Leidy Maria Rosado Dzul
Expediente 2297/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2297/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leidy Maria Rosado Dzul
Actuaciones
- Principal
ELECTORNICO Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el treinta de diciembre de esta anualidad, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitirse por separado los cuadernos incidentales relativos. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTORNICO Vistos para resolver el juicio de amparo 2297/2021-VII-B, promovido por Leidy María Rosado Dzul, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 2297/2021-VII-B, y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La paralización del procedimiento 68/2008, desde el seis de noviembre de dos mil ocho, al omitir dictar el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de pruebas. TERCERA. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Magistrado Presidente, al que anexó copia certificada de las actuaciones del expediente natural 68/2008, que lo apoya. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, este Juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó la autoridad judicial responsable a su informe de ley. A las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del citado procedimiento, dictó el acuerdo de pruebas correspondiente, señalando fechas y horas para el desahogo de las que requieran perfeccionamiento legal, mismo que fue notificado a la parte quejosa en forma personal el seis siguiente. Lo que evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que se oponga a la presente determinación, la circunstancia de que hasta este momento procesal no obre en autos la constancia relativa al emplazamiento a juicio de la tercero interesada, misma que se realiza vía postal; toda vez que el sentido de la presente determinación no le depara agravio alguno, y en su caso, podría a través del recurso de revisión adhesiva hacer valer causales de improcedencia que a la postre resultaren fundadas; sin embargo, el sentido del fallo sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 556, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y registro: 2017707; que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Así como la tesis I.11o.C.40 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el 09 de abril de 202, Materia(s): (Común), con registro: 2022945, que dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL TERCERO INTERESADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Hechos: En el juicio de amparo indirecto se dictó sentencia que decretó el sobreseimiento; contra dicha resolución el tercero interesado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el tercero interesado carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que decretó el sobreseimiento, al no causarle agravio en su esfera de derechos. Justificación: Lo anterior es así, pues del examen lógico y correlacionado de los artículos 81, fracción I, inciso e) y 82 de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo indirecto está condicionada a que dicho fallo cause agravio al recurrente -pues de serle favorable sólo podría promover revisión adhesiva, a fin de tratar de conservar lo ya obtenido en esa sentencia-. Entonces, el derecho subjetivo afectado por una sentencia dictada en la audiencia constitucional es lo que configura el perjuicio que da legitimación para impugnarla en el recurso de revisión. Por ello, no sólo se requiere ser parte en el juicio de amparo para estar en aptitud de recurrir en revisión la sentencia que ahí se emita, sino que ésta afecte un derecho subjetivo del recurrente; de ahí que el interés del tercero interesado radica, comúnmente, en que subsista el acto reclamado, de manera que si el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento, esa determinación no afecta sus derechos como parte en el juicio de amparo, porque produce el efecto de que subsista el acto reclamado." QUINTA. Toda vez que la parte quejosa, manifestó estar ANUENTE a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual fue acordado favorablemente mediante proveído de veintinueve de noviembre último. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Leidy María Rosado Dzul, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán; nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese el sobre devuelto por la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, el cual contiene el oficio 21106/2021 dirigido al Fiscal General de la República, por el que se le notifica el auto de dieciocho de agosto de este año (no obstante que en el sobre devuelto aparezca la fecha catorce de octubre de la anualidad), el cual no fue entregado advirtiéndose del reverso del referido sobre la leyenda "Rehusado por Of. De Partes por no corresponder a la Dirección que cita". En consecuencia, toda vez que de la página de internet de la Fiscalía General de la República, se aprecia que el domicilio que contiene el indicado sobre es el correcto en el que tiene su domicilio dicha responsable; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, virtud a que la oficina de correspondencia postal no otorga mayor información para considerar que la denominación de la responsable no es la correcta o que no exista, reexpídase el oficio de mérito a fin de notificar el contenido del indicado oficio. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito del quejoso Sergio Andrés Cupul Sabido, por medio del cual, por una parte, señala la imposibilidad que tiene para señalar el domicilio del tercero interesado Felipe Ángeles Pasos Lara y, por la otra, de pretender ampliar su demanda de amparo respecto a nuevos conceptos de violación y actos reclamados a los actuarios adscritos al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial, con sede en Motul, Yucatán, a los que les atribuye: La omisión de notificarle, de manera personal, la sentencia, el auto que requiere su cumplimiento, la planilla de liquidación y el auto que decreta el auto de transe y remate de los bienes que en esta vía defiende, todos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 457/2019. IMPOSIBILIDAD DE SEÑALAR DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO Se toma conocimiento de sus manifestaciones, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento pues mediante auto de veintiséis de noviembre pasado se determinó iniciar el trámite de investigación del domicilio del indicado tercero interesado. AMPLIACIÓN DE DEMANDA A fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer lo conducente en lo tocante a la ampliación de la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS hábiles, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, aclare su escrito en los siguientes términos: 1. Deberá señalar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado por el que intenta la ampliación de la demanda. Cabe acotar que la ampliación de la demanda de amparo participa de la misma naturaleza del escrito inicial, pues implica la adición o modificación, por el quejoso, de lo expuesto originalmente, para que forme parte de la controversia que deberá resolver este órgano federal, y su inclusión se estima indispensable para que se dé una solución adecuada al conflicto planteado, por lo cual, se rige por el sistema integral de las reglas procesales del juicio de amparo y, en ese sentido, le son aplicables los artículos 108 y 114 de la legislación antes invocada. En el caso concreto, la parte quejosa pretende ampliar su demanda sin señalar expresamente bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado ni los preceptos constitucionales que estima transgredidos, no obstante que indica: "Protesto lo necesario." en la parte final de su ocurso; sin embargo, esa manifestación no suple los presupuestos procesales que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo para la formulación de la demanda y el escrito de ampliación, pues se trata de una frase acuñada en la práctica forense para denotar respecto a este órgano federal y no la satisfacción del presupuesto procesal en comento. Por ende, ante su inexistencia es procedente prevenir a la parte quejosa para que aclare su escrito de ampliación de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia VI.1o.A. J/51 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010, visible a página 1027, del rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. ACLARACIÓN DE LA. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO. Existe pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no obstante que la ampliación de demanda no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, resulta indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto planteado por el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo, con apoyo en el artículo 17 constitucional; criterio plasmado en la jurisprudencia 12/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO.". Por otro lado, el artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando la demanda sea irregular o deficiente por alguna de las causas que prevé, es obligación del Juez de Distrito de prevenir al quejoso para que si lo estima pertinente la subsane o la aclare dentro del término de tres días, con el apercibimiento correspondiente. Ahora, si bien dicho precepto legal se refiere a la demanda de amparo, sin embargo, también debe aplicarse a su ampliación, si es que en ésta no se expresó con precisión el acto reclamado, o incluso si hubiera alguna otra irregularidad, y prevenir al quejoso para que subsane tal imprecisión o irregularidad, con el apercibimiento que el propio artículo contempla, pues sólo así, después de dar al promovente la oportunidad de aclararla, el juzgador podría dar una solución adecuada al conflicto planteado por el impetrante." 2. Deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes por las que se pretende la ampliación, de la siguiente manera: tres para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y otra más para el tercero interesado. Lo anterior, con apoyo en el artículo 110 de la Ley de Amparo y en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento efectuado, dentro del plazo otorgado (cinco días), se tendrá no presentado su escrito de ampliación de demanda, de conformidad con la interpretación del invocado numeral 114 de la Ley de la materia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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