Leidy Yareli Mejía Hernández
Expediente 868/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Leidy Yareli Mejía Hernández
- Leidy Yareli Mejía Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del presente incidente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Leidy Yareli Mejía Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que exhibió; con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita; bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega de los citados documentos. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CERTIFICACION Acto seguido, el secretario certifica: que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, con fundamento en lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requirió a la quejosa Leydi Yareli Mejía Hernández, para que dentro del término de quince días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se le hiciera del citado proveído, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con sede en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se resolvería únicamente conforme a las autoridades responsables y acto reclamado señalados en su escrito de demanda, siendo notificado del citado acuerdo el cinco de abril siguiente. Asimismo, en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, este juzgado se reservó proveer respecto a los escritos signados aparentemente por la quejosa, registrados con los folios 6161 y 6162, en virtud de que de la lectura de los mismos se advierte que las firmas que los calza son notoriamente distintas de las estampadas en su escrito inicial de demanda, así como del escrito mediante el cual interpuso recurso de queja en el presente asunto; por tanto; por seguridad jurídica, se requirió a la quejosa para que ante la presencia judicial acudiera a este órgano jurisdiccional a reconocer su firma y ratificara dichos escritos, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, previa advertencia del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo; siendo notificado del referido acuerdo el veintisiete de abril de dos mil veintidós. De igual forma, en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este juzgado determinó que en virtud de que en el auto de veintiséis de abril del presente año, no se fijó plazo con el que contaba la parte quejosa para ratificar los escritos signados aparentemente por la citada impetrante, así como el apercibimiento con el que se conminaba en caso de no cumplir con dicho requerimiento; por tanto, se ordenó requerir nuevamente a la quejosa Leydi Yareli Mejía Hernández, para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, acudiera a este órgano jurisdiccional a reconocer su firma y ratificara dichos escritos, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, previa advertencia del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo; siendo notificada del referido acuerdo el catorce de junio de dos mil veintidós, por lo que el referido termino de tres días trascurrieron del dieciséis al veinte del mismo mes y año; sin que la aludida quejosa haya hecho lo propio. Por lo anterior, se certifica que el término de quince días concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de abril de la presente anualidad, trascurrió del siete al veintisiete de abril del presente año, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado y el periodo comprendido a partir del día siguiente de la fecha en que se recepcionaron los escritos recibidos en esta juzgado el veintidós de abril de dos mil veintidós aparentemente signados por la parte quejosa hasta el último día en que feneció el término de tres días concedido a la impetrante en auto de diecinueve de mayo último, en el que se le requirió para que reconociera la firma y ratificara los escritos de mérito; sin que lo hiciera. Por lo anterior, se da cuenta a la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, con la certificación que antecede. Conste. La secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Vista; la certificación de cuenta se desprende que el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, acudiera a este órgano jurisdiccional a reconocer su firma y ratificara los escritos signados aparentemente por la referida impetrante, registrados con los folio 6161 y 6162, con los cuales pretende ampliar su demanda de amparo respecto a una autoridad responsable; lo anterior, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, previa advertencia del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo; siendo notificada del referido acuerdo el catorce de junio de dos mil veintidós, por lo que el referido termino de tres días trascurrieron del dieciséis al veinte del mismo mes y año; sin que la aludida quejosa haya hecho lo propio. En esa razón, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós; esto es, se tiene a la parte quejosa por incumpliendo el requerimiento que se le hizo en el precitado auto y por no reconociendo su firma y por no ratificando los escritos de mérito; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se tiene que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, con fundamento en lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requirió a la quejosa Leydi Yareli Mejía Hernández, para que dentro del término de quince días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se le hiciera del citado proveído, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con sede en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se