Leidy Edith Zuñiga Quintanilla

Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Leidy Edith Zuñiga Quintanilla

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 50 a 52), que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por interpretación extensiva y, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la quejosa ***, en proveído de veinte de marzo de dos mil veintitrés, (fojas 8 a 22), para que desahogaran la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubieren realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada, la demanda de amparo promovida por la quejosa ***. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, de febrero de 1994, página 307, con registro digital 213454, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Ahora, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en su Capítulo Cuarto "Sentencias y Tesis", numerales 191 y 192, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico designado para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado y por oficio a las autoridades responsables

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado electrónicamente por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y anexos, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de seis de marzo del año en curso (fojas 383-387), informa los actos tendentes al cumplimiento a la sentencia amparadora, esto es: Que en catorce de marzo del año en curso, tuvo por recibido el escrito de nueve de marzo del actual, suscrito por el licenciado Sergio Valdez Aguilar, mediante el cual se tuvo aceptando y protestando el cargo de defensa particular del sentenciado aquí quejoso *****. Asimismo, en el referido proveído se tuvo por recibido el escrito signado por el sentenciado de merito en diez de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó su traslado voluntario al CEFERESO número 11 ubicado en Hermosillo, Sonora, esto por acercamiento familiar; en consecuencia, se le hizo del conocimiento que la oficiante de merito no era competente para conocer dicha petición, ya que como indicó en diverso proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, comulgaba con los criterios establecidos por los señores Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial *****, en el sentido que el traslado solicitado por el privado de la libertad constituye una cuestión administrativa de internación, sobre la cual la competencia la tendrá el Juez del fuero donde se encuentre interna la persona privada de la libertad, lo anterior obedece a que los centros de internamiento están adscritos a las autoridades judiciales del mismo fuero, por lo que en el caso concreto, al ser del orden Federal el Centro Penitenciario donde guarda reclusión el sentenciado aquí quejoso *****, queda sujeto a la autoridad Judicial Federal. Por consiguiente, comunica que declinó la competencia en favor del Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, ello al considerar que es el juez competente por razón de fuero y territorio para conocer de la petición de traslado efectuada por el privado de la libertad. Además, ordenó a la Administración Judicial de ese Partido Judicial de Mexicali, Baja California, remitir a dicho Juez de Ejecución del Estado de Chiapas, el escrito original de dicha solicitud y solicitó el acuse de recibo, asimismo, giró oficio al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con los anexos necesarios, para que en apoyo de las labores de la responsable de trato, ordenara la notificación del privado de la libertad en el Centro Penitenciario que se encuentra con el contenido del auto pronunciado por esa Autoridad en fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés. A efecto de acreditar lo antes expuesto, remitió copia de las siguientes constancias que a continuación se describen, mismas que obran en el cuaderno de ejecución de origen: 1. Proveído de fecha catorce de marzo del cursante año. 2. Exhorto *****, signado por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual remite el referido proveído al Presidente del Supremo Tribunal del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 3. Oficio *****, en el cual se remite el multicitado acuerdo al Juez Especializado en Ejecución en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal de Chiapas. 4. Escrito de nueve de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Licenciado *****, así como el diverso escrito signado por el sentenciado hoy quejoso de fecha diez de marzo de dos mil veintitrés. VÍAS DE CUMPLIMIENTO. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento al fallo protector. NOTIFICACIÓN A QUEJOSO. Hágase del conocimiento al quejoso de la presente determinación, en el lugar de su reclusión, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social número quince "CPS CHIAPAS" y entréguesele copia de la misma. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico *****. SE REQUIERE NUEVAMENTE CUMPLIMIENTO. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Así las cosas, en el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil unidades de medida y actualización; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. De ahí que, una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. (.). En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 192, de la Ley de amparo, requiérase nuevamente vía correo electrónico a la autoridad responsable Jueza de Control Especialidad en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al que se le notifique el presente proveído, informe el estado procesal que guarda el procedimiento de beneficio de libertad anticipada, en el cuaderno de ejecución *****, de su índice. Apercibido que de no cumplir dentro del plazo concedido con el fallo protector sin causa justa, en el término indicado, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa consistente en cien unidades de medida y actualización (.). Notifíquese.

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