Leobarda Ojeda Hernández
Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leobarda Ojeda Hernández
Actuaciones
- Principal
...Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, hecha por el Secretario de este juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, la promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de garantías origen del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido...
- Principal
... el escrito signado por Alejandro Alonso Arcocha, en su carácter de apoderado legal de la parte tercero interesada "Concesionaria Autopista Cardel-Poza Rica", Sociedad Anónima de Capital Variable... téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ... y como autorizados de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Pérez Reducindo, Rocío Esteban Ceballos y Ángel Paul Jaime Siordia... y con las restricciones que impone dicho precepto a Elio Iván Fernández Contreras y Jesús Antonio Marcial Cisneros... de la misma manera se tienen a Pablo Mendoza Sánchez, Oliver Fernando Buenrostro Figueroa y Adriana Herrada Magdaleno...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Leobarda Ojeda Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 285/2019/IV-B. Ahora, la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: 1. La inminente diligencia de lanzamiento dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 122/2011/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, sobre el bien inmueble de una fracción de terreno denominada parcela número 489 Z-1 P2/2 con la siguientes medidas, diez hectáreas, ochenta y un áreas, cincuenta y tres punto cincuenta y cinco centiáreas, ubicada en el poblado Vega de San Marcos, perteneciente al Ejido "El Pital", municipio de San Rafael, Veracruz. Asimismo, cabe hacer mención que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que con el número 307/2012, del libro de registro correspondiente a los juicios de amparo de este Juzgado, se registró una diversa demanda promovida por Leobarda Ojeda Hernández, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, de quien reclamó: A) La ilegal e improcedente y supuesta diligencia de emplazamiento requerimiento de pago o embargo en su caso así como las subsecuentes resoluciones, autos, decretos así como la sentencia que se llegue a dictar dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el tercero perjudicado LIC. ANTONIO DÍAZ CORTES y representado por el C. LIC. CÉSAR PARADA SALAS en contra de los CC. LEOBARDA OJEDA HERNÁNDEZ, FROILÁN VÁSQUEZ OJEDA Y RAMÓN VELÁZQUEZ PÉREZ, contenido en el expediente número 122/2011/M-II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, y la orden de ejecutar dichos actos sobre el bien inmueble consistente en una parcela de diez hectáreas, ochenta y un áreas, cincuenta y tres punto cincuenta y cinco centiáreas. Mismo que por resolución emitido el veinticuatro de agosto del año dos mil doce, se resolvió respecto de dicho acto, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto. Se cita como apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De ahí que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La inminente diligencia de lanzamiento dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 122/2011/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, sobre el bien inmueble de una fracción de terreno denominada parcela número 489 Z-1 P2/2 con la siguientes medidas, diez hectáreas, ochenta y un áreas, cincuenta y tres punto cincuenta y cinco centiáreas, ubicada en el poblado Vega de San Marcos, perteneciente al Ejido "El Pital", municipio de San Rafael, Veracruz. Bajo tales premisas, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que el acto que combate la parte quejosa se dictó en la etapa de ejecución dentro del juicio ejecutivo mercantil 122/2011/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, pues de la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil doce, dictado en el juicio de amparo 307/2012 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte lo siguiente: a) Los ahí terceros interesados "Consejo Estatal Citrícola, A. C.," constituida por Antonio Juan Soberon Ferrer, Atenojenes Rangel Rodríguez y Hugo Caldelas Mojica, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, interpusieron demanda en contra de la aquí quejosa, reclamando la desocupación del inmueble consistente en la parcela número 489 Z-1 P2/2 con la siguientes medidas, diez hectáreas, ochenta y un áreas, cincuenta y tres punto cincuenta y cinco centiáreas, ubicada en el poblado Vega de San Marcos, perteneciente al Ejido "El Pital", municipio de San Rafael, Veracruz; b) El juicio se radicó bajo el expediente número 122/2011/II ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz; y seguido las fases procesales del juicio, se emitió sentencia condenatoria el dos de marzo de dos mil doce; C) La aquí quejosa promovió juicio de amparo 307/2012 en el que reclamó la ilegal e improcedente y supuesta diligencia de emplazamiento requerimiento de pago o embargo en su caso así como las subsecuentes resoluciones, autos, decretos así como la sentencia que se llegue a dictar dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el tercero perjudicado LIC. ANTONIO DÍAZ CORTES y representado por el C. LIC. CÉSAR PARADA SALAS en contra de los CC. LEOBARDA OJEDA HERNÁNDEZ, FROILÁN VÁSQUEZ OJEDA Y RAMÓN VELÁZQUEZ PÉREZ, contenido en el expediente número 122/2011/M-II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, y la orden de ejecutar dichos actos sobre el bien inmueble consistente en una parcela de diez hectáreas, ochenta y un áreas, cincuenta y tres punto cincuenta y cinco centiáreas, así como otras prestaciones; Mismo, que por sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil doce, se sobreseyó al considerar que la aquí quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al juicio natural, toda vez que promovió el juicio de garantías, antes de que se dictara sentencia en el juicio natural. Sin que en el presente caso se esté en algún supuesto de excepción, toda vez que como quedó de manifiesto en líneas arriba, desde el año de dos mil doce, tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 122/2011/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, por tanto, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercera extraña en dicho juicio. De lo anterior, se colige que el acto en esta vía combatido -la diligencia de lanzamiento sobre un inmueble- se trata de actos que fueron dictados en la etapa de ejecución, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que puede reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Asimismo el acto que reclama la parte quejosa no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable o que lesione algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia: VI.2o.C. J/253 , con rubro dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." De igual forma, por sus consideraciones se invoca como sustento la tesis II. 2º. C. 389 C , de título y contenido: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido al Juez responsable consistente en la posible orden de lanzamiento, es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución, tendente a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749 , con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADO. Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y por autorizado en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gloria León Salazar, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias del escrito de demanda, que anexó la promovente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe. ...
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