Leodegario Ahuactzin Ávila
Expediente 579/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Leodegario Ahuactzin Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del contenido del auto dictado el catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 356 a la 365), ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con un anexo, signado por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez de julio de los actuales, y al efecto remite la constancia de notificación practicada al aquí quejoso de la resolución de jubilación por vejez 32/2017 del índice de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de veintitrés de junio de los actuales; igualmente anexa la copia certificada del auto de once de julio del año de dos mil diecisiete, dictado en el toca administrativo 135/2014 de su índice. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental que en copia certificada anexa la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en proveídos de diez y trece de julio del año en curso, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las consideraciones siguientes: En primer término resulta oportuno precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo constituye la omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Responsable. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en auto de diez de julio del año en curso, se advierte que señala que es cierto el acto reclamado; sin embargo, precisa que el que el veintitrés de junio del año en curso, recibió de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala un escrito a través del cual exhibía la resolución de pensión por vejez 032/2017 de esa misma fecha, con hojas de cálculo fechadas de veintiuno de junio del año en curso, y el cheque 0034121 (treinta y cuatro mil ciento veintiuno) de veintitrés de junio de los cursantes, de BBVA Bancomer, por la cantidad de 6,571.29 (seis mil quinientos setenta y un pesos 29/100 M.N) a favor del aquí quejoso Leodegario Ahuactzin Avila. Posteriormente, en proveído de veintiocho de junio de los actuales, se tuvo a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala compareciendo ante la sala responsable y exhibiendo las constancias descritas en el párrafo anterior, así como la constancia de notificación practicada al aquí quejoso de cinco de julio de los actuales, respecto dicho auto -la cual fue anexada por la autoridad oficiante al oficio de cuenta-, respecto del proveído del diverso de siete de junio de los cursantes del índice de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Responsable. Por su parte, la autoridad responsable Pensiones Civiles en el Estado de Tlaxcala, al momento de rendir su informe, negó la existencia del acto reclamado, manifestando que ya que ha dado cumplimiento a la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil quince, dentro del término señalado en auto de fecha siete de junio de dos mil diecisiete de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala -tal y como se advierte del escrito fechado veintitrés de junio de dos mil diecisiete-, mediante el cual se exhibió a la Sala Responsable: a) Resolución de Pensión por Vejez número 032/2017; b) Hojas de cálculo de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete; c) Cheque número 0034121, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, de la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $6,571.29 (seis mil quinientos setenta y un pesos 29/100 MN) a nombre del quejoso Leodegario Ahuactzin Ávila, quien recibió el cheque por la liquidación exhibida por Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y manifestó su conformidad con dicha liquidación circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al realizar los actos señalados, cesó la omisión reclamada que dio origen al presente juicio; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. ... Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Responsable, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. ... Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que las autoridades responsables Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, adjuntaron copia certificada de la resolución de pensión por vejez 32/2017 de veintitrés de junio del año en curso, del índice de la Dirección General de Pensiones Civiles, asimismo la notificación practicada al quejoso respecto a la resolución en comento, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince dictada en el toca administrativo 135/2014 de los de la sala responsable. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, en la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince emitida en el toca administrativo 135/2014 se condenó a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para que dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de junio de dos mil trece, dictada en el expediente administrativo 69/2013, relativa a la solicitud de pensión por vejez solicitada por Leodegario Ahuactzin Ávila; en la que se determinó como salario pensionable la cantidad de $4, 298.98 (cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos 98/100 MN). De igual manera, se le requirió para que realizara el cálculo de pensión por vejez, ajustándose a lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Y por último, procediera al pago de las diferencias salariales que existían entre lo pagado y lo que debía pagar al aquí quejoso, de acuerdo al salario real que debió tomar en consideración para calcular el monto de su pensión, a partir de la segunda quincena de dos mil trece y subsecuentes, hasta el total cumplimiento de dicha resolución -uno de diciembre de dos mil quince-. En ese sentido, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, recibió el escrito por medio del cual, en cumplimiento a la sentencia pronunciada en el expediente de origen, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala), emitió el cheque 0034121 de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $6,571.29 (seis mil quinientos setenta y un pesos 29/100 M.N) a nombre del quejoso Leodegario Ahuactzin Ávila. Posteriormente, el once de los actuales, la sala responsable dio vista a la parte recurrente con las constancias exhibidas por la autoridad responsable en el juicio de origen, por el término de tres días hábiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga y notificó dicha resolución el trece de los actuales a la parte quejosa. