Leoba Barrón Sánchez

Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Leoba Barrón Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO PROCESAL..., HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO POR EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMAPARO..., ARCHÍVESE..., ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    ****AVISO FIJADO EN PUERTA, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 08 DE MAYO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: ""Querétaro, Querétaro, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por LEOBA BARRÓN SÁNCHEZ, por propio derecho; contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 594/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que, si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en:  El auto de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro expediente 280/2023 relativo a un medio preparatorio a Juicio Ordinario Civil del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro, por el cual se le notifico el medio preparatorio a juicio, y se le requirió a la quejosa exhibiera diversos documentos que acreditaran ser propietaria y poseedora legitima del inmueble ubicado en Carretera Estatal número 200, en la Cañada, Municipio de El Marqués, Querétaro, o bien manifestará lo que a su interés conviniera, dentro del término (tres días), establecido en el citado auto bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una multa por la cantidad de $1,037.40 (mil treinta y siete pesos 100/00 m.n.) equivalente a 10 veces la unidad de medida y actualización. No vulnera derechos sustantivos de la quejosa. En ese sentido este Juzgado advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción IV y V, de la invocada ley, estos últimos aplicados a contrario sensu. Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada Jurisprudencia 37/2014 es el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." " Luego, en la especie el suscrito considera que se actualiza la invocada causal de improcedencia por los siguientes motivos: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En lo que interesa, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo será procedente contra actos dentro de juicio que afecten al quejoso en forma material algún derecho sustantivo; es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen tácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento respectivo, lo cual permite la procedencia del juicio biinstancial. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo indirecto que se promueva contra la resolución final que se dicte en el procedimiento respectivo y que resulte desfavorable a los intereses del quejoso, y afecte su esfera jurídica en forma actual, presente y material, una vez agotado el principio de definitividad, en caso de que proceda y no sea optativo su agotamiento. Tratándose de actos emitidos fuera de juicio, como acontece en unos medios preparatorios a juicio, aplica además la regla de procedencia del juicio de amparo únicamente cuando se está ante la resolución conclusiva de éstos, y sólo por excepción pueden combatirse las resoluciones intermedias, cuando afecten derechos sustantivos del promovente. Encuentra sustento lo antes dicho en la tesis relevante visible en el Registro digital: 2024882, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: I.4o.C.100 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6327, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. OPORTUNIDAD PARA LA IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS O RESOLUCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo presentada para reclamar la admisión y tramitación de unos medios preparatorios a juicio mercantil, al estimar que la demanda debe presentarse en contra de la última resolución que los finalice. Criterio jurídico: Aun cuando se trata de actos previos y fuera de juicio, el juicio de amparo indirecto procede hasta que se dicte la última resolución en los medios preparatorios a juicio, salvo que el acto reclamado por sí mismo afecte derechos sustantivos y sin soslayar la posible existencia de actos fuera del juicio que se agotan en sí mismos. Justificación: Los criterios de la Novena Época, P./J. 50/96, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", así como 1a./J. 23/96, de rubro: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.", en cuyas ejecutorias se precisó que para la procedencia del amparo contra este tipo de actos debía prescindirse de analizar si eran o no de imposible reparación, deben considerarse, en esta parte, superados o al menos de necesaria modulación, a la luz de la historia del juicio de amparo y de su más reciente jurisprudencia del Pleno (registro digital: 163152) y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registros digitales: 162152 y 2003301). Este desarrollo evolutivo demuestra que las reglas de su procedencia han tendido a contrarrestar su abuso, mediante la impugnación de cada acto procesal para entorpecer o dilatar el juicio natural, práctica que motivó acuñar una regla general para ambas vías, consistente en que los actos de autoridad pronunciados dentro de juicio o dentro de procedimientos -incluso los no judiciales- que se sigan bajo esta forma serán analizables en el juicio de amparo hasta la última resolución que se pronuncie, salvo que se trate de actos que produzcan una afectación de imposible reparación. En esta lógica, aun cuando la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo no hable de que procede la vía indirecta hasta la última resolución dictada dentro de un procedimiento fuera de juicio, como sí lo establece para los actos de ejecución de sentencia y procedimientos de remate, debe considerarse que esta regla es inmanente a los fines y funcionalidad del juicio de amparo y, por eso, también es necesario observarla. Conforme a lo anterior y considerando que en términos de los artículos 1151 a 1167 del Código de Comercio, los medios preparatorios del juicio mercantil son procedimientos que implican una sucesión de actuaciones tras las cuales se pueden o no desahogar y, según sea el caso, generarse distintos proveídos de variados contenidos y efectos, es que, salvo que se reclamen actos que afecten materialmente derechos sustantivos o actos que se agotan en sí mismos (que no necesiten de prosecución ulterior para consolidar la oportunidad de presentar la demanda de amparo correspondiente), el juicio de amparo indirecto es procedente hasta que se dicte la última resolución que los finalice." Robustece lo anterior, el diverso criterio contenido en la tesis con Registro digital: 2007389, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: VI.2o.C.18 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2461, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN . Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." Siendo por tanto lo relevante para concluir que dado que lo provocado en los actos reclamados no afectan los derechos sustantivos del quejoso y dado que lo se combate no se trata de la última resolución emitida en los medios preparatorios a juicio, es por lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo biinstancial que se intenta. Lo anterior de esa manera, teniendo en cuenta ese contexto normativo se tiene que en la especie no es una determinación conclusiva de los medios preparatorios a juicio, sino que se reclama un acto intermedio de naturaleza eminentemente procesal y cuyos efectos son transitorios mas no de imposible reparación que afecte algún derecho sustantivo susceptible de ser analizado de manera inmediata en la vía indirecta. En efecto, en el caso se combate el auto de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro expediente 280/2023 relativo a un medio preparatorio a Juicio Ordinario Civil del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro, por el cual se le notifico el medio preparatorio a juicio, y se le requirió a la quejosa exhibiera diversos documentos que acreditaran ser propietaria y poseedora legitima del inmueble ubicado en Carretera Estatal número 200, en la Cañada, Municipio de El Marqués, Querétaro, o bien manifestará lo que a su interés conviniera, dentro del término (tres días), establecido en el citado auto bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una multa por la cantidad de $1,037.40 (mil treinta y siete pesos 100/00 m.n.); de ahí que esa actuación constituye una violación formal procesal que no afecta algún derecho sustantivo en forma irreparable al aquí promovente, ya que constituye el planteamiento de violaciones procesales que pueden y deben impugnarse vía concepto de violación a través del juicio de amparo que en su momento pueda promover en contra de la resolución que tenga por concluidos dichos medios preparatorios a juicio, en caso de considerar que resulte contraria a sus intereses, y hacer valer las violaciones procesales que considere acontecieron durante su tramitación, por lo que el acto reclamado no le causa un perjuicio de imposible o difícil reparación. Lo anterior se establece así, dado que el procedimiento continuará tramitándose conforme a las directrices plasmadas en la ley, sin que esa notificación de dichos medios preparatorios, y requerimiento para exhibir diversos documentos que acrediten en su caso que es propietaria y poseedora legitima del inmueble ubicado en Carretera Estatal número 200, en la Cañada, Municipio de El Marqués, Querétaro, o bien manifestará lo que a su interés conviniera, dentro del término (tres días), bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una multa por la cantidad de $1,037.40 (mil treinta y siete pesos 100/00 m.n.), tenga impacto o repercuta en la afectación a un derecho sustantivo cómo sería la vida, la libertad, el patrimonio, el estado civil etcétera, pues existe la posibilidad de que ese requerimiento de exhibir documentos, no genere o impacte su esfera, si se exhiben o bien justifique su imposibilidad para ello, por lo que, tales violaciones procesales no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva; y de no ser así, reclamarse vía conceptos de violación a través del amparo indirecto, como la violación procesal como ahora lo reclama pero conjuntamente con la resolución final que de concluidos los medios preparatorios a juicio, una vez agotado el principio de definitividad en caso de así proceder, y sea obligatorio agotar el recurso ordinario respectivo. Pero si lo que reclama sólo tiene un efecto en el proceso, sin impactar en la esfera de derechos sustantivos del promovente como es en su libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera, es decir, aun considerando la certeza de las transgresiones aseguradas por la quejosa en torno a la actuación combatida, puede resultar en que ésta no impacten en la decisión final o la que concluya los medios preparatorios a juicio, si atendiendo a su resultado, no sirva para constituir título, de ahí que tales violaciones procesales no causarían un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, y de no ser así, en todo caso puede reclamarse vía conceptos de violación a través del amparo indirecto en la resolución final con la que culminen los medios preparatorios a juicio. En otras palabras, resulta claro que se trata de actos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, en el trámite del medios preparatorios a juicio, de que aún considerando indebidas tales actuaciones, esas violaciones procesales pueden o no trascender a la esfera jurídica de la quejosa, pues ello no implica que ésta vaya a fallar en contra de sus intereses, dado que a pesar de ello pueden resultar de forma favorable, si por ejemplo exhibe los documentos que acreditan que es la propietaria y poseedora legitima del inmueble ubicado en Carretera Estatal número 200, en la Cañada, Municipio de El Marqués, Querétaro, o bien justifica su imposibilidad en términos de ley; de ahí que los efectos y consecuencias del acto reclamado se extinguen en la realidad de los hechos; y de no ser así, como se anticipó, los actos reclamados podrían constituir una violación intraprocesal misma que se debe reclamar en el juicio de amparo indirecto que en su caso se promueva contra la decisión final que de por concluidos los medios preparatorios a juicio, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales cometidas dentro del mismo procedimiento. Sin que escape a la vista del suscrito Juzgador el contenido del citado auto reclamado, en la parte conducente que apercibe a la quejosa con la posible imposición de una multa por la cantidad de $1,037.40 (mil treinta y siete pesos 100/00 m.n.) equivalente a 10 veces la unidad de medida y actualización, para el caso de no dar cumplimiento al requerimiento ahí formulado, circunstancia que tampoco se puede considerar como afectación a derechos sustantivos de la quejosa, ya que el apercibimiento de multa, esto es la posible imposición de la multa reseñada se encuentra sujeta a que la parte quejosa cumpla con el requerimiento formulado, y en todo caso ante la renuencia de ello, se le haga efectivo dicho apercibimiento, circunstancia frente a la cual sería en todo caso procedente el juicio de amparo, sin embargo a la fecha ello aun no acontece, por ende se estima que el acto reclamado en su conjunto no es de imposible reparación al no vulnerar los derechos sustantivos de la parte quejosa. Robustece lo anterior el criterio contenido en el Registro digital: 2010813, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321, Tipo: Jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo primero, ésta a su vez concatenada con la diversa fracción V del mismo artículo 107, de la Ley de la Materia, aplicada por analogía y a contrario sensu, los cuales disponen que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos fuera de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo primero, ésta a su vez concatenada con la diversa fracción V del mismo artículo 107, de la Ley de la Materia, aplicada por analogía y a contrario sensu; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve LEOBA BARRÓN SÁNCHEZ, por notoriamente improcedente. Da vigor a lo dicho, la Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época , de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, atendiendo a lo asentando en la certificación de cuenta se tienen como autorizados de la parte quejosa a José Sergio Sánchez Correa y Miguel Alcocer Herrera con todas las facultades de representación del artículo 12 de la Ley de Amparo; por cuanto hace a las personas restantes, únicamente sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerle las diversas facultades que le fueron conferidas, una vez que acredite ante éste Órgano estar plenamente autorizado para ejercer la profesión de abogados). Asimismo, se tiene como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En diverso aspecto, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, se exhorta a las partes (con excepción de la parte quejosa) que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual deberán informar su usuario. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico listas de acuerdos a su disposición en la página www.cif.qob.mx para lo cual, dígase, que para la continuación del presente asunto, tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, y al efecto deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo, a fin de habilitar el acceso respectivo; y en caso de que lo solicite también se practiquen las notificaciones en forma electrónica."

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