Legislatura del Estado de Querétaro y Otros.

Expediente 1700/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1700/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Legislatura del Estado de Querétaro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Querétaro, Querétaro, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Recepción. Se tiene por recibida la demanda que promueve Patricia Duran Arenas, por propio derecho contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1700/2019; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Desechamiento parcial. Previo a proveer lo que en derecho corresponda respecto la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar que del análisis integral de la demanda de amparo, a que este órgano jurisdiccional está obligado, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Legislatura del Estado de Querétaro; Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "Sombra de Arteaga"; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro; Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro; y, Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Asimismo, que los actos reclamados los hace consistir en: El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales. La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en los recibos de pago que acompañó a su demanda. Fijado lo anterior, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de que rige el Juicio Constitucional, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De igual manera, se destaca el contenido de los numerales 61, fracción XXIII, así como el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los numerales transcritos con antelación, se advierte que, en demandas de amparo, en las que se controviertan normas generales, únicamente se señalarán como autoridades responsables a aquellos que en el ámbito de sus facultades se les haya encomendado la promulgación de los ordenamientos legales controvertidos, mientras que a las autoridades que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, sólo se les señalará con el carácter de responsables, si se impugnan sus actos por vicios propios. Así pues, de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente del amparo, no impugnó las diversas etapas del proceso legislativo que diera origen a las disposiciones legales que tilda de inconstitucionales, por vicios propios, de ahí que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria e indudable una causal de improcedencia, atento a lo previsto en el ordinal 113 de la norma en cita, procede el desechamiento de la demanda de amparo por lo que hace a los actos que la parte quejosa atribuye al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "Sombra de Arteaga". Apoya lo expuesto anteriormente la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/49 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." De la misma manera, resulta aplicable la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/50 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación." Ahora, debe decirse que por lo que hace a los actos reclamados a la Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro y Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, consistentes en el cobro de las contribuciones cuya constitucionalidad se impugna, el presente controvertido deviene improcedente. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, del que se advierte que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En el caso, existe jurisprudencia que establece que la autoliquidación de contribuciones no es imputable a las autoridades exactoras, tal como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367 del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por ende, al actualizarse una causa de improcedencia derivada de la existencia de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento, se desecha la demanda de amparo por lo que atañe a los actos atribuidos al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro y Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Además, debe destacarse que esta decisión no causa agravio jurídico alguno a las autoridades ejecutoras, toda vez que no se afecta acto alguno que hayan emitido y en términos del artículo 87 de la Ley Reglamentaria, tratándose de juicios de amparo contra leyes, sólo las autoridades encargadas de la promulgación de la norma están facultadas para defender su constitucionalidad, ya que la autoridad recaudadora sólo está facultada para interponer el recurso de revisión si controvierta el efecto dado al fallo protector que la vincula, tal como se desprende de la jurisprudencia de rubro "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA." (2a./J. 11/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1243); ya que tampoco tiene legitimación si aduce causales de improcedencia, como deriva del diverso criterio del Tribunal Pleno, de rubro "REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." (Tesis: 2517, Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia Constitucional, página 1750). De ahí que, si no se les reconoce legitimación a las autoridades recaudadoras en todos los casos para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, si se trata de proveídos de trámite impugnables en queja, no se materializa acto alguno que le cause un perjuicio actual y cierto en su esfera jurídica. Por tanto, la eventual afectación al erario con el dictado de la sentencia concesoria, es un acto futuro e incierto, razón por la cual es innecesario tenerlas en este juicio como autoridades responsables, pues no se les ocasiona agravio jurídico alguno hasta este momento. Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." (2a./J. 128/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 235), así como la de diversa de epígrafe "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." (2a./J. 11/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 659); sin embargo, la primera se emitió con anterioridad a la expedición de la jurisprudencia citada en párrafos precedentes; en tanto que la segunda de las invocadas, se refiere al supuesto en que no se reclame la norma por vicios propios sino sólo el acto de aplicación, caso en el que debe llamarse a la ejecutora para que haga valer lo que a su interés convenga, esto es, también para combatir los efectos del fallo de amparo, supuesto que no es el de la especie pues sí se controvirtió la constitucionalidad de las normas impugnadas, y se está en el supuesto de la afectación futura e incierta, no inminente. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de que se trata, por cuanto hace a las autoridades responsables siguientes: Legislatura del Estado de Querétaro; Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; y Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. Se precisa que el presente juicio de amparo se tramitará bajo las reglas previstas en el numeral 118 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados provienen de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática. Incidente de Suspensión. Sin que en el caso sea necesario formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cinco minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 118 de la Ley de Amparo, pídase atentamente el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos tres días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de constancias. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al quinto párrafo del artículo 117 de la ley en comento, deberá exponer la razón y fundamento que se estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copias autorizadas, legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo. Requiere por constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley que rige el juicio constitucional, se requiere tanto a la autoridad señaladas como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que el justiciable haya promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal de éste. Delegados y domicilio de la autoridad responsable. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. Forma de realizar las notificaciones a las autoridades. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de parte tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. No girar comunicación de nuevo señalamiento de audiencia constitucional. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio, de ahí que, en caso de que llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrán consultar en la siguiente página de internet: http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm Es aplicable la jurisprudencia 2a./J 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Solicitud a las autoridades de no acusar recibo. Resulta ser un hecho notorio para los órganos jurisdiccionales que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado de Distrito, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes; por tanto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación procedente de este juzgado, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo respectivo. Puntualización respecto a la denominación errónea de las autoridades responsables. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de los quejosos, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto a que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se tendrán por inexistentes, por lo que se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, una vez que haya transcurrido el plazo de tres días que prevé el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, lapso que se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación personal que al efecto se realice a fin de que precise, aclare o corrija el nombre de la autoridad que no fue posible emplazar, requerimiento que guarda armonía con lo establecido en los artículos 14 y 17 constitucional, que el primero de ellos establece audiencia previa a la emisión de cualquier acto privativo, mientras que el segundo procura la impartición de justicia completo, pronta y expedita. Razonamiento que se encuentra previsto resolución a la contradicción de tesis 131/2019 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicar, de contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió". Intervención al agente del Ministerio Público Federal. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le confiere la ley; y córrasele traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, pues para el presente asunto así lo prevé el ordinal 26, fracción II, inciso c), de la referida ley. Recepción de oficios sin mayor pronunciamiento. Para el caso de que se reciba por segunda ocasión algún oficio o informe que ya obre en el expediente, así como acuses de recibo de los que se estime innecesario dictar acuerdo y notificar el mismo, se ordena desde este momento agregarlos sin necesidad de acuerdo expreso; no obstante, se instruye al encargado del expediente para que a más tardar al día siguiente de la recepción, en términos del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, realice la certificación sobre la llegada de aquellos y los glose al presente expediente. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, ténganse como pruebas las documentales que adjunto a su escrito de demanda, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, esta Juzgadora Federal a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa, estima necesario requerir prueba de informes que a continuación se describe. Con fundamento en el artículo 75 y 119 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere al Notario Público Número trece (13) de Querétaro, para en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe lo siguiente: En relación a la protocolización de la escritura pública relacionada con la factura de gastos y honorarios de dos de diciembre de dos mil diecinueve, indique si ha recibido por parte de la quejosa las cantidades relativas a los derechos registrales que por esta vía se reclama. De ser así, remita la constancia de recibo respectiva o bien, el comprobante fiscal o electrónico del recibo que acredite que recepcionó las cantidades relativas al impuesto impugnado. Asimismo, aclare o desglose las cantidades que en su caso, el peticionario haya efectuado respecto del numeral 90, así como del 97, ambos de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Apercibido que de no cumplir con el requerimiento que se le formula dentro del plazo que se le concede, o bien, no expresar el impedimento legal o material que tenga para ello, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita la quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; asimismo, se tiene como autorizados con las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Núñez Kaufmann e Ignacio Daniel Anguiano García, toda vez que acredita contar con cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos del numeral 24 del citado ordenamiento, a las personas que indica por así manifestarlo expresamente. Asimismo, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en término de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, en atención a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Otras consideraciones. Hágase saber a la parte agraviada que, en el evento de obtener sentencia favorable en el presente asunto, se encuentra en aptitud de solicitar ante este órgano jurisdiccional que el reintegro de la cantidad que pudiera serle devuelta, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito y bajo protesta de decir verdad elevar expresamente su petición y proporcionar su clabe interbancaria, la cual tendrá que corresponder forzosamente a la parte quejosa, y anexar documento que lo avale; a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la parte quejosa quien reciba la cantidad requerida. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo provee y firma Mariana Torres Cornejo, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargada del despacho por vacaciones de la titular en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/7481/2019, de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido por Isaác Ramírez Salero, secretario que autoriza. Doy fe.

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