Leobardo Garcia Trujillo

Expediente 1001/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1001/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Leobardo Garcia Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES 1001/2022-I. Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintidós. ACEPTA COMPETENCIA Y ACUSA RECIBO Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual comunica que en el acuerdo emitido el de tres de octubre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1719/2022, el titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado federal en el juicio de amparo en que se actúa, en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós y acusó recibo del juicio de amparo enviado. Por tanto, es viable disponer lo conducente al archivo de este cuaderno de antecedentes y la clasificación documental. ANOTACIONES INTERNAS Luego, se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la aceptación de competencia. ARCHIVO En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima previo análisis de las constancias, que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de seis meses1 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual se declinó la competencia legal y este juzgado sólo mantiene un cuaderno de antecedentes. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES La revisión efectuada a las actuaciones de este cuaderno, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. INEXISTENCIA DE ANEXOS En este asunto no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que otro juzgador ya aceptó la competencia legal, para continuar el trámite de la demanda presentada por aquéllos. De ahí que este proveído sólo se habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. SIN CUADERNOS INCIDENTALES No existe incidente de suspensión derivado de este cuaderno, porque se declinó la competencia legal en el proveído inicial y se remitió el juicio original a un diferente órgano, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1001/2022. Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++++++++, por derecho propio, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a la parte quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Incompetencia legal por razón de materia. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar el reclamo de los actos consistentes en: "..1.La inconstitucional e ilegal inscripción o registro de mi nombre y fotografía en una lista de personas que aparecen en el ATLAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE MÉXICO; en la parte geográfica de Cañada Morelos, Puebla y que fue publicada y puesta en los tableros de la Presidencia Municipal de Cañada Morelos. II. La omisión consistente en no eliminarme de esa lista, no suprimirme o borrarme de la misma y que se refiere a delincuentes; siendo que el mencionado Atlas sólo debe ser una cartografía o mapa sin nombres y fotografías. En cambio, con mi inclusión en esa lista y el no eliminarme de la misma; me causa daños pues mi nombre y fotografía obra en el mencionado ATLAS. III. La omisión consistente en la falta de discreción o de sigilo (lo que trae como consecuencia demasiada publicidad en contra del suscrito). IV. Reclamo la omisión consistente en que las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras no recaban más datos de prueba respecto de algún delito que me imputen en esa lista del ATLAS, ni solicitan de la autoridad competente la integración de una carpeta de investigación para que en su oportunidad se ejercite la acción penal y me pongan a disposición de un juez de control, por los delitos de robo de hidrocarburos, asalto al transporte y trenes.". Como se ve, los actos de los que se duele el quejoso inciden en el ámbito administrativo de la protección de datos personales, porque deriva de una publicación que según lo indica el quejoso, "elaboró un equipo de estudiosos del senado de la República"; de naturaleza jurídica administrativa (cámara de senadores) y publicada en lo que denominó como: ATLAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE MÉXICO, el cual se entiende, es un mapa geográfico donde también se pueden advertir los datos y fotografías de algunas personas señaladas por la aparente comisión de un delito, información que, a juicio del impetrante, le genera un estigma social y de momentos, la imposibilidad de transitar libremente, pues como según lo indica, ha sido interrogado en retenes carreteros. Luego, es evidente que la inscripción y registro de su nombre y foto en el denominado ATLAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE MÉXICO atribuida a diversas autoridades administrativas, no deriva de un proceso o procedimiento en materia penal, porque el mismo quejoso manifestó en su demanda que no se ha iniciado alguna carpeta de investigación en su contra, incluso reclama de las autoridades que señala como responsables la omisión de llevar los actos de investigación que permitan generar datos de prueba para esos efectos. Por el contrario, acorde con lo expuesto por dicho quejoso, los actos reclamados derivan de la conducta realizada por algunos integrantes del senado de la república y también por el ayuntamiento de Cañada Morelos, quien fijó la publicación