Lenin Alfonso Reyes Ibarra

Expediente 935/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
935/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Lenin Alfonso Reyes Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Petición. El tercero interesado *** promueve incidente de modificación de la suspensión definitiva por hecho superveniente, bajo el argumento de que han transcurrido más de 17 meses desde que fue fijado el monto de la garantía, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar. Fundamentación. Artículos 66, 67, 132, 136, 138, 143, 144 y 154 de la Ley de Amparo. Tramite. El tercero interesado *** afirma que debe modificarse la suspensión definitiva en relación con el monto de la garantía, en virtud de que ha transcurrido un plazo considerable (más de 17 meses) desde que fue otorgada la suspensión definitiva. De acuerdo con el artículo 154 de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez de Distrito puede revocar o modificar la resolución en que se haya concedido o negado la suspensión, cuando concurran los siguientes requisitos : a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende; b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se negó la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. De acuerdo con la causa de pedir del tercero interesado *** la garantía decretada en la sentencia interlocutoria de 12 de diciembre de 2017 debe actualizarse, al transcurrir más de 17 meses desde que ésta fue dictada y en el juicio principal aún no se emite sentencia ejecutoriada. Así, considera que el transcurso del tiempo es un hecho superveniente que hace procedente su solicitud de modificación a la suspensión definitiva. Por tanto, debe analizarse si el tiempo transcurrido desde la emisión de la interlocutoria que decidió sobre la suspensión definitiva [12 de diciembre de 2017] a la fecha en que se promovió este incidente [24 de junio de 2019], constituye un hecho superveniente que deba dar lugar a la modificación. Caso concreto. El transcurso del tiempo, en el caso, no es un hecho superveniente. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la parte quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con tal figura jurídica se pudiera causar al tercero interesado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora. Es por ello, que al calcularla, en cada caso, se toma en cuenta un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. De ese modo, la garantía se debe fijar, con apoyo en un tiempo probable determinado por la autoridad judicial, para la conclusión del juicio según los parámetros objetivos que podría obtener, entre otros casos, de los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, que fuere bastante para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado; es decir, con un grado de probabilidad, pues como se mencionó, no es posible conocer con certeza la duración del juicio de amparo . Por tanto, el transcurso del tiempo probable de duración del juicio constitucional constituirá un hecho superveniente, en los términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, siempre que el Juez Federal, al decidir sobre la suspensión definitiva, tome como factor para establecer el monto de la garantía el transcurso de un plazo determinado y probable de solución del juicio de amparo. En el caso, la garantía fijada en la interlocutoria de 12 de diciembre de 2017, esto es, por la cantidad de *** se decretó de manera discrecional, al no contar con elementos suficientes para calcular de forma alguna su monto, pero para su fijación no se tomó en cuenta en ningún sentido la probable duración del juicio. Requisitos de procedencia y requisitos de efectividad. Otro aspecto, que evidencia lo infundado del incidente que se estudia, lo es que el "hecho superveniente" (que en realidad no lo es) se vinculó con un "requisito de efectividad" de la medida cautelar (garantía) no obstante, para que se pueda modificar o revocar la suspensión, el "hecho superveniente" debe estar relacionado con los requisitos de procedencia de aquélla, por lo siguiente: De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión a petición de parte, está sujeta a determinados requisitos establecidos en la ley, que son de dos clases: i) requisitos de procedencia; y, ii) requisitos de efectividad. Los requisitos de procedencia están constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, a saber: a) que los actos contra los cuales se haya solicitado dicha medida cautelar sean ciertos; b) que la naturaleza de esos actos permita su paralización; y, c) que reuniéndose los dos extremos anteriores, se satisfagan las exigencias previstas en el numeral invocado (que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público). En cambio, los requisitos de efectividad, implican aquellas exigencias que el quejoso debe cumplir para que surta sus efectos la suspensión otorgada. En congruencia con lo anterior, para que proceda la revocación o modificación de la suspensión de los actos reclamados, en términos de lo previsto en el artículo 154 de la citada ley, el hecho superveniente debe generarse en torno a los requisitos de procedencia , es decir, deben cambiar las condiciones que permitieron que surgiera la obligación jurisdiccional de conceder o negar la suspensión; más no si se atendieron o no las exigencias para que surtiera efectos (requisitos de efectividad). Por ende, la actualización de la garantía para que surta efectos la suspensión, no puede catalogarse como hecho superveniente, pues tal circunstancia no altera los requisitos legales de procedencia de la suspensión, esto es, no incide en el hecho de que se debiera conceder o negar la medida cautelar, por haber cambiado por un hecho posterior, las circunstancias del caso. En consecuencia, se desecha el incidente de modificación de la suspensión definitiva porque, en virtud de que el excesivo tiempo para la resolución del presente juicio constitucional no es un hecho superveniente a la medida cautelar, y por tanto, no resulta apto para modificar el monto de la garantía discrecional fijada en la interlocutoria 12 de diciembre de 2017 por *** Notifíquese; y, personalmente al tercero interesado

  2. Principal

    La autoridad responsable remite las constancias de notificación del incidente de liquidación de laudo dictado en el juicio laboral **. Sin mayor acuerdo, debido a que mediante auto de 30 de mayo de 2019, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Petición. La autoridad responsable, Jueza Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla: a.- Rinde su informe justificado. b.- Ofrece pruebas. c.- Devuelve diligenciado el despacho 142/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se ordenó emplazar a la ***, al presente juicio de amparo indirecto. Informe justificado. 1.- Se tiene por rendido el informe justificado y se ordena dar vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. 2.- Se admiten las pruebas ofrecidas. Relaciónense en la audiencia constitucional. 4.- Fórmense los legajos de pruebas II y III. Despacho. 1.- Se toma conocimiento del emplazamiento practicado; sin mayor acuerdo, toda vez que en auto de 27 de mayo de 2019 , se tuvo por apersonada en el presente juicio de amparo indirecto a la parte tercera interesada. 2.- Regístrese lo anterior en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 3.- Se ordena dar de baja la comunicación referida.

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