Leobardo Alejandro Gutiérrez Rojas

Expediente 863/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
863/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Leobardo Alejandro Gutiérrez Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Sala de Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante acusa de recibo de las constancias que le fueron remitidas mediante oficio 7261/2022; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Sala de Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual solicita se haga la devolución de las constancias que acompañó a su informe justificado, por las razones que expone en el mismo; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo solicitado por la autoridad oficiante y dado que el presente juicio de amparo se encuentra en archivo como asunto totalmente concluido; en esas condiciones se ordena la devolución de los anexos I, II, II, y IV; solicitando de la manera más atenta acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 863/2021-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 863/2021-III, promovido por LEOBARDO ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROJAS; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dos de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Leobardo Alejandro Gutiérrez Rojas, promovió juicio de amparo directo contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, recibió el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el cual rinde si informe justificado, remite la demanda de amparo así como las constancias relativas a su informe justificado. Por auto de doce de julio de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, radicó la demanda de amparo con el número de amparo directo 301/2021, y se declaró legalmente incompetente para conocer de éste, por lo que ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. El catorce de julio de dos mil veintiuno la Oficina de Correspondencia Común a Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibió los autos del juicio de amparo 301/2021, citado en el párrafo precedente, el que fue turnado y recibido el día hábil siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, este juzgado federal asumió conocimiento del juicio de amparo, se admitió a trámite, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y su ejecución. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos: La resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el toca 41/2021/-7-6, que desechó el recurso de queja incoado contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario civil 74/2010-1, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el que desechó el incidente de liquidación de costas en ejecución planteado por el actor. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable pues, pues así lo informó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias del toca civil 41/2021-7-6, que la responsable anexó a su informe justificado, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte tercero interesada refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo. En anterior precepto legal prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Para que se actualice la causal de improcedencia referida, es menester que se destruyan todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. En el caso, la autoridad señalada como responsable es la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la materia del amparo constituye la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el toca 41/2021/-7-6, por la que desechó el recurso de queja incoado contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario civil 74/2010-1, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que determinó improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas por la cantidad de $866,871.59 (ochocientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos 59/100 M.N.), solicitado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el allá actor, el incumplimiento de la parte demandada a la resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, emitida en ejecución de sentencia. Sin embargo, no existe constancia en autos de las que se advierta que en el caso, la autoridad responsable haya decretado procedente el incidente de gastos y costas planteado, o que el A quo, haya admitido el incidente solicitado por el quejoso por el que pretende ejecutar gastos y costas ante el incumplimiento de la resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por parte de la demandada, en ese sentido, resulta infundada la causal de improcedencia invocada. Al no haber diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que se advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos, sin que en el caso sea dable la suplencia de la queja al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Conviene precisar algunos antecedentes del acto reclamado, los que se advierten de las documentales remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado y que han sido valoradas con anterioridad. 1.- Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de partes del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el hoy quejoso solicitó actualizar los intereses moratorios a que fue condenada la parte demandada en autos del juicio natural mediante sentencia interlocutoria de diecinueve de junio de dos mil trece (fojas 1 y 2 anexo II). 2.- Seguida la secuela del procedimiento, por resolución interlocutoria de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se resolvió procedente el incidente de actualización de intereses moratorios planteado (fojas 17 a 21 anexo II). Resolución que causó estado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (foja 25 anexo II). 3.- Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el allá actor, aquí quejoso, demandó en la vía incidental el pago de costas de ejecución de la sentencia interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de liquidación de daños y perjuicios (fojas 1 a 4 anexo II). 4.- Por escrito de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la parte actora aclaró que la interlocutoria correcta era la de veintiséis de abril de dos mil diecinueve y no así la de ocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 6 anexo III). 