Lendy Barreiro Fragas

Expediente 385/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
385/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Lendy Barreiro Fragas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no recurrió el auto en que se decretó el sobreseimiento del juicio por desistimiento dictado el veinte de julio de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 385/2022. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído de mérito. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto sobreseído, pero se concedió la suspensión de oficio y de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa *****, manifestó que es su deseo desistirse de la demanda de amparo en su entero perjuicio. Los artículos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En tanto que el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, establece: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En efecto, si el juicio de amparo únicamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal, su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley y, si en el caso, la quejosa Lendy Barreiro Fragas, como se advierte de la diligencia de cuenta, ratificó el desistimiento de la demanda de amparo, es inconcuso que no es jurídico proseguir con su trámite contra la voluntad de los gobernados; por tanto, con fundamento en el arábigo 63, fracción I, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la legislación aplicable, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número mil ochocientos, consultable en la página dos mil novecientos dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, con número de registro 239867 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMÁS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, como por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, agosto de 2006, visible en la página 295, con número de registro 174481, cuyo contenido es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda parte-2, enero a junio de 1988, visible en la página 681, con número de registro 231764, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar la hora de la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184572 cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III, y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de la causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente lo que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo en retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competente e imparcial." Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. .

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el libelo de cuenta firmado por la quejosa Lendy Barreiro Fragas, por medio del cual desiste del presente juicio de amparo, en su perjuicio. En consecuencia, y toda vez que la parte quejosa se encuentra en la estación migratoria de Huatulco, Oaxaca, como es el caso, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que tenga a bien llevar la diligencia a través de los medios electrónicos correspondientes, tales como, el uso de la aplicación whatsapp, lo anterior de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 5 del diverso Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid_19. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como nuevo autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Osorio Mendoza, quien tiene inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por sí y en representación de la autoridad responsable Sub Representante Local de esa dependencia en Huatulco, Oaxaca; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. PRUEBAS Por otra parte, por lo que respecta a las constancias que adjuntan la autoridad de cuenta, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la normativa de la materia, se tiene como prueba la documental siguiente: -Copias certificadas del oficio INM/OROAX/RLH/SRLH/CVM/0251/2022. SIGILO Por otro lado, toda vez que los datos que adjunta la autoridad de cuenta, tiene el carácter de información confidencial, en términos de los numerales que cita en la misiva, y del arábigo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 113 fracción V, y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Juzgado de Distrito, adopta las medidas necesarias a efecto de resguardar y mantener la secrecía con la finalidad de salvaguardar los principios de reserva de identidad y la protección de los datos personales de identificación y localización; ello, en aras de salvaguardar sus derechos humanos, únicamente se permite el acceso de éste a los servidores públicos facultados para ello; debiéndose observar en todo momento lo dispuesto en los preceptos 9, 10 y 11, fracción VI, del primero de los ordenamientos citados, así como del dispositivo 24, fracción VI, del último estatuto mencionado; por tanto, su resguardo de los anexos, y previa copia de la promoción que se provee, la cual deberá testarse en la parte conducente a los datos de identificación. DELEGADOS Con fundamento en el artículo 9 de la legislación aplicable, se tienen como delegados de las responsables aludidas a las personas que mencionan. CORREO INSTITUCIONAL Así también, se toma conocimiento del correo electrónico que se proporciona para efecto de posteriores notificaciones, por lo que se tiene dicha dirección para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de remitir ahí las subsecuentes misivas que de este cuaderno se deriven. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para tener los números telefónicos que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el ordinal 26 del aludido ordenamiento, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. Finalmente, tomando en consideración que el informe de cuenta, no se recibió por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día dieciocho de los actuales, fijándose en su lugar las diez horas con once minutos del dieciséis de agosto de esta anualidad, para su celebración, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el arábigo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Se invoca en apoyo, por identidad de razones jurídicas, la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDOLOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.

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