Leobardo Riqueño Morales
Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leobardo Riqueño Morales
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Glósense a los autos para que obren únicamente como corresponda el oficio y anexos signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, en razón de que por auto de dieciocho de marzo del año en curso, causo estado el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa y, se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de dieciocho de marzo del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente, así como su valoración, relevancia documental y destino, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; sin embargo, el mismo debió ser valorado en cuanto a su relevancia documental y destino en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, cuyo artículo quinto transitorio señala: QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de subsanar dicha inconsistencia; se ordena regularizar el presente procedimiento y valorar el expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: En consecuencia, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó sobre todos los actos reclamados. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, inciso a), del citado acuerdo, consérvese el original del incidente de suspensión, por el termino tres años, a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, porque se concedió la suspensión provisional definitiva de los actos reclamados; transcurrida dicha data, el mismo será DEPURABLE, por lo que dentro de los siguientes noventa días, posteriores al transcurso de la citada temporalidad, se deberá depurar el expediente incidental, conservando la demanda y la resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión (provisional o definitiva); luego solicítese la transferencia de este a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en términos del artículo 20, fracción ll, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, toda vez que existe cuaderno original. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo. Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes. Asimismo, conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión será DEPURADO, porque se concedió la medida cautelar, por lo que deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del punto vigésimo, fracción III, del citado acuerdo el duplicado del incidente de suspensión será DESTRUIDO; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Asimismo, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias fotostáticas certificadas que anexó el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con Jurisdicción y Competencia los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con sede en esta ciudad, mismas que obran en un tomo; por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo Álvarez y Guerrero, mediante el cual informa que el catorce de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso Leobardo Riqueño Morales, por el hecho que la ley penal señala como delito de tentativa de violación, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales R.J.T. Ahora bien, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo Álvarez y Guerrero, para que dentro del plazo de tres días siguientes a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas de la sentencia que dictó el catorce de octubre de dos mil veinte, en la causa penal ***, de su índice. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $86.88 (ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tal determinación se apoya en los artículos 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 176291, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2006, tomo XXIII, página: 319, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Notifíquese.
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