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al darse vista con las documentales remitidas por la demandada en el expediente de origen, en los términos apuntados en el acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete. ... Finalmente, cabe precisar que si bien en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el quejoso señaló como autoridad responsable a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a quien se le requirió informe justificado, el cual se tuvo rendido en proveído de trece de julio del año que transcurre. Lo cierto es que por cuanto hace a dicha autoridad, se actualizaría oficiosamente la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del citado ordenamiento jurídico respecto del acto que se atribuye en la presente instancia constitucional, en virtud que no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: ... De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que México sea parte y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por normas generales o actos de autoridad. En este tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo esa óptica, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En esa tesitura, tal omisión no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala -señalada como responsable por la parte quejosa-, no actúa con base en su potestad administrativa, sino en su calidad de demandada. Esto es así, pues de las constancias de autos se advierte que la Dirección de Pensiones señalada como responsable, tiene el carácter de parte demandada en el toca administrativo de donde emana el acto reclamado; por tanto, debe sostenerse que tal autoridad no tiene una relación de supra a subordinación con el peticionario del amparo, ni su actuación resulta unilateral, por lo que su intervención se equipara a la de un particular. Ahora bien, el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del procedimiento Administrativa del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dispone: ... Del artículo transcrito deriva, lo siguiente: La ejecución de las sentencias debe realizarse por el órgano que las hubiere pronunciado. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de las sentencia, conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en materia procesal, se otorga al órgano que la haya emitido. Por lo anterior, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de las sentencias, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de los instrumentos legales con que cuenta la autoridad administrativa para lograr el cumplimiento de las sentencias que emite. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada -Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala-, no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a una sentencia dictada en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. ... Sin que sea óbice que la demanda de amparo se haya admitido en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, no obstante que el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, p. 929, sostuvo que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ... En tal virtud, dado que a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala -señalada como autoridad responsable por la parte quejosa-, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo respecto del acto que se le reclama, se impone decretar el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de catorce de julio de dos mil diecisiete: Agréguese a los autos el oficio con un anexo, signado por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez de julio de los actuales, y al efecto remite la constancia de notificación practicada al aquí quejoso de la resolución de jubilación por vejez 32/2017 del índice de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de veintitrés de junio de los actuales; igualmente anexa la copia certificada del auto de once de julio del año de dos mil diecisiete, dictado en el toca administrativo 135/2014 de su índice. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental que en copia certificada anexa la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en proveídos de diez y trece de julio del año en curso, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las consideraciones siguientes: En primer término resulta oportuno precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo constituye la omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Responsable. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en auto de diez de julio del año en curso, se advierte que señala que es cierto el acto reclamado; sin embargo, precisa que el que el veintitrés de junio del año en curso, recibió de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala un escrito a través del cual exhibía la resolución de pensión por vejez 032/2017 de esa misma fecha, con hojas de cálculo fechadas de veintiuno de junio del año en curso, y el cheque 0034121 (treinta y cuatro mil ciento veintiuno) de veintitrés de junio de los cursantes, de BBVA Bancomer, por la cantidad de 6,571.29 (seis mil quinientos setenta y un pesos 29/100 M.N) a favor del aquí quejoso Leodegario Ahuactzin Avila. Posteriormente, en proveído de veintiocho de junio de los actuales, se tuvo a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala compareciendo ante la sala responsable y exhibiendo las constancias descritas en el párrafo anterior, así como la constancia de notificación practicada al aquí quejoso de cinco de julio de los actuales, respecto dicho auto -la cual fue anexada por la autoridad oficiante al oficio de cuenta-, respecto del proveído del diverso de siete de junio de los cursantes del índice de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Responsable. Por su parte, la autoridad responsable Pensiones Civiles en el Estado de Tlaxcala, al momento de rendir su informe, negó la existencia del acto reclamado, manifestando que ya que ha dado cumplimiento a la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil quince, dentro del término señalado en auto de fecha siete de junio de dos mil diecisiete de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala -tal y como se advierte del escrito fechado veintitrés de junio de dos mil diecisiete-, mediante el cual se exhibió a la Sala Responsable: a) Resolución de Pensión por Vejez número 032/2017; b) Hojas de cálculo de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete; c) Cheque número 0034121, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, de la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $6,571.29 (seis mil quinientos setenta y un pesos 29/100 MN) a nombre del quejoso Leodegario Ahuactzin Ávila, quien recibió el cheque por la liquidación exhibida por Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y manifestó su conformidad con dicha liquidación circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al realizar los actos señalados, cesó la omisión reclamada que dio origen al presente juicio; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. ... Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Responsable, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. ... Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que las autoridades responsables Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, adjuntaron copia certificada de la resolución de pensión por vejez 32/2017 de veintitrés de junio del año en curso, del índice de la Dirección General de Pensiones Civiles, asimismo la notificación practicada al quejoso respecto a la resolución en comento, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince dictada en el toca administrativo 135/2014 de los de la sala responsable. