Leodegadario Lara Fajardo

Expediente 957/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
957/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Leodegadario Lara Fajardo

Actuaciones

  1. Incidental

    Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios de referencia, atento su contenido, téngase rendido el informe previo, de las autoridades responsables siguientes: Agente del Ministerio Público de Trámite Común 3; Agente del Ministerio Público de Trámite Común 6; Agente del Ministerio Público de Trámite Común 2; y, Agente del Ministerio Público de Trámite Común 4. Todos con residencia en Celaya, Guanajuato. Sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento del desahogo a la audiencia incidental. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios de referencia, atento su contenido, téngase rendido el informe justificado de las autoridades responsables siguientes: ? Agente del Ministerio Público de Trámite Común 3; ? Agente del Ministerio Público de Trámite Común 6; ? Agente del Ministerio Público de Trámite Común 2; y, ? Agente del Ministerio Público de Trámite Común 4. Todos con residencia en Celaya, Guanajuato. Sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo a la audiencia constitucional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. ? Datos de contacto. Por otro lado, las precitadas autoridades responsables proporcionan cuentas de correo electrónico; y números telefónicos; para efecto de entablar cualquier tipo de comunicación.

  3. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, ***, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Agencia de Investigación Criminal 1 en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 957/2023-V. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En el presente juicio, del análisis integral de la demanda de amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: La carpeta de investigación, indagatoria, investigación, acta ministerial o constancia de apertura sobre cualquiera de estos tipos de procedimientos o expedientes, abiertas o tramitadas por las autoridades responsables donde aparezca el suscrito involucrado en cualquier calidad (imputado, testigo, etcétera). Integración de carpeta. Cualquier orden de comparecencia, presentación, detención o citación dictada en su contra dentro de dichos procedimientos o expedientes. El manejo, control, publicidad y exposición de sus datos personales dentro de dichos procedimientos o expedientes, sin existir una consulta hacia su persona y menos una autorización expresa de su parte, para ser usados, publicados o expuestos por las autoridades responsables. La omisión de las autoridades de informarle, notificarle y permitirle conocer, consultar y tener conocimiento de las actuaciones desarrolladas en dichos procedimientos o expedientes, para controlar el uso de sus datos personales y poder preparar alguna estrategia de defensa legal. Acceso a registros de carpeta. Esta juzgadora estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 en relación con el diverso 217, de la ley de la materia respecto al acto señalado como citación. En esa tesitura, es inconcuso que dicha orden de citación no genera una afectación a la libertad personal del quejoso; en consecuencia, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo indirecto. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, respecto a la citación. Bajo esta perspectiva, esta juzgadora advierte que, por lo que hace al acto reclamado consistente en la integración de una carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación, como en el caso sucede, toda vez que, si bien es cierto, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social; también lo es que esta situación no hace procedente todo acto reclamado al ente investigador. Aunado a que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no es de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113 de dicho cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo por los actos consistentes en la integración de la carpeta; así como lo que deriva del acto y que refiere el quejoso como indagatoria, investigación, acta ministerial o constancia de apertura sobre cualquiera de estos tipos de procedimientos o expedientes, abiertas o tramitadas por las autoridades responsables donde aparezca el suscrito involucrado en cualquier calidad. Falta de interés jurídico, sobre el acto reclamado consistente en omisión de las autoridades de informarle, notificarle y permitirle conocer, consultar y tener conocimiento de las actuaciones desarrolladas en dichos procedimientos o expedientes (Acceso a la carpeta de investigación). Esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los preceptos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, sobre el acto consistente en la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación. Ahora, la suscrita sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto que el quejoso señaló como el manejo, control, publicidad y exposición de sus datos personales dentro de dichos procedimientos o expedientes, sin existir una consulta hacia su persona y menos una autorización expresa de su parte. Por tanto, el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto al acto de molestia consistente en el manejo, control, publicidad y exposición de sus datos personales dentro de dichos procedimientos o expedientes, sin existir una consulta hacia su persona y menos una autorización expresa de su parte. No se inadvierte que las causales de improcedencia en que se fundan los anteriores desechamientos, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Agencia de Investigación Criminal 1. Agencia de Investigación Criminal 2. Agencia de Investigación Criminal 3. Agencia de Investigación Criminal 4. Agencia de Investigación Criminal 5. Agencia de Investigación Criminal 6. Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Todos en Celaya, Guanajuato. Por el acto consistente en: La orden de comparecencia, presentación o detención dictada en contra del quejoso; y, su ejecución. Se apertura cuaderno incidental en una sola pieza, toda vez que se solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de las partes, de que de conformidad con lo dispuesto en el artículos 52 Octodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, debe privilegiarse el uso de los medios tecnológicos o digitales para sesionar de manera remota, por lo que por regla general, la audiencia constitucional deberá desahogarse mediante videoconferencia. En ese sentido, con base en la reminiscencia que realiza esta porción normativa, así como en los ordinales 115 y 117 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro, para el desahogo de la audiencia constitucional. Reglas para la celebración de la audiencia constitucional mediante videoconferencia. Por tanto, para estar en condiciones de realizar la audiencia constitucional y que quede registro de audio y video, la audiencia constitucional se practicará conforme a las reglas siguientes: Requiérase a las partes para que indiquen, vía electrónica, si acudirán a la hora y fecha anteriormente señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; en su caso, también deberán proporcionar el nombre de la o las personas que acudirán por en su representación, o bien, manifiesten la imposibilidad material que presenten para ello. En ese sentido, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo. Una vez que manifiesten lo anterior, se realizarán las gestiones necesarias para que se les envíen las claves necesarias para su ingreso a la videoconferencia, lo que se realizará días previos a la diligencia, en la que personal de este juzgado fungirá como organizador de la audiencia por medio de la plataforma tecnológica Cisco Webex. Conforme al numeral 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días; expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañe, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, mismas que deberá remitir preferentemente de manera digital, en atención a que en el Acuerdo General al que se hace alusión en este proveído dispensa que la tramitación del juicio de amparo debe ser electrónicamente. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas.

