Leidy Dayana Gualteros Franco
Expediente 1893/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1893/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leidy Dayana Gualteros Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1893/2017, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Sin embargo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1893/2017-V, promovido por LEIDY DAYANA GUALTEROS FRANCO, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito recibido ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, y turnado en la misma fecha ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, LEIDY DAYANA GUALTEROS FRANCO, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de actos que reclamó de la Directora General, y Encargada de Área de Trabajo Social, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". SEGUNDO. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete se admitió la demanda, por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridad residente en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman de la Directora y del Encargado del Área de Trabajo Social, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", en esta instancia constitucional, se traducen en lo siguiente: La omisión de concederle llamada telefónica con sus familiares en el País de Colombia, de donde, dice, es originaria, desde el ocho de octubre de dos mil diecisiete. Establecido lo anterior, debe decirse que no son ciertos tales actos. En primer término, debe decirse que la autoridad responsable, remitió la nota informativa de ocho de diciembre de dos mil diecisiete (foja 29), de la que se aprecia que la quejosa tiene registrados a las personas para llamada telefónica y sus respectivos números, siendo los siguientes: ANDRÉS GUALTEROS, quien es su progenitor, con número terminación 323, en Colombia; ROSALINDA TAVIZÓN DE LA ROCHA, suegra, con número telefónico terminación 61, en México; JAVIER ALFONSO SALAZAR GARCÍA, cuñado, número terminación 846, en México; y Consulado, con número 01 555 511 0034 Ahora bien, de las fotocopias certificadas de las constancias de solicitud y ejecución de llamadas, correspondientes a los días once, diecisiete, veintitrés de octubre, dos, cinco, nueve once, diecisiete y veintitrés de noviembre, todas de dos mil diecisiete (fojas 33 a 41), se advierte que en todas esas fechas solicitó llamada telefónica y que le fue concedido el derecho de realizarla. También se advierte que no en todos los casos pudo entablarse comunicación, como en los días diecisiete de octubre, dos, cinco, once, diecisiete y veintitrés de noviembre, en que aparece que no contestaron o sonaba ocupado. En cambio, el once de octubre de dos mil diecisiete sí se solicitó y concedió llamada telefónica, que realizó por un lapso de diez minutos, con JAVIER ALFONSO SALAZAR GARCÍA, cuñado de la quejosa, como ahí quedó asentado y firma de conformidad ésta (foja 41 anverso y reverso). El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, sí se solicitó y concedió llamada telefónica, que realizó por un lapso de diez minutos, con JAVIER ALFONSO SALAZAR GARCÍA, cuñado de la quejosa, como ahí quedó asentado y firma de conformidad ésta (foja 39 anverso y reverso); Así mismo, el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se solicitó y concedió llamada telefónica, que realizó por un lapso de veinticinco minutos, con el consulado, como ahí quedó asentado y firma de conformidad ésta (foja 37 anverso y reverso). A la fotocopia certificada de las documentales indicadas, por ser un documento público, expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, se le otorga eficacia probatoria plena, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, debe decirse que a la fecha de presentación de la demanda no había omitido conceder el derecho a llamadas telefónicas a la aquí quejosa, por LEIDY DAYANA GUALTEROS FRANCO, pues como se ha establecido, con regularidad se le ha otorgado esa posibilidad, pues en el lapso que señala en la demanda, es decir, del ocho de octubre a la fecha de presentación de la demanda, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo ocasión de realizar nueve intentos a los números registrados, con tres intentos favorables en las fechas y los números indicados. Y si bien es cierto que el resto de los intentos no tuvieron resultado favorable, no es un aspecto que dependa de la autoridad responsable, ya que no puede atribuírsele responsabilidad por el hecho de que la persona a quien se ha dirigido llamadas telefónicas, omita contestar. Crea convicción en el que esta sentencia suscribe, que en todas las constancias de solicitud de llamada y constancia de realización, aparece la firma de la quejosa acerca de la veracidad de lo que en dichas documentales se plasmó, sin que fueran objetadas en el presente juicio, razón por la que de conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede eficacia probatoria. Entonces, si la responsable niega omitir respetar el derecho a las llamadas telefónicas y exhibe además, las constancias que así lo justifican, en el periodo en que la quejosa afirma que ocurrió la omisión, es evidente que a la quejosa correspondía desvirtuar la negativa, sin embargo, no lo hizo. No pasa por alto que la quejosa afirmara en la notificación de tres de enero del año en curso (foja 98), que no estaba de acuerdo, porque las llamadas sólo se estaban realizando en México y no en Colombia y que no las realizaban porque no sabían hacerlo. Además, que había proporcionado otro número que no registraban las autoridades responsables. Sin embargo, queda desvirtuada la afirmación de que no sabían marcar, con las propias documentales en las que se hizo constar que la razón por la que no se entabló comunicación, fue el hecho de que no contestaron las llamadas, y no que por incorrecta marcación. Por otra parte, respecto a que hubiera proporcionado otro número que no se registrara, la quejosa no refirió qué número y la autoridad negó tal situación, sin que se aportara prueba alguna en aras de desvirtuar la negativa. Por tal motivo, respecto al acto que se explicó, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no demostrarse la omisión combatida. Por lo expuesto, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LEIDY DAYANA GUALTEROS FRANCO, respecto al acto y por cuanto a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
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Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado el cinco de enero actual, remite copia certificada de las solicitudes de llamadas telefónicas realizadas por la quejosa Leydi Dayana Gualteros Franco a Colombia; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. Dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, la constancia de notificación personal a la quejosa del auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, de la que se advierten las siguientes manifestaciones: Atento a lo anterior, ténganse por vertidas las manifestaciones de la quejosa, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a la solicitud de la quejosa de requerirle a la "trabajadora social" que dé de alta el número de celular de su familia en Colombia, requiérase a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, informe si la quejosa ha proporcionado un número de teléfono celular de su familia en Colombia y, de ser así, si éste ya fue dado de alta. Apercíbase a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos" que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6345/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.
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