Leobardo Antonio Ramos Soto
Expediente 970/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Leobardo Antonio Ramos Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. CLASIFICACIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL Acorde con lo dispuesto en el artículo 212, inciso a) del Acuerdo General de referencia y capitulo 8, Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto número 13 del manual antes señalado, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación. CLASIFICACIÓN DEL CUADERNO INCIDENTAL Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el numeral 21 inciso c)4 del citado Acuerdo General y capitulo 8, Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto número 3 del referido manual, pues se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva respecto 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 3 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. . 4 . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; de los actos reclamados, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. En términos de lo dispuesto en la fracción II del punto vigésimo del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 255, del Acuerdo General invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 5 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 970/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, la cual, por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, Leobardo Antonio Ramos Soto solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que se precisarán en un apartado posterior. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de ocho de agosto del año en curso, se admitió a trámite el libelo de mérito, se radicó bajo el consecutivo 970/2022, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -2- al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, ya que los actos reclamados tendrían verificativo en el ámbito espacial en que este órgano jurisdiccional ejerce válidamente sus funciones. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 Del estudio íntegro de la demanda de garantías y demás constancias que obran en este sumario, se colige que Leobardo Antonio Ramos Soto reclama: De la Presidenta, del Síndico, del Secretario de Obras Públicas, del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, del Secretario General, todos del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad; del Secretario y del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos, ambos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -3- La ejecución de los trabajos de ampliación de la vía principal, banqueta peatonal, alumbrado público e introducción de la tubería que conduce el agua potable, sobre la prolongación de la 11 avenida Sur hasta entroncar con el Libramiento Sur Oriente, en esta ciudad, los cuales, presuntamente, afectan el predio rústico denominado fracción Buena Vista, que afirma el quejoso ser de su propiedad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Síndico y el Secretario General, ambos del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad; el Secretario y el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos, ambos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les imputa, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas con prueba fehaciente alguna. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúen las negativas aseveradas por las responsables, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto que se atribuye a dichas responsables. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto 3 Registro No. 187728. Publicada en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -4- reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta, el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, negaron los actos que se les atribuyen; empero, como la parte quejosa anexó a su demanda de amparo imágenes de trabajos que se están realizando sobre la prolongación de la 11 avenida Sur hasta entroncar con el Libramiento Sur Oriente, en esta ciudad (lo que se invoca como hecho notorio, por tratarse de una vía que conduce al edificio en que tiene su sede este órgano jurisdiccional), y que esa arteria es la misma sobre la cual se encuentra enclavado el bien inmueble cuya afectación aduce el promovente, deben tenerse por ciertos los actos que se imputan a las responsables, ya que por la naturaleza de su cargo, dichas autoridades son las responsables de ordenar y ejecutar los trabajos de creación, remodelación y mantenimiento de la infraestructura en las localidades que integran esta municipalidad. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -5- público y de estudio preferente, procede analizar las causas de improcedencia que pudieran haberse actualizado en el presente juicio, las hayan alegado o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, La Presidenta, el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, invocaron la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al considerar que se ha demostrado plenamente la inexistencia del acto. En este aspecto, no le asiste la razón a las citadas autoridades responsables, ya que, como ha quedado puntualizado con anterioridad, de las imágenes que anexó la parte quejosa a su demanda se advierte la existencia de los trabajos que se están realizando sobre la prolongación de la 11 avenida Sur hasta entroncar con el Libramiento Sur Oriente, en esta ciudad, sobre la cual se encuentra enclavado el bien inmueble cuya afectación aduce el promovente, y dado que aquéllas, que por la naturaleza de su cargo, son las responsables de ordenar y ejecutar los trabajos de creación, remodelación y mantenimiento de la infraestructura en las localidades que comprenden esta municipalidad, deben tenerse por ciertos los actos que se les atribuyen. Asimismo, las citadas responsables hicieron valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por considerar que el quejoso no acreditó fehacientemente el interés jurídico legítimo para obtener la protección constitucional solicitada. Sobre este particular, le asiste la razón a las autoridades responsables y, por ende, debe sobreseerse en el presente juicio. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -6- Para ilustrar este aserto, primeramente, es menester transcribir el contenido de los artículos 107, fracción I, constitucional; 61, fracción XII, 5, párrafos primero y segundo, y 6, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". De dichas transcripciones se infiere, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, y que para la procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -7- del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Luego, de tales reglas se sigue, que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico, esto es, demostrar al órgano de control constitucional que, efectivamente, resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos; de lo contrario, es decir, de no acreditar tal aspecto, el juicio de garantías resulta improcedente. Por otra parte, por "agravio" o "afectación" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o física, siempre que sea apreciable objetivamente, esto es, la afectación que aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente, pues solo de esta manera se puede acreditar el elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, tanto para ejercer la acción constitucional como para continuar esta última hasta su decisión definitiva, a fin de que se modifique o revoque una resolución. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -8- Sustenta este argumento, la conclusión alcanzada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 51/2019, publicada en la página 1598 del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya literalidad es la siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. De lo que se sigue, que a través del ejercicio de la acción constitucional el quejoso pretende obtener la tutela o protección de un derecho público subjetivo que considera en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental-, y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -9- no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto la acreditación de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar al quejoso la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de garantías. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de dos elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; y, b) La titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es, lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -10- De tal manera, que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo contra actos derivados de un procedimiento administrativo tenga un término favorable para quien instó la acción de amparo, de manera que su ausencia impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. La citada condición, al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, la cual debe ser observada y valorada de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. Una vez precisado lo anterior, se concluye que la actualización de la causa de improcedencia antes invocada se actualiza en la especie porque la parte quejosa no satisface el presupuesto procesal del interés jurídico. En efecto, en el apartado relativo de su demanda de amparo, el quejoso reclama la afectación que sobre el predio rústico denominado fracción Buena Vista, que dice ser de su propiedad, ejercen los trabajos de ampliación de la vía principal, banqueta peatonal, alumbrado público e introducción de la tubería que conduce el agua potable, sobre la prolongación de la 11 avenida Sur hasta entroncar con el Libramiento Sur Oriente, en esta ciudad. Y, en el apartado relativo a los conceptos de violación de su libelo, argumenta que se transgrede en su perjuicio la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no ha sido oído y vencido en juicio, de modo que se le pretende privar de una fracción de su propiedad sin que medie mandamiento escrito de FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -11- autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Además, de que se viola en su perjuicio la garantía consagrada en numeral 27 de la Carta Magna, ya que se pretende expropiar toda o una fracción de su propiedad sin que se le indemnice de manera justa. Empero, durante el procedimiento relativo al presente juicio el quejoso no aportó prueba alguna que lleve a presumir que, efectivamente, el predio que defiende en esta instancia haya resultado afectado con motivo de las obras de construcción que el Ayuntamiento Municipal de Tapachula lleva a cabo sobre la vía en que aquel se encuentra enclavado, o que la autoridad municipal haya ordenado la expropiación del inmueble con motivos de utilidad pública. Se afirma lo anterior, ya que junto con su escrito de demanda, el quejoso ofreció como prueba las documentales consistentes en: Copia cotejada con su original de un croquis de la ubicación del inmueble que defiende el impetrante. Copia cotejada con su original del testimonio de compra-venta celebrado entre Leobardo Antonio Ramos Soto y Augusto Alonso Palacios Salas, y otra, sobre el predio rústico denominado fracción Buena Vista, en esta ciudad. Copia cotejada con su original de recibos fiscales y municipales de las contribuciones y derechos por el traslado de dominio del citado bien. Copia cotejada con su original del avalúo del citado predio. Seis impresiones digitales de la prolongación de la 11 avenida Sur, en esta ciudad, y de los trabajos que se llevan a cabo en esa arteria. Sin embargo, dichas documentales, si bien son aptas para establecer la ubicación del predio rústico denominado fracción Buena Vista, en esta ciudad, y para generar indicios FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -12- sobre la identidad del propietario del mismo, lo cierto es que no son aptas ni idóneas para acreditar la afectación de que dice ser objeto dicho inmueble, sino que para ello era menester que el quejoso hubiese ofrecido y se hubiese desahogado una peritación en la materia, a fin de que un profesionista dotado de conocimientos específicos determinara, con base en las técnicas y ciencias aplicables