Leodan Linares Guerra
Expediente 1357/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Leodan Linares Guerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 5-B.- Agréguese a los autos, sin mayor proveer, el informe de cuenta, toda vez que mediante proveído de once de junio del año en curso (foja 74), se ordenó el archivo del presente asunto. Cúmplase.
- Principal
MESA 6-A.- Agréguese a los autos el sobre cerrado devuelto por la oficina postal de esta ciudad, que contiene el oficio 28068/2019, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que se le solicitó su informe justificado, toda vez que no existe dicha autoridad en el domicilio que se cita. En atención a lo anterior, toda vez que dicha autoridad tiene como domicilio el ubicado en séptima Oriente Sur número mil trescientos setenta, Colonia Obrera, entre doce y trece Sur, Código Postal 29080, con sede en esa misma ciudad; en obvio de dilaciones innecesarias, reexpídase el oficio de referencia vía "Estafeta", a fin de que se imponga de su contenido.
- Principal
MESA 2-A.- Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 202-A-1P02/2017 de su índice. II. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprenda nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, pero de manera fundada y motivada, el cual revele los razonamientos que sustenten su conclusión y no de manera genérica como lo hizo; en ese sentido, para el caso de concluir nuevamente que está comprobada la responsabilidad a título de probable que se reprocha a los aquí quejosos, deberá exponer razonamiento propio que revele las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, en que los justiciables intervinieron o participaron en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que vincule la conducta desplegada por los activos, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se les menciona; finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción decida lo que conforme a derecho proceda. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la jueza Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse dichos actos por vicios propios.". Ahora, mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el recurso de revisión 64/2019, de su índice, en la que modificó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 134-176). Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso no se cumplió con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, en virtud que la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, no dio total cumplimiento al fallo protector, pues si bien de las constancias remitidas, precisamente de la copia certificada de la resolución de diez de junio del año en curso dentro del Toca Penal 202-A-1P02/2017 (fojas 189-254), se desprende que emitió una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprendió nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, de manera fundada y motivada, determinando confirmar el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada por la Juez Primero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, en el expediente 872/2017, de su índice; sin embargo, fue omisa en dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el referido toca penal de su índice, tal como se precisó en los efectos del fallo protector antes transcritos. En tal virtud, como se apuntó, la ejecutoria de amparo NO HA QUEDADO CUMPLIDA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el total cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a los quejosos Isaías González Morales, Elizabet María López Salas, Roger Heriberto López Velázquez, Elías López Morales, Rosario Juárez Mejías, Matilde Ramos Aguilar, Fernando Ramos Ramos, Dolores López Sánchez, Jaime Morales Pérez, Edmundo Velázquez Pérez, Reynaldo Ramos Ramos, Esteban Pérez Godinez, Catalina Godínez Pérez, Nemecio Pérez Bartolón, Simeon López Bartolón, Sebastián Velásquez Bartolóril, Armando Morales Pérez, Patrocinio López Pérez, Sergio Morales López, Rosa González Miguel, Elena Velázquez Morales, Sandra Yaneth González Velázquez, lrma Yolanda Arias Hernández, Pedro López Bartolón, Artemio Guillen Dominguez, Abelino López Bartolón, Magdalena López Bartolón, Juan Vázquez Pérez, Leonardo Gómez Pérez, Laura Diaz Morales, Baudilio Ramos Ramos, Elsa Ramos Ramos, Martha Santizo Sánches, Marcos Morales López, María Esther López Gonzales, Noé Bolaños Méndez e Israel García Sandoval; la cual fue para los siguientes efectos: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 202-A-1P02/2017 de su índice. II. Emitir una nueva resolución en la que manteniendo intocadas las consideraciones relativas al cuerpo del delito de despojo agravado, emprenda nuevamente, con libertad de jurisdicción, el estudio sobre la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, pero de manera fundada y motivada, el cual revele los razonamientos que sustenten su conclusión y no de manera genérica como lo hizo; en ese sentido, para el caso de concluir nuevamente que está comprobada la responsabilidad a título de probable que se reprocha a los aquí quejosos, deberá exponer razonamiento propio que revele las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, en que los justiciables intervinieron o participaron en la ejecución del antijurídico; valorando desde luego las pruebas que así lo demuestren, extrayendo el dato útil que vincule la conducta desplegada por los activos, señalando con precisión en qué apartado de la prueba se les menciona; finalmente, si esos indicios son aptos y suficientes para estimar justificada su probable responsabilidad; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción decida lo que conforme a derecho proceda. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la jueza Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse dichos actos por vicios propios.". Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, este juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo artículo 258, en relación con los diversos 192 y 193 de la ley de la materia, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. No obstante lo anterior, en caso de que no cumplan con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se requerirá el cumplimiento a través de su superior jerárquico; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurren se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la ley en la materia.
- Principal
MESA I-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de veinticinco de marzo del presente año (fojas 94 a 109), se concedió la justicia de la unión en el presente juicio de amparo. Siendo los efectos de la concesión, para que la referida autoridad responsable realizara lo siguiente: "Por lo tanto la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad deberá dejar insubsistente las diligencias de emplazamiento practicadas el veinte de enero de dos mil diecisiete, así como todo lo actuado con posterioridad, incluido el laudo, dictado en el juicio laboral J/O/797/2016, y hecho que sea, ordene se emplace a los demandados Quintín Corzo Esquinca, Norma Angélica González Moreno, y Gasolinera Centro Logístico S.A de C.V., conforme proceda a derecho, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, en proveído de veintitrés de abril del presente, causó ejecutoria y se requirió cumplimiento a la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 128 y 129). En acuerdo de veintinueve de abril del dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; solicito la devolución del expediente laboral J/O/797/2016, mismo que fue remitido a la autoridad antes citada. Por otra parte, en auto de trece de mayo del presente (foja 136), se tuvo por recibido el oficio con folio 12243 (fojas 134) signado por los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, con el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio y remitió copia certificada del acuerdo de dos de mayo del presente, dictado en el expediente laboral J/O/797/2016 (foja 135), dándose vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de esas documentales, se advierte que en dos de mayo del año que transcurre, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, emitió un nuevo auto, en el que la citada autoridad, dejó insubsistente las diligencias de emplazamiento practicadas el veinte de enero de dos mil diecisiete, así como todo lo actuado con posterioridad, incluido el laudo, dictado en el juicio laboral J/O/797/2016 (fojas 135) En consecuencia, se cumple el requisito de restablecer las cosas en el estado que guardan antes de la violación; quedando de esa manera restituida a la parte quejosa en la violación al derecho fundamental reclamado. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.
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