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, en la sentencia de uno de diciembre de dos mil quince emitida en el toca administrativo 135/2014 se condenó a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para que dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de junio de dos mil trece, dictada en el expediente administrativo 69/2013, relativa a la solicitud de pensión por vejez solicitada por Leodegario Ahuactzin Ávila; en la que se determinó como salario pensionable la cantidad de $4, 298.98 (cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos 98/100 MN). De igual manera, se le requirió para que realizara el cálculo de pensión por vejez, ajustándose a lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Y por último, procediera al pago de las diferencias salariales que existían entre lo pagado y lo que debía pagar al aquí quejoso, de acuerdo al salario real que debió tomar en consideración para calcular el monto de su pensión, a partir de la segunda quincena de dos mil trece y subsecuentes, hasta el total cumplimiento de dicha resolución -uno de diciembre de dos mil quince-. En ese sentido, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, recibió el escrito por medio del cual, en cumplimiento a la sentencia pronunciada en el expediente de origen, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala), emitió el cheque 0034121 de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $6,571.29 (seis mil quinientos setenta y un pesos 29/100 M.N) a nombre del quejoso Leodegario Ahuactzin Ávila. Posteriormente, el once de los actuales, la sala responsable dio vista a la parte recurrente con las constancias exhibidas por la autoridad responsable en el juicio de origen, por el término de tres días hábiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga y notificó dicha resolución el trece de los actuales a la parte quejosa. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al darse vista con las documentales remitidas por la demandada en el expediente de origen, en los términos apuntados en el acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete. ... Finalmente, cabe precisar que si bien en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el quejoso señaló como autoridad responsable a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a quien se le requirió informe justificado, el cual se tuvo rendido en proveído de trece de julio del año que transcurre. Lo cierto es que por cuanto hace a dicha autoridad, se actualizaría oficiosamente la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del citado ordenamiento jurídico respecto del acto que se atribuye en la presente instancia constitucional, en virtud que no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: ... De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que México sea parte y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por normas generales o actos de autoridad. En este tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo esa óptica, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama omisión de no realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca administrativo 135/2014 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En esa tesitura, tal omisión no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala -señalada como responsable por la parte quejosa-, no actúa con base en su potestad administrativa, sino en su calidad de demandada. Esto es así, pues de las constancias de autos se advierte que la Dirección de Pensiones señalada como responsable, tiene el carácter de parte demandada en el toca administrativo de donde emana el acto reclamado; por tanto, debe sostenerse que tal autoridad no tiene una relación de supra a subordinación con el peticionario del amparo, ni su actuación resulta unilateral, por lo que su intervención se equipara a la de un particular. Ahora bien, el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del procedimiento Administrativa del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dispone: ... Del artículo transcrito deriva, lo siguiente: La ejecución de las sentencias debe realizarse por el órgano que las hubiere pronunciado. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de las sentencia, conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en materia procesal, se otorga al órgano que la haya emitido. Por lo anterior, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de las sentencias, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de los instrumentos legales con que cuenta la autoridad administrativa para lograr el cumplimiento de las sentencias que emite. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada -Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala-, no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a una sentencia dictada en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. ... Sin que sea óbice que la demanda de amparo se haya admitido en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, no obstante que el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, p. 929, sostuvo que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ... En tal virtud, dado que a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala -señalada como autoridad responsable por la parte quejosa-, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo respecto del acto que se le reclama, se impone decretar el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Asimismo, téngase como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del toca administrativo 135/2014, de su índice, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Con el contenido del informe y anexo de mérito, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Ahora, del contenido del informe justificado, se advierte que la autoridad responsable manifiesta que el veintitrés de junio del año en curso, recibió de la dirección de pensiones civiles -aquí tercero interesado- un escrito a través del cual exhibía la resolución de pensión por vejez 032/2017 de esa misma fecha, con hojas de cálculo fechadas de veintiuno de junio del año en curso, y el cheque 0034121 (treinta y cuatro mil ciento veintiuno) de veintitrés de junio de los cursantes, de BBVA Bancomer, por la cantidad de 6,571.29 (seis mil quinientos setenta y un pesos 29/100 M.N) a favor del aquí quejoso Leodegario Ahuactzin Avila. Posteriormente, en proveído de veintiocho de junio de los actuales, se tuvo a la Dirección de Pensiones Civiles compareciendo ante la sala responsable y exhibiendo las constancias descritas en el párrafo anterior, sin embargo, no anexaron la constancia de notificación practicada al quejoso respecto del auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete; por tanto, la autoridad responsable le requirió a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para que en el plazo de tres días a partir de la legal notificación de dicho auto, remitieran la constancia de notificación practicada al quejoso respecto de dicho auto. En consecuencia, requiérase a la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancias de notificación de la resolución de pensión por vejez número 032/2017 de veintitrés de junio de diecisiete, del índice de la Dirección de Pensiones Civiles, practicada al quejoso Leodegario Ahuactzin Ávila, o bien manifieste su imposibilidad de hacerlo, toda vez que se estima necesaria para resolver el presente juicio conforme a derecho. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.
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