Leodegario Solis Pallares

Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
219/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Leodegario Solis Pallares
  • Efrain Silva González
  • Leodegario Solis Pallares y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 219/2023-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el diez de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III inciso a), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículos 25, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente es conservable. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de conservable, debido que tal medida suspensiva se concedió. Finalmente, toda vez que la responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 219/2023, promovido por ******* ******* ********** y ******* ******* **********; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ******* ******* ********** y ******* ******* **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Federal, contra actos de la Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial, con residencia en Jojutla, Morelos. SEGUNDO. Prevención, desechamiento y tramitación del recurso de queja. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés se radicó la demanda con el número 219/2023 y una vez subsanada se desechó mediante acuerdo de veintiocho del mismo mes y año. Inconformes, los solicitantes del amparo interpusieron recurso de queja radicado con el número 70/2023 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien en sesión de veinticinco de abril de dos mil veintitrés lo declaro fundado y ordenó la admisión de la demanda. TERCERO. Admisión y trámite. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés este juzgado admitió a trámite la demanda amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal competente y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional iniciada al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos, lugar de ejecución señalado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del numeral 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial, con residencia en Jojutla, Morelos, dentro de la causa penal JCJ/397/2022, los siguientes acuerdos: 1. El acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, negativa para nulificar el procedimiento y ordenar la reapertura del plazo de investigación complementaria en el citado procedimiento penal; 2. El acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés por el cual se declara precluído el derecho de las víctimas, aquí peticionarios del amparo, para constituirse como acusadores coadyuvantes dentro de la causa penal en cita. Si bien se indicó en la demanda que la fecha es veintitrés de enero de dos mil veintitrés lo cierto es que la correcta es el treinta y uno de enero de ese año, porque se advierte una cita equívoca por parte de la autoridad responsable. Esto, en virtud de que la solicitud de los ofendidos se presentó el treinta de ese mes, es decir un día anterior a la emisión de dicha resolución. Además, la certificación del Secretario de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, precede el acuerdo combatido, e incluso, el escrito relativo tiene data de veintiséis de enero de dos mil veintitrés: luego, para efectos del este juicio constitucional se estima que la data correcta de la resolución combatida no es de veintitrés de enero de ese año, sino la indicada. Además, cabe decir que en la demanda, los quejosos precisan como acto reclamado: ".1. La violación de derechos humanos que sufrimos como VÍCTIMAS, ante la falta de citación a comparecer a las audiencias en la Carpeta Judicial JCJ/397/2022, ante el Juez Especializado de Control del Distrito Único del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos, para defender los intereses y derechos por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, cometidos en nuestro agravio." No obstante, no se considera un acto reclamado destacado, sino en todo caso, una calificación realizada respecto el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el cual la responsable niega la solicitud de ordenar la reposición del procedimiento para reabrir el plazo de investigación complementaria; precisamente por señalar como una de las causas, haber omitido citarlos a comparecer y defender sus derechos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados en virtud de que así lo aceptó la responsable al rendir su informe justificado y se acredita con las constancias remitidas como anexos a si informe justificado, a las cuales se otorga plena eficacia probatoria de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Ahora, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el cual se niega la solicitud de las víctimas u ofendidos para nulificar el procedimiento y ordenar la reapertura del plazo de investigación complementaria en el procedimiento penal JCJ/397/2022, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIlI, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la primera estas disposiciones, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos donde la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley; a su vez, la segunda, dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. Dicho esto, se actualiza la causal de improcedencia en cita, pues los actos combatidos no causan a los quejosos una afectación a derechos sustantivos y por tanto, de imposible reparación. A fin de explicar la actualización de la causal en comento, se citan de forma breve algunos de los antecedentes de la causa penal de origen. Dentro de la causa penal JCJ/397/2022, el cinco de agosto de dos mil veintitrés la Jueza Especializada en Control del Único Distrito Judicial del Estado de Moreleos, sede Jojutla, vinculó a proceso a Nancy André Solís, Arturo Palomares Gutiérrez y Hugo Salvador Contreras Balderas, por el delito de robo de vehículo automotor y homicidio en grado de tentativa, el primero en agravio de Armando Evaristo Enríquez Reynoso y el segundo de los aquí quejosos. Se decretaron dos meses como plazo para el cierre de la investigación. