Lenyt Nuñez Garcia

Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
350/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Lenyt Nuñez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; doce de julio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, inciso b), penúltimo y último párrafos, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Depurable y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    En mérito de lo anteriormente fundado y con apoyo además en los artículos 61, 79, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el considerativo cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el penúltimo de los mismos. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio del Tesorero Municipal del Municipio de Ayala, Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del acuse de recibo por la parte quejosa respecto del título de crédito materia de la presente instancia, mismo que se tiene por exhibido para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificado el presente auto, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo amparador, es decir el pago de la cantidad restante a la parte quejosa; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    Se notifica por lista el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, al asesor jurídico de la parte quejosa. Cuernavaca, Morelos; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de once de febrero de dos mil veintidós, realiza diversas manifestaciones respecto a que considera que en razón de competencia y atribuciones es la Defensoría de Oficio de Fuero Común quien debe intervenir en el presente asunto, sin embargo, no obstante a lo anterior, propone al licenciado ****, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito, residente en esta ciudad, para que bajo su criterio y autonomía esgrima los argumentos que considere para aceptar o no el cargo conferido, así como orientar al peticionario de amparo sobre el alcance del estado procesal que guarda el presente asunto, mismo que a la fecha se encuentra concluido. De igual forma, indica domicilio, correo electrónico y número telefónico. Al respecto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el oficiante, para lo cual es necesario citar la jurisprudencial 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, que estableció lo siguiente: *** De dicho criterio, se deprende que para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva en los juicios de amparo indirecto en materia penal, el quejoso privado de su libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Asimismo, que en caso de que dicho quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio a través de la defensoría pública correspondiente (federal o local). De lo anterior, se advierte que el Alto Tribunal estableció que el nombramiento de defensor puede ser a través de la defensoría pública federal o local, sin establecer algún criterio para determinar cuándo procede la designación de uno u otro. Cabe destacar que en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio jurisprudencial, el más Alta Tribunal de la Nación, consideró en sus puntos 100 y 102 que son del texto siguiente: *** De lo que se obtiene que el abogado señalado debe actuar en el procedimiento del juicio de amparo y desde luego en términos y conforme a la Ley de Amparo, sin que ello implique actuación en el procedimiento natural. Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 208/2018, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, estableció que el requerimiento de la prestación de ese servicio a la institución federal o estatal, debe reservarse al juez federal en ejercicio de su prudente arbitrio, en su calidad de perito en derecho y de conformidad con la legislación aplicable, pues se parte de la idea de que el conocimiento jurídico del juez y su obligación de hacer respetar los derechos fundamentales del quejoso, suplen la voluntad de éste. Del mismo modo, es de considerarse que si el artículo 1 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, establece que el objeto de esa legislación es prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, como lo es material y formalmente el juicio de amparo, es apegado a derecho ordenar la designación a través de dicha dependencia. Máxime que el servicio de asesoría pública lo es para el trámite del juicio de amparo, que formal y materialmente es del orden federal, con independencia de la naturaleza y el fuero de la legislación que haya motivado el acto reclamado, cuestión de fondo que solo corresponde al juzgador resolver. Lo anterior es así ya que, la representación solicitada comprende la asesoría durante las etapas del procedimiento, contestación a vistas, contestación a informes, interposición de recursos, entre otros descritos por el artículo 4 de la Ley de Defensoría Pública, también lo es, que tales actos procesales de nacer a la vida jurídica serian únicamente por lo que respecta a la tramitación del juicio de amparo, el cual es del fuero federal, independientemente de la naturaleza del acto reclamado, la cual no debe ser desconocida por los Defensores Públicos adscritos al Instituto que representa, los que en términos de la fracción segunda del artículo 5 de la citada ley, deben ser licenciados en derecho con cedula profesional expedida por autoridad competente, por cual se estima cuentan con los conocimientos suficientes y adecuados para llevar la representación del quejoso únicamente por lo que respecta a la presente instancia constitucional. Además, el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, establece lo siguiente: ***Se requiere. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiérase al profesionista que propone para que acepte y proteste el cargo conferido mediante escrito que dirija este juzgado a través del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación o en su caso de manera física en los buzones habilitados para tal efecto, al cual deberá acompañar copia de su cédula profesional. Domicilio. Se tiene por señalado el domicilio que proporciona. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del cual debe precisarse que únicamente tiene como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de estimarse necesario. Notifíquese y personalmente al asesor jurídico propuesto.

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