Leobardo Bautista Perez
Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2021
Partes del expediente
- Leobardo Bautista Perez
Actuaciones
- Principal
MESA I CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA I RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida electrónicamente por ****** por derecho propio, contra actos de la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 334/2021-I. ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La suspensión, cancelación o bloqueo de acceso al usuario UDX06210229 a la plataforma institucional de la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Desechamiento de la demanda. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución política de los estados unidos mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte[.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de alguna dependencia que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. El artículo 5º de la ley de la materia prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Bajo esta óptica, es dable sostener que la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca, no tiene el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo. Bajo ese contexto, para efectos del caso concreto, resulta importante subrayar cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta, para saber cuándo los particulares tendrán el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad la Ley de Amparo que rige al presente asunto, a saber: a. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: 1. Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria, u; 2. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. b. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora bien, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Pues bien, si las relaciones de coordinación se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad, entonces, en la suscripción del contrato de prestación de servicios educativos debe permear esa idea, para así justificar por qué se considera un acuerdo de voluntades en una relación de coordinación. Por otra parte, debe precisarse que el derecho a la educación es un derecho social contenido en el artículo 3, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.. VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;." De lo transcrito se advierte que, es obligación del Estado prestar los servicios educativos en el nivel hasta medio superior, y obligación de los padres o tutores que sus hijos, hijas o pupilos menores de edad los cursen. Asimismo, originalmente corresponde al Estado impartir el derecho a la educación de forma gratuita, derecho que constitucionalmente también puede ser impartido por los particulares, a quienes la Carta Magna no impuso el requisito de que lo hicieran de forma gratuita, ya que, como quedó establecido en líneas precedentes, dicha obligación se circunscribe a la que el Estado otorga a través de las instituciones educativas oficiales. Ahora, en cuanto a la impartición de la educación por particulares en cualquiera de sus niveles, deben contar con validez oficial, para lo que, es necesario que se obtenga una autorización expresa del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación Pública. Por lo que, las determinaciones que una institución privada pueda imponer o realizar sólo trasciende a los derechos y obligaciones para con la institución educativa, pues la fuente de obligaciones está en la voluntad de las partes y el régimen estatutario y normativo de la sociedad. En ese contexto, la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca, no puede ser considerada como autoridad responsable en términos de la fracción II, segundo párrafo, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que las determinaciones consistentes en la suspensión, cancelación o bloqueo de acceso al usuario UDX06210229 que refiere pertenece al quejoso Leonardo Bautista Pérez a la plataforma institucional de la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca, como consecuencia de que no llenara una encuesta para el regreso seguro a clases, son actos emitidos de acuerdo con la voluntad de las partes y al régimen estatutario y normativo de la escuela privada, es decir, no bajo una relación de supra a subordinación. Se considera lo anterior, toda vez que los actos reclamados fueron ejecutados por una persona moral privada, como lo es la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca. Conforme a lo expuesto, se estima que la relación entre el instituto educativo y los alumnos, entre ellos, el quejoso, no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que, los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme al contrato de prestación de servicios educativos, suscrito entre ambos, conforme al cual la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca, implementó una serie de requisitos relacionados con la suspensión, interrupción del servicio, ajuste, modificación y reestructuración de planes y de terminación del contrato de prestación de servicios educativos, a los que voluntariamente se sometieron las partes. En las condiciones antes apuntadas, se estima que la suspensión del acceso a la plataforma de servicios del usuario UDX06210229 que refiere pertenece al quejoso Leonardo Bautista Pérez, no se emitió unilateralmente creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica que afecte a un particular, mediante el ejercicio de facultades de imperio, sino que dicho acto es emitido en el ámbito meramente privado de sus relaciones con el también particular, al que presta un servicio educativo, conforme a lo pactado en el contrato respectivo que contiene la voluntad de las partes y de acuerdo al régimen estatutario y normativo de la escuela privada. Los actos imputados a la institución educativa, tampoco pueden ser considerados como emitidos de acuerdo con las facultades