Leobardo Torres Madrigal

Expediente 1371/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1371/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Leobardo Torres Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PERSONAL ELECTRONICA,......agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Coordinador Operativo del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a través del cual aduce que dio cumplimiento al fallo protector y al efecto remite las constancias con las cuales pretende acreditar su dicho. En atención a su contendido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con copia simple del oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intenta dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo y en caso de así considerarlo, manifieste en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. Apercibida que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, una vez que se dé cumplimiento total a la sentencia de amparo; se acordará lo que en derecho corresponda con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por otra parte, toda vez que del oficio de cuenta se advierte que la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, Unidad Responsable del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y dado que en el acatamiento de las sentencias ejecutorias de amparo están obligadas todas las autoridades que conforme a sus facultades legales tengan intervención en el mismo; con apoyo en la tesis de jurisprudencia número 178, visible en la página 145, del Apéndice de 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, Tercera Sala, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO", con copia simple del oficio de cuenta, y con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la: Titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, así como a su superior jerárquico, el Titular de la Subsecretaría de Bienestar. Para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acrediten ante este Juzgado de Distrito que en el ámbito de sus respectivas competencias, realizaron los actos necesarios, para el eficaz cumplimiento de la totalidad de lo requerido en la ejecutoria, apercibida

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la AUTO de fecha 11/octubre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. AUTO cuyo contenido es: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman conductas atribuidas a autoridades residentes en la jurisdicción que corresponde a este órgano de Justicia Federal. SEGUNDO. FIJACIÓN DE ACTOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura íntegra de la demanda, ocurso de aclaración, escrito de ampliación y demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama: De las responsables Fiscal General de la República; Titular de la Coordinación de Métodos de Investigación; Director General de Investigación Policial Apoyo a Mandamientos de la Policía Federal Ministerial; Titular de la Policía Federal Ministerial; Director General Adjunto de Administración y Servicios de la Policía Federal Ministerial; y, Director General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial, todas de la Fiscalía General de la República (en su denominación correcta): La emisión del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte. Sin que se tengan como actos reclamados los señalados como: "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el que sin ninguna motivación y fundamentación omitan ordenar realizar el pago completo de liquidación que me corresponde por los 18 años y 45-cuarenta y cinco días, que laboré en la Fiscalía General de la República antes Procuraduría General de la República para que me cubra por concepto de liquidación la diferencia que me corresponde. - - - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN; AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL APOYO A MANDAMIENTOS, Reclamando también la falta de pago completo que me corresponde por concepto de liquidación durante el tiempo que laboré en la Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República.", toda vez que constituyen apreciaciones que, en su caso, derivan de las conductas reprochadas a las responsables; lo que es un aspecto relacionado con el fondo del presente asunto; de ahí que, se estudien como conceptos de violación y no como actos controvertidos en forma destacada. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 69, Tomo VII, enero de 1991, Materia Común, Octava Época, registro digital 223603, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto que se atribuye a las responsables, Fiscal General de la República; Titular de la Coordinación de Métodos de Investigación; Director General de Investigación Policial Apoyo a Mandamientos de la Policía Federal Ministerial; Titular de la Policía Federal Ministerial; Director General Adjunto de Administración y Servicios de la Policía Federal Ministerial, todas de la Fiscalía General de la República, consistente en la emisión del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte; ya que así lo manifestaron respectivamente al rendir su informe con justificación. Dichas autoridades negaron su existencia, sin que conste en autos prueba alguna que demuestre lo contrario, esto es, que evidencie que ellas participaron o tuvieron injerencia en la emisión del acto que se les reprocha. Por el contrario, su aseveración aparece corroborada con el contenido del oficio reclamado, del cual se advierte que fue emitido por el Director General de Apoyo Técnico y Logístico, de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República; documental que exhibió en apoyo a su informe con justificación, en copia certificada, a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a las responsables Fiscal General de la República; Titular de la Coordinación de Métodos de Investigación; Director General de Investigación Policial Apoyo a Mandamientos de la Policía Federal Ministerial; Titular de la Policía Federal Ministerial; Director General Adjunto de Administración y Servicios de la Policía Federal Ministerial, todas de la Fiscalía General de la República, consistente en la emisión del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se atribuye al Director General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, consistente en la emisión del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte; pues, así lo manifestó al rendir su informe con justificación; de ahí que, deba tenerse por cierto para los efectos del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo expuesto, se corrobora con las constancias certificadas que remitió a esta instancia constitucional la responsable Director General de Apoyo Técnico y Logístico, de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, como apoyo a su informe justificado, que por tratarse de documentos públicos, gozan de eficacia probatoria plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismos que resultan suficientes para demostrar la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la emisión del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo estimado, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 153, Tomo VI, Primera Parte, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA FUNDADAS. