Leobardo Burgos López
Expediente 699/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Leobardo Burgos López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y ASÍ SE PRONUNCIA ESTE JUZGADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Informes de cumplimiento. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio y anexos remitidos por el encargado del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa respecto al cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Causa ejecutoria la sentencia y se requiere cumplimiento
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes justificados rendidos por las responsables. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y autoridades responsables subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefe de la Unidad Jurídica, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos de mérito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido a las demás partes el derecho de formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 699/2021; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente por razón de turno, a este juzgado, Leobardo Burgos López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades. Por proveído de veintiocho de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, La omisión de resolver el trámite de jubilación solicitado mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ante la responsable. La omisión de sancionar la resolución de trámite de jubilación. Es cierto el acto reclamado precisado en el apartado a) del considerando II de esta sentencia atribuido a las autoridades responsables adscritas al ISSSTESON, no obstante que al rendir su informe hayan negado su existencia y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, fuere omiso en pronunciarse en relación a su existencia, pues dicha certeza se desprende de las manifestaciones vertidas por las mismas; además se corrobora con las documentales que allegó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, de las que se advierte que el trámite de pensión solicitado se encuentra ante ese instituto en proceso de programación por lo que dicha negativa queda desvirtuada. Causas de improcedencia -infundadas- En relación con el acto reclamado mencionado en el apartado que antecede, el ISSSTESON hace valer la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, y 63 fracción IV de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado e inexistencia del mismo. Sin embargo, de las documentales que obran en autos se advierte que aún no se ha emitido el dictamen relativo al trámite de pensión, menos aún se aprecia que haya notificado el mismo a la parte quejosa. Por tanto, al no estar acreditado que se haya emitido el dictamen relativo al trámite de pensión solicitado por la parte quejosa y los actos reclamados consisten en la omisión de resolver el trámite de jubilación solicitado mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, y la omisión de sancionar la resolución de trámite de jubilación, consecuentemente, se entiende que no han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa óptica, es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Inexistencia del acto combatido Por su parte, en atención a la naturaleza del diverso acto señalado en el inciso b) del considerando II del presente fallo, que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable gobernadora del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. En esa medida, no es cierto el acto reclamado a la mencionada responsable, por haberlo manifestado así al rendir su informe con justificación, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario, para desvirtuar tal negativa, de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo. Además, la negativa planteada se robustece con la manifestaciones hechas valer por la responsable subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, relativas a que mediante oficio EJ-SPJP-3032-2021, se hizo del conocimiento a la parte quejosa el estatus que guarda su trámite de pensión, específicamente que el mismo se encuentra en proceso de programación ante la junta directiva de dicho instituto, poniéndose en relieve que el aludido trámite aún se encuentra pendiente ante dicho instituto y no en la etapa de sanción como lo refiere el artículo 108 de la Ley 38 del multicitado órgano. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo - diecisiete de junio de dos mil veintiuno -, no existía el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de sancionar la resolución de trámite de jubilación, esto en razón de que la responsable no se encontraba en aptitud legal para emitir determinación alguna en relación al trámite de pensión, al no encontrarse ante dicha responsable para tal efecto. Aunado a lo expuesto, se precisa que el inconforme no acreditó que efectivamente se encontrara en estado de aprobación por parte del ejecutivo estatal. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia con registro 2018110, número 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Consideraciones jurídicas Por su parte en relación al diverso acto reclamado precisado en el apartado a) del considerando II de esta sentencia, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, ya que las responsables vulneran en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, resulta necesario establecer que el derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cumple íntegramente cuando la autoridad observa dos requisitos, a saber: a) Ante una petición por parte del gobernado, debe dictar en breve término el acuerdo correspondiente por escrito, el cual deberá ser congruente con lo solicitado; y, b) La autoridad debe notificar ese proveído al peticionario. Como se ve, el memorado precepto 8° constitucional constriñe a la autoridad a que, ante una solicitud o instancia hecha por escrito, de manera respetuosa dé respuesta mediante un acuerdo por escrito, emitido en breve término, que deberá notificar en el domicilio del solicitante. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Aunado a lo expuesto, es inconcuso que lo previsto en el numeral en comento no se agota con sólo dar respuesta a la petición que formule el gobernado, sino además, esta debe atender de manera coherente y completa lo que se solicita, pronunciándose la autoridad como en derecho proceda, ya sea en sentido positivo o negativo, pero resolviendo lo que se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". Asimismo, en términos del artículo 8° constitucional, las autoridades responsables deberán considerar si dentro del cúmulo de facultades que les confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que las responsables incurren en violación de garantías en perjuicio de la parte quejosa, toda vez que desde el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, formuló por escrito la aludida solicitud, sin haber obtenido respuesta y a la fecha en que se dicta esta resolución, transcurrieron seis meses, término que excede por mucho el necesario para que las autoridades estudien y acuerden la petición formulada de manera escrita, pacífica y respetuosa. Luego entonces, si las responsables omitieron emitir respuesta en relación a la solicitud que en forma escrita les formuló la parte quejosa, resulta incuestionable que incurrió en violación del artículo 8º. Constitucional. Sirve de apoyo al anterior criterio, la tesis I.4o.A.68 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y texto: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, resultan aplicable, en lo conducente, las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. El hecho de que una dependencia no resuelva una solicitud y comunique a los peticionarios que la remitió a otra para que resuelva lo conducente, "por ser asunto de su competencia", no implica violación del artículo 8o. constitucional, porque es obvio que el proveído a que alude este precepto debe ser dictado por la autoridad competente relativa; y no hay tal violación, aunque el oficio en que se hizo la comunicación no se haya entregado a los peticionarios, si fue devuelto por no ser conocidos estos, en el domicilio que señalaron." "PETICIÓN, DERECHO DE. Que la responsable turnara a otra autoridad los diversos escritos presentados por el quejoso, por considerar de su competencia el negocio, no es acordar la solicitud que le fue formulada; y si conforme a la ley aplicable, el propio quejoso tenía que haber remitido determinados documentos para que se pudiera acordar en forma definitiva la concesión o negativa de dicha solicitud, con requerirlo por escrito para que los exhibiera, era bastante para satisfacer el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, y al no haber hecho así, es notoria la violación de dicho precepto." Así las cosas, ante lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Decisión En ese orden de ideas al haberse actualizado la causa de sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b) del apartado II, procede sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado II de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables: Emitan respuesta a la petición formulada por el quejoso el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno y sea notificada en breve término. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Leobardo Burgos López, contra el acto reclamado precisado en el inciso b) del apartado II, a la autoridad responsable por las consideraciones señaladas en el diverso IV de este fallo Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leobardo Burgos López, contra el acto reclamado a las autoridades responsables por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Lázaro Romo Arvizu844/2021
- Leah Juliet Zepeda Piña1436/2018
- Leandro Pérez Gallegos889/2022
- Leandro Pérez Gallegos1368/2022
- Leda Maria Zamudio Rodriguez1654/2018
- Lennier Torres Denis4/2020
- Leobardo Garcia Campos296/2020
- Leobardo Gocobachi Olivas1381/2018
- Leobardo Lopez Roman1100/2019
- Leobardo Soto Laborin1325/2017
- Leobardo Ulises Araiza Amavizca283/2020
- Leodegario Gutiérrez Miranda1453/2022