  4. Incidental

    Visto el auto de admisión dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo de cuenta, como se ordena en el mismo, con fundamento en los artículos 128, 142 y 143 de la Ley de Amparo, así como 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tramita por separado y en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 957/2023-V, promovido *** contra actos que atribuye a: Agencia de Investigación Criminal 1. Agencia de Investigación Criminal 2. Agencia de Investigación Criminal 3. Agencia de Investigación Criminal 4. Agencia de Investigación Criminal 5. Agencia de Investigación Criminal 6. Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Todas en Celaya, Guanajuato. En términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa acude a esta instancia y se duele esencialmente de: La orden de comparecencia, presentación o detención dictada en contra del quejoso; y, su ejecución. En consecuencia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y pídase informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la fecha en que reciba el oficio de notificación, ello con fundamento en el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Concesión y efectos de la suspensión respecto de la orden de detención, presentación y comparecencia emitida contra la parte quejosa, así como su ejecución. En el caso, por combatirse una orden restrictiva de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, la suspensión no está supeditada a los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, por estar regulada esa hipótesis especial por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 de la ley de la materia. Por consiguiente, en primer término, se concede la suspensión provisional a *** para el efecto de que si la detención es efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, sin demora cese la detención, pondrán a la quejosa en libertad o a disposición del Ministerio Público, o en el caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, para el efecto que sea puesto en libertad. En segundo término, se concede la suspensión provisional para el efecto de que si la parte promovente ** se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Finalmente, si el mandamiento de captura no se ha ejecutado, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, para que no se le prive de la libertad deambulatoria, con motivo de las ordenes que reclama, en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, toda vez que, por una parte, si bien dicha orden no tiene como propósito lograr su «detención», lo cierto es que dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el quejoso, se limita temporalmente su derecho a la libertad. De igual forma, la medida cautelar no surtirá efectos en favor del agraviado, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar órdenes dictadas por autoridad distinta de las señaladas como responsables. Además, la suspensión concedida sólo surtirá efecto en caso de que las órdenes reclamadas hayan sido emitidas con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, que lo fue a las *** pues, de emitirse con posterioridad, no surtirá efectos la suspensión provisional concedida y podrá ejecutarse el acto reclamado. La suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 136, en relación con el numeral 22, ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, no exhibe una garantía a satisfacción de este juzgado, por la cantidad siguiente: ***. Ahora, conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ***.

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