Lenin Jonathan Canchola Martínez

Expediente 1871/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1871/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Lenin Jonathan Canchola Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. **

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil veintidós. Registro Vista la demanda que promueve supuestamente ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1871/2022-III-C. desechamiento Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se colige que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla y que está prevista en la fracción XXIII, del artículo 61°, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6° del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. En ese tenor, es dable destacar que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual, es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo orden de ideas, el ordinal 3° de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Acorde con lo anterior, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que deroga el diverso 1/2015, en sus artículos 16 y 17, establece lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra" "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal". Los artículos antes trascritos, señalan que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, en los referidos preceptos se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales invocados, pues no cuenta con la firma electrónica, o bien, de evidencia criptográfica de su firma electrónica, con ello de ninguna manera puede considerarse que el promovente manifieste su voluntad y consentimiento para instar a la justicia federal, y por ende, que a dicha persona le causen un agravio los actos reclamados. En efecto, el diverso artículo 107°, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si ese escrito -demanda de amparo- no se suscribe, o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa o evidencia criptográfica de la firma electrónica, por quien resulta el directo quejoso, esto es, por la persona que se dice afectada del acto de autoridad, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. Así, tratándose del juicio de amparo, resulta necesario que el titular del derecho que se dice violado con el acto de autoridad, sea quien promueva la demanda, pues de esa manera se puede constatar su intención, la cual no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, pues esas facultades únicamente son inherentes a realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías. Robustece lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2019715, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En el entendido que, como ya se dijo, ya que el escrito de demanda no cuenta con una firma electrónica; razón por la que no se puede constatar que la persona que resiente los agravios generados por el acto de autoridad, tenga la intención de promover el juicio de amparo. Máxime que de la lectura íntegra del escrito de demanda, no se advierte que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual sería una excepción a la regla y permitiría a un tercero promover la demanda en favor del directo quejoso. Sobre este punto particular cabe precisar que no es desapercibido que el quejoso de entre los actos que reclama, lo es la "orden de traslado del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México a diverso centro de reclusión", la cual aduce que, sin la intervención de una autoridad judicial, debe considerarse como un acto fuera de procedimiento, citando al caso el contenido de la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 83/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010596, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 247, de título siguiente "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." Sin embargo, dicho criterio fue abandonado por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la que derivó la jurisprudencia que más adelante se transcribe, en la cual determinó que el traslado urgente o excepcional, en los supuestos descritos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se le debe considerar como un acto dictado dentro del procedimiento, ya que su emisión a cargo de las autoridades administrativas se encuentra regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al efecto, también se prevé a la controversia judicial como medio de defensa específico para impugnarlo, de manera que en los casos indicados, ya no se actualiza una afectación adicional a la libertad personal del interno fuera del procedimiento. Bajo esa lógica estimó, a cualquier orden de traslado que se emita sin control judicial previo, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, y porque la persona privada de la libertad ya no se queda sin defensa, al disponer de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de la actuación de las autoridades tanto administrativa como judicial. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), registro digital 2023736, Undécima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, de título, subtitulo y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." De ahí que, de ninguna manera puede estimarse que el quejoso reclama alguno de los actos que deban considerarse como de aquellos que contemplan el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y , así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; que en tratándose de dichos actos no es exigible que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61°, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113° del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por ********************. Domicilio - exhorto El peticionario del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México; por tanto, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional faculte a quien corresponda para que se constituya en el centro de reclusión y notifique al quejoso ********************, el presente proveído. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 17 constitucional y en atención al derecho de tutela judicial efectiva, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y por medio de exhorto al quejoso. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano