Lehi Israel Martínez Araujo
Expediente 429/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Lehi Israel Martínez Araujo y Otros.
- Lehi Israel Martínez Araujo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 408/2021, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante el cual comunica la resolución emitida el cuatro de febrero del año en curso, dentro del recurso de queja 84/2020, donde declaró infundado el medio de impugnación hecho valer, contra el acuerdo emitido el trece de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese, el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por, asesor jurídico de las víctimas, en contra del auto de trece de octubre pasado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese, el escrito signado por el asesor jurídico de las víctimas, mediante el que interpone recurso de queja en contra del auto de trece de los que transcurren, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación en contra del auto antes referido y, para su substanciación, remítase una vez que se encuentren las constancias de notificación al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio, así como, el escrito original en el que se interpuso el medio de impugnación. Se ordena notificar por oficio solamente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del presente proveído, ya que la demanda de amparo, como se expresó con anterioridad fue desechada, por ende, no fueron emplazadas a juicio las autoridades responsables ni terceros interesados. EL PRESENTE AUTO SE NOTIFICA A LAS QUEJOSAS VÍCTIMAS DE INCIALES L.I.M.A., D.A.M.A. Y N.A.M.A.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por el asesor jurídico de los quejosos, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral del Estado y otras. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890. Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del estudio de la demanda de garantías, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V. Cabe precisar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Consistente en la ilógica incongruente e incontrovertible resolución decretada por el Juez de Control y de Juicio Oral, dentro de la carpeta judicial, en la Etapa Intermedia, que tuvo verificativo el día 10 de Septiembre del año en curso, en flagrante violación a los derechos humanos de los quejosos como Víctimas del delito, toda vez que se vulneró su derecho de audiencia y debido proceso negándoseles el acceso a la justicia y la protección judicial en forma complete e imparcial, al seguir una vía incorrecta en esta etapa intermedia, que provee la etapa escrita y la etapa oral, sin agotar la etapa de descubrimientos probatorios que indica el diverso 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, paso a la etapa de admisión de pruebas y exclusión de pruebas, en las que únicamente dio intervención a la fiscalía y a la defensa Publica, sin que permitiera intervención al asesor jurídico y a la tercera de los quejosos, como víctima que compareció a la cita audiencia y no obstante a esto no tomo encuentra (sic) las manifestaciones de la fiscalía en el sentido de que tanto los acusados y los defensores particulares que ofrecieron las pruebas suscribiendo sus escritos respectivamente, no cumplieron con los descubrimientos probatorios, ya que no le corrieron traslado de los descubrimientos probatorios que citan en sus sendos escritos oportunamente a la fiscalía y a los quejosos, como tampoco al suscrito asesor jurídico particular, y de que los escritos de pruebas estaban ofertados extemporáneamente, reitero pero en este debate no se dio el uso de la voz al suscrito asesor jurídico de los quejosos, como tampoco a la tercera de las quejosa que estuvo presente en esta audiencia, de la que el Juez de Control y de Juicio Oral del Estado siguió un una vía incorrecta en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento que contemplan los diversos 337, 340 y 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que vulnera los derechos humanos de los quejosos consignados en los diversos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 17 y 20 apartados A y C, de la Constitución Federal, que consagran respectivamente su garantía de audiencia y debido proceso al privarlos de la protección judicial de la justicia completa e imparcial, esto además que su determinación carece de una adecuada motivación, lo que constituye un vicio formal. En cuanto a las autoridades responsables señaladas como La Cámara de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el acto de autoridad lo constituye la inconstitucionalidad de la Fracción XI, del Articulo 467 Y 346 ultimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que en estas cameras respectivamente se llevó acabo el análisis, discusión y aprobación de la XI, del Articulo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite la interposición del recurso de apelación en contra de las resoluciones de los Jueces de Control y de Juicio Oral del Estado, que excluyan algún medio de prueba en la etapa intermedia, mas sin embargo no prevé recurso ordinario para recurrir aquellas determinaciones que admitan los medios de prueba con violaciones a los derechos humanos o un derecho fundamental del afectado, en el caso concreto de los quejosos esta disposición legal impide ejercer a mis representados partes quejosos un recurso sencillo y efectivo, resultando la XI, del Articulo 467, al igual que el último párrafo del 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales que también indica que la decisión de exclusión de medios de prueba es apelable, pero tampoco provee recurso contra la decisión que los admita con franca violaciones a los derechos humanos o un derecho fundamental del afectado, por lo que ambas normas jurídicas resultan violatorio de sus derechos humanos consignados en el artículo 17 de la Constitución Federal y 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que nos limita y constituye un obstáculo de acceso a la justicia de los quejosos al no garantizárseles el derecho a una defensa plena, contra la determinación decretada en vía incorrecta por el C. Juez de Control y de Juicio Oral del Estado, en la Audiencia intermedia de fecha 10 de septiembre del 2020, a las 10:00 horas, como es la admisión de pruebas forma ilegal e inconstitucional. Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la inconstitucional promulgación y publicación de la Inconstitucional Fracción XI, del Articulo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con vulneración de los derechos humanos de los quejosos que impide, ejercer a los quejosos un recurso sencillo y efectivo, al no garantizarles el ejercicio del derecho a una defensa plena." Pues bien, la reforma al artículo 107, fracción III de la Constitución, instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, sería la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer ninguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría: ". A los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .", encomendando, por tanto, al Congreso de la Unión, la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley segundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. Por lo que el grado predominante que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 Constitucional, dependerá de la suma de reglas que la legislación secundaria requiera para hacer accesibles y dar concreción a las bases que sustentó dicho concepto, tomando en cuenta que la máxima seguridad jurídica que garantice el acceso al juicio de amparo, sólo se logra con disposiciones claras para las partes y los juzgadores, que generen un sistema normativo coherente entre reglamentación y los fines de este medio de control constitucional. Así, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones, sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia de juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en tanto los procedimiento judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían de caer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra los actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecte materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual- a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio o el procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo antes señalado se advierte que el acto reclamado indicado en primer lugar, el cual consiste en la resolución y la forma en que se desahogó la audiencia de etapa intermedia, dentro de la carpeta judicial, el diez de septiembre de dos mil veinte, no se encuentra dentro de los supuestos, para la procedencia del amparo indirecto, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos que le impida el ejercicio de algún derecho en forma de presente. Lo anterior, pues dicha actuación no resulta ser un acto que incurra en una afectación inmediata y directa de un derecho fundamental, toda vez que, ello no necesariamente habrá de materializarse, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, y en caso contrario, podrá impugnar la sentencia definitiva acorde a lo previsto por los preceptos 170 y 172, de la Ley de Amparo. De ahí que, la resolución y la forma en que se desahogó la audiencia de etapa intermedia, dentro de la carpeta judicial, el diez de septiembre de dos mil veinte, dictada por el juez responsable, no pueda considerarse como de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto; y, por esa razón el acto combatido en la demanda no se encuentra contemplado en la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, la forma en que el juez de origen emitió una resolución el diez de septiembre de dos mil veinte, durante la audiencia de etapa intermedia dentro de la carpeta judicial, no irroga por sí perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica; esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales o derechos objetivos (propiedades, posesiones o derechos), ya que tal determinación no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte peticionaria del amparo en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Por ello, existe la posibilidad de que en el litigio subyacente se emita resolución en su favor, y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse con dicha resolución a través del recurso ordinario otorgado por la normatividad legal, en el cual pueden enderezar en vía de agravios las anomalías que plantea. Sin soslayar que contra tal determinación pueda promover demanda de amparo directo en los términos de la legislación aplicable. Asimismo sustenta lo anterior, la tesis aislada con Registro: 2000637, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P.10 P (10a.), visible en la Página: 1891. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu; en tal virtud, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Por otra parte, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de la fracción XI, del artículo 467 y 346 último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, también debe desecharse la demanda de garantías, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Ahora bien, en el apartado de "acto reclamado", la parte quejosa señala que reclama la inconstitucionalidad de la fracción XI, del artículo 467 y 346 último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que de su contenido se aprecia se permite la interposición del recurso de apelación en contra de las resoluciones de los jueces de control y de juicio oral, que excluyan algún medio de prueba en la etapa intermedia, empero, no prevé recurso ordinario para recurrir aquellas determinaciones que admitan los medios de prueba con violaciones a los derechos humanos o un derecho fundamental del afectado. Sin embargo, no se aprecia que indique el acto de aplicación de la norma señalada como inconstitucional en su perjuicio, es decir, la parte quejosa no refiere que la responsable haya emitido un pronunciamiento fundamentado en la fracción XI, del artículo 467 y 346 último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que repercuta en los derechos de la parte agraviada, sino que refiere que esos dispositivos legales no le permiten impugnar lo resuelto en la audiencia intermedia de diez de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial 2446/2018, lo cual, como se dijo, no le causa un perjuicio en sus derechos adjetivos. Aunado a lo anterior, en cuanto a la concatenación que realiza el quejoso entre los artículos en cita y lo que se resolvió dentro de la audiencia de etapa intermedia desahogada el diez de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial, esta autoridad estima que el contenido de los artículos señalados, no repercute en los derechos de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues como se dijo, dicho acto no afecta la esfera jurídica de los agraviados, ya que existe la posibilidad de que en el litigio original se emita resolución en su favor, y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse con dicha resolución a través del recurso ordinario otorgado por la normatividad legal, en el cual pueden enderezar en vía de agravios las anomalías que plantea. Sin soslayar que contra tal determinación pueda promover demanda de amparo directo en los términos de la legislación aplicable. Entonces, el contenido de los artículos tildados de inconstitucionales, no afectan los intereses jurídicos de los agraviados, debido a que no existe un acto de aplicación en su perjuicio, aunado a que la concatenación de esos artículos con lo que se resolvió en la audiencia intermedia ya citada, no afecta su esfera jurídica. Es aplicable la jurisprudencia número de registro 193720, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de garantías.
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