5.- Por acuerdo emitido el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se desechó el incidente planteado (foja 7 anexo III), por lo que el ahora quejoso, interpuso recurso de queja, el que fue admitido el cinco de abril de dos mil veintiuno y radicado en la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (fojas 1 a 5 y 7 del anexó I). 6.- La Sala responsable, por resolución emitida el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, determinó desechar el recurso de queja y confirmar el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. La anterior resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Enseguida se puntualizarán los conceptos de violación sin que sea necesaria su trascripción para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, por lo que el solicitante de amparo refiere que le depara perjuicio lo resuelto en el considerando cuarto de la resolución reclamada, ya que la autoridad responsable se aparta de los lineamientos de claridad, precisión, congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 105 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, por lo siguiente: Al afirmar que no le ocasiona agravio alguno el hecho que en la resolución materia de queja la A quo citó una resolución inexistente (veintiséis de abril de dos mil dieciséis). Que la prestación denominada indemnización compensatoria referida por la responsable, no tiene relación alguna la prestación denominada daños y perjuicios, de la cual derivan las resoluciones de diecinueve de junio de dos mil trece y veintiséis de abril de dos mil diecinueve, pues estas se relacionan con la falta de pago de la suerte principal. Que la prestación denominada daños y perjuicios es una prestación de naturaleza dinámica y la cual se actualiza, por lo que no es dable pretender que los actos de ejecución sean parte de la sentencia definitiva. Que la sentencia definitiva y cosa juzgada es diversa a la etapa de ejecución forzosa de sentencia, la cual nace a la vida jurídica por el incumplimiento de la sentencia de lo condenado en el plazo legal concedido, de ahí que se necesita materializar, por lo que la etapa de ejecución forzosa no puede ser bajo ninguna óptica jurídica un hecho que la haga parte de la sentencia definitiva. Que contrario a lo aducido por la autoridad responsable, de los artículos 100,165, 350 y 711 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, es dable establecer que las costas en la ejecución de sentencia deberán ser a cargo del sentenciado, lo que hizo valer en su demanda incidental con fundamento en el artículo 711 de legislación en cita. Sentado lo anterior, se precisa que la expresión de conceptos de violación ha abandonado las formalidades rígidas y solemnes que regían anteriormente, y basta ahora la manifestación clara de la causa pedir; esto es, la precisión clara de cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada; y, los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Empero, para que proceda su estudio, no basta que la parte quejosa realice afirmaciones sin fundamento, pues es obvio que a ella corresponde [salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja] exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª./J. 81/2002, visible en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 185 425, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Precisado lo anterior, conviene destacar que, como argumentos torales para desechar el recurso de queja interpuesto por aquí quejoso, y confirmar el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable determinó en esencia lo siguiente: Consideró fundado pero inoperante lo relativo a la cita inexacta de la fecha relativa a la resolución interlocutoria de actualización e intereses (veintiséis de abril de dos mil dieciséis), puesto que determinó que ello había sido un error, además que, la improcedencia del incidente de costas solicitado no obedeció a la cita incorrecta de la interlocutoria, sino la improcedencia de éste se debió a que en la resolución interlocutoria emitida (veintiséis de abril de dos mil diecinueve) no se advertía condena a costas. El artículo 158 del Código Procesal del Estado de Morelos prevé que los jueces condenarán en costas a quien sea vencido en juicio, pero ello respecto de un todo que es el juicio en sí, y no por cada auto o resolución emitida con el fin de cumplir la sentencia, que es lo que debe de ejecutarse, por lo que se debe de hacer en un solo acto al final del proceso. En ningún caso la legislación establece que en cada etapa del proceso se deberá emitir gastos de condena en costas, como lo pretende la parte actora. No es aplicable el artículo 711 de la ley adjetiva civil del Estado de Morelos, pues si bien establece que todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de sentencia, serán a cargo del condenado, esta se refiere a todos los gastos erogados desde la sentencia definitiva y hasta lograr su cumplimiento, pero no de manera individual por cada auto o resolución emitidos en ejecución, como se pretende. La resolución de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, no se advierte condena respecto de gastos y costas, aunado a que el sentido de ésta fue consentido al no haberse recurrido, por lo que no puede reclamarse lo que no fue condenado. El artículo 157 de la ley adjetiva civil del Estado de Morelos, establece que la parte que resulta condenada indemnizará a la otra de todos los gastos y costas que hubiere anticipado o debiere cubrir en favor del favorecido con el sentido de la sentencia definitiva, por lo que, con base en el artículo 156 del mismo ordenamiento legal, el juez debe de constreñirse para su ejecución forzosa a la cuantificación de la sentencia definitiva, por lo que de emitirse condena de gastos y costas en todas las resoluciones tendientes a la ejecución de lo sentenciado se estaría emitiendo condena de lo ya condenado, como si se tratara de una sentencia diversa a la que se ejecuta, lo que es contrario derecho. Establecido lo anterior, se estima que resultan inoperantes por insuficientes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, pues no contravienen de