Leobardo Pérez Olvera

Expediente 950/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
950/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Leobardo Pérez Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    ... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. El cuaderno original es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a), pues las medidas cautelares -provisional como y definitiva-, fueron concedidas; por ende, se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, concluido, dentro de los noventa días siguientes será depurado: se conservarán las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la suspensión, para después transferirlo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese al expediente principal sin alterar el folio. El duplicado es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha. Archívese por separado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    ... Agréguese a los autos la copia certificada de la promoción 16510 y copia autorizada el proveído de veintinueve de septiembre del presente año, acordada en el incidente de suspensión que deriva del asunto en que se actúa; visto su contenido, téngase a la agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación Norte, Guadalupe Hernández Tlatelpa, remitiendo las constancias consistentes en la determinación emitida dentro del expediente NUAT 8021/2020/UAT 04 como respuesta la petición planteada por la parte quejosa mediante ocurso presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, así como de la notificación personal realizada al quejoso de tal determinación. ESTADO DE AUTOS Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de motivos manifiestos e indudables de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En ese sentido, conviene precisar que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión en contra del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades, por los actos reclamados consistentes en la omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente NUAT 8021/2020/UAT 04. Ahora bien, el Fiscal General del Estado de Puebla y Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General Del Estado de Puebla, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados, con el que se dio vista al impetrante de amparo a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido. A pesar de lo anterior, el quejoso no aportó probanza alguna que fuera apta para desvirtuar dichas negativas, aun cuando le correspondía la carga de probar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que los actos reclamados a las autoridades resulten inexistentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, al demostrarse la inexistencia de los actos reclamados. Por otra parte, en relación al acto atribuido al Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que conoce del Expediente NUAT 8021/2020/UAT 04, se considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que ha cesado el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Se afirma lo anterior, en razón que de las constancias con que se ha dado cuenta, se evidencia que mediante auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación Norte, Guadalupe Hernández Tlatelpa, dio respuesta al escrito de uno de diciembre de dos mil veintiuno -generador del acto reclamado-; mismo que fue notificado personalmente Leobardo Pérez Olvera, en su carácter de asesor jurídico del quejoso de José Morales y Ávalos, quien a su vez es representado por su apoderado legal Andrés Villalva Romero, en la misma fecha de su emisión, cuya falta de respuesta originó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo texto literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos de la parte quejosa. La interpretación aludida puede advertirse en la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En el caso, se actualiza la hipótesis legal en comento, pues de los autos que integran el presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: I. Leobardo Pérez Olvera, en su carácter de asesor jurídico del quejoso de José Morales y Ávalos, quien a su vez es representado por su apoderado legal Andrés Villalva Romero, reclamó la omisión de dar contestación al escrito que presentó el uno de diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente NUAT 8021/2020/UAT 04, de los que conoce la agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación Norte, Guadalupe Hernández Tlatelpa. II. No obstante lo anterior, mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintidós, la agente Ministerio Público responsable dio respuesta a la petición presentada el uno de diciembre de dos mil veintiuno. De igual modo, ordenó la notificación respectiva, la cual se efectuó personalmente a la parte quejosa por conducto de su de asesor jurídico en la misma fecha de su emisión, cuya falta de respuesta originó la promoción del juicio de amparo (fecha posterior a la presentación de la demanda). De lo antes expuesto, se advierte que la autoridad responsable al resolver la cuestión planteada eliminó la afectación a la parte quejosa, como si el acto no hubiere dejado ninguna huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, pues con la determinación de catorce de septiembre de dos mil veintidós y la notificación realizada en la misma fecha, el acto reclamado dejó de existir, sin afectar a la parte quejosa, máxime que se proveyó favorable su solicitud consistente en girar oficio al Juez de Control en Turno de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, a efecto de solicitar por su conducto información a la Comisión Nacional Bancaria, sobre la información ahí precisada. En consecuencia, al haber cesado los efectos de la falta de acuerdo al escrito que presentó el uno de diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente NUAT 8021/2020/UAT 04, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con veintiséis minutos del once de octubre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    ...IA Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que a la data en que se actúa se encuentra transcurriendo el término concedido a Guadalupe Hernández Tlatelpa, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Norte, mediante proveído de seis de septiembre del año en curso, a través del oficio 41399/2022, a efecto de que rinda su informe justificado. Esto, toda vez que tal auto le fue notificado el nueve de septiembre de la anualidad en curso, de manera que es evidente que aún transcurre el plazo de quince días que les fue concedido. FECHA DE AUDIENCIA En tales condiciones, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se señalan las nueve horas con veintiséis minutos del once de octubre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    PRIMERO. Se niega a la parte quejosa ***a, asesor jurídico del quejoso José Morales y Ávalos, quien a su vez es representado por su apoderado legal Andrés Villalva Romero, la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridades responsables que quedaron precisados en el resultando primero de esta resolución y por las razones expuestas en el considerando primero de la misma. SEGUNDO. Se concede a la parte quejosa***a, asesor jurídico del quejoso José Morales y Ávalos, quien a su vez es representado por su apoderado legal Andrés Villalva Romero, la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridades responsables que quedaron precisados en el resultando primero de esta resolución y por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. TERCERO. Se requiere al agente del Ministerio Público en funciones de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Norte, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación de la presente determinación, de cumplimiento a la suspensión definitiva en los términos ordenados en el considerando tercero de la presente resolución.

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