Leidy Ruth González Salazar
Expediente 497/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leidy Ruth González Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 497/2023-VII, promovido por Leidy Ruth González Salazar contra los actos que reclama al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, por violación a los artículos 4°, octavo párrafo, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Yucatán, Leidy Ruth González Salazar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales, a su parecer, eran violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 4°, octavo párrafo, 8 y 17 de la Constitución federal. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda relativa a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual quedó registrada con el número 497/2023-VII y, previa prevención, se admitió en auto de veinticinco de abril siguiente; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; y, se dio la intervención que correspondía a la agente adscrita del Ministerio Público de la Federación. Tercero. Emplazamiento a la parte tercero interesada. En proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se reconoció a Pedro Alberto Rivero Fernández, el carácter de tercero interesado, ordenándose su llamamiento a juicio, el cual se realizó el veinticuatro de agosto ulterior. Cuarto. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 94, primer párrafo, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman actos negativos que se atribuyen a una autoridad administrativa con residencia en el estado de Yucatán, ámbito territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. En apoyo a lo anterior, cabe citar la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 341348. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno del más Alto Tribunal del país, con registro digital 192097. Y la tesis aislada P. VI/2004, de la referida instancia, con registro digital 181810. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Leidy Ruth González Salazar reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social La negativa de aplicar el descuento por la cantidad de $33,574.53 treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia, a cargo de las percepciones mensuales que devenga Pedro Alberto Rivero Fernández, ordenada en resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, en el juicio ordinario civil de divorcio 1995/2011, que aquel promovió contra la quejosa. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que este, por conducto de su apoderado Arturo de Jesús Salazar Moo, reconoció su existencia al rendir su respectivo informe con justificación. Aún más, la certeza apuntada se corrobora con la copia digitalizada con firma electrónica del oficio 339001400100/JDSJ/DC/OJCAEP/3174/2023 de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, remitida por la responsable, en apoyo a su informe justificado, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia visible con el número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 917812. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sin número sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, con registro digital 395571. En el particular, este juzgador considera que respecto del acto reclamado al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los distintos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la invocada legislación, vinculada con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, esos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Pues bien, conforme al numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con registro digital 161133, sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa ejecutoria el Máximo Tribunal del país precisó que la autoridad para efectos del juicio de amparo la constituye aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales; esto es, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. El criterio de mérito es el contenido en la tesis aislada P. XXVII/97, con registro digital 199459, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentado lo anterior, cabe ahora precisar que, como se vio en el apartado respectivo, la quejosa reclama la negativa del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social de aplicar el descuento por la cantidad de $33,574.53 treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, en concepto de pensión alimenticia, a cargo de las percepciones mensuales que devenga el tercero interesado Pedro Alberto Rivero Fernández, ordenada en resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, en el juicio ordinario civil de divorcio 1995/2011. Siendo que la negativa de ese descuento, según lo aseverado por la responsable en su informe justificado, obedece, sustancialmente, a la necesidad de respetar el derecho al mínimo vital del deudor alimentario, por cuanto este percibe en concepto de pensión por cesantía en edad avanzada la suma mensual de $35,345.47 treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional, y cuenta con descuentos adicionales en concepto de pensión alimenticia, los cuales ascienden a la cifra de $27,068.65 veintisiete mil sesenta y ocho pesos con centavos moneda nacional, restándole únicamente la cantidad de $8,276.87 ocho mil doscientos setenta y seis pesos moneda nacional. Pues bien, se afirma se actualiza la causal de que se trata, ya que si bien la negativa del descuento solicitado es atribuible al ente de seguridad social de referencia, lo cierto es que esta deriva de un mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional (descuento de pensión alimenticia), para lo cual la forma de cumplimentarlo o no, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que es obvio que más bien se despliega en calidad de patrón. En esa tesitura, la negativa de mérito constituye una cuestión que no puede desvincularse de su origen y, por tanto, debe dirimirse ante la autoridad jurisdiccional que conoce de los asuntos de índole familiar, pero no a través del juicio de amparo contra un ente administrativo en su carácter de patrón, por cuanto este únicamente actúa como auxiliar de la autoridad jurisdiccional que ordenó la retención de los ingresos mensuales del enjuiciado en concepto de pensión alimenticia. De otro modo dicho, la conducta que se atribuye a la responsable, en realidad, deriva de su carácter de empleador del tercero interesado y simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque si bien el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo establece que autoridad responsable es la es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, lo cierto es que resulta necesario de que el acto revista las características previamente apuntadas, toda vez que así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver cuándo un determinado organismo o ente cumple con los atributos para ser considerado autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, cuando el acto reclamado constituye el descuento a un trabajador en concepto de pensión alimenticia o bien, su negativa, como en el caso, el juicio constitucional resulta improcedente, por la básica consideración de que esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del referido numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de ser analizadas a través del procedimiento de amparo. Aún más, a pesar de que la legislación de la materia contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, esto de modo alguno implica que todos los actos que estos realicen se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, deben ser unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Sobre esa base, se insiste, el acto que reclama la quejosa no constituye, de acuerdo a su naturaleza, uno atribuible a una autoridad, toda vez que la señalada como responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, y simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que esa conducta revista la características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta naturaleza resulta improcedente. Resulta aplicable, la jurisprudencia VII.2o.C. J/28, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 168203. Por analogía, la diversa III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con registro digital 2011298. Y la tesis aislada I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 202602. Por las anotadas consideraciones, al haberse materializado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la invocada legislación. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la jurisprudencia visible con el número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 394465. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76 al 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leidy Ruth González Salazar contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta ejecutoria. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria, licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término que se dio al tercero interesado Pedro Alberto Rivero Fernández, por acuerdo de quince de agosto del año en curso, para imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se agrega al presente expediente el oficio de la Apoderada Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede de esta ciudad, con el cual da cumplimiento a lo requerido por este juzgado federal y proporciona el domicilio en el cual se puede localizar a ********************, tercero interesado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, del oficio de cuenta y de los diversos que obran en autos se advierten los siguientes domicilios: Calle cuarenta y nueve "D", número trescientos setenta, por las calles cincuenta y seis y cincuenta y ocho, del Fraccionamiento Francisco de Montejo, Segunda Etapa, colonia Chuburná, Mérida, Yucatán. Calle cuarenta y nueve "E", número trescientos setenta y uno, por calles cincuenta y seis y cincuenta y ocho, del Fraccionamiento Francisco de Montejo Segunda Etapa, Colonia Chuburná, Mérida, Yucatán. Calle Rattan, número ciento vente, colonia Santa Gertrudis Copó, privada Cocoyoles, Mérida, Yucatán. Calle quince, número trescientos quince, Campestre, Mérida, Yucatán. Calle veintidós "B" número noventa y tres por calles once "A" y trece, de la colonia Chuburná de Hidalgo INN, segunda etapa, Mérida, Yucatán. Calle veinticinco, número ochenta y cinco entre catorce y dieciséis, de la colonia Chuburná de Hidalgo INN, Mérida, Yucatán. Calle ochenta y seis, número quinientos veintisiete, entre calle siete y calle once A uno, colonia Residencial Pensiones séptima etapa, Mérida, Yucatán. En virtud, de lo antes indicado, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, se constituya en los predios antes señalados, y previo cercioramiento de que alguno de dichos predios corresponde al domicilio del tercero interesado ********************, proceda a emplazarlo a juicio, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente asunto en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, entregándole copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo; asimismo, deberá prevenirlo para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal, sin necesidad de ulterior acuerdo, hasta en tanto subsane su omisión. Y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista del tercer interesado, el informe con justificación de la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Finalmente, se comunica al tercero interesado que se señalaron las once horas con veintisiete minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para llevarse a cabo la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO-TERCERO INTERESADO. Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se agrega al presente expediente el oficio de la Apoderada Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede de esta ciudad, con el cual da cumplimiento a lo requerido por este juzgado federal y proporciona el domicilio en el cual se puede localizar a ********************, tercero interesado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, del oficio de cuenta y de los diversos que obran en autos se advierten los siguientes domicilios: Calle cuarenta y nueve "D", número trescientos setenta, por las calles cincuenta y seis y cincuenta y ocho, del Fraccionamiento Francisco de Montejo, Segunda Etapa, colonia Chuburná, Mérida, Yucatán. Calle cuarenta y nueve "E", número trescientos setenta y uno, por calles cincuenta y seis y cincuenta y ocho, del Fraccionamiento Francisco de Montejo Segunda Etapa, Colonia Chuburná, Mérida, Yucatán. Calle Rattan, número ciento vente, colonia Santa Gertrudis Copó, privada Cocoyoles, Mérida, Yucatán. Calle quince, número trescientos quince, Campestre, Mérida, Yucatán. Calle veintidós "B" número noventa y tres por calles once "A" y trece, de la colonia Chuburná de Hidalgo INN, segunda etapa, Mérida, Yucatán. Calle veinticinco, número ochenta y cinco entre catorce y dieciséis, de la colonia Chuburná de Hidalgo INN, Mérida, Yucatán. Calle ochenta y seis, número quinientos veintisiete, entre calle siete y calle once A uno, colonia Residencial Pensiones séptima etapa, Mérida, Yucatán. En virtud, de lo antes indicado, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, se constituya en los predios antes señalados, y previo cercioramiento de que alguno de dichos predios corresponde al domicilio del tercero interesado ********************, proceda a emplazarlo a juicio, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente asunto en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, entregándole copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo; asimismo, deberá prevenirlo para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal, sin necesidad de ulterior acuerdo, hasta en tanto subsane su omisión. Y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista del tercer interesado, el informe con justificación de la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Finalmente, se comunica al tercero interesado que se señalaron las once horas con veintisiete minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para llevarse a cabo la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese y personalmente al tercero interesado. (.) Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a la quejosa ********************, para que desahogara el requerimiento, sin que lo hubiese hecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos a la parte quejosa, en el sentido de que comparece únicamente por su propio y personal derecho y no en representación de la menor de edad con iniciales ******************** Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ******************** contra actos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo, para su apertura de oficio. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las once horas con treinta y siete minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. (...) Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público Federal Adscrito. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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