Leodan Manuel Querol Díaz
Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leodan Manuel Querol Díaz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que concluyó el termino de cinco días otorgado al promovente J*********************, en auto de ocho de noviembre en curso, para que hiciera comparecer al quejoso Leodan Manuel Querol Díaz, en el local de este juzgado a fin de que manifestara si era su deseo ratificar o no la demanda promovida a su favor, sin que lo haya hecho así, no obstante que se encuentra notificado legalmente. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y se dejan sin efectos las providencias decretadas.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene a la Subdirectora de la Estación Migratoria Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en Janos, Chihuahua, en su denominación correcta, rindiendo informe relativo al cumplimiento a la suspensión de plano, sin perjuicio de tomarlo en consideración en el momento procesal oportuno, con el que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte agréguese el oficio signado por el Juez Menor Mixto del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Ascensión, Chihuahua, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado, por las razones que expone, la secretaria proyectista del referido juzgado, quien actuó como Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, el despacho AP 129/2023, formado con motivo del diverso 164/2023-I, número de origen 44/2023, emitido en este juicio de amparo; del cual se advierte que no fue localizado el impetrante del amparo. En consecuencia, requiérase al promovente Jorge Vázquez Campbell, para que en el plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haga comparecer ante este órgano jurisdiccional al quejoso Leodan Manuel Querol Díaz, para que manifieste si es su deseo ratificar o no la demanda promovida en su favor, con el apercibimiento que de no acudir o no hacer manifestación al respecto se tendrá por no presentada la demanda promovida y quedarán sin efectos todas las providencias dictadas con motivo de este amparo. Notifíquese personalmente vía electrónica al promovente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la demanda de amparo promovida por Jorge Vázquez Campbell, a favor de Leodan Manuel Querol Díaz, de nacionalidad cubana, contra actos que atribuye a la autoridad responsable Subdirectora de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Janos, Chihuahua, en razón de que el agraviado se encuentra imposibilitado para ello. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127, de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, regístrese en el en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con el número 995/2023-I y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: A las precitadas autoridades señaladas como responsables reclamo en representación del directamente agraviado: La inconstitucional privación de la libertad del quejoso, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicado, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejos su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar a trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenido y alojado no existen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19, que actualmente azora a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de Salud, por lo es muy peligroso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte el virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De Manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentra alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscaban su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir al quejoso tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación del quejoso, emitida de forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojado, asegurado, detenido, o retenido injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país." Ahora, según se obtiene de la demanda de amparo, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que Leodan Manuel Querol Díaz, de nacionalidad cubana, fue asegurado por personal del Instituto Nacional de Migración al arribar al Estado de Chihuahua, y posterior a ello, se encuentra privado de su libertad en la Estación Migratoria de Janos. Corolario de lo anterior, no se tiene noticia de que el agraviado haya cometido delito alguno; hasta este momento no existe algún medio de convicción que demuestre, al menos de manera indiciaria que de concederse la medida suspensional, el impetrante pueda evadirse de la acción de la justicia o causar un perjuicio a la sociedad o al orden público. Por el contrario, pone de manifiesto que en su condición de migrante, su detención derivaría de algún procedimiento administrativo previsto por la Ley de Migración para llevar a cabo su retorno asistido o, en su caso, la deportación por su estadía irregular en territorio nacional, procedimiento el cual cuenta con diversas etapas a seguir. En consecuencia, respecto de los actos reclamados de que se dice está siendo objeto el quejoso por parte de la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se lleve a cabo la deportación, expulsión o devolución del agraviado a su país de origen; para que se ponga en libertad siempre y cuando cumpla ante la autoridad responsable con las condiciones que más adelante se precisan; de igual forma, para que cese la incomunicación y cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, toda vez que la parte que promueve en su representación manifiesta que se encuentra detenido dada su calidad de migrante. Sin que lo anterior impida que pueda permanecer en la propia Estación Migratoria o Estancia Provisional en que se encuentre para efecto de realizar trámites migratorios, si es que su estancia en el país obedece a que esté buscando regularizar su situación migratoria. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), del Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época, registro digital 2022090, Instancia: Plenos de Circuito, pagina 879, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional", prevista en el numeral 102 de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". La interpretación del precepto transcrito, permite concluir que el inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene obligación de hacer saber al extranjero, cuya situación migratoria es irregular en este país y que se encuentre sometido a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho corresponda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus garantías constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Federal, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte; como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas. Adicional a lo anterior, surtirá efectos la medida suspensional concedida, siempre y cuando se cumpla ante la responsable, los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: 1.- Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán. 2.- No podrá ausentarse sin previa autorización del Juzgado Federal, del domicilio que para tal efecto señale para su resguardo. 3.- En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, deberán comparecer ante la autoridad migratoria las veces que sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 4.- Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Apercibido que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada, y será bajo el cuidado de la autoridad responsable que continúe el procedimiento respectivo para su debido cumplimiento. Ahora, ya que el promovente no refiere el estatus que guarda el agraviado dentro del país, se requiere a la responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir del que sea notificada de este acuerdo, informe la situación migratoria en la que el directo quejoso se encuentra. De igual forma, se le solicita de acceso al quejoso para el inicio de los trámites migratorios, ya sea de visa humanitaria o reconocimiento de condición de refugiado o de algún otro que proceda y para que en el caso de que aquél haya realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberá resolverse sobre dicha petición dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto. Para efecto de lo anterior, se requiere a la responsable, para que en un término de setenta y dos horas contado a partir de que quede notificada de esta determinación, que se resuelva, en su caso de ser procedente y de que así lo haya solicitado, sea reconocido legalmente como refugiado, de ser así, se le expida la constancia de trámite respecto de reconocimiento de la condición de refugiado y remita la misma a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva, atendiendo a las características especiales del quejoso, sobre la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado en que se encuentra Leodan Manuel Querol Díaz, velará porque se cumplan en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1.- Que sea notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2.- El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3.- En caso de ser necesario se le proporcione un traductor y/o intérprete. 4.- Se garantice el acceso efectivo del quejoso a la comunicación y asistencia consular. 5.- Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6.- Se informe al quejoso la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7.- El proceso migratorio se efectúe dentro del plazo razonable. Con independencia de lo anterior, al margen de los lineamientos establecidos, la autoridad responsable deberá implementar los mecanismos pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el quejoso cumpla a cabalidad con la determinación así asumida. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver al quejoso a la autoridad responsable. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.99 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, Materia(s): Penal, registro digital 169268, página 1745, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL. De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio - Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". No obstante lo anterior, si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese tal detención poniéndolo en libertad, o bien a disposición del representante social, lo anterior con apoyo en los artículos 164, primer párrafo y 165 de la Ley de Amparo. Asimismo, la autoridad responsable deberá realizar las diligencias necesarias para que el agraviado tenga comunicación y asesoría del Consulado de su país de origen. Resulta aplicable al respecto, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016410, página 3550, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada". Así como la diversa tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016412, página 3551, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas informe el cumplimiento dado a la suspensión de plano; además, para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda; apercibida que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dicha autoridad, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad, al correo electrónico oficial de este Juzgado 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00, extensión 1238, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, como lo manifestó el promovente bajo protesta de decir verdad, el directo quejoso fue privado de su libertad para después trasladarlo a la Estación Migratoria ubicada en Janos, Chihuahua; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Menor Mixto de Ascensión, Chihuahua, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ordenen a quien corresponda se constituya en la Estación Migratorias de Janos, Chihuahua, a fin de localizar a Leodan Manuel Querol Díaz, y en caso de encontrarlo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo que a su favor promueve Jorge Vázquez Campbell, apercibiéndolo que de no hacer manifestación al respecto se tendrá por no presentada la misma. Asimismo, se solicita haga entrega a la autoridad señalada como responsable, el oficio que para tal efecto se anexa. Se faculta a tal juzgador para que esa diligencia, de ser necesario se practique en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, y en su caso, agote las medidas legales a su alcance, para el logro de la encomienda. Tal como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones respectivas a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario "vazquezcampbell". De igual manera, se tiene como forma de contacto el correo electrónico que indica. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad el justiciable lo ratifique, en el entendido que el quejoso al momento de ratificar o no la demanda promovida en su favor, podrá señalar diversa vía o domicilio para oír y recibir notificaciones o bien diversos autorizados si fuese su deseo. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por la circular DGGJ/0007/2020, de dieciséis de junio de dos mil veinte, emitida por la titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con copia de la demanda por comparecencia, hágase lo anterior del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta localidad fronteriza, a fin de que esté en aptitud de realizar la compensación en el turno de asuntos que se remiten a cada uno de los órganos jurisdiccionales, y para tal efecto se le hace de su conocimiento lo siguiente: ( La fecha de recepción de la presente demanda lo fue el veinte de octubre de dos mil veintitrés, a las veintitrés horas con trece minutos. ( El registro estuvo a cargo de la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, licenciada Myrna Magdalena Barboza Cadena. ( Demanda que fue presentada por Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en la sección de "Demandas Electrónicas", promovida por Jorge Vázquez Campbell en representación del directo quejoso Leodan Manuel Querol Díaz. Por el momento no existe tercero interesado, autorizados, ni expediente de origen.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes
- Leandro Montelongo Cano293/2019
- Lee Chwee Yen388/2018
- Lenin Jonathan Canchola Martínez1152/2022
- Leobarda Sosa Fermán569/2022
- Leobardo Burguete Clemente14/2021
- Leobardo Burguete Clemente1/2020
- León Magno Favela Montelongo654/2017
- León Saenz Joanis y Otros.861/2016
- Leon Sierra Jurado95/2018
- Leonarda Chávez Hinojos362/2022
- Leonardo Carbajal Cebrero y Otros.876/2019
- Leonardo Corralejo Jr426/2018