de dicho Atlas, lo que actualiza la naturaleza administrativa. De ahí que como se mencionó, no existen circunstancias a la presente fecha, para estimar que la inscripción, publicación y registro de nombre y fotografía en el denominado ATLAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE MÉXICO, tenga naturaleza penal, pues como tal, no tiene relación con alguna actividad de investigación o persecución por la comisión de un delito, como el propio quejoso lo confirma. De igual manera, tal acto no tiene origen en el cumplimiento de una norma jurídica de índole penal, en donde de manera directa o indirecta se afecte la libertad personal del quejoso, así como tampoco -se insiste- con la investigación de un delito, el trámite de algún proceso penal o carpeta de investigación. De ahí que se considere en que los actos reclamados son de naturaleza administrativa puesto que no derivan directamente de un proceso penal o carpeta de investigación. Es así, pues el acto combatido al tratarse solamente de una inscripción, publicación y exhibición de lo que denomina como: ATLAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE MÉXICO, el cual se entiende, es un mapa geográfico donde también se pueden advertir los datos y fotografías de algunas personas señaladas por la comisión de un delito, mismo que es atribuido a autoridades administrativas como el presidente y el senado de la república (quien afirma participó en la elaboración de dicho Atlas, y, en ese caso, su actuación yace sólo en el ámbito administrativo, en lo específico dentro del ámbito jurídico de protección a la información y datos personales de los gobernados. De donde se sigue que, es evidente que las autoridades que participaron en el acto reclamado son formalmente administrativas, pues la mayoría pertenecen al poder ejecutivo y legislativo; sin que con motivo del acto reclamado haya ejercido alguna atribución del índole penal. Ello, atendiendo a la naturaleza jurídica del acto reclamado en la demanda de amparo, ésta (su naturaleza jurídica) no es intrínsecamente penal, pues se centra en la inscripción, publicación y registro de nombre y fotografía en el denominado ATLAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE MÉXICO. En virtud de lo hasta aquí expuesto y considerado, este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se declara que no es competente legalmente en razón de materia para conocer de la demanda de cuenta. Sin perderse de vista que los actos reclamados no encuadran en los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, así como tampoco en los prohibidos por el precepto 22 de la constitución federal, por lo que resulta innecesario proveer sobre su suspensión, a efecto de plantear la incompetencia en mención, en términos del diverso 48, primer párrafo, de la ley de la materia. Además, sin pasar por alto el hecho de que el quejoso indica que el acto que pretende reclamar en esta instancia, es equiparable a una identificación administrativa; pues el acto que reclama, no se trata de una inscripción o publicación realizada como consecuencia de un acto procesal penal, como por ejemplo, un auto de formal prisión, el cual sí pueden traer aparejada una identificación administrativa. Además, con base en el principio de legalidad, previsto en el artículo 14 constitucional, específicamente en su vertiente de exacta aplicación de la ley penal, los actos administrativos no pueden ser equiparables a los actos penales, como lo afirma en su demanda. En consecuencia, se ordena girar atento oficio al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, acompañándole el original del presente juicio de amparo (que incluye la demanda de cuenta), a efecto de que lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, al que corresponda, por los motivos expuestos. Se solicita de manera atenta y respetuosa al Juez de Distrito al que le turnen el presente asunto, se sirva acusar recibo por interconexión y, en su caso, comunicar si acepta la competencia declinada. Entonces, previa copia que se obtenga de las constancias, fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y una vez que el juez de distrito a quien le corresponda conocer de la competencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, en su caso, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a los quejosos el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 1/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Domicilio procesal. Desde este momento, se tienen las listas, como domicilio para oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal, por así haberlo solicitado el quejoso. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 1/2022), se le requiere para que proporcione un correo electrónico y número telefónico. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto1 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes Se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la incompetencia planteada. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo por conducto del personal a su cargo se glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese en forma personal a la parte quejosa (por lista).

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