Leobardo Ruiz Alanis
Expediente 946/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/08/2023
Partes del expediente
- Leobardo Ruiz Alanis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de agosto de dos mil veintitrés. DE LA CERTIFICACIÓN Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. CUADERNO PRINCIPAL En acatamiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente en el cual se sobreseyó el juicio de amparo. RELEVANCIA DOCUMENTAL De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo físico el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. JUSTIFICADO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2°, párrafo segundo, glósese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio remitido por el Delegado de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto General de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, rinde informe justificado, al que adjunta diversas constancias digitalizadas de las cuales deriva el acto reclamado y que bajo protesta de decir verdad manifiesta que son copia íntegra e inalterada. DELEGADOS Y DOMICILIO. Por otro lado, con sustento en los numerales 9 y 26, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, -se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala la autoridad responsable. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico con nombre de usuario *****************; en virtud de que dichos usuarios se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Documentales que merecen eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por ser documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, sin que haya lugar a otorgar vista a las partes con el contenido del informe justificado, pues se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, debido a que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. En razón de lo anterior, se provee: ************************** En el caso, como se ha precisado, de las constancias remitidas quien resuelve estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del gobernado se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Ahora, como se dijo de las constancias que adjuntó la responsable al oficio de cuenta, a las que se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, se advierte que de la quincena que comprende del uno al quince de julio de dos mil veintitrés, se realizó el pago al aquí quejoso respecto de la pensión otorgada mediante dictamen ********************, tal y como se advierte del recibo que adjuntó la responsable a su informe. En ese sentido, debe decirse que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el quince de julio de dos mil veintitrés, la responsable depositó el pago de pensión que corresponde a la parte quejosa otorgado mediante dictamen *********************, lo que pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado; por ello, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Incidental
Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil veintitrés. ESCRITO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que a la fecha la autoridad responsable, no ha dado cumplimento a la suspensión provisional y definitiva, concedida en el incidente en que se actúa, toda vez que refiere no se le ha realizado el pago de la pensión a que tiene derecho. En atención a lo anterior, este Juzgado estima relevante para poder determinar cuáles son las medidas idóneas a adoptar a fin de asegurar que se dé cumplimiento a lo ordenado en la suspensión provisional concedida el veintitrés de junio de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 158 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, informe el cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida, para los siguientes efectos: "La suspensión se otorga para el efecto que, hasta en tanto se resuelve el juicio principal con sentencia ejecutoriada, la autoridad responsable provea sobre el pago de la pensión a que tiene derecho el quejoso de conformidad con el dictamen de pensión ********************de seis de marzo de dos mil veinte." Lo anterior bajo el apercibimiento de que si la autoridad requerida es omisa en dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Por otro lado, si bien el treinta de junio de dos mil veintitrés, se resolvió sobre la suspensión definitiva, lo cierto es, que a la fecha no obra la constancia con la que se acredite se haya realizado a la autoridad responsable la notificación de la interlocutoria aludida. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Eduardo López Reyes, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa
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