Leidy Susana Freyssinier Mondragón

Expediente 905/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
905/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Leidy Susana Freyssinier Mondragón

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de agosto del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que se establece como fecha probable de destrucción el cinco de octubre de dos mil veintiséis. Finalmente, en cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.SACG/kpp*

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese en autos la razón actuarial de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, de la que se aprecia que no fue posible notificar a la parte quejosa Leidy Susana Freyssinier Mondragon y Dan Fernando Luna Cabello, el proveído de treinta de agosto pasado, dado que al constituirse en el domicilio ubicado en calle Antón Lizardo número 102, en Boca del Río, Veracruz, una persona del sexo masculino acudió a su llamado y le informó que en ese domicilio no conocen a los quejosos, de lo que esta autoridad toma conocimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, así como el auto de treinta de agosto del año en curso y las subsecuentes actuaciones por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o la conurbada de Veracruz, Veracruz. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa....se notifica a la parte quejosa el auto de esta fecha y proveído de treinta de agosto pasado... Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada en línea, por Leidy Susana Freyssinier Mondragon y Dan Fernando Luna Cabello, por propio derecho; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 905/2023-5 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por los quejosos y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En ese sentido, el que suscribe considera que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y para justificarlo procede traer a contexto el contenido del aludido numeral, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa (idóneo), dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. También se obtiene del citado numeral que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, es decir, que opera un caso de excepción, en las siguientes hipótesis: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El origen legislativo de dicho precepto legal se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables. Afirmación que encuentra sustento en la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." De esta manera, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales correspondientes deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, previamente a acceder a la justicia federal, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución General de la República, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En armonía con lo anterior, procede traer a colación los artículos 135, 310 y 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda." Del primero de los aludidos numerales, se obtiene que: a) Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho Código; la cual podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. b) Será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; c) La autoridad cuenta con un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. d) La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. e) En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Por su parte, el segundo de los aludidos numerales del mencionado código, establece -en lo que interesa- que si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Lo cual lleva implícito que el señalamiento de fecha y hora para la audiencia inicial, se realice con la oportunidad debida antes de esos quince días posteriores a la presentación de la solicitud, a efecto de que pueda celebrarse dentro de ese plazo. Por su parte, el tercero de los aludidos preceptos, dispone que las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en el citado código; que pra efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito; el derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución; y en el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. De esta guisa se colige que las partes tienen a su alcance el recurso de queja para impugnar en la vía ordinaria la omisión de un juez de control de responder una solicitud de audiencia inicial para formulación de imputación dentro del plazo de quince días que establece el código en cita, una vez efectuada la solicitud por la fiscalía; asimismo, se estima que para advertir la procedencia del recurso no se requiere interpretación adicional. Para justificar lo anterior, es oportuno ahora traer a cuenta, de manera esencial, que sobre el acto de "interpretación" el Pleno del Tribunal Supremo, en su anterior integración, sostuvo que el Juez debe tener presentes dos elementos, consistentes en el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación; pero si examinados los propósitos del legislador, se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. Y por suficiente regulación, debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los gobernados de los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho; es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido; permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación. Sobre esa base la Ley de Amparo sólo exime de la obligación de agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia. Ahora, si bien en el capítulo de Recursos ubicado en el titulo XII, capítulo I, Disposiciones Comunes, artículo 456, Reglas Generales del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se aduce expresamente al recurso de queja, sino sólo a la revocación y apelación, ello obedece a que el título se refiere a cómo podrán ser recurridas las resoluciones judiciales, esto es, tiene como presupuesto que exista una resolución judicial a combatir. En relación con lo antedicho, procede hacer alusión a los siguientes conceptos: Resolución judicial: acto procesal de un Juez o tribunal destinado a atender a las necesidades del desarrollo del proceso o a su decisión. Actos procesales: especie de actos jurídicos realizados para la constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición de una relación procesal; es decir, exclusivamente, los realizados del proceso. Así, se tiene que los actos procesales son las manifestaciones de la voluntad emitidos por los órganos personales de jurisdicción, por el Ministerio Público, por las partes y por quienes tienen en el proceso alguna intervención legitima. Luego, si el artículo 135 refiere que procederá queja en contra del juzgador natural por no realizar un acto procesal, es inconcuso que en la especie dicho recurso no podía estar incluido en el título de recursos si en éste sólo se alude a aquellos que proceden en contra de las resoluciones judiciales. Esto es, el legislador contempló en un capítulo los recursos que procedían contra las determinaciones judiciales; y decidió colocar en el apartado de "Jueces y Magistrados" el recurso de queja procedente en contra de las omisiones de los Jueces. Entonces, es válido afirmar que la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no requiere interpretación adicional del precepto, porque en atención a lo que sobre el acto de "interpretación" sostuvo el Pleno del Tribunal Supremo, en su anterior integración, es que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Por ello, se afirma que en el caso el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-; y si por suficiente regulación, debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los gobernados de los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, el numeral 135 citado que regula la queja constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de él puede obtenerse el dictado del acto omitido. Así las cosas, se estima que previo a la promoción del juicio de amparo debe agotarse el recurso de queja en mención, porque además la "omisión" a la que éste se refiere no es autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como, por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre la celebración de una audiencia inicial; dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/4 emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 4642, tomo V, libro 21, enero de 2023, materias común y penal, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2025770, de título y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la omisión del Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, de responder al oficio 33/2023 de nueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual la Fiscal Primera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Boca del Río, Veracruz, y otra, solicitaron audiencia inicial para formular imputación contra Gerardo Enrique Ramos Ruiz. Por tanto, al tenor de las premisas expuestas, previo a instar el presente juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para combatir la referida omisión; ya que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Por tanto, es dable establecer que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En adición a ello, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada pudiera considerarse como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.) del Tribunal en Pleno, visible en la página 8 del libro 55, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 2018, Décima Época, con registro digital 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, ante la concretización del mencionado supuesto de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones en el que indica en su ocurso. Asimismo, ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Ricardo Toledo Aguirre, Honorio Martín Aparicio Aparicio Sánchez y Elizabeth Martínez López, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y solo para oír y recibir notificaciones a las restantes personas por así haberlo solicitado el promovente. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Sandra Alicia Castelán González, secretaria con quien actúa y da fe...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese los autos, para que conste como corresponda, el oficio recibido por correo electrónico signado por la Directora General de Atención a Requerimientos Ministeriales y Judiciales, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas para cumplir con el requerimiento de uno de agosto del año en curso, en el cual se le solicitó para que proporcionara los datos peticionados por la autoridad fiscal, es decir; el Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, la Clave Única del Registro Poblacional de la David Córdova Campos, de lo que este resolutor federal toma nota y se encuentra en espera de que remita lo solicitado. Notifíquese....

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