que una norma general le otorgue, bajo una relación de supra a subordinación, ya que la fuente de esa determinación se encuentra precisamente en la voluntad de las partes y el régimen estatutario y normativo de la institución con que se contrató el servicio educativo, existiendo entre las partes contratantes una relación de coordinación atento al sometimiento voluntario respecto de las condiciones en que la institución educativa presta el servicio. Así, aun cuando el instituto educativo particular realiza o ejerce una función o servicio público que en principio debería corresponderle al Estado, quien lo delegó constitucionalmente, ello es insuficiente para estimar que la aplicación de las normas aceptadas voluntariamente por las partes, puedan ser consideradas como emitidas con unilateralidad y obligatoriedad, pues se insiste, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados no es factible concluir que la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca, al emitirlo ejerció un poder público frente al alumno, sino que actuó conforme a su regulación y el acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Sentado lo anterior, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca y a las disposiciones de la Ley de Amparo, dicha institución educativa no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, ya que estos actos tienen las siguientes características: 1. Su origen (alumno-escuela) es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato de prestación de servicios. 2. La relación jurídica que existe entre la institución educativa y los alumnos, no es de supra a subordinación, sino de coordinación, entre dos sujetos que se encuentran obligados por el acuerdo que asumieron, es decir, es una relación bilateral. 3. La suspensión del acceso a la plataforma de servicios del usuario UDX06210229 que refiere pertenece al quejoso Leonardo Bautista Pérez y como consecuencia no se le permita continuar con sus estudios, implica que ante el incumplimiento del alumno de cumplir con una obligación pactada, se deje de prestar el servicio contratado en ejercicio del derecho legítimo de la obligación, presente en cualquier relación contractual. 4. La actuación de la Institución Educativa no se rige directamente por la Ley, sino por un acuerdo de voluntades. Así, la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa, que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación, sino que sus actuaciones derivan de una relación contractual entre escuela-alumno, razón por la que, no existe unilateralidad ni imperio, que son la principal característica de los actos de particulares "equivalentes" a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, motu proprio, en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación entre la institución educativa y el alumno, derivada de un contrato de prestación de servicios, en ejercicio legítimo del derecho que genera cualquier relación contractual. En cambio, los actos aquí impugnados, se plantean respecto de una institución educativa de carácter privado, determinándose por este órgano jurisdiccional que en este supuesto no existe una relación de supra a subordinación, sino una relación en un plano de igualdad, ante la existencia de un acto jurídico de prestaciones de servicios, donde el alumno se obliga contractualmente, por una parte, a pagar una contraprestación de carácter económico a cambio de la prestación de un servicio educativo y, por otra, aceptar las disposiciones normativas y estatuarias internas de la institución derivadas de los fines propios de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XV.J/14 A(10ª), visible en la página 1574, del Tomo II, Noviembre de 2015, sustentada por el Pleno del Décimo Quinto Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER UNA UNIVERSIDAD PRIVADA CUANDO IMPIDE QUE SUS ALUMNOS REALICEN SUS EVALUACIONES MENSUALES Y SE REINSCRIBAN AL SIGUIENTE SEMESTRE ESCOLAR ANTE LA FALTA DE PAGO DE COLEGIATURAS. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, precisa que para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, el hecho de que una universidad privada impida que sus alumnos realicen las evaluaciones mensuales y se reinscriban al siguiente semestre escolar ante la falta de pago de colegiaturas, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva a que aquélla se constituya en un "particular" que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, lo cual hace necesario acudir a los tribunales ordinarios en caso de inconformidad. Lo anterior, pues si tal institución educativa tiene como objeto prestar servicios educativos tanto en el nivel medio superior como en el superior, y actúa con base en sus estatutos y disposiciones normativas internas, las cuales son obligatorias únicamente para aquellos individuos que por voluntad propia decidieron adherirse a tales ordenamientos internos y adquirir el carácter de alumnos, teniendo conocimiento que ante el incumplimiento de lo pactado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes. Por ello, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Leonardo Bautista Pérez contra actos de la Universidad Digital del Estado de México, plantel Toluca, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Al respecto, dígase al promovente que por el momento no es posible acordar favorable su petición en el sentido de realizarle las notificaciones que se dicten en el presente asunto de acuerdo con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia, así como la consulta del expediente electrónico, en atención que no proporcionó registro de algún usuario, que es el vínculo de acceso al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); en ese entendido, una vez que lo proporcione se acordará lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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