Leocadia Malvaez Cruz
Expediente 154/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leocadia Malvaez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la determinación de catorce de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó antes de audiencia el juicio, promovido por **********, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el incidente de suspensión. De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Por otra parte, con base en lo previsto en los artículos 12, 14 y 21, inciso c) del Acuerdo General de referencia, se hace constar que el INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva; en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo en los que se advierte que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que señaló lo siguiente: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, únicamente en cuanto a que ésta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dictó la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, respecto al Recurso de Revisión **********, del índice de ésta Primera Sección de la Sala Superior, en relación con el Juicio Administrativo **********, del índice de la Séptima Sala Regional, en la que éste Órgano Colegiado en cumplimiento al amparo directo número **********, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de sus funciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la que dejó insubsistente la sentencia de fecha once de julio de dos mil diecinueve, pronunciada por esta Primer Sección de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, asimismo se modificó la sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Séptima Sala Regional de este Tribunal, donde se reconoció la validez de los actos impugnados." Se sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, esta juzgadora advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque no es posible alegar a través de un juicio de amparo indirecto actos emitidos en un diverso juicio de amparo o en ejecución de las mismos, pues produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en detrimento de la seguridad jurídica. En primer lugar, conviene precisar que la quejosa reclama: ".De los ciudadanos Magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Libre y Soberano de México. Reprocho el ilegal e inconstitucional dictado de la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2020, en la constancia legal que integran los folios del Recurso de Revisión **********. Del Ciudadano Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Libre y Soberano de México. Reprocho la ejecución de la Sentencia de fecha 26 de noviembre de 2020, dictada en la constancia legal que integran los folios del Recurso de Revisión **********, con efecto en el Juicio Administrativo **********, de su índice." Ahora bien, del informe justificado que rindió el Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se advierte que el acto que por ésta vía reclama la quejosa, consistente en la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en la constancia legal que integran los folios del Recurso de Revisión **********, así como su ejecución, fue en cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo directo número **********, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la que dejó insubsistente la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, pronunciada por la Primer Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y modificó la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Séptima Sala Regional de ese Tribunal, donde se reconoció la validez de los actos impugnados. Bajo este tenor, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtiene la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro del amparo directo **********, de la cual se ordena agregar copia certificada; se advierte que se concedió el amparo y protección de justicia federal, para los siguientes efectos: "1. Dejar insubsistente la sentencia pronunciada, el once de julio de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión número **********; y 2. Siguiendo los lineamientos señalados en la presente ejecutoria, deberá emitir una nueva resolución, en la que declare fundados los agravios que se hacen valer en cuanto al fondo y, determine lo que en derecho corresponda." Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial P./J.16/2018 (10ª), con número de registro 2017123, visible en la página 10, del Tomo I, Junio de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y contenido: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Sentado lo anterior, es conveniente destacar que el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracciones IX, en relación con la XVIII, concatenadas con el arábigo 192 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" . XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio." "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Precisado lo anterior, es evidente que los actos que se reclaman en este controvertido constitucional, no pueden ser materia de un nuevo juicio de amparo, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional, de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 192 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), con registro electrónico 2018315, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo I, materias constitucional, común, página 829, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Así como por identidad jurídica, la tesis: II.2o.P.41 K, sustentada Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, Página 2363, que es del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS CONSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR Y LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO INCIDEN EN LOS MISMOS ASPECTOS POR LOS QUE SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL. Aun sin prejuzgar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de garantías, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violación y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos específicos y precisos por los que se otorgó el amparo en el juicio previamente resuelto, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional; de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 105 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de garantías." En razón de lo expuesto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 192 del propio ordenamiento, lo cual conduce a sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Sin que sea óbice señalar que el presente sobreseimiento se hace extensivo al acto que la quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, puesto que a ésta última, le atribuye la omisión de supervisar el correcto desempeño de los servidores públicos que tiene a su cargo, omisión que hace derivar de la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en la constancia legal que integran los folios del Recurso de Revisión **********, así como su ejecución. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por lo que hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaría del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, al que adjunta el testimonio de resolución de ocho de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada en los autos del recurso de revisión 410/2022, interpuesto por la moral quejosa **********, sociedad anónima de capital variable, en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y el expediente 37/2021 del índice de este juzgado federal, ejecutoria que en sus puntos resolutivos señala: "RESUELVE: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos. Notifíquese,." Acúsese recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, agréguense únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, toda vez que las demás son una reproducción de las que ya obran en autos. Con base en lo anterior, se ordena el archivo del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio. De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Por otra parte, con base en lo previsto en los artículos 12 y 14, del Acuerdo General de referencia, en relación con el diverso apartado 7.5 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se hace constar que el ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la medida cautelar definitiva misma que fue confirmada por el tribunal revisor; en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Informes previos. Ténganse por recibidos los informes previos que rinden las autoridades responsables, en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación de ellos al celebrarse la audiencia incidental. Notifíquese
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