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o su actualización se advierta oficiosamente por esta Juzgadora Federal, en términos del numeral 62 de la citada legislación; así como, en el criterio sustentado en la jurisprudencia 305, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 1917-1995, que expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Esta juzgadora advierte de oficio, que en el caso, respecto del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Director General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa presentó de manera extemporánea su ampliación de demanda, ya que debió promoverla dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, al en que tuvo conocimiento de éste o se ostente sabedora del mismo. Al respecto, los citados artículos disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento,incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." De los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente al no instarse en el plazo previsto legalmente para ello, el cual será de quince días contado a partir, entre otros casos, desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del mismo, o bien la parte quejosa haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedora del acto que reclama. Ahora bien, cabe destacar que, respecto del acto reclamado del Director General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, consistente en la emisión del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte, la quejosa tuvo conocimiento de éste, desde el once de diciembre de dos mil veinte, tal y como se desprende de la constancia de notificación personal, que de dicho oficio se hizo, en la cual, en la parte inferior izquierda, aparece su nombre, fecha y una rúbrica ilegible, misma que obra en autos en copia certificada; documental que quedó justipreciada en párrafos precedentes. Circunstancias, que evidencian que la quejosa tuvo conocimiento del oficio reclamado desde el once de diciembre de dos mil veinte; por lo que, los quince días que tenía para promover su demanda de amparo, transcurrieron del quince de diciembre de dos mil veinte al seis de enero de dos mil veintiuno, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, y veinticinco de diciembre de dos mil veinte, uno, dos y tres de enero de la presente anualidad, por ser inhábiles. De ahí que, si su escrito de ampliación de demanda lo presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, tal y como se desprende del sello del reloj fechador; es de concluirse que, la ampliación de demanda fue presentada en forma extemporánea, toda vez que el plazo correspondiente feneció el seis de enero del año en curso. No escapa a la atención de esta Juzgadora Federal el hecho de que mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se haya requerido a la quejosa para que manifestara si deseaba ampliar su demanda, en contra del citado oficio, el cual, le fue notificado el diecinueve de mayo siguiente; sin embargo, de constancias claramente se desprende que tuvo conocimiento de aquél desde el once de diciembre de dos mil veinte y no así en el momento en que le fue notificado el acuerdo de requerimiento por parte de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al actualizarse de manera indubitable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en el juicio, respecto del oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGATI/0695/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Director General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República. Sin que, en el caso, sea necesario el análisis de la diversa causa de improcedencia invocada por el Director General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, toda vez que en nada cambiaría el sentido de esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En esa virtud, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa, en relación a la inconstitucionalidad que aduce del acto reclamado precisado en párrafos precedentes. Apoya lo estimado, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252, Tomo XXIIXXIV, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 217 y relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por María Luisa González Jiménez, en contra de las autoridades y por el acto precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el tercero y último considerandos de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa, por lista agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, lo resolvió y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ante Jonathan Hernández Guzmán, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy once de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual contiene la resolución al conflicto competencial identificado con el número C.C.A. 23/2021. En atención a su contenido, hágase del conocimiento que el Tribunal oficiante mediante resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, determinó lo siguiente: "RESUELVE: ÚNICO. Es s legalmente competente el JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, para conocer del juicio de amparo promovido por ALEXIS PRESTEGUI GATICA, contra actos atribuidos al Secretario de la Defensa Nacional y otra."

  4. Principal

    agréguese el escrito de cuenta, por medio del cual Se tiene como nuevo domicilio, y como autorizados a las personas que indica,

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,195 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano