Lenin Jonathan Canchola Martínez
Expediente 1157/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lenin Jonathan Canchola Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, México, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de diciembre dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que dicho medio de impugnación se haya interpuesto, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la resolución de referencia HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
Ciudad de México, México, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, a través del cual remite el juicio de amparo 1041/2022-I-A, de su índice, promovido por Lenin Jonathan Canchola Martínez; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1º, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, este órgano acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Por lo que regístrese en el libro de gobierno con el número 1157/2022-II. Acúsese recibo. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 113 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, por lo siguiente: ... Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". Además, los artículos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En el caso, de la demanda de amparo no se advierte la firma autógrafa ni electrónica del quejoso *****, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo se equipara a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, en virtud de que la firma entraña la manifestación de ésta, lo que obliga a desecharla. Ello pues, la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL de la parte quejosa, por lo que, la ausencia de ésta no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. ***** Asimismo, no se advierte que los actos reclamados se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional, por lo que es indispensable la firma autógrafa o electrónica por parte de los quejosos, representante o persona que promoviera en su favor. ..... En consecuencia, ante la inexcusable la falta de firma autógrafa o electrónica, al no observarse que el quejoso se encuentre impedido para suscribir la demanda de amparo promovida propio derecho, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. En tal sentido, con apoyo en lo resuelto en la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 193/2021, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo practíquense las notificaciones por lista al quejoso. De igual forma, con apoyo en la determinación del referido tribunal colegiado, no se hace mayor pronunciamiento, respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Con apoyo en los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella.
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