedente por lo que se da parcialmente cumplimiento al auto ordenado hasta en tanto se esté en condiciones del embargo del mismo, dando por terminada la presente actuación, firmando en ella, los que supieron y quisieron hacerlo, para los efectos legales a que haya lugar, siendo todo, Doy Fe.". Asimismo, en los antecedentes refiere que con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la cual se condenó al aquí tercero interesado al pago de las prestaciones reclamadas en juicio natural, que posteriormente el veintinueve siguiente, solicitó se declarara firme dicha sentencia y se requiriera al demandado en el término de tres días diera cumplimiento voluntario a la misma; seguido el tramite respectivo con fecha dieciocho de octubre del presente año, en acatamiento a la sentencia, el actuario responsable levanto el acta que ahora se reclama. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora, respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo primero, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el primer precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Al respecto, resulta preciso señalar que debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la ejecución de la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquella en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."; indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, mediante la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior permite sostener que la diligencia reclamada, a través de la cual requirió al aquí tercero interesado del pago de lo demandado en el juicio de origen, de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del proceso, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, el acto que se encuentre directamente vinculado con la ejecución de la sentencia, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia; por ende, en la especie la diligencia reclamada, a través de la cual requirió al aquí tercero interesado del pago de lo demandado en el juicio de origen, tiene la misma naturaleza de dicho acto, pues su finalidad consiste en resolver sobre una cuestión meramente sustancial cuyo resultado puede o no afectar un derecho sustantivo, caso en el cual es posible acudir al amparo indirecto, por lo que no se está en presencia de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia, ni en presencia de actos de imposible reparación tratándose de bienes ajenos a la cosa juzgada. Además de que en el caso, el quejoso puede solicitar al Juez responsable revise la actuación de la que se duele y decretar el embargo ordenado en el juicio natural. Lo anterior significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la etapa de ejecución de sentencia, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. De ahí que, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, la cual podrá hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Así como las jurisprudencias números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente". "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. De acuerdo con lo establecido en la fracción III, del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, el juicio indirecto procede ante el juez de Distrito, si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero en esta hipótesis sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo impugnarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante esa secuela y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en esa virtud, cuando el acto combatido lo constituye el auto mediante el cual se previene al inconforme para que dentro del término de tres días, formule el inventario de bienes de la sociedad conyugal, así como las cuentas de administración inherentes a la misma, apercibiéndolo con aplicar las medidas de apremio para el caso de no acatarlo, es de estimarse que tal acto no es la última resolución que pueda dictarse con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento, instaurado para liquidarse la sociedad conyugal, ya que sólo se requirió al agraviado para que formulara el inventario de los bienes correspondientes a la misma y aportara las cuentas relativas a su administración, las cuales incluso están supeditadas a aprobarse de parte de la autoridad; por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo biinstancial.". En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo primero, de dicha legislación, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. 3. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. 4. Autorización de días y horas inhábiles. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." 5. Domicilio para recibir notificaciones. Finalmente, se le tiene al quejoso por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizada en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a la licenciada -, toda vez que como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, tiene su cédula profesional, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse de los autos a los pasantes juristas que indica. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano