Leobardo Gallegos Hernández

Expediente 1071/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1071/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Leobardo Gallegos Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Tercer Circuito, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo, y el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; de la cual, se advierte que la superioridad en sus puntos resolutivos, resolvió lo siguiente; "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva." En razón de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto únicamente con las actuaciones originales que obran en él y destrúyanse las copias certificadas que para tal efecto se expidieron, por no ser necesarias para la integración del presente juicio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Luego, como lo ordena la superioridad, se repone el procedimiento para los efectos que a continuación se transcriben: "Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de que: a) El juez de distrito ordene notificar personalmente a la quejosa el contenido del informe rendido por la autoridad responsable director general de asuntos agrarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco y, le corra traslado con la documental exhibida (acta de entrega y recepción de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho), asimismo, la prevenga, de manera expresa, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto del nuevo acto que se encuentra relacionado con el reclamado inicialmente, dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que proceda. b) Realizado lo anterior, sin que con motivo de lo aquí resuelto se afecten las pruebas ofrecidas y desahogadas en autos, una vez agotado el procedimiento, señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual deberá comunicar a las partes, y dicte la sentencia que en derecho corresponda, prescindiendo de establecer que existe un pronunciamiento respecto de los actos reclamados y conceptos de violación hechos valer en el juicio de amparo del que deriva este recurso de revisión, ya que, como se demostró, lo aquí reclamado no fue materia de análisis del juicio de amparo indirecto 791/2012, ni de su revisión. c) Al momento de dictar la nueva sentencia, en atención a lo aducido por la parte quejosa en el primero de los agravios planteados en el presente amparo en revisión, el juez de distrito deberá atender la totalidad de los actos reclamados tanto en la demanda de amparo, como en su ampliación, es decir, deberá hacer una correcta fijación de los actos controvertidos." En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, con copia del presente proveído, con el contenido del informe rendido por la autoridad responsable director general de asuntos agrarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco y con la documental exhibida (acta de entrega y recepción de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho), dése vista a la parte quejosa, a fin de que en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto del nuevo acto que se encuentra relacionado con el reclamado inicialmente. Apercibida que de no hacerlo, se continuará el trámite del presente asunto únicamente por cuanto a la autoridad responsable y acto reclamado señalados en el escrito inicial de su demanda de amparo. En caso de ampliar su demanda se le requiere para que atienda a los requisitos establecidos en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con copia del presente acuerdo, vía electrónica, por así haberlo solicitado en su oficio registrado con el número 4720, y acordado en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente varios 1/2023 del índice de este juzgado, a través del usuario "fernando.origel", el cual se tiene como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo. En atención a la voluminosidad del presente expediente relativo al juicio de amparo 1214/2013, fórmese el quinto tomo para su adecuado manejo, previa certificación al respecto. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE TERCERO INTERESADO L.P.V. LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DIA DE HOY, LO ANTERIOR EN ACATAMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTOS: VISTOS, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1334/2022-III, promovido por********************contra los actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Mascota, Jalisco. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan,********************por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Mascota, Jalisco, mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el treinta de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró incompetente por conocimiento previo, y ordenó remitir los autos del juicio de amparo 1273/2022, a este órgano jurisdiccional, mismo que fue recibido el uno de julio del año pasado, y se ordenó remitir a la misma Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para el returno correspondiente. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, previa aclaración dictó proveído el dieciséis de agosto del año pasado, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; emplazar a la parte tercera interesada; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 estableció la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento establece: De la jurisprudencia transcrita se desprende que la demanda de garantías es un todo por lo que debe interpretarse en su integridad, de ahí que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País estableció que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, cuyo rubro y texto son: Así, del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto en los artículos 76, y 74, fracción I de la Ley de Amparo, se concluye que el acto impugnado consiste en la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio civil, del índice de la responsable. TERCERO. Certeza de actos. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Mascota, Jalisco, al rendir su respectivo informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que obran en los autos del juicio civil 231/2019; a las cuales se concede pleno valor en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2°, de esta última legislación. CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes ninguna causa de improcedencia, ni este Juzgador, de oficio, advertir su operancia, procede examinar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los argumentos expuestos en el único concepto de violación, que se formula en contra de lo considerado en la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, en el cual, aduce que el Juzgado señalado como responsable, transgrede la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 de la Constitución Federal, al declarar infundado el recurso de revocación, promovido en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintiuno. Ahora bien, como cuestión previa y dada la violación alegada en dichas apologías, cabe hacer algunas acotaciones en torno a las garantías de seguridad jurídica en el orden constitucional mexicano, género al que pertenece la garantía o principio de legalidad. En relación con el concepto de seguridad jurídica, en la obra titulada "Las Garantías de Seguridad Jurídica", editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición, primera reimpresión, páginas nueve y diez, se señala: "La palabra "seguridad" deriva del latín securitas, -atis, que significa "cualidad de seguro" o "certeza", así como "cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación". La última de las acepciones señaladas es la que debe tomarse en cuenta para indicar lo que ha de entenderse por seguridad jurídica. En efecto, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias." Es decir, la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones tanto constitucionales como legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación que se haga del orden jurídico a los gobernados será eficaz. Asimismo, en la obra antes citada, páginas once a trece, se expone un concepto de garantías de seguridad jurídica en los siguientes términos: "Las garantías de seguridad jurídica son derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados, que pueden ser oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. Conviene explicar los elementos integrantes de la definición propuesta: Derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados. Son derechos subjetivos porque entrañan una facultad que se deriva de una norma, y son públicos porque se pueden hacer valer ante sujetos pasivos públicos, es decir, el Estado y sus autoridades. Oponibles a los órganos estatales. Significa que el respeto a este conjunto de garantías puede ser reclamado al Estado. Requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos. Los requisitos están previstos en la constitución y en las leyes secundarias. Si el Estado emite actos donde tales requisitos no hay sido cubiertos, la seguridad jurídica de los gobernados se verá vulnerada. No caer en estado de indefensión o de incertidumbre jurídica. La nobleza y la majestad de las garantías de seguridad jurídica radican en que éstas se erigen como baluartes del acceso afectivo a la justicia, al que tienen pleno derecho los individuos de toda sociedad libre y democrática, donde el Estado no subordina a sus intereses la estabilidad social que demanda la subsistencia del derecho. Pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. Mientras la conducta del Estado para con los particulares no desborde el marco de libertad y de igualdad que el texto constitucional asegura a través de las garantías individuales, es de esperar que la situación igualitaria y libertaria de los gobernados no degenere en condiciones de desigualdad que preludien una era de caos social. De lo anterior se desprende que la importancia de las garantías de seguridad jurídica es fundamental: de ellas depende el sostenimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. De lo expuesto, se aprecia, que las garantías de seguridad jurídica entrañan la obligación para las autoridades, cuando deban llevar a cabo actos de afectación en contra de particulares, de cumplir con los requisitos previamente establecidos en la ley, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que dicho acto está dirigido. Ello, permite que los derechos públicos subjetivos se mantengan libres de daño, es decir, que las personas no caigan en estado de indefensión, lo que trae por consecuencia que las autoridades del Estado respeten irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a su alcance para que actúen. Así, el objetivo de las garantías de seguridad jurídica, es consolidar el Estado de derecho, cuya ausencia en cualquier sociedad preludia la descomposición de las relaciones humanas y consecuentemente, la anarquía. Expuesto lo anterior, cabe precisar los antecedentes del acto reclamado los que se advirtieron de las actuaciones del juicio 231/2019, se advierte que: 1. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa informó al Juez responsable los domicilios de las personas que tiene derecho a comparecer a la sucesión por estirpe en su carácter de descendientes de la finada ********************también conocida como Rosario Sánchez. 2. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable, acordó como no favorable dicha petición, pues quien deberá de representar a ********************es quien legítimamente represente su sucesión en términos de ley. 3. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa promovió recurso de revocación contra la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno. 4. En resolución de veintiuno de enero del año pasado, el juez responsable declaró como infundados los argumentos hechos valer por el quejoso, en virtud de que el promovente no acreditó con acta defunción el fallecimiento de ********************. 5. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual, por razón de turno tocó conocer este órgano jurisdiccional, con el número de expediente 308/2022, en el cual, se concedió el amparo a la pare quejosa, y se ordenó dejar sin efectos la resolución de veintiuno de enero del año pasado, y se emitiera otra con libertad de jurisdicción. 6. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, emitió el acto aquí impugnado de quince de junio del año pasado. Así, la parte quejosa en esencia aduce que, la responsable transgrede la garantía sestipuladasen el artículo 14, ya que, la resolución aquí combatida, no se encuentra debidamente fundada y motiva, pues cuando fallece un heredero se debe de notificar a quien legalmente tenga derecho por la parte que le corresponde para que por estirpe comparezca a la sucesión y deduzca sus derechos hereditarios que le pudieran corresponder, de conformidad al artículo 843 y 844 del enjuiciamiento civil del Estado, pero de ninguna manera se debe sujetar al promovente de un juicio sucesorio a que promueva sucesiones de las estirpes que existan hasta nombrarles un representante legal para que comparezcan al juicio sucesorio principal. Asimismo, señala que, se encuentra jurídica y materialmente imposibilitado para poder nombrar un albacea entre los hijos de la finada, por tal razón, no se debe condicionar por parte del Tribunal Responsable que a fin de poder continuar con el procedimiento sucesorio y citar a las estirpes, sea necesario primeramente se nombre un representante legal de estos (albacea), puesto que dicha determinación obstruye el derecho humano de la administración de la Justicia, aunado a que no se encuentra sustentada en ningún precepto legal, puesto que los preceptos que invoca la responsable 2917, 2918 y 3020 del Código Civil del Estado de Jalisco, en ninguna parte refieren y/o obligan a que cuando existan estirpes los promoventes del sucesorio principal deban nombrar albacea a cada estirpe, pues en todo caso, es a quienes integren la propia estirpe los que deberán nombrar su albacea y acudir representados, pues de conformidad con los artículos 843 y 844 del enjuiciamiento civil del Estado, solo está obligado a proporcionar nombres y domicilios para que se les notifique de la sucesión y acudan hacer valer sus derechos. Pues bien, como se adelantó, dichos argumentos son infundados. En efecto, en primer lugar debe traerse a la vista el contenido de los artículos 2652, 2653, 2660, 2908, 2911, 2913, 2914, 2915, 2917, 2918, 2930, 2990 y 3020, todos del Código Civil del Estado de Jalisco, señalan lo siguiente: "Artículo 2652. Herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte". "Artículo 2653. La herencia se transfiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima o intestamentaria". "Artículo 2660. A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división". "Artículo 2908. La herencia legítima se abre cuando: I. No hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez; II. El testador no dispuso de todos sus bienes; III. No se cumpla la condición impuesta al heredero; y IV. El heredero muere antes que el testador, repudie la herencia o es incapaz de heredar, si no se le ha nombrado sustituto". "Artículo 2911. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I. Los descendientes, cónyuge, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado, y la concubina o el concubinario; y II. A falta de los anteriores, la Beneficencia Pública". "Artículo 2913. Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo que concurran hijos con descendientes de ulterior grado o cuando concurran hermanos con sobrinos hijos de hermanos o medios hermanos". "Artículo 2914. Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales". "Artículo 2915. Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales". "Artículo 2917. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos fallecidos antes que el autor de la herencia, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la herencia". "Artículo 2918. Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes; y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por partes iguales". "Artículo 2930. El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. Los bienes que el cónyuge viudo recibe con motivo de la liquidación de la sociedad económico-matrimonial se consideran como bienes propios". "Artículo 2990. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente". "Artículo. 3020. El albacea es el representante legal de la sucesión, se encarga del trámite de la misma; y en caso de que su designación provenga de disposición testamentaria, será ejecutor de la voluntad del testador." De los preceptos antes transcritos se observa qué es la herencia, cómo se transfiere, cuándo se abre la herencia legítima, quiénes tienen derecho a heredar y las hipótesis respectivas; así como, que el albacea es el representante legal de la sucesión, y se encarga del trámite de la misma Ahora bien, de la resolución de quince de junio del año pasado, se advierte que el juez responsable declaró parcialmente fundado el recurso de revocación por los siguientes argumentos: De lo antes expuesto, se concluye que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, la autoridad responsable no violó la garantía de seguridad jurídica que aduce, transgredida pues fue correcta la fundamentación y motivación del Juez responsable al determinar que debe ser el representante legal de la sucesión de ********************el legitimado a fin de apersonarse al procedimiento de origen, a efecto de que se encuentre debidamente representada dicha sucesión, pues en términos del numeral 3020 del Código Civil del Estado de Jalisco, el albacea es el representante legal de la sucesión, habida cuenta que, dicho albacea es el que debe comparecer a deducir y justificar derechos de la sucesión, con fundamento en el artículo 843 del enjuiciamiento civil de esta entidad federativa. Lo anterior se considera así, pues partiendo del hecho de que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, las personas que tienen mejor derecho para heredar al autor de la sucesión son sus hijos, a partes iguales. Asimismo, sí a la muerte del autor de la herencia quedaren hijos y descendientes de ulterior grado; es decir, nietos, bisnietos o tataranietos, los primeros heredaran por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Así también, sí a la muerte del autor de la herencia, sólo quedaran descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá sobre estirpes, y si en alguna de éstas hubiera varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por partes iguales; y, el cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Por todo lo expuesto, sí a la muerte de la de cujus, vivían sus hijos; es inconcuso, que dichas personas heredaron sus bienes, derechos y obligaciones de su progenitora (por cabeza). En efecto, de lo actuado en el procedimiento de origen, entre otras cosas, se advierte que ********************fue hija de los de cujus, quien murió con posterioridad a éstos; por tanto, contrariamente a lo sostenido por la quejosa en sus conceptos de violación, aquél heredo por cabeza, por lo que es necesario que acuda al juicio sucesorio de origen su respectiva sucesión y deberá hacerlo a través del representante legal respectivo, como lo consideró el Juez responsable. Ello es así, en virtud de que si bien en el procedimiento de origen el quejoso, acreditó el entroncamiento filial de los descendientes de la cujus, ********************; lo cierto es que, a la muerte de la de cujus; es evidente que, dichos descendientes heredaron bienes, derechos y obligaciones de su progenitora; por tanto, quien tiene interés en el juicio sucesorio de origen, entre otros, son los herederos hijos y quienes en su caso, deben actuar a través de su representante legal o albacea. Efectivamente, adversamente a lo alegado por el solicitante de amparo, no obstante que en el juicio de origen, se acreditó el entroncamiento filial en segundo grado y en línea recta con los abuelos de cujus, así como, su entroncamiento en primer grado con su madre ********************se deberá tramitar la sucesión de dichos herederos, dado que cada persona tiene su propio patrimonio; y, por esa razón, es que la Jueza responsable dejó expedito su derecho, para que compareciera el representante legal a defender los derechos hereditarios de la heredera finada. Ahora bien, es cierto que, los artículos 2917 y 2918 del Código Civil del Estado de Jalisco, señalan que, si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos fallecidos antes que el autor de la herencia, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la herencia; y si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes; y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por partes iguales; sin embargo, también lo es que, será el albacea el que, de obtener la parte correspondiente de la herencia, deberá responder frente a otros herederos que tengan derecho a heredar por estirpe, o en su defecto estos últimos tendrán acción contra quien o quienes hayan obtenido esa parte de la herencia del abuelo y abuela, sin afectar al juicio en comento, pues en él ya se habrá respetado el derecho de la madre de los herederos; de ahí lo infundado los argumentos hechos valer por la parte quejosa. Sobre el particular, el tratadista ¡define la vocación legítima o testamentaria como "... el llamamiento virtual que por ministerio de ley se hace a todos los que se crean con derecho a una herencia en el instante preciso en que muera el autor de la misma o al declararse la presunción de muerte del ausente." (Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, página 390, cuadragésima edición, Editorial Porrúa, México 2007). Por tanto, la radicación del juicio y sus consecuencias, como el llamamiento de los herederos a la sucesión, jurídicamente se retrotraen al día y hora de la muerte de los autores de la sucesión. De ello se sigue que si la quejosa acudió a reclamar el derecho que le correspondía como heredera de su padre, quien fuera hijo y nieto de los autores de la sucesión, fallecido después de ellos, ocurrieron al menos dos transmisiones hereditarias, la de los autores de la sucesión y la del padre de la quejosa. Ahora bien, tomando como base que en el juicio de origen se trató de la sucesión del bisabuelo y de la abuela de la quejosa, así como el contexto en que debe entenderse el artículo 1506 del citado código, que prevé: "Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la herencia.", se llega a la conclusión de que, si bien es cierto que la quejosa puede tener derecho a la herencia, también lo es que antes "debe dirimirse" lo relativo a la calidad de heredero que asista a su padre respecto de aquéllos y, para ello, es menester que sea el albacea de la sucesión del padre de la quejosa, quien acuda al juicio a demostrar y defender ese derecho. En apoyo a esta postura se acude nuevamente a Rojina Villegas cuando dice: "4. Herencia por estirpes.-La herencia por estirpes es la que presenta mayores dificultades en su régimen, dando derecho a la herencia por representación. Podemos definirla de la siguiente manera: hay herencia por estirpes cuando un descendiente entra a heredar en lugar de un ascendiente. Éste sería el concepto más general. El hijo puede entrar a heredar en representación de su padre, cuando éste ha muerto antes que el de cujus. Se presenta la herencia por estirpes en la línea recta descendente, sin limitación de grado; en la línea recta ascendente nunca puede ocurrir; es decir, el bisabuelo no representa al abuelo, cuando éste murió antes que el autor de la sucesión, sino que heredará por líneas, cuando no exista el abuelo y, a su vez, no haya padres, ni descendientes. En cambio, en la línea recta descendente sí hay derecho de representación, sin limitación de grado. Quiere esto decir, que el hijo representa a su padre, si éste muere antes que el de cujus; o el nieto representa a su abuelo, si a su vez murieron su padre y su abuelo; o el bisnieto puede heredar por estirpes, si a su vez murieron su padre, su abuelo y su bisabuelo.". De otro modo podría suceder que sin llamamiento a juicio a la sucesión del padre de la quejosa (a la que pueden acudir otros hermanos de ésta por ejemplo), bastara que, concediéndose el amparo a la hoy impetrante, se anulara el juicio natural para efecto de oírla, y culminado el nuevo trámite apareciera otro hermano de ésta con igual interés en el juicio de amparo. En cambio, si el albacea del juicio sucesorio del padre de la quejosa defiende en el que es materia del acto reclamado el derecho de éste, será ese albacea el que, de obtener la parte correspondiente de la herencia, deberá responder frente a otros herederos que tengan derecho a heredar por estirpe o, en su defecto, estos últimos tendrán acción contra quien o quienes hayan obtenido esa parte de la herencia del bisabuelo y abuela, sin afectar al juicio, pues en él ya se habrá respetado el derecho del padre de la quejosa. De ahí que se considere ésta, la correcta interpretación que debe darse al artículo 1506, y que de ninguna forma pugna con los diversos dispositivos del código de referencia, pues no desconoce el contenido del diverso artículo 1556 que establece: "Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho a hacerlo se transmite a sus sucesores.". Por tanto, si la quejosa es probable sucesora de quien al parecer es heredero directo de los autores de la sucesión (hijo y nieto, respectivamente), ésta debió justificar que se abrió el juicio sucesorio ab intestato o intestamentario a bienes de su padre, y que en éste se le nombró albacea, para que se le llamara al juicio de origen para defender los derechos de la sucesión de su ascendiente, pues no le corresponde el carácter de heredera directa de los autores de la sucesión sino, probablemente, de sucesora de quien al parecer tiene derecho a heredar. Situación distinta ocurre, si el padre de la quejosa hubiera fallecido antes que los autores de la sucesión, donde, su descendencia heredaría por estirpe o en representación, según lo dispuesto por los artículos 1501 y 1506 del referido código.". Por otra lado, también es infundado el argumento que aduce la quejosa, en el cual, señala que, la responsable transgrede la garantía estipulada en el artículo 14, pues cuando fallece un heredero se debe de notificar a quien legalmente tenga derecho por la parte que le corresponde para que por estirpe comparezca a la sucesión y deduzca sus derechos hereditarios que le pudieran corresponder, de conformidad al artículo 843 y 844 del enjuiciamiento civil del Estado, pero de ninguna manera se debe sujetar al promovente de un juicio sucesorio a que promueva sucesiones de las estirpes que existan hasta nombrarles un representante legal para que comparezcan al juicio sucesorio principal. Lo anterior es así, pues el juez responsable, en la resolución combatida, no sujetó al quejoso a que promueva la sucesión de ********************sino únicamente dejó expedito su derecho, para si es su deseo denunciar la sucesión correspondiente, para que el representante legal (albacea) comparezca al juicio de origen a defender los derechos hereditarios de la heredera finada, de conformidad al artículo 843 del enjuiciamiento civil local, que señala que cualquier persona puede denunciar la sucesión, y solicitar que se nombre un albacea provisional en términos del artículo 3022 del Código Civil del Estado de Jalisco. Pues como se adelantó, el acto reclamado, no es violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que alega la parte quejosa, y en mérito de lo anterior, al ser infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se observe que opere alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a********************por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia, remite copias certificadas de diversas constancias de notificación, emitida en el juicio de origen; al respecto, se provee: agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, y en atención a los mismo dígasele que se esté a lo acordado en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, en el que se le requirió por el debido cumplimiento de la sentencia de amparo.

  4. Principal

    Téngase por recibida la constancia de imposibilidad de notificación suscrita por la Jefa de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a través de la cual manifiesta la imposibilidad para entregar el oficio al Fiscal General de la República en el Estado de Jalisco, derivado del presente juicio de amparo por los motivos que expone; en esas condiciones, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase el comunicado en mención a la denominación correcta, siendo la siguiente: Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Jalisco, con anexos para los efectos legales conducentes.

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