Leobarda Torres Delgado

Expediente 884/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
884/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Leobarda Torres Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como correspondan, el telegrama y el oficio signados por el Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México, mediante los cuales acusa recibo del oficio 19348/2018, del índice de este Juzgado. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 8º Constitucional, envíese copia autorizada, de la determinación de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el cual por una parte, se ordenó de oficio separar los autos del presente asunto y por otro lado, se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, devuélvase al archivo de donde fue extraído el cuaderno en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto dictado en este asunto el día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías por notoria improcedencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. Devuélvanse al Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México y Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito del Estado de San Luis Potosí, tres tomos de pruebas que remitieron a su informe de ley, respectivamente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo por notoria improcedencia, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Juez Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual informa que admitió la demanda de amparo promovida por ****** por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado y otra autoridad.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el que transcribe el acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso dictado en el amparo directo administrativo (agrario 461/2018) y remite la demanda de amparo promovida por Leobarda Torres Delgado y diversas constancias, debido a que dicho Tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la misma, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por considerar que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva ni de una determinación que haya puesto fin al juicio natural, pues como la resolución impugnada ordenó reponer el procedimiento, resulta evidente que el acto reclamado no decidió el juicio en lo principal ni lo dio por concluido, dado que se trata de un acto intraprocesal emitido por un tribunal agrario, cuyo efecto es la continuación del trámite del juicio natural por parte del Tribunal Unitario Agrario (aquí autoridad responsable); fórmese y regístrese el expediente de amparo respectivo bajo el consecutivo 884/2018-I; con fundamento en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio de amparo referido. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con las copias certificadas del expediente 1020/2011, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado para su fácil manejo debidamente identificados -respetando folio, sello y rúbricas que contienen-, y comuníquese a las partes que éstos quedan a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no serán digitalizados. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De los Magistrados que integran el Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México: 1.1. La resolución pronunciada el quince de marzo de dos mil dieciocho por el Tribunal de referencia, en el expediente R.R.269/2017-25, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la demandada Comunidad de Santa María del Río, San Luis Potosí, por conducto de José de Jesús Zavala Rodríguez, José Isabel Cadena Rivera y María Inés Bautista de la Cruz, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, de su Comisariado de Bienes Comunales, contra la sentencia dicta el diez de febrero de dos mil diecisiete por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, en el expediente 1020/2011, promovido por la aquí quejosa contra el citado núcleo agrario, así como contra el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y Delegado Estatal de ese mismo órgano registral, resolución aquélla (aquí reclamada) a través de la cual se declaró procedente el recurso de revisión, se revocó la de Primera Instancia recurrida y se mandó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados. 1.2. La ejecución que de dicho fallo de segunda instancia se atribuye al aludido Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado. 2. Del Magistrado adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad: 2.1. La orden de desposeerla del predio denominado "Las Jaras", ubicado en el Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, emitida en el expediente 1136/2011, según constancias de autos. 3. Del Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad. 3.1. La ejecución de la orden señalada en el inciso que antecede. De lo anterior, resulta incuestionable que los aludidos actos que por esta vía constitucional respectivamente se reclaman identificados en los incisos 1.1 y 2.1 son inconexos, de modo que para efectos de la litis constitucional deben ser desvinculados entre sí. Lo que trae como consecuencia que técnicamente no puedan ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo, resultando que: a) En la primera, se reclama de los Magistrados que integran el Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, la resolución pronunciada el quince de marzo de dos mil dieciocho por el Tribunal de referencia, en el expediente R.R.269/2017-25, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la demandada Comunidad de Santa María del Río, San Luis Potosí, por conducto de José de Jesús Zavala Rodríguez, José Isabel Cadena Rivera y María Inés Bautista de la Cruz, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, de su Comisariado de Bienes Comunales, contra la sentencia dicta el diez de febrero de dos mil diecisiete por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, en el expediente 1020/2011, promovido por la aquí quejosa contra el citado núcleo agrario, así como contra el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y Delegado Estatal de ese mismo órgano registral, resolución aquélla (aquí reclamada) a través de la cual se declaró procedente el recurso de revisión, se revocó la de Primera Instancia recurrida y se mandó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados, y su ejecución por parte del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto en el Estado. b) Y en la segunda demanda, se reclama del Magistrado adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto en el Estado, la orden de desposeerla del predio denominado "Las Jaras", ubicado en el Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, en el expediente 1136/2011, según constancias de autos, y su ejecución por parte del Actuario adscrito a dicho Tribunal. En consecuencia, tramítese la presente demanda de amparo únicamente por lo que se refiere al acto reclamado señalado en el inciso a) que antecede. Por consiguiente, expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. En otro contexto, se procede al análisis de la presente demanda de amparo, por lo que se refiere al acto reclamado precisado en el inciso a), consistente en la resolución pronunciada el quince de marzo de dos mil dieciocho por el Tribunal Superior Agrario, en el expediente R.R.269/2017-25, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la demandada Comunidad de Santa María del Río, San Luis Potosí, por conducto de José de Jesús Zavala Rodríguez, José Isabel Cadena Rivera y María Inés Bautista de la Cruz, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, de su Comisariado de Bienes Comunales, contra la sentencia dicta el diez de febrero de dos mil diecisiete por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, en el expediente 1020/2011, promovido por la aquí quejosa contra el citado núcleo agrario, así como contra el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y Delegado Estatal de ese mismo órgano registral, resolución aquélla (aquí reclamada) a través de la cual se declaró procedente el recurso de revisión, se revocó la de Primera Instancia recurrida y se mandó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, como se señaló con antelación, el estudio integral de la demanda de amparo y constancias del juicio de origen pone de manifiesto que los actos reclamados consisten en: a) la resolución pronunciada el quince de marzo de dos mil dieciocho por el Tribunal Superior Agrario, en el expediente R.R.269/2017-25, a través de la cual se declaró procedente el recurso de revisión, se revocó la de Primera Instancia recurrida y se mandó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados, así como b), la ejecución que de dicho fallo se atribuye al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado. Reposición, que de conformidad con la parte considerativa de dicha sentencia, se decretó para los siguientes efectos: "A) Con fundamento en el artículo 186 de la Ley Agraria, deberá incorporar a los autos la sentencia dictada por el propio Tribunal Unitario Agrario, de cuatro de junio de dos mil catorce, en la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, del poblado "Santa María del Río", Municipio del mismo nombre, Estado de San Luis Potosí, en el juicio agrario 306/93 y, en su caso, las constancias relativas a los juicios de amparo que se hayan promovido en contra de la referida sentencia; debiendo dar vista de las mismas a las partes en el juicio de origen, para que se encuentren en aptitud de manifestar que a su derecho corresponda. B) Con fundamento en los artículos 167 y 186 de la Ley Agraria, 79, 80, 90, 129 y 30 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria, deberá requerir al Registro Público de la Propiedad correspondiente, en el Estado de San Luis Potosí, copia certificada completa y legible de los antecedentes registrales o de tracto sucesivo del predio denominado "Las Jaras" ubicado en el paraje denominado Llano de Guadalupe, Municipio de Santa María del Río, Estado de San Luis Potosí, que forma parte de los predios controvertidos, considerando como periodo de referencia desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de veinticinco de junio de mil novecientos setenta y tres, y hasta la fecha, a fin de que esté en posibilidades de resolver lo que en derecho corresponda, conforme a la ley aplicable, tomando en consideración la fecha cierta de dichos documentos en relación con la data de publicación oficial de la referida solicitud. C) Una vez hecho que sea lo anterior, la A quo con libertad de jurisdicción deberá dictar la sentencia que en derecho corresponda.". (fojas 696 vuelta y 697 del anexo que obra por separado). Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis P./J. 17/91, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 25, que dispone: "AMPARO INDIRECTO, PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del juicio agrario 1020/2011, que fue remitido por la autoridad responsable como justificación a su informe de ley, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que en la sentencia que constituye el acto reclamado, se ordenó reponer el procedimiento de origen para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, (1) incorpore a los autos la sentencia dictada por el propio Tribunal Unitario Agrario, de cuatro de junio de dos mil catorce, en la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, del poblado "Santa María del Río", Municipio del mismo nombre, Estado de San Luis Potosí, en el juicio agrario 306/93 y, en su caso, las constancias relativas a los juicios de amparo que se hayan promovido en contra de la referida sentencia; debiendo dar vista de las mismas a las partes en el juicio de origen, para que se encuentren en aptitud de manifestarlo que a su derecho corresponda; (2) deberá requerir al Registro Público de la Propiedad correspondiente, en el Estado de San Luis Potosí, copia certificada completa y legible de los antecedentes registrales o de tracto sucesivo del predio denominado "Las Jaras" ubicado en el paraje denominado Llano de Guadalupe, Municipio Santa María del Río, Estado de San Luis Potosí, que forma parte de los predios controvertidos, considerando como periodo de referencia desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de veinticinco de junio de mil novecientos setenta y tres, y hasta la fecha, a fin de que esté en posibilidades de resolver lo que en derecho corresponda, conforme a la ley aplicable, tomando en consideración la fecha cierta de dichos documentos en relación con la data de publicación oficial de la referida solicitud; y (3) hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción deberá dictar la sentencia que en derecho corresponda. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que del análisis de dicha sentencia en vinculación con lo actuado en el juicio de origen, se advierte de manera indudable y manifiesta que sus consecuencias, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato en forma presente alguno de los derechos sustantivos del quejoso, tales como la vida, la libertad o sus posesiones. Y es que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues nótese que no se dejó insubsistente nada de lo actuado en el juicio de origen, lo que se traduce en que todas las actuaciones, así como todo lo demostrado en el aludido controvertido subsiste, lo cual no surte algún efecto en sus derechos sustantivos en forma presente y de modo tal que el perjuicio aducido no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Cobra puntual apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 25, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Así como la diversa P./J. 24/92 sustentada por el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Cabe precisar que con lo anterior no se desatiende el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los siguientes dos motivos: 1. El primer supuesto contenido en ésta refiere que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera, para el efecto de reponer el procedimiento para integrar un litisconsorcio pasivo necesario, debía ser considerado un acto de imposible reparación por tratarse de una violación procesal de grado predominante o superior; aspecto éste que ya fue superado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 377/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se expuso que atendiendo a lo previsto por el legislador en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se estableció con precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, que por dichos se entiende: "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Concluyendo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dada la connotación que el legislador aportó a la nueva ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden seguir siendo aplicables los criterios jurisprudenciales emitidos con anterioridad a ésta respecto a dicho tópico, en los que se atendió al contenido de la Ley de Amparo de anterior vigencia (de los cuales derivaron las tesis relativas a violaciones al procedimiento de grado predominante o superior), puesto que éstos se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión (actos de imposible reparación), lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tales criterios para no incurrir en desacato a este ordenamiento, entre los que se encuentra el contenido en la referida jurisprudencia 1a./J. 106/2004. 2. Respecto del segundo supuesto contenido en el aludido criterio, refiere que se considerará de imposible reparación la reposición de un procedimiento cuando se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas (como por ejemplo el desahogo de pruebas que podría ser imposible su desahogo de vuelta), o los requerimientos, bajo apercibimientos graves (como el de desechar la demanda o formulados a la actora de cumplir ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento), lo cual en el caso no acontece, pues como ya se dijo, en dicha resolución se ordenó reponer el juicio de origen a efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, (1) incorporara a los autos la sentencia dictada por el propio Tribunal Unitario Agrario, de cuatro de junio de dos mil catorce, en la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, del poblado "Santa María del Río", Municipio del mismo nombre, Estado de San Luis Potosí, en el juicio agrario 306/93 y, en su caso, las constancias relativas a los juicios de amparo que se hayan promovido en contra de la referida sentencia; debiendo dar vista de las mismas a las partes en el juicio de origen, para que se encuentren en aptitud de manifestarlo que a su derecho corresponda; (2) deberá requerir al Registro Público de la Propiedad correspondiente, en el Estado de San Luis Potosí, copia certificada completa y legible de los antecedentes registrales o de tracto sucesivo del predio denominado "Las Jaras" ubicado en el paraje denominado Llano de Guadalupe, Municipio Santa María del Río, Estado de San Luis Potosí, que forma parte de los predios controvertidos, considerando como periodo de referencia desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de veinticinco de junio de mil novecientos setenta y tres, y hasta la fecha, a fin de que esté en posibilidades de resolver lo que en derecho corresponda, conforme a la ley aplicable, tomando en consideración la fecha cierta de dichos documentos en relación con la data de publicación oficial de la referida solicitud; y (3) hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción deberá dictar la sentencia que en derecho corresponda. De ahí al no nulificarse ninguna actuación procesal y menos de carácter probatorio en el juicio de origen, es que no se actualiza el segundo supuesto referido y contenido en la jurisprudencia 1a./J. 106/2004. En suma a lo anterior, tampoco se desatiende lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), en la que dispone que no es factible desechar una demanda de amparo cuando se reclame la resolución de segunda instancia, a través de la cual se revoca la de primera, toda vez que no es indudable y manifiesta la actualización de la causa de improcedencia, porque en esa etapa únicamente constan los argumentos plasmados en el escrito de demanda. Lo anterior es así dado que esta última circunstancia en el caso no acontece, pues como se adelantó, en el presente asunto obra por separado en original el juicio agrario 1020/2011, mismo que fue remitido por la autoridad responsable como justificación a su informe de ley, de ahí que sí se tienen los elementos para advertir que la aludida causal de improcedencia se actualiza de manera indudable y manifiesta, por tener el juicio del cual deriva el acto reclamado. Y ante ello lo aquí dilucidado se reduce a una cuestión de mero derecho en torno a si el caso se subsume o no en el multicitado precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo. El criterio jurisprudencial referido se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 1180, y dispone: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Villanueva Zarate quien cuenta con cédula profesional número 1099110, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del ibídem a Alma Leticia Hernández Zapata, toda vez que su cédula no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado de mérito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada.

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