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós la jueza responsable, entre otras cosas, tuvo por presentado al Agente del Ministerio Público formulando acusación contra los procesados; además, ordenó notificar a las víctimas u ofendidos a fin de que en el plazo de tres días se apersonaran para: Constituirse como coadyuvantes en el proceso; Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección; Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado; Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. De dicha resolución aparecen notificados los aquí quejosos el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. A través de escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, los quejosos solicitaron a la jueza de origen nulificar el procedimiento a partir de la vinculación a proceso y que se repusiera el plazo de la investigación complementaria. Dicha solicitud fue negada por la autoridad responsable en determinación asumida en la audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, constituyendo uno de los actos reclamados. 6. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés los quejosos solicitaron a la jueza de origen tenerlos como acusadores coadyuvantes; sin embargo, por acuerdo de treinta y uno del mismo mes y año se negó dicha solicitud, pues se declaró precluido ese derecho al considerarse realizada la solicitud de manera extemporánea, siendo el diverso acto reclamado en el presente juicio. Dicho lo anterior, en cuanto al acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el cual se niega nulificar el procedimiento y ordenar la reapertura del plazo de investigación complementaria, no afecta derechos sustantivos de los solicitantes del amparo, aun cuando alegan no habérseles citado oportunamente y por ende, se les haya dejado en indefensión para ofertar pruebas y demostrar la reclasificación de las lesiones que les fueron inferidas por los procesados. En efecto, se trata de un acto de índole adjetiva -intraprocesal-, y de admitirse la procedencia del juicio para analizar su constitucionalidad, trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos; esto al pretender que con motivo del juicio de amparo se reabra el plazo de investigación complementaria dentro de la causa penal de origen. Debe tomarse en consideración que aun cuando el acto combatido tenga por efecto negar tal reapertura solicitada y, por ende, hacer nugatoria la posibilidad de ofertar pruebas para incorporarse a la etapa de juicio a través del auto de apertura a juicio; se trata de un acto de índole adjetiva -intraprocesal-. Es así, pues trae como efecto únicamente, que en el material probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral, se dejen de incluir los medios de prueba pretendidos ofertar por las víctimas u ofendidos. Sin embargo, cualquier ilegalidad relacionada con la negativa a reaperturar la etapa de investigación complementaria y por ende, a vedar a las víctimas u ofendidos la posibilidad de ofrecer medios de prueba para su desahogo en la audiencia de juicio, puede enmendarse con posterioridad, bien porque existan otros medios de prueba respecto de los mismos hechos, porque no eran relevantes para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a los intereses de la parte aquí peticionaria del amparo. Además, aun cuando se alegó que debieron ser citados desde la audiencia inicial y se aduzcan violaciones a los principios que deben regir en dichas diligencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), necesidad de la prueba, dispositivo, de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, sería improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". En efecto, los actos reclamados ocurrieron en la etapa intermedia sin trasgredir prerrogativas de índole sustantivo, preconcebidas en favor de la parte quejosa, al relacionarse exclusivamente con cuestiones de carácter meramente formales o adjetivas, como son las simples expectativas procesales en torno a algunos aspectos por los cuales habrá de seguirse el juicio, es decir, las pruebas a desahogar en la etapa del juicio. En esa tesitura, el amparo, deviene improcedente pues dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. De admitirse la procedencia del juicio de amparo contra la negativa nulificar el procedimiento y reaperturar el plazo para la investigación complementaria y dar oportunidad a las víctimas u ofendidas para ofertar pruebas para su desahogo en la etapa de juicio, justamente trastocaría y desnaturalizaría los principios del proceso penal de corte acusatorio, que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), en la cual la Primera Sala de la Suprema Corete de Justicia de la Nación determinó la improcedencia del juicio de amparo respecto a la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia, acto que para esta juzgadora conlleva efectos análogos al reclamado en el presente