Lenin Iskandar Soria Granados
Expediente 515/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lenin Iskandar Soria Granados
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja a que se refieren los artículos 97, fracción I, en relación con el 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del veinticuatro al treinta, ambos de mayo del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de la demanda que se exhibieron, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 515/2022-V. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: ". ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte". Asimismo, el 107, fracción III, inciso b), constitucional, establece: "ARTÍCULO. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: Lo constituye la omisión de la autoridad responsable de emitir auto de radicación a la demanda presentada el día 23 veintitrés de marzo del año 2022." En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 607, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora bien, la propia promovente en el capítulo de los antecedentes de su demanda de amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, presentó demanda laboral en contra de la Fuente de trabajo denominada ****, misma que, a la fecha de la presentación de su demanda de amparo, la responsable ha sido omisa en emitir el respectivo acuerdo de radicación. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la dilación procesal consistente en la omisión de dictar acuerdo de radicación, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la demanda laboral de que se trata, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado. Es así, porque en el caso particular la solicitante de la acción constitucional se duele exclusivamente de una afectación cometida con motivo del inicio del procedimiento del juicio laboral de origen, sin embargo, el acto reclamado por aquéllos no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de emisión de acuerdo de radicación de la demanda). Es así, porque la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el impetrante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que esta Potestad Federal, no advierte que exista una abierta dilación en la emisión del acuerdo de radicación por parte de la autoridad responsable, dado que si bien es verdad que el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios establece: "ARTICULO 97. Tan pronto reciba la demanda o el primer escrito relativo a un conflicto individual, colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo..." También es verdad que la quejosa, en su demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable ha sido omisa en radicar la demanda, no obstante que se presentó el veintitrés de marzo del año en curso, y a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había emitido pronunciamiento de radicación alguno. Sin embargo, también es cierto que al doce de mayo de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, aún no transcurrían los tres meses, que tiene el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como un estándar mínimo objetivo para poder establecer si se ha configurado o no una excesiva dilación en el trámite de los asuntos; contados a partir del día siguiente en que feneció el término para emitir el respectivo acuerdo de radicación, en su caso, es decir, el lapso de los tres meses, comenzaron a transcurrir el veintitrés de marzo y fenecerán el veintitrés de junio, ambos de dos mil veintidós, si se toma en cuenta que es precisamente ese período el máximo que el artículo 111 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UN VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." También se cita, por identidad jurídica, la tesis aislada III.2o.T.16 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SI TRANSCURREN MÁS DE 22 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIÓ PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE EL ACTO PROCESAL NECESARIO PARA CONTINUAR EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, AL CONCRETARSE UNA DILACIÓN EXCESIVA [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.)]. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se desechó la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al considerar el Juez de Distrito que se surtía de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley aludida, ya que el acto reclamado no era de imposible reparación, al consistir en la dilación procesal materializada al omitir acordar una promoción formulada en un juicio laboral burocrático sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, porque entre su presentación y aquella en que se promovió el juicio de amparo no habían transcurrido los 45 días a que se refiere el plazo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para considerar que existe abierta dilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es procedente si transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el juicio laboral burocrático en el Estado de Jalisco y sus Municipios. Justificación: Lo anterior es así, pues conforme al artículo 135, párrafo tercero, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto cuando transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el procedimiento, ya que una vez transcurrido ese plazo se concreta una dilación excesiva, que se traduce en una paralización del procedimiento, por corresponder al periodo máximo que la referida ley burocrática tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por corresponder al periodo que el tribunal tiene para dictar el laudo, por lo que es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, el juicio será procedente cuando han transcurrido al menos 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; al considerar como periodo máximo que se tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se requiere promoción de la parte trabajadora, el previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que no opere la caducidad regulada en el diverso 773 de la propia ley; sin embargo, el lapso de 45 días a que se refiere la citada jurisprudencia es inaplicable para determinar si se ha o no configurado una dilación excesiva cuando se trata de juicios laborales sustanciados conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto de la cual no es factible aplicar supletoriamente el artículo 772 aludido, ya que la figura de la caducidad no se encuentra así prevista para ese tipo de asuntos". Así como la diversa tesis aislada XXX.1o.1 L (11a.), del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3103, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ABIERTA DILACIÓN EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL TÉRMINO DE 24 DÍAS HÁBILES CONSTITUYE EL PLAZO RAZONABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE OBSERVAR LOS TÉRMINOS PROCESALES PREVISTOS EN EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, SUS MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. Hechos: Varias personas promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes de acordar lo relativo al ofrecimiento de pruebas en la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas del juicio laboral burocrático. La Jueza de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, considerando que en el caso no se actualizó la hipótesis de abierta dilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el término de 24 días hábiles constituye el plazo razonable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la omisión de observar los términos procesales previstos en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, que configure una abierta dilación en el juicio laboral burocrático. Justificación: Lo anterior es así, ya que cuando se reclaman actos omisivos ocurridos dentro del procedimiento, por regla general, el juicio de amparo es improcedente, salvo que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria. En este sentido, en aras de obtener un estándar que ofrezca seguridad jurídica a las partes en los juicios cuyo procedimiento se rige por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, deben sumarse los plazos que por imperativo legal corresponde observar al Tribunal de Arbitraje, pues constituyen un parámetro máximo para la solución de la controversia sometida a su potestad. Por tanto, si sumados los plazos para el dictado del auto de radicación de la demanda, la celebración de la audiencia de conciliación, el ofrecimiento y la admisión de pruebas, la continuación de la audiencia cuando las partes soliciten su suspensión, para señalar la audiencia de desahogo de pruebas, y para el dictado de la resolución correspondiente, arrojan un total de 24 días hábiles, se estima que éste constituye el plazo razonable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión por parte de dicha autoridad de observar los términos procesales". En el entendido que no se desatienden los diversos acuerdos y sentencias dictados por este juzgador, en donde se ha tomado como fundamento legal la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con el número 2a./J. 33/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 294/2018, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE EBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS"; toda vez que, de un nuevo análisis sobre el contenido de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se advierte que dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso en particular, pues el artículo 111 del citado ordenamiento legal, dispone que cuando han transcurrido más de tres meses desde la última promoción necesaria para la continuación del procedimiento laboral, el Tribunal burocrático, de oficio o a petición de parte, declarará la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Es decir, una vez transcurrido ese plazo se concreta una dilación excesiva, que se traduce en una paralización del procedimiento, por corresponder al periodo máximo que la referida Ley burocrática tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por lo que, como ya se dijo, es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), al considerar como periodo máximo que se tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se requiere promoción de la parte trabajadora, el previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, para que no opere la caducidad regulada en el diverso 773 de la propia ley. Lo anterior es así, ya que cuando se reclaman actos omisivos ocurridos dentro del procedimiento laboral, por regla general, el juicio de amparo es improcedente, salvo que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria, por lo que, si en el caso, el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, debe tomarse como plazo máximo para que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria, el que corresponde observar al Tribunal responsable en términos del numeral 111 tantas veces mencionado, pues constituye un parámetro máximo para la solución de la controversia sometida a su potestad. De ahí que, en adelante en tratándose de juicio laboral burocrático debe atenderse al término que legalmente se establece para la caducidad y, en el caso, son tres meses, por lo que será el parámetro para medir si existe una dilación o no en ese tipo de juicios. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ******, autorizando únicamente para tales afectos a ****, por así haberlo señalado la quejosa. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo Notifíquese personalmente.
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