Leobarda Santos López y Otros.
Expediente 836/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leobarda Santos López y Otros.
- Leobarda Santos López
Actuaciones
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por Gregorio Aristeo Pérez Cruz y Timoteo Pérez Martínez, representantes comunales propietario y suplente en funciones de la comunidad agraria e indígena de Santa María Yavesía, Distrito de Ixtlán, Oaxaca, parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, facción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el citado recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de abril de dos mil dieciséis (fojas 238 a 256), por la que se sobreseyó e este juicio; entréguese copia del escrito de expresión de agravios a las demás partes, haciéndolo mediante oficio a las autoridades responsables, y autoridades terceras interesadas, y la que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y diversa parte tercera interesada, por conducto del actuario de este juzgado. Dada la materia de este asunto, remítase los autos de este juicio de amparo, y original del escrito de la parte quejosa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del referido recurso; ello, una vez que obren las constancias de notificación a las partes de este proveído. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos se advierte, por una parte, que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional y, por otra, que está pendiente la notificación personal a la parte tercera interesada del auto de treinta y uno de marzo del año en curso, por el que se radicó el juicio de amparo 601/2016 y se ordenó acumular a este expediente 1342/2015, lo que se ordenó practicar en auto de cuatro de abril del año en curso; en consecuencia, se ordena al Actuario de la adscripción para que, de inmediato, realice dicha notificación. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a las partes en auto de diecinueve de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación sobre el particular. Por tanto, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante sentencia dictada el cinco de febrero de dos mil dieciséis, (fojas 156 a 183), por una parte, sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martín Hernández Chávez, en el sentido siguiente: "En consecuencia, procede conceder el amparo solicitado por el quejoso, para que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, (en sustitución de la extinta Cuarta Sala Penal): ? Deje insubsistente la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diez, dictada en autos del toca penal 532/2010, por la extinta Cuarta Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Emita otra en la que analice si el Juez de la causa en la resolución de plazo constitucional justipreció la licitud o ilicitud de las pruebas que pudieron haber sido recabadas durante el arraigo domiciliario; y en caso de que no lo haya efectuado: - Establezca qué pruebas fueron obtenidas legal o ilegalmente. - Posterior a ello, precise qué pruebas son o no admisibles en el proceso penal. - Con base en dicho análisis, se pronuncie a cerca de la exclusión o no de las que considere pertinentes, para proceder al análisis probatorio de las que cumplan con los requisitos constitucionales, a efecto de resolver la situación jurídica del quejoso. En el entendido que la ilegalidad de las pruebas obtenidas durante ese período, no tiene alcance respecto de todos y cada uno de los elementos de convicción desahogados durante ese período de arraigo sino que solo perderán eficacia probatoria aquellos directa e inmediatamente vinculados con éste. Es decir, para los efectos de la exclusión probatoria, el juez de la causa penal deberá considerar aquellas pruebas que no hubieran podido obtenerse a menos que la persona fuera privada de su libertad personal mediante el arraigo, lo cual comprenderá todas las pruebas realizadas sobre la persona del indiciado, así como todas aquellas en la que él haya participado o haya aportado información sobre los hechos que se le imputan estando arraigado". Así, por auto de doce de abril del año dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de mérito, y en acatamiento a ella la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, en sustitución de esta última (extinta Cuarta Sala Penal), remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal 532/2010, en la cual, en esencia determinó: a). Dejar insubsistente la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diez en el toca penal 532/2010 (foja 213), emitida por la entonces Cuarta Sala Penal el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y b). Dictó una nueva resolución de catorce de abril de dos mil dieciséis, en la cual, -en primer lugar se ocupó de analizar las pruebas recabadas durante el arraigo decretado a Martín Hernández Chávez, (a) "El buda" o "El Gordo", o "El viejo", y otros, el cual inició a las quince horas con