juicio, pues la negativa a reabrir el plazo de investigación complementaria coarta la posibilidad de que las víctimas u ofendidos oferten pruebas para que sean consideradas en el auto de apertura a juicio oral y por tanto, no podrán ser tomadas en consideración en la etapa de juicio oral. La jurisprudencia en comento es del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." De igual manera, por igualdad de razón jurídica, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 136/2023 (11a.), del rubro y texto siguientes: "REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LA CONDICIONA A QUE NO SE HAYA INICIADO LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO ES CONSTITUCIONAL, YA QUE NO TRANSGREDE EL DERECHO A OFRECER PRUEBAS DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO. Hechos: En el año dos mil veintiuno se dictó auto de vinculación a proceso a una persona y se fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Después, el Ministerio Público formuló acusación y la víctima se constituyó como coadyuvante en el proceso. Durante la etapa intermedia, uno de los asesores solicitó la ampliación de la investigación complementaria, ya que consideró que no existían medios de prueba para complementar la acusación ni para cuantificar la reparación del daño. Sin embargo, el Juez de Control resolvió negar la petición de reapertura de la investigación debido a que ya se había iniciado la etapa intermedia y, por lo tanto, no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La víctima promovió juicio de amparo indirecto en contra de dicho artículo por considerar que niega la posibilidad de ofrecer pruebas. El Juzgado de Distrito del conocimiento determinó, por un lado, sobreseer en el juicio y, por otro, negar el amparo; por lo que la víctima interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dilucidar el problema de inconstitucionalidad del citado artículo 333. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establece una condicionante para que se pueda reabrir la investigación complementaria, a saber, que no se haya iniciado la etapa intermedia del procedimiento penal, no es violatorio del derecho de las víctimas a ofrecer pruebas en el procedimiento penal, regulado en el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución General, pues este derecho se encuentra plenamente garantizado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en las etapas determinadas, bajo las formas y los plazos regulados en el propio código. Justificación: El derecho de las víctimas en el procedimiento penal acusatorio a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, se reconoce en el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución General. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de que durante la etapa de investigación el imputado, así como la víctima u ofendido, puedan solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En la fase de investigación complementaria, las partes podrán recabar sus fuentes de prueba y profundizar el estudio de los datos que obran en la carpeta de investigación, con la finalidad de preparar el proceso penal en materia probatoria. Además, la audiencia intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba. En este sentido, durante el desarrollo de la audiencia, el Juez de Control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Incluso, el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales da la posibilidad de que la víctima u ofendido se constituyan como coadyuvantes en la acusación dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público. Así, la víctima u ofendido del delito podrán, mediante escrito, ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público. Por lo tanto, la posibilidad de que la víctima ofrezca datos y medios de prueba tanto en la etapa de investigación como en la intermedia está plenamente garantizada en el procedimiento penal, bajo las formas y los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales." No pasa por alto la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), con el rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En esta jurisprudencia se indica que, de acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: 1. Cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y 2. Cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo. De igual forma, la Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. No obstante, respecto a dicho tema en la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), se determinó que, por regla general, sí se surte la improcedencia del juicio de amparo respecto a la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia; de ahí, ésta resulta aplicable, por identidad de razón jurídica, para sostener la improcedencia del juicio de amparo respecto la negativa a reabrir el plazo de investigación complementaria en la causa penal de origen, lo que impide a las víctimas u ofendidos ofertar pruebas para ser tomadas en cuenta en el auto de apertura de juicio oral y desahogarse en éste. Hecha esta puntualización, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Sin embargo, lo anterior no conlleva que cualquier otra violación al procedimiento necesariamente pueda combatirse a través del juicio amparo indirecto, pues de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo biinstancial es procedente únicamente contra "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. En lo conducen, se invoca la aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 