Lenin Jonathan Canchola Martínez
Expediente 1088/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2023
Partes del expediente
- Lenin Jonathan Canchola Martínez
Actuaciones
- Principal
V. Se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado: archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción. En términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General, se precisa: 1. Criterio de valoración. El expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, no hay información reservada a la que hace referencia el último párrafo del artículo 20. 2. Expediente destruible. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
V.- Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **** por conducto de quien se ostenta como su defensor privado ****, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1088/2023-V. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, de una lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo que el quejoso reclama es: El cambio de módulo de celda al quejoso. Se considera que este es el acto que reclama el quejoso, ya que si bien también se refiere a actos de tortura, ataques a la vida y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, todos estos actos los hace derivar de su cambio de celda, es decir, el quejoso no los reclama de manera independiente sino porque considera que el cambio en su estancia le produce tales consecuencias, de ahí que no se tienen como actos reclamados de manera destacada. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En este caso, este Juzgado estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a este principio, el juicio de amparo no procede contra omisiones inherentes a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, ya que antes de acudir al amparo deben seguir el procedimiento que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante las propias autoridades penitenciarias o los Juzgados de Ejecución. La legislación mencionada establece en sus artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 un procedimiento para que las personas privadas de libertad formulen peticiones administrativas ante las autoridades de su centro de internamiento en contra de actos u omisiones respecto a sus condiciones de internamiento. La ley establece qué personas están legitimadas para su presentación, cómo deben sustanciarse y el plazo para su resolución (cinco días). Si no se emite resolución dentro de este plazo, la persona privada de libertad está legitimada para acudir ante el Juzgado de Ejecución para denunciar esta omisión; asimismo, si se trata de un caso urgente, las personas legitimadas pueden acudir directamente al Juzgado de Ejecución para plantear su petición, caso en el cual se podrá suspender de oficio el hecho u omisión y se determinarán las acciones que debe realizar la autoridad penitenciaria. Además, la ley prevé el procedimiento que debe seguirse ante el Juzgado de Ejecución y dicha resolución, a su vez, es apelable con efecto suspensivo. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido que procede la suspensión de plano en el juicio de amparo promovido por una persona de libertad contra la omisión de proporcionar atención médica, cuando esta omisión produce al quejoso un dolor físico o un estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o producirle la pérdida de la vida. En estos casos, la dignidad e integridad del quejoso están gravemente comprometidas. Se considera que esta excepción podría ser aplicable a actos relacionados con otros actos relacionados con las condiciones de internamiento pero que pudieran repercutir en la vida, salud o integridad de la persona privada de libertad. Si interpretamos de manera conjunta los dos criterios de la Corte a que nos hemos referido -el que establece la improcedencia del juicio de amparo ante omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad y el que establece la procedencia de la suspensión de plano contra omisiones en la prestación de atención médica que comprometen la vida e integridad física- podremos concluir lo siguiente: A. Por regla general, el juicio de amparo no procede contra actos relacionados con condiciones de internamiento, que deben dilucidarse a través de los procedimientos ordinarios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal; B. Si están comprometidas gravemente la vida, la dignidad e integridad de las personas privadas de libertad, a través de padecimientos que les causan sufrimientos o estados patológicos que puedan repercutir en su estado de salud, o actos de internamiento con las mismas consecuencias, el juicio de amparo será procedente por excepción. La regla general a que se ha hecho referencia no quiere decir que las personas internas pierdan sus derechos o que este juzgado no lo reconozca, sino que éstas tienen vías distintas para hacerlo efectivo, en primer lugar las peticiones administrativas, luego la controversia ante el Juzgado de Ejecución y, posteriormente, si la inconformidad subsiste, el juicio de amparo. Éste sólo se podrá instar de inmediato ante razones graves y excepcionales. Lo anterior tiene como finalidad reservar el juicio de amparo para casos en los que ya exista un pronunciamiento por parte de autoridades administrativas o judiciales comunes, ya que son las que tienen directamente bajo su cuidado a las personas privadas de libertad y quienes le dan seguimiento a la ejecución de las penas o medidas de seguridad, por lo que tienen conocimiento más amplio del asunto y con mayor prontitud pueden resolver lo conducente. En este caso, el defensor del quejoso reclama el cambio de módulo de celda al quejoso. Como se observa, el promovente se duele de un cambio en la estancia del quejoso, ya que considera que nueva celda asignada no tiene ventilación suficiente, y que eso podría mermar en su salud. Sin embargo, este juzgado no observa que el cambio de celda tenga una conexión con su estado de salud que ocasione, en automático, que el quejoso se encuentre en riesgo o que se le ocasionen daños y sufrimientos graves. De acuerdo con lo anterior, este juzgado estima que estos actos no tienen la gravedad o trascendencia para ser considerados tratos crueles e inhumanos y, por ende, que en este caso no se está ante una excepción al principio de definitividad. Tampoco constituyen tortura. La tortura de conformidad con el artículo 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, debe entenderse como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otra razón. En otras palabras, la tortura es todo acto que produzca dolor o sufrimiento grave de manera deliberada con algún fin. Sin embargo, en este caso no se observa que lo narrado por el promovente tenga tal gravedad como para encuadrar en el concepto referido. Por lo cual, se determina que este juicio es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los promoventes del amparo debieron acudir a los procedimientos a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo. Ante ello, se desecha la demanda con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, en relación con el numeral 113 de la propia ley. CONCLUSIÓN Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Lenin Jonayhan Canchola Martínez por conducto de su defensor privado Arturo Toscano Mejía. DOMICILIO Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del numeral 2° de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones las listas. Si bien el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo establece que las notificaciones personales se harán a las personas privadas de su libertad en el lugar de su reclusión, esto sólo será cuando no tengan defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones, lo que en el caso no sucede. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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