treinta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil diez, y concluyó a las diez horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil diez, dichos medios adujo la Sala son contrarios a derecho por provenir de un acto inconstitucional, las que debían ser excluidas del material probatorio, las cuáles son: 1. La inspección de dieciocho de mayo de dos mil diez con intervención directa de Adriana Luján Pacheco, "La sirenita" 2. Dictamen en planimetría de veinticinco de mayo de dos mil diez. 3. Dictamen fotográfico de veintisiete de mayo de dos mil diez. 4. Diligencias de confrontación de veintiséis de mayo de dos mil diez, entre Evelia Aragón Hernández y los inculpados Eduardo Martínez Juárez alías "Virulaga" Y Martín Hernández Chávez alias El buda" o "El gordo" o "El viejo". 5. Dictamen fotográfico de veintiséis de mayo de dos mil diez. 6. Dictamen de biométrica por voz de veintisiete de mayo de dos mil diez, toda vez que la voces fueron grabadas al encontrarse arraigados. Por lo que, la Sala responsable consideró inadmisibles para el proceso penal al ser ilícitas, toda vez que se obtuvieron durante una medida inconstitucional decretada al inculpado Martín Hernández Chávez, como lo es el arraigo domiciliario. En -segundo lugar, estableció las pruebas que a pesar de haber sido obtenido durante el tiempo de arraigo no se vieron afectadas, pues no fueron desahogadas en la persona del inculpado o coinculpados arraigados o como consecuencia directa de esa detención y son: a) Declaraciones de Francisco Sosa Sánchez y Javier Sosa Luria, de ocho de mayo de dos mil diez, en virtud de que son deposiciones que se derivan de las diligencias de confrontación entre los nombrados y el inculpado Martín Hernández Chávez y otros, que tuvieron verificativo antes del arraigo es decir antes de las quince horas con treinta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil diez. b) Dictamen fotográfico y croquis planimétrico de diecisiete de mayo de dos mil diez. c) Dictamen fotográfico de diecisiete de mayo de dos mil diez. d) Inspección de veintiuno de mayo de dos mil diez, realizada en el vehículo de motor en el que fue secuestrado el ofendido. e) La declaración de Francisco Sosa Rojas Sánchez, de veinticuatro de mayo de dos mil diez. f) Declaración de Evelia Arango Hernández, de veinticinco de mayo de dos mil diez, quien dio a conocer a partir de qué fecha y como rentó su inmueble donde resultó que el inculpado y otros tuvieron privado de la libertad al ofendido. g) Inspección de veinticuatro de mayo de dos mil diez, en donde la autoridad ministerial certificó el lugar, donde fue liberado Francisco Sosa Sánchez y donde Javier Sosa Luria entregó el rescate. h) Dictamen de transcripción de audio de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. i) Dictamen fotográfico de treinta y uno de mayo de dos mil diez, que fueron tomadas al ofendido Francisco Sosa Sánchez, así como al vehículo en que fue secuestrado. j) Dictamen fotográfico de treinta y uno de mayo de dos mil diez. Probanzas que la responsable concluyó que al no estar vinculadas directa o inmediatamente con el arraigo domiciliario decretado a Martín Hernández Chávez, eran pertinentes para ser tomadas en cuenta en el análisis de la resolución respectiva, a fin de determinar si estaba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Y, en -tercer lugar, realizadas tales precisiones, procedió al estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso, donde finalmente decretó modificar el auto de formal prisión apelado, en los siguientes términos: ".Cuarto. Martín Hernández Chavéz (a) "El buda" o "El gordo" o "El viejo" y otros, son coautores materiales en la comisión del delito de secuestro agravado, en términos del Considerando Tercero de la presente resolución. Quinto. La punibilidad aplicable al delito de secuestro agravado es la prevista en el párrafo segundo del artículo 345 bis A del Código Penal vigente en el Estado, en términos del considerando cuarto del presente fallo en todo lo demás se confirma el auto de formal prisión recurrido." De lo anterior, se advierte que la responsable dio cumplimiento a los lineamientos de la sentencia dictada el cinco de febrero de dos mil dieciséis, pues ya que el Juez de la causa no efectuó la licitud o ilicitud de las pruebas recabadas durante el arraigo domiciliario, el Tribunal de Alzada procedió a su calificación en los términos fijados en la sentencia de amparo, hecho lo anterior resolvió. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, por una parte se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, en sustitución de esta última (extinta Cuarta Sala Penal), por el cual acusa recibo del oficio número 24172, mediante el cual se devolvió el origina de la causa penal 82/2010 del índice del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro. Notifíquese personalmente.
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