Lenin Barboza Diaz
Expediente 1331/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lenin Barboza Diaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de nueve de octubre de la presente anualidad, remite copia certificada de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, dictada en el juicio laboral de origen. VISTA CON CUMPLIMIENTO Por tanto, con copia del oficio y anexo de cuenta, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexo de cuenta.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1331/2023-III en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causal manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la ley en consulta. Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causal de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Precisado lo anterior, debemos tener presente que, del contenido del escrito de cuenta se advierte que, el promovente señaló como actos reclamados en el presente juicio de amparo, los siguientes: Del DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS, la publicación en el periódico aludido número 6225, de fecha seis de septiembre de 2023, no obstante, de advertir ilegalidad en las mismas, ya que con su publicación se dan a conocer y validan dichas convocatorias". Ahora bien, la parte quejosa aduce que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como mencionan en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al considerar violados sus derechos contenidos en los artículos 4, 14 y 16 Constitucional. Atento a lo anterior, como ya se mencionó, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo a que el presente expediente corresponde resulta improcedente, en razón de que en el caso, se actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el promovente carece de interés jurídico y legítimo para impugnar los actos que reclama. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Por su parte, los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ahora bien, cabe precisarse que el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por un acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a sus titulares, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses de los particulares. Asimismo, con la reforma al artículo 107 constitucional, así como la emisión de la nueva Ley de Amparo, al concepto de interés jurídico se añadió el de interés legítimo, con lo cual se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues, no solamente es necesario que la parte quejosa acredite la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o bien que demuestre un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Lo cual no implica que baste un interés simple o jurídicamente irrelevante, como el que tendría cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado; razón por la que el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tal virtud, se estima que el constituyente permanente mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que la parte quejosa pertenece a ella. Dicho criterio se contiene en la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), consultable en la página 1736, del Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003067, cuyos rubro y texto son: Por su parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, considera que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de la parte quejosa, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto -en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico-. Esto es, que el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa. Además, aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Tal determinación se aprecia en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de dos mil dieciséis, tomo II, página 690, Décima Época, registro 2012364, de rubro y texto siguientes: obre la base de lo expuesto, este Juzgado de Distrito considera que, a fin de que la demanda de amparo sea procedente, es necesario que se pruebe la existencia de un interés jurídico o uno legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa, ya que, de lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado al no cumplirse con el principio de parte agraviada. Atento a las razones dadas, lo procedente es analizar si en el caso la parte quejosa cuenta con interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo, para lo cual es menester atender a los actos reclamados transcritos con anterioridad, así como a lo expresado en la demanda en su integridad. El accionante del amparo reclama las CONVOCATORIA/OPC/001/TSJ/2023 y CONVOCATORIA/OPC/002/TSJ/2023, publicadas el seis de septiembre del año en curso en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", para llevar a cabo el procedimiento y designación de nuevos magistrados para efecto de ocupar las vacantes de Magistrados y con ello tener debidamente integradas las Salas de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como el Pleno de dicho Tribunal, con lo que se garantiza la administración de justicia. Así, de la interpretación integral del escrito inicial de demanda, se aprecia que, el quejoso promueve en su calidad de ciudadano del Estado de Morelos, en términos del artículo 13 de la Constitución Local, y que los actos por los que se pretende invocar la protección constitucional no se encuentran dirigidos a afectar de manera directa los derechos de la parte quejosa, ni tampoco le ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio por la especial situación que tienen en el ordenamiento jurídico. El quejoso refiere ser aspirante a ocupar uno de los cargos de magistrado actualmente vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sin