Leobardo Olguín Calderón
Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Leobardo Olguín Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente en su carátula, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Devuélvase al Juez responsable, las constancias que remitió como justificación a su informe de ley. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrieron los términos de tres y veinte días concedidos a la parte quejosa para recoger los edictos correspondientes y acreditar su publicación, como se ordenó en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno a fin de emplazar al presente juicio al tercero interesado Juan José Chávez Ojeda, sin que a la fecha lo haya realizado. Sin que se soslaye, que en el escrito signado por Eladio Jiménez Rangel, autorizado de la parte quejosa, recibido en este Juzgado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, haya referido que no puede sufragar los gastos necesarios para la publicación de los edictos, dado que es indispensable que dentro en los autos se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos. Pues no basta con que la parte quejosa realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de edictos. Luego, toda vez que como se dijo, transcurrieron dichos términos, sin que la parte quejosa haya recogido y acreditado la publicación de los edictos de referencia; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en razón de que la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que la suscrita Juzgadora de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo y siendo ello así, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 64/2002, por Contradicción de Tesis número 16/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de fecha catorce de junio del dos mil dos, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º. Fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Así como la tesis Jurisprudencial, 1.3º.C. J/42, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1463, tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, al tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el termino concedido a la parte quejosa para que acredite la publicación de los edictos correspondientes, por lo que para no dejarla en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 6/2022. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, se reanuda el procedimiento y se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente asunto Notifíquese.
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