resolvería únicamente conforme a las autoridades responsables y acto reclamado señalados en su escrito de demanda, siendo notificado del citado acuerdo el cinco de abril siguiente; por lo que el término de quince días concedido a la parte quejosa transcurrió del siete al veintisiete de abril del presente año, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado y el periodo comprendido a partir del día siguiente de la fecha en que se recepcionaron los escritos recibidos en esta juzgado el veintidós de abril de dos mil veintidós aparentemente signados por la parte quejosa hasta el último día en que feneció el término de tres días concedido a la impetrante en auto de diecinueve de mayo último, en el que se le requirió para que reconociera la firma y ratificara los escritos de mérito. En esa razón, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós; esto es, resuélvase el presente asunto únicamente conforme a las autoridades responsables y acto reclamado señalados en su escrito de demanda. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo consistentes en: Original de comprobante de ingreso al examen de selección con folio de CENEVAL 700031117. Copia simple de la convocatoria correspondiente al ciclo escolar septiembre 2021 - febrero 2022. Copia simple del reporte individual de resultados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de la quejosa. Copia certificada del acta de defunción a nombre del padre de la quejosa. Original de los escritos de treinta de julio de dos mil veintiuno, con sello de recibido el dos de agosto del año en mención, dirigidos al Rector, Director y Coordinadora, todos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Impresión de captura del correo electrónico referente a la asignación de sede para examen de admisión. Asimismo, la promovente ofrece como pruebas las ligas electrónicas siguientes: https://www.ujat.mx/aspirantes http://convocatoria.ujat.mx http://ujat.mx/aspirantes http://www.ceneval.edu.mx http://www.ujat.mx Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 868/2021-6, promovido por Leidy Yareli Mejia Hernández, contra actos del Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el cinco del mismo mes y año, Leidy Yareli Mejía Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 [.] "1.- La irregularidad en el proceso de admisión para ingresar a la licenciatura en Médico Cirujano correspondientes al ciclo escolar Septiembre 2021- Febrero 2022, pese a tener puntuación más alta que cincuenta concursantes que están siendo admitidos. 2.- La discriminación que soy objeto para ingresar a Cursar la licenciatura en Médico Cirujano por el hecho de no ser originaria del Estado de Tabasco; pese a tener mayor puntaje que diversos alumnos que fueron admitidos. 3.- La negación del derecho de aceptarme como alumna de nuevo ingreso en la licenciatura de médico cirujano, pese a tener mayor puntaje respecto de alumnos que si fueron admitidos; 4.- La falta de transparencia en los resultados obtenidos por los alumnos que concursaron a ingresar a la licenciatura en Médico Cirujano. [.]" AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Director de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Tabasco de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 3 Coordinadora del Programa Educativo de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA E IMPUGNACIÓN DE LA MISMA. Por auto de seis de agosto de dos mil veintiuno (fojas 88 a 100), se radicó la demanda de que se trata, registrada con el expediente 868/2021-6; y se desechó de plano la demanda de amparo presentada por Leidy Yareli Mejía Hernández, lo cual fue impugnado por la referida quejosa a través del recurso de queja mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, bajo el expediente 194/2021 de su índice. TERCERO. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 91-P3, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, mediante el cual anexó copia autorizada de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero de la presente anualidad en el recurso de queja 194/2021 de su índice, en el cual en su único punto resolutivo declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, a fin de que este juzgado dejara sin efecto el auto de desechamiento de la demanda de amparo y se pronunciara nuevamente sobre su admisión. Por lo que en atención a lo anterior, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. REQUERIMIENTO A LA QUEJOSA PARA QUE MANIFESTARA SI ERA SU DESEO AMPLIAR SU DEMANDA DE AMPARO. En proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, con fundamento en lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requirió a la quejosa Leydi Yareli Mejía Hernández, para que dentro del término de quince días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se le hiciera del citado proveído, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con sede en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se resolvería únicamente conforme a las autoridades responsables y acto reclamado señalados en su escrito de demanda, siendo notificado del citado acuerdo el cinco de abril siguiente. QUINTO. DIVERSO REQUERIMIENTO A LA QUEJOSA PARA QUE RATIFICARA ESCRITOS. En proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, este juzgado se reservó proveer respecto a los escritos signados aparentemente por la quejosa, registrados con los folio 6161 y 6162, en virtud de que de la lectura de los mismos se advierte que las firmas