a su profesión, que efectivamente los trabajos efectuados por la Municipalidad en la prolongación de la 11 avenida Sur de esta ciudad afectan al predio que dice ser de su propiedad o, en su caso, la copia de un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en que conste la declaración de expropiación del citado bien por razones de utilidad pública, para así generar en esta juzgadora la duda razonable que el inmueble a que hace referencia la parte quejosa en su demanda resulta afectada con la realización de los trabajos de construcción, y por ende, tener la certeza de un agravio personal y directo o perjuicio sufrido por la parte quejosa y concluir que sí resultó transgredido el derecho fundamental de audiencia y de no afectación sin indemnización que consagran los artículos 14 y 27 constitucional. En efecto, si bien con las probanzas ofrecidas por la parte quejosa durante el procedimiento del juicio se podría establecer la propiedad del bien inmueble que defiende el impetrante en esta instancia, sin embargo, éstas no resultan aptas ni idóneas para acreditar fehacientemente la afectación que aquélla resintió con motivo de los trabajos efectuados por el Ayuntamiento Municipal sobre la arteria vial en que se encuentra enclavado el predio que defiende en esta vía, y en esa tesitura, dicha circunstancia impide generar la certeza del agravio personal y directo que aduce la parte quejosa está resintiendo sobre sus derechos fundamentales; con lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que obliga al sobreseimiento en el FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -13- presente juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de esa normatividad. Por analogía de circunstancias, apoya este razonamiento el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Tesis VI.3o. J/2, publicada en la página 327, del Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto y rubro siguientes: POSESION, IDENTIFICACION DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACION. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías. Sin que para considerar lo contrario deba ponderarse la exposición de los hechos que la parte realizó bajo protesta de decir verdad ni la existencia de los trabajos que la municipalidad está realizando en la arteria vial de referencia, ya que estos resultan insuficientes para demostrar la afectación que aduce ser objeto el predio que defiende en esta instancia, pues, como ha quedado apuntado con anterioridad, para efectos del juicio de amparo la existencia del derecho defendido debe acreditarse fehacientemente y no con base en meras presunciones. Orienta este razonamiento, la conclusión alcanzada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 297 del Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que reza: INTERES JURIDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo no establece la presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley de la materia dispone que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -14- ella, traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración. Por lo que al haberse actualizado la causa de improcedencia antes invocada, con el consecuente sobreseimiento en el presente juicio, ello impide a esta juzgadora ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, sin que esto cause algún agravio al impetrante del amparo, ya que las cuestiones de procedencia son de estudio preferente a las cuestiones de fondo. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la Tesis: II.3o. J/58, publicado en la página 57 del Núm. 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, de texto y rubro siguientes: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -15- Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -16- derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Y la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -17- interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Así como, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 970/2022 -18- Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leobardo Antonio Ramos Soto, contra los actos que reclamó de las autoridades apuntadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y lístese.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las doce horas con cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Leobardo Antonio Ramos Soto, la resolución de veintiocho de octubre del dos mil veintidós, emitida en el juicio de amparo número 970/2022, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en tercera Sur prolongación, calzada del zapatero, interior 2, planta baja, frente al andador y/o boulevard de la Unidad Administrativa, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el ocho de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de veintiocho de octubre del año en curso, dictada en el juicio de amparo número 970/2022, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el tres de noviembre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por Félix Ricardo Vázquez Vidal autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias simples de las constancias que indica (en el tiempo que lo permitan las cargas de trabajo), previa toma de razón que por su comparecencia y recibo se deje en autos para constancia legal. Se apunta que en preparación a dicha diligencia, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por el diverso 9/2021, deberá realizar la cita correspondiente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", posteriormente "Agenda OJ", para efecto de que se encuentre en aptitud de comparecer ante este Juzgado Federal y se realicen las gestiones administrativas conducentes por parte del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que únicamente se permitirá el ingreso de la persona que generó dicha cita, y una más, la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 cual no estará exenta de registrarse al momento de presentarse en las instalaciones del edificio sede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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