137/2023 (11a.), del tenor siguiente: "REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LA LIMITA HASTA ANTES DE QUE INICIE LA ETAPA INTERMEDIA ES CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE SE SUSTENTA EN LA LÓGICA DE CIERRE DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Y EN LOS PRINCIPIOS DE CONTINUIDAD Y JUSTICIA PRONTA. Hechos: En el año dos mil veintiuno se dictó auto de vinculación a proceso a una persona y se fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Después, el Ministerio Público formuló acusación y la víctima se constituyó como coadyuvante en el proceso. Durante la etapa intermedia, uno de los asesores solicitó la ampliación de la investigación complementaria, ya que consideró que no existían medios de prueba para complementar la acusación ni para cuantificar la reparación del daño. Sin embargo, el Juez de Control resolvió negar la petición de reapertura de la investigación debido a que ya se había iniciado la etapa intermedia y, por lo tanto, no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La víctima promovió juicio de amparo indirecto en contra de dicho artículo por considerar que niega la posibilidad de ofrecer pruebas. El Juzgado de Distrito del conocimiento determinó, por un lado, sobreseer en el juicio y, por otro, negar el amparo; por lo que la víctima interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dilucidar el problema de constitucionalidad del citado artículo 333. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales es constitucional, toda vez que se sustenta en la lógica de cierre de etapas del procedimiento, así como en el principio de continuidad y justicia pronta, ya que sería inviable reabrir la etapa de investigación una vez que ha iniciado la etapa intermedia. Justificación: El artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula un supuesto para reabrir la investigación complementaria, sin embargo, se parte de la premisa fundamental de que no se haya iniciado la etapa intermedia, lo que resulta razonable, pues uno de los principios base del sistema procesal acusatorio es el de continuidad. De acuerdo con este principio, las partes deben hacer valer sus inconformidades en el momento procesal oportuno, de lo contrario precluyen sus facultades procesales sin que haya la posibilidad de reabrir etapas ya superadas, lo cual tiene una relación directa con el derecho a una justicia pronta. En efecto, este principio se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Por lo que respecta a los actos materialmente legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos a los que se deben sujetar tanto la autoridad como las partes en un procedimiento. Los plazos previstos para la investigación complementaria atienden, entre otras cosas, a la finalidad de que el procedimiento penal en su etapa de investigación se lleve a cabo con celeridad, pero respetando los principios regulados en el artículo 20 de la Constitución General. Por lo anterior, debe entenderse que el hecho de que el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales establezca la posibilidad de abrir la etapa complementaria "hasta antes de presentada la acusación" es razonable en la medida de que cumple con los principios de continuidad del sistema acusatorio y con el de justicia pronta. La imposibilidad de reabrir etapas que se agotaron tiene como finalidad que los procedimientos penales sean continuos y no eternos." Por esta razón, el acuerdo por el cual la jueza natural negó la reapertura del plazo para investigación complementaria en la causa penal de origen, vedando con ello la posibilidad de los ofendidos para ofertar pruebas para desahogarse en la etapa del juicio oral, no afecta derechos sustantivos, sino solo procesales los cuales pueden enmendarse con posterioridad, bien porque existan otros medios de prueba respecto de los mismos hechos, porque no resulten relevantes para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a los intereses de la parte aquí quejosa. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia artículo 61, fracción XXIlI, en relación con el 107, fracción V, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por el cual se declaró precluído el derecho de las víctimas u ofendidos, aquí quejosos para constituirse como acusadores coadyuvantes, en la causa penal JCJ/397/2022. Al respecto, en el acuerdo combatido la responsable estableció lo siguiente: "Jojutla, Morelos; 23 de enero de 2023. (sic) Se tiene por recibido el escrito registrado con folio 589, presentado en la oficialía de partes el día 30 de enero de 2023, signado por las víctimas ******* ******* ********** Y ******* ******* **********. Visto el escrito de cuenta, se tiene a los promoventes solicitando les sea reconocida la personalidad de acusadores coadyuvantes del Ministerio Público dentro de la presente causa, tomando en consideración, que consta su notificación de la acusación realizada por la representante social, en oficios 00311/23, por su superior jerárquico en fecha 18 de enero de 2023, por lo que en apego a lo que establece el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual se trascribe: Desprendiéndose que dicha solicitud es extemporánea, ya que ésta debió haber sido presentada, como último día el 23 de enero de 2023, tal y como se estableció en la certificación referida, sin que se esté dejando en estado de indefensión a las víctimas ya que si bien es cierto promueven por su propio derecho, también lo es que esta se encuentran debidamente representadas por asesora jurídica particular, la cual como profesionista del derecho conoce perfectamente los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de lo anterior sé que SE TIENE POR PRECLUIDO EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS LEODEGARIO SOLÍS PALLARES Y EFRAÍN SILVA GONZÁLEZ, para constituirse como acusadores coadyuvantes en el presente proceso, por las razones expuestas en el cuerpo del presente auto. Hágase del conocimiento el presente auto a las partes intervinientes. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, 12, 67, 68, 82, 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Notifíquese a los promoventes y asesora jurídica particular. Así lo acordó y firma la Licenciada YAREDI MONTES RIVERA, Juez Especializada en Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla.". Conforme al acuerdo de en cita, la responsable declaró precluido el derecho de las víctimas u ofendidos, aquí quejosos, para constituirse en acusadores coadyuvantes del Ministerio Público, indicando que el último día del plazo para hacerlo, conforme al artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, había sido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés. En tanto, la solicitud se advierte presentada hasta el treinta de enero de dos mil veintitrés. Ahora, los solicitantes del amparo sostienen en los conceptos de violación, que el acto reclamado trasgrede en su perjuicio los derechos para las víctimas previstos en el artículo 20, apartado A, fracción I, así como el apartado C, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, refieren la trasgresión a los diversos artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al afectar los derechos de igualdad, seguridad jurídica y derecho de audiencia, así como de tutela judicial efectiva. Aducen que el acto reclamado les impide ejercer el derecho de concurrir dentro de la causa penal de origen a ofertar pruebas, en particular las periciales con las cuales demostrar el grado de afectación a su integridad física, provocada por las lesiones inferidas por los procesados en la causa penal de origen. Son inoperantes los conceptos de violación. Esto es así, porque la autoridad responsable estableció en el acto reclamado que al momento de realizar la solicitud para constituirse en acusadores coadyuvantes, había transcurrido completo el plazo respectivo, es decir, la solicitud se había presentado fuera del plazo previsto en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, a pesar de que dichas consideraciones sustentan el sentido de la resolución combatida, estas no se atacan en los conceptos de violación. Ello, pues los quejosos se limitan a invocar la trasgresión a las disposiciones legales referidos, sin ocuparse de establecer las razones por las cuales consideran equivocada la determinación de tener por precluido el derecho para constituirse en acusadores coadyuvantes. Por tanto, las argumentaciones en torno a los derechos de las víctimas previstos constitucionalmente, resultan inoperantes porque aun cuando fueran fundadas, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo al seguir rigiendo los motivos que sustentan la determinación combatida, pues no se exponen argumentos tendientes a poner de manifiesto que las consideraciones del acto reclamado, son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo." De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a. /J. 19/2012 (9a.) , de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En estas condiciones, al ser inoperantes los conceptos de violación y no advertirse materia que suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal, por cuanto al acto analizado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* ******* ********** y ******* ******* **********, respecto del acto y la autoridad señalados en considerando tercero. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Leodegario Solís Pallares y Efraín Silva González, respecto al acto y autoridad precisados en el considerando quinto, por las razones contenidas en la misma consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de octubre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  3. Principal

    CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diez de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* ******* ********** y ******* ******* **********, respecto del acto y la autoridad señalados en considerando tercero. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** y *****, respecto al acto y autoridad precisados en el considerando quinto, por las razones contenidas en la misma consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de octubre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Zacatepec, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 63/2023-V; dese de baja y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Por otra parte; toda vez que ********************, se encuentra interna en el Centro Penitenciario Femenil de Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, instrúyase al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal a la parte la tercera interesada, el contenido de los autos de ocho y veintidós de mayo del año en curso, emitidos en la presente cuerda incidental. Notifíquese a la parte tercera interesada por conducto del actuario de la adscripción, en el lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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