embargo, de la demanda y anexo, se advierte que el procedimiento de selección se encuentra en las etapas iniciales, ya que recientemente, el seis de septiembre de dos mil veintitrés se publicaron las convocatorias que son la base del propio procedimiento selectivo. De la base QUINTA de la convocatoria, se advierte que a partir de la publicación inicia el procedimiento de selección; la recepción de registros de aspirantes quedó abierta a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y concluyó hasta el séptimo día hábil contado a partir del día hábil siguiente al de la publicación. Según la base SEXTA de la convocatoria, se advierte que en la primera etapa del concurso los integrantes del órgano político calificador formarán un expediente de las personas aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos en la base tercera. En la segunda etapa, los integrantes del órgano político calificarán la originalidad, calidad e integridad del ensayo y podrán investigar las fuentes utilizadas. Con posterioridad, según la base OCTAVA se convocará a los aspirantes a sesión ante el órgano político calificador, a fin de hacerles preguntas sobre su ensayo científico. De lo anterior, se advierte que, en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el Congreso del Estado de Morelos, todavía no toma una decisión sobre las personas aspirantes que ocuparán las plazas vacantes de Magistrados, porque el procedimiento de selección se encuentra en sus etapas iniciales, luego, ninguna afectación le causa al quejoso la continuación del procedimiento de selección ni las convocatorias que son su punto de partida. De acuerdo con lo anterior, las convocatorias per se, no tienen una afectación de imposible reparación en los derechos sustantivos del quejoso, pues éste, eventualmente, tendrá la oportunidad de participar en el procedimiento de selección y obtener la designación de magistrado. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el principio de definitividad en sentido horizontal, será hasta la designación de magistrados en las plazas vacantes cuando el Congreso del Estado podría llegar a afectar los derechos sustantivos del quejoso, pero no antes. En tal virtud, este Juzgado de Distrito considera que el accionante del amparo ********************, no cuenta con un interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. Lo anterior, se robustece con los antecedentes que realiza el quejoso en su escrito inicial de demanda; situación, que se corrobora para asumir que el único interés con el que cuenta, es un interés simple. Ahora, de los antecedentes narrados por el quejoso, así como de los conceptos de violación esgrimidos, no se advierte cómo es que los actos reclamados le causan alguna afectación, ya sea directa o por su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es así, toda vez que manifiesta que dichas convocatorias son inconstitucionales e ilegales, toda vez, que son omisas en reglas, criterios, pautas específicas y que violentan derechos humanos de legalidad, certeza jurídica, igualdad; así como, faltas al derecho humano de justicia completa, apartándose del mandato constitucional de tutelar el principio de paridad al emitir convocatorias generales, cuando es viable y legal, la emisión de una convocatoria exclusivamente para mujeres y otra para hombres, con lo que se privilegia el principio de paridad y se garantiza una integración paritaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Ante esas condiciones, sostiene que se violan los artículos 4, 14 y 16 Constitucionales, en íntima relación con el artículo 89 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano del estado de Morelos, así como los artículos 113, 117 y 123 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. De lo relatado, se aprecia que los actos por los que se promueve la demanda de amparo, no se encuentran dirigidos a afectar de manera directa el derecho del quejoso ni tampoco le ocasionan un perjuicio o le privan de un beneficio por la especial situación que tienen en el ordenamiento jurídico. En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que el aquí quejoso no cuenta con un interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que los actos aquí reclamados no le causan perjuicio alguno al aquí quejoso; por tanto, se concluye que el impetrante carece de un interés jurídico y legítimo para promover el presente juicio de amparo, toda vez que no basta que exponga un interés por la salvaguarda de la constitucionalidad y, como consecuencia, del orden legal, pues, como se dijo, para ello, se requiere un principio de agravio personal y directo, o una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. De ese modo, el interés del quejoso, no constituye en sí mismo un interés legítimo, ni mucho menos uno jurídico que se requiere para la procedencia del juicio de amparo. En tal virtud, como se adelantó, la parte quejosa sólo cuenta con un interés simple como el que tendría cualquier persona en que las autoridades cumplan con sus obligaciones establecidas de manera constitucional y legalmente, mismo que se puede advertir de la demanda, ya que como lo menciona, lo hace en su calidad de ciudadana del Estado de Morelos, y no menciona, ni se advierte, como los actos reclamados lesionan sus derechos fundamentales. Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, en términos del diverso 113 de la Ley de la Materia. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." También, tiene aplicación la tesis : IX.2o.2 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 2001356, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, Toma 2, Página 1793, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN OSTENTÁNDOSE ÚNICAMENTE COMO CIUDADANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, RECLAMA LA DETERMINACIÓN QUE APRUEBA LA REINCORPORACIÓN DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A SUS LABORES DESPUÉS DE QUE, CON MOTIVO DE UNA LICENCIA, OCUPÓ EL CARGO DE SECRETARIO DE DESPACHO EN EL GOBIERNO LOCAL, PORQUE ADUCE QUE DEBIDO A ESTE NOMBRAMIENTO DEJÓ DE CUMPLIR CON EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente, establece: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Ahora bien, el interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, según se aprecia en la obra "Juicio de Amparo e Interés Legítimo: La tutela de los Derechos Difusos y Colectivos", de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Editorial Porrúa, México, 2004, segunda edición, en la cual sostiene que el interés simple es un interés general que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal. Es el mero interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial. Asimismo, en cuanto al interés jurídico, dicho autor refiere que se le ha identificado con el derecho subjetivo, consistente en la situación de prevalencia o ventaja que el derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial. Además, respecto del interés legítimo precisa que corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular -de hecho o de derecho- en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado, aunque carezcan de un derecho subjetivo, por lo que su característica esencial es la utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: el interés legítimo debe ser personal y actual. Por otra parte, de la doctrina nacional reconocida en la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 241, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que los antecedentes del interés legítimo en nuestro marco legal se encuentran en el derecho administrativo, en donde se destaca como elemento de importancia el que la autoridad cause un perjuicio especial a una persona o a un grupo de personas, sin que se trate del que de manera general y uniforme se produce a grandes sectores de la población; de ahí que de prosperar la acción se traduzca en un beneficio jurídico en favor del accionante. Así, el interés legítimo para promover el juicio de amparo no llega al grado de requerir la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco es posible que toda persona, a pesar de que no se vea lesionada en su esfera jurídica, pueda promoverlo, porque esto lo tornaría en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador de violaciones. Consecuentemente, si quien ostentándose únicamente como ciudadano del Estado de San Luis Potosí, promueve juicio de garantías en el que reclama la determinación que aprueba la reincorporación de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia a sus labores después de que, con motivo de una licencia, ocupó el cargo de secretario de despacho en el gobierno local, porque aduce que debido a este nombramiento dejó de cumplir con el requisito previsto en el artículo 99, fracción VI, de la Constitución Política de la entidad, sin evidenciar o señalar cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, sino limitándose a basar su pretensión en que como parte de la sociedad tiene interés en que los funcionarios judiciales cumplan con los requisitos que para tal efecto establecen los ordenamientos jurídicos, resulta inconcuso que carece de interés legítimo en el amparo, pues su pretensión se basa en un mero interés simple, es decir, no evidencia cómo dicho acto o sus consecuencias afectan directa o indirectamente sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico", ni señala cuál sería esa situación -de hecho o de derecho- concreta que se vería afectada o beneficiada con la concesión o negativa del amparo y menos aún, cuál sería el beneficio real y específico, inmediato o mediato, que en su esfera jurídica concreta pudiera obtener con la regulación de la legalidad de los actos que reclama. Lo anterior es así, porque si no se alega que efectivamente la actuación del Magistrado sea irregular en aspectos concretos o situaciones jurídicas reales, con las cuales se vea comprometida su imparcialidad, probidad o independencia judicial, que deriven en afectación indirecta de la promovente, resulta incuestionable que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo". Autorizados En atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado, para el sólo efecto de oír y recibir notificaciones, sin facultades ampliar a ******************** en razón de que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Correo y teléfono Por otra parte, se tiene por señalada la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que precisa, como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, en caso de estimarse necesario. Domicilio No pasa inadvertido que el quejoso señala como medio especial de notificación el correo electrónico ********************, sin embargo, la Ley de Amparo no autoriza la práctica de notificaciones por ese medio, sino que sólo está permitido para establecer contacto para entablar comunicaciones no procesales, en caso de que se estime necesario. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del presente auto referido, así como las subsecuentes actuaciones, incluidas las personales, por medio de las listas de acuerdos electrónica que publica este Juzgado. Sin perjuicio de que con posterioridad la parte en cita, señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
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