Leobardo Arellano Calderon
Expediente 508/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leobardo Arellano Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el que se negó en el juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que negó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento (1/2009). Ahora, ya que resulta innecesario conservar el disco versátil digital, así como el anexo que remitió la autoridad responsable 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla; devuélvansele, previa foja de sustitución que se agregue al presente expediente. En ese sentido, solicítese a la citada autoridad responsable para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en los autos de la causa penal ***, como probable partícipe en la comisión del hecho que la ley señala como delito de detentación de vehículo robado, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y el disco versátil digital que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción del citado disco, dada su naturaleza jurídica de éstos. Guárdese en sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En diverso aspecto, en virtud de que por acuerdo de treinta y uno de mayo del actual (fojas 18 a 22), se reservó acordar lo que a derecho corresponda respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora; en consecuencia como tal condición ya aconteció, se provee: De las documentales que remitió la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla, se advierte que no le asiste a persona alguna el carácter de tercera interesada, ya que el delito que se le imputa al quejoso es detentación de vehículo robado, en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del Vehículo marca Nissan Platina, color azul, modelo 2002, con placas de circulación YEW8697 del Estado de Veracruz, con número de serie 3N1JH01S62L01337, y de la aludida documental, no se advierte que dentro de la causa penal 672/2018/PUEBLA del índice de la responsable, haya comparecido persona alguna a acreditar la propiedad del referido vehículo. Finalmente, ya que fueron señaladas las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 18 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos anteriores, resulta evidente que ésta no podrá celebrarse por estar transcurriendo la vista que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las once horas con diez minutos del dieciséis de julio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciocho. Intégrese a los autos el escrito signado por Carlos Aguilar Martínez, autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y, visto que fue su contenido, se provee: Como lo solicita el ocursante, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°, expídase a su costa copia certificada de la suspensión definitiva dictada el siete de junio de dos mil dieciocho; previa razón que de recibo de las mismas se asiente en autos, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, en el entendido de que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de diez a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado.
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