manera alguna, con razonamientos lógico jurídicos, la resolución reclamada; y, ello implica que este órgano jurisdiccional está impedido para analizar la legalidad o ilegalidad de la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior dado que la parte inconforme pretende combatir las consideraciones que tuvo la responsable en la resolución reclamada para desechar el recurso de queja incoado, de manera ineficaz e insuficiente para lograr su objetivo, pues debió controvertir la totalidad de los razonamientos expuestos en la resolución reclamada por esta vía constitucional. Esto es, en ningún momento, pugnó los argumentos de la autoridad responsable en los que sostuvo que: La improcedencia del incidente de gastos y costas no obedeció a la cita incorrecta de la interlocutoria, sino fue debido a que en la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, no se emitió condena de gastos costas, además que esta fue consentida al no ser recurrida y que en ese sentido no se puede reclamar lo que no fue condenado. Nada arguyó en relación a que el artículo 158 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, si bien prevé la condena en costas, ello es en relación de un todo en el juicio, y no por cada resolución emitida con el fin de cumplir la sentencia; tampoco se expresó en relación a que la legislación aplicable no establece que por cada etapa del proceso se deba de emitir condena de gastos y costas. No controvirtió lo aducido por la responsable cuando consideró que en el caso no es aplicable el artículo 711 de la ley adjetiva civil del Estado de Morelos, pues si bien establece que todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de sentencia, serán a cargo del condenado, esta se refiere a todos los gastos erogados desde la sentencia definitiva y hasta lograr su cumplimiento, pero no de manera individual por cada auto o resolución emitida en su ejecución. Tampoco expresó concepto de violación contra el argumento aducido por la Sala responsable, relativo a que con base en el artículo 156 Código Procesal Civil del Estado de Morelos, el juez se debe constreñir, para la indemnización de gastos y costas a la cuantificación de la sentencia definitiva, por lo que de emitirse condena de gastos y costas en todas las resoluciones tendientes a la ejecución de lo sentenciado se estaría emitiendo condena de lo ya condenado, como si se tratara de una sentencia diversa a la que se ejecuta, lo que es contrario a derecho. En efecto, la parte quejosa en ningún momento afrontó jurídicamente los argumentos antes expuestos por la responsable. Máxime que el concepto de violación marcado por el inciso D), fue inicialmente planteado vía agravio ante la responsable, por que el ahora quejoso sostuvo la procedencia de los gastos y costas que se originen en ejecución de sentencia, con fundamento en el artículo 711 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos; agravio sobre el que la autoridad que dio contestación, como se ha evidenciado de la resolución ahora combatida, y en la que expuso las consideraciones por los que determinó que no era aplicable lo expuesto por el allá actor en la forma pretendida, sin que la parte quejosa expusiera motivos encaminados a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, pues de los conceptos de violación sintetizados con antelación no se observa que formulara argumento lógico jurídico que así lo evidenciara. Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de lo aducido por la autoridad responsable, el impetrante no precisó los motivos por los cuales estimó desacertados los razonamientos torales expuestos por el Juez responsable, pues debió de invocar las causas y fundamentos legales por los que considera procedente el incidente de gastos y costas solicitado ante el incumplimiento de la parte demandada de la resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el que se realizó la actualización de intereses moratorios, aún y cuando en ésta no se emitió condena en ese sentido. Tampoco expuso con razonamientos lógico jurídicos el motivo por qué considera procedente el incidente de gastos y costas derivados de una resolución interlocutoria (de actualización de intereses) emitida en ejecución de sentencia, y no en un solo acto al final del proceso como argumentó la autoridad responsable, máxime que como ya se mencionó, la Sala responsable arguyó que en el caso no era aplicable el artículo 711 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos en la forma pretendida por el ahora quejoso, sin que éste formulara concepto de violación tendiente a controvertir dicho tópico. En ese sentido, si no existe base de contraste para que la suscrita juzgadora quede en aptitud de pronunciarse sobre tal particular, devienen inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, y al no actualizarse la suplencia de la queja, no es dable emprender un análisis oficioso del asunto. Por tanto los conceptos de violación en cita al no controvertir la totalidad de las consideraciones legales expuestas en la resolución reclamada, resultan inoperantes, porque aún en el caso de que fueran fundados, no bastarían para el otorgamiento del amparo, debido a la insuficiencia en el ataque de todos los motivos sustentados en el referido fallo. Sirve de sustento también la Jurisprudencia de la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 169974, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 376 de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." Así como la Jurisprudencia de número de registro 209202, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86, Febrero de 1995, página 25 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA." Por lo tanto, ante la inoperancia de los conceptos de violación plasmados, se debe negar el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. CAMBIO DE TITULAR DEL JUZGADO. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". SÉPTIMO. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a LEOBARDO ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROJAS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hoy treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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