que los calza son notoriamente distintas de las estampadas en su escrito inicial de demanda, así como del escrito mediante el cual interpuso recurso de queja en el presente asunto; por tanto; por seguridad jurídica, se requirió a la quejosa para que ante la presencia judicial acudiera a este órgano jurisdiccional a reconocer su firma y ratificara dichos escritos, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, previa advertencia del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo; siendo notificado del referido acuerdo el veintisiete de abril de dos mil veintidós. De igual forma, en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este juzgado determinó que en virtud de que en el auto de veintiséis de abril del presente año, no se fijó plazo con el que contaba la parte quejosa para ratificar los escritos signados aparentemente por la citada impetrante, así como el apercibimiento con el que se conminaba en caso de no cumplir con dicho requerimiento; por tanto, se ordenó requerir nuevamente a la quejosa Leydi Yareli Mejía Hernández, para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, acudiera a este órgano jurisdiccional a reconocer su firma y ratificara dichos escritos, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, previa advertencia del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo; siendo notificada del referido acuerdo el catorce de junio de dos mil veintidós, por lo que el referido termino de tres días trascurrieron del dieciséis al veinte del mismo mes y año; sin que la que la aludida quejosa haya hecho lo propio. Por lo anterior, el termino de quince días concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de abril de la presente anualidad, trascurrió del siete al veintisiete de abril de dos mil veintidós; sin que lo hiciera. SEXTO. EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA QUEJOSA. Se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós; esto es, se tuvo a la parte quejosa por incumpliendo el requerimiento que se le hizo en el precitado auto y por no reconociendo su firma y por no ratificando los escritos de mérito; lo anterior para los efectos legales conducentes. Asimismo, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós; esto es, se ordenó la continuación del procedimiento en los términos planteados originalmente en su demanda. SÉPTIMO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, previos diferimientos a la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: Las irregularidades observadas en el proceso de admisión para ingresar a la licenciatura en Médico Cirujano correspondientes al ciclo escolar Septiembre 2021- Febrero 2022. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Abogado General, la Coordinadora de la Licenciatura en Médico Cirujano de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Tabasco y el Director de la División Académica multidisciplinaria de Comalcalco, Tabasco, todos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. De lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual le fue notificado oportunamente, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ofreciera prueba alguna con la que demostrara que el acto reclamado es atribuible a las autoridades responsables y no a otra diversa, aun cuando la carga procesal le correspondía, acorde a lo dispuesto en el numeral 119 del aludido ordenamiento jurídico. En ese tenor, es inexistente el acto reclamado toda vez que era a la parte quejosa a quien le correspondía probar el acto que reclama es atribuible a las autoridades señaladas como responsables, lo cual no aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 553, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 368 del Tomo VI, Parte TCC-1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Sin que pase inadvertido para la suscrita quien resuelve que la quejosa en su escrito de demanda de amparo haya anexado las siguientes pruebas documentales: Original de comprobante de ingreso al examen de selección con folio de CENEVAL 700031117. Copia simple de la convocatoria correspondiente al ciclo escolar septiembre 2021 - febrero 2022. Copia simple del Reporte individual de resultados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de la quejosa. Copia certificada del acta de defunción a nombre del padre de la quejosa. Original de los escritos de treinta de julio de dos mil veintiuno, con sello de recibido el dos de agosto del año en mención, dirigidos al Rector, Director y Coordinadora, todos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Impresión de captura del correo electrónico referente a la asignación de sede para examen de admisión. Asimismo, las ligas electrónicas siguientes: https://www.ujat.mx/aspirantes http://convocatoria.ujat.mx http://ujat.mx/aspirantes http://www.ceneval.edu.mx http://www.ujat.mx Sin embargo, respecto a las documentales identificadas con los incisos a), d), f) y g), a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 136, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, sin que hayan sido objetadas por alguna de las partes en cuanto a su autenticidad; sin embargo, de las mismas no se advierte la existencia del acto reclamado, en virtud de que la documental consistente en el comprobante de ingreso al examen de selección fue expedida por la Dirección de Servicios Escolares de la Secretaría de Servicios Académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; la cual se trata de una autoridad diversa a