Leobardo Gomez Salado

Expediente 508/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
508/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Leobardo Gomez Salado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Principal 508/2023-IV*M CUENTA. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 13276. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por José Alberto Vázquez Apolonio, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se notifique al Juez de control con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, con residencia en Ometepec, Guerrero, la sentencia dictada por este juzgado federal; atento a su contenido, dígase al promovente que el veintiuno de septiembre pasado, se enviaron a dicha responsable las comunicaciones oficiales 23912/2023 y 25625/2023, a efecto de hacerle saber la sentencia correspondiente y el auto en el que causó ejecutoria la misma. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las doce horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 508/2023-IV, promovido por *****, por propio derecho, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran: demanda; acuerdo en el que se previene a la parte quejosa; escrito a través del cual se desahoga prevención; auto admisorio; informe justificado rendido por la autoridad responsable; proveído en el que se tuvo por rendido y con su contenido se dio vista a las partes; emplazamiento a juicio de los terceros interesados; ocurso a través del cual se apersonaron a juicio los terceros interesados Leobardo y Héctor, de apellidos Gómez Gutiérrez; y acuerdo en el que se difirió la audiencia constitucional para esta fecha. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que será tomado en consideración al resolver este sumario. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: La secretaria da cuenta con las ofrecidas por las partes que así lo hicieron. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Abierto el periodo de alegatos: La Secretaria da cuenta con los formulados por los terceros interesados Leobardo y Héctor, de apellidos Gómez Gutiérrez. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 508/2023-IV, promovido por Leobardo Gómez Salado, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, con sede en Ometepec, Guerrero; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el veintidós siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ******, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: a).- Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano. IV.- ACTO RECLAMADO: b) La resolución de fecha 24 de abril del 2023 emitida por la autoridad responsable en la que confirma la resolución de las medidas cautelares (.) SEGUNDO. Prevención. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 508/2023-IV, y se previno al promovente para que dentro del término de cinco días siguiente a su notificación, aclarara cuál es el acto reclamado. TERCERO. Trámite del juicio. A través del escrito recepcionado en la oficialía de partes de este juzgado federal el veintiséis de mayo siguiente, el promovente desahogó el requerimiento formulado y al efecto señaló como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 24 de abril del 2023 emitida por la autoridad responsable en la que se confirma la resolución de las medidas cautelares (...)". Con lo anterior, se tuvo por satisfecha la prevención realizada al promovente del amparo y en auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente en auto de catorce de junio del año en curso, se ordenó emplazar a los terceros interesados Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero; así como a los imputados Héctor y Leobardo, de apellidos Gómez Gutiérrez, y una vez integrado el expediente en que se actúa, tuvo verificativo la audiencia de ley al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En esa tesitura, de lo manifestado por el quejoso en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en: ? La resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio de Ometepec, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, con residencia en Ometepec, Guerrero, en el toca penal 11/2023, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la asesora jurídica particular de la víctima, aquí quejoso, en contra de la resolución de media medida cautelar de veintiuno de marzo del año en cuso, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, en la carpeta judicial C-136/2022, en la que se impuso a los imputados la medida cautelar prevista en la fracción VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto reclamado de la autoridad Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio de Ometepec, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, con residencia en Omepetec, Guerrero, dado que al rendir su informe justificado, aceptó su existencia. Manifestación que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones que obran en el toca penal del que derivan los actos reclamados, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 89, Tomo 217-228 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 237120, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL , POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE . ES BASTANTE PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS". Así como la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Causal de improcedencia. Una vez que ha sido demostrada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, cuyo rubro indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese contexto, de oficio se advierte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Precepto conforme al cual, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos en contra de los que no se promueva juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La causa de improcedencia anunciada, reside en que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad porque no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus derechos. Esto es, precluye el derecho del interesado para reclamar un acto una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Así pues, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercitar la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Para entender la forma en que habrán de computarse los plazos a que se refiere la causal antes invocada, acudir a los diversos numerales 17, 18 y 19 de la citada Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." (énfasis propio). De los preceptos transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de los siguientes momentos, a saber: a) Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor del acto o de su ejecución. En ese sentido, debe entenderse que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, que aducen que el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional (fracción I); mientras que en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años (fracción III). En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años (fracción II); y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo (fracción IV). En ese contexto, si las oportunidades legales para la promoción del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, en atención al principio de exclusión, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran las excepciones contempladas por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. En ese sentido, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada divulgada en la página 9, Volumen 205-216, Séptima Parte, Séptima Época, registro 245095, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo un conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. Por tanto, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma se computa a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. En el caso, de las constancias que conforman el juicio de origen, a las que ya se les otorgó el valor probatorio correspondiente, se advierte que la resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés -acto reclamado- se notificó a la parte quejosa a través de su número telefónico que proporcionó para tal efecto (vía whatsapp), en esa propia fecha (foja 107). Esa notificación surtió efecto el día hábil siguiente de su realización, esto es, el veinticinco de abril siguiente, acorde a lo que dispone el artículo 82, fracciones I, inciso b) y III, última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, que al efecto indica. "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes (.) III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación". Por tanto, el plazo de quince días a que hace alusión el artículo 17 de la ley de la materia, trascurrió del veintiséis de abril al dieciocho de mayo de dos mil veintitrés; lo anterior, tomando en consideración que los días veintinueve, treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de dos mil veintitrés, fueron inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, como se aprecia del sello de acuse de recibo, es evidente que su promoción es extemporánea, porque ocurrió después del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo y, por ende, deben tenerse como tácitamente consentido el acto que ahora reclama el peticionario de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala," (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro digital 204707). "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, registro digital 165582). Máxime que no se está dentro de los supuestos de excepción mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no produce efectos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por la Constitución. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al haberse demostrado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la ley de la materia. En ese orden de ideas, debe decirse, que al haberse decretado el sobreseimiento, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, en relación con los alegatos formulados por los terceros interesados, al no formar parte de la litis, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, ya que estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, materia común, tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el telegrama enviado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero, mediante el cual informa que la comunicación oficial 547/2023 ya fue devuelta; atento a su contenido, se ordena glosar a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que el treinta y uno de agosto pasado, se tuvo por recibida la misma y se acordó lo conducente. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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