Lenny Solano Betancourt

Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
389/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Lenny Solano Betancourt
  • Lenny Solano Betancourt y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los acto reclamados. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que remite el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 174/2017, documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó a su oficio 3819/2022 de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Lenny Solano Betancourt, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ". IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE LEY, transgrediendo los dispuesto por la ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de pronunciarse sobre la contestación de la demanda y desahogar la audiencia de ley, en el juicio laboral 174/2017. La falta de acuerdo de la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veinte. No se desatiende que la parte quejosa señala como acto destacado la omisión de pronunciarse sobre la contestación de la demanda y desahogar la audiencia de ley; sin embargo, al respecto debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), ha sostenido que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, por lo que, el acto reclamado se hace consistir en la falta de acuerdo de la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veinte. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En consecuencia, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse sobre la contestación de la demanda y desahogar la audiencia de ley, en el juicio laboral 174/2017, se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de la omisión de pronunciarse sobre la contestación de la demanda y desahogar la audiencia de ley, en el juicio laboral 174/2017. De la constancia que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se conoce que en auto de veintidós de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable, tuvo por recibido el despacho enviado al Juez Mixto de Paz de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, a través del cual ordenó el emplazamiento del ayuntamiento demandado, empero de las constancias remitidas por la autoridad exhortada advirtió que la diligencia encomendada no fue realizada en los términos de la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual ordenó girar nuevamente despacho al Juez Mixto de Paz de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para que en auxilio de las labores del tribunal obrero lleve a cabo la notificación y emplazamiento al ayuntamiento demandado en el juicio laboral 174/2017. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, la autoridad responsable no está en condiciones de pronunciarse sobre la contestación de la demanda y desahogar la audiencia de ley, en el juicio laboral 174/2017, dado la responsable aún no ha tenido por emplazada a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecuacuilco, Guerrero, razón por la cual la autoridad responsable no puede seguir con la secuela procesal del juicio de origen. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. En otro lado, por lo que hace al acto reclamado consistente en la la falta de acuerdo de la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veinte, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remite a su informe justificado, relativas al expediente laboral 174/2017, se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa el dos de marzo de dos mil veinte, a través del cual la parte actora solicitó se pronunciara sobre la contestación de demanda y se señalara fecha y hora parar que se llevara a cabo la audiencia de ley. Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, debido a que acordó el escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 174/2017; por lo cual, los efectos del acto reclamado señalado consistente en la falta de acuerdo de la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veinte, han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con cinco minutos del ocho de junio de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentado por *****, por conducto de su apoderado ******, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, con las documentales que anexa al escrito de demanda, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 389/2022 y fórmese expediente físico y electrónico. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada fuera del plazo que establece la ley de la materia; sin embargo, dicha circunstancia se debe a la carga de trabajo y a la limitación de personal horarios con los cuales este órgano jurisdiccional se encuentra laborando, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, reformado con relación al periodo de vigencia por el acuerdo 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Se hace saber a las partes que deberán manifestar cuando cesen los efectos del acto reclamado o cuando se actualicen causas notorias de sobreseimiento; de igual manera, solicítese a la autoridad responsable informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecuacuilco, Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. Asimismo, se requiere al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de *****, Guerrero; para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal vía telegráfica la fecha en que reciba el oficio que derive del presente proveído, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, téngase al promovente por señalado medios alternativos de comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese lo anterior al Actuario Judicial con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. AUTORIZADOS. Dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde el promovente no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. VÍA DE NOTIFICACIÓN. Téngase como modalidad para oír y recibir notificaciones la que indica en su escrito de demanda (vía electrónica) por conducto de ********; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional, con el nombre de usuario "*****"; de conformidad con los artículos 26, fracción IV con relación al el numeral 30 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico de la adscripción, para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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