las señaladas como responsables en el presente juicio de amparo; sin que haya sido llamada a juicio por lo que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto, puesto que no se llamó a juicio a la autoridad que lo realizó, ni fue oída en el mismo, cuando acorde con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Del mismo modo, las documentales identificadas en los incisos d) y e), acreditan la fecha de nacimiento de la quejosa y el fallecimiento de su padre, respectivamente; siendo inconducentes para demostrar la existencia del acto reclamado; y además, que el mismo sea atribuible a las autoridades señaladas como responsables. Así también, respecto a los escritos identificados en el inciso f), se tratan de ocursos signados por la propia quejosa dirigidos a las autoridades responsables mediante los cuáles formula diversas manifestaciones relacionadas con su inconformidad con el proceso de admisión y selección de los aspirantes a ocupar un espacio como estudiante de la carrara de Médico Cirujano, ciclo escolar Septiembre 2021-Febrero 2022, derivado de la convocatoria que emitiera la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; con las cuales se prueba que dirigió tales peticiones a las autoridades señaladas como responsables, sin que se advierta que éstas hayan emitido el acto reclamado en el presente juicio de amparo; además, que de la diversa documental que anexó consistente en el comprobante de ingreso al examen de selección fue expedida por la Dirección de Servicios Escolares de la Secretaría de Servicios Académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; la cual se trata de una autoridad diversa a las señaladas como responsables en el presente juicio de amparo. Del mismo modo, respecto a la documental identificada en el inciso g), se acredita que el citado correo electrónico fue enviado por la Oficina de Servicios Escolares de la DAMC, mediante el cual únicamente se comunicó a la quejosa la fecha y lugar en que se llevaría a efecto el examen de selección a la carrera de médico cirujano; de ahí que resulte inconducente para acreditar la existencia del acto reclamado atribuible a las autoridades señaladas como responsables. Por otra parte, por lo que respecta a las documentales identificadas con los incisos b) y c), al ser copias simples, su valor probatorio se reduce a un indicio, que no arroja certeza jurídica de que sus contenidos sean verdaderos, aunque no hayan sido objetadas por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así la suscrita juzgadora estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.C.J/37 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1759, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Finalmente, respecto a las páginas web que indica, se tienen como un hecho notorio, de conformidad en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, y de la jurisprudencia XX.2o. J/24, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Sin embargo, resultan inconducentes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables respecto a la emisión del acto reclamado; quienes refirieron que dicho acto le es atribuible a diversa autoridad denominada Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dado que es la autoridad responsable que lleva a cabo el proceso de admisión en todas sus etapas de los aspirantes que pretenden ingresar a las diversas carreras que ofrece esa Universidad, sin que la mencionada autoridad haya sido llamada a juicio en virtud de que la quejosa no la señaló como tal no obstante haberle dado vista para tales efectos en auto de cuatro de abril del presente año; por lo que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto, puesto que no se llamó a juicio a la autoridad que lo realizó, ni fue oída en el mismo, cuando acorde con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Lo anterior, resalta la necesidad de citar a juicio a toda autoridad que haya intervenido en la emisión y ejecución del ato reclamado, dado que es imposible jurídicamente examinar la constitucionalidad de los actos de una autoridad no señalada por la quejosa como responsable. Se cita al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/205, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable a página 468, tomo II, octubre de 1995, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Leidy Yareli Mejía Hérnández, por el acto y motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese. CERTIFICACION SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de mayo del año actual, se requirió a la quejosa Leidy Yareli Mejía Hernández, para que en el término de tres días hábiles, al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, ante la presencia judicial acudiera a este órgano jurisdiccional a reconocer su firma y ratificara los escritos mediante los cuales por una parte manifestaba su deseo de ampliar su demanda de amparo respecto de una autoridad responsable, así como de los conceptos de violación; sin embargo, no obra en autos la constancia de notificación personal realizada a la impetrante de dicho acuerdo. En consecuencia, túrnense los autos a la actuaria judicial adscrita a este juzgado para efectos de notificar de manera personal a la quejosa el referido proveído de diecinueve de mayo del año en curso, lo cual deberá realizar bajo los lineamientos precisados en el multicitado auto. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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