Legislatura del Estado de Querétaro

Expediente 1292/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1292/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Legislatura del Estado de Querétaro
  • Alma Alejandra Pérez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Órgano resolutor remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio de la resolución pronunciada respecto del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en autos, de cuyos puntos resolutivos se advierte que determinó confirmar la sentencia impugnada (no ampara).En consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente asunto, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN. kst

  2. Principal

    En la ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las NUEVE HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (foja 81 reversa), hora y día señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en los presentes autos, encontrándose en audiencia pública el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Licenciada Claudia Gómez Peralta secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin asistencia de las partes, de conformidad con lo establecido por los numerales 115 y 124 de la Ley de Amparo. A continuación, se hizo relación de las constancias que obran en autos, entre los que se encuentran el escrito de demanda promovido por Alma Alejandra Pérez Rodríguez, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Legislatura y Gobernador, ambos del Estado de Querétaro (fojas 91 a 92 y 90). A lo que se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales conducentes. Enseguida, el que preside declaró abierta la fase de prueba, dentro de la cual, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda (fojas 60 a 79) y por la autoridad responsable Legislatura del Estado de Querétaro (foja 93), así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones ofertadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como la de informes a cargo del Notario Público Número treinta y ocho de la demarcación notarial de Querétaro. Sin más pruebas por desahogar se declaró concluido el período probatorio y abrió la fase de alegatos, en la que se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la representación social adscrita en el pedimento que obra glosado en el sumario (fojas 94 a 99), por lo que sin más alegaciones de las partes, se declara cerrada la etapa citada. Finalmente, al no haber documento alguno pendiente de acordar, procede a dictar la resolución correspondiente: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1292/2018-II; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda: dieciséis de octubre de dos mil dieciocho Quejoso: Alma Alejandra Pérez Rodríguez Solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se describen en el escrito de demanda (foja 2), los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 24 de septiembre de 2018 25 de septiembre al 16 de octubre de 2018 29 y 30 de septiembre, así como 6, 7, 12, 13 y 14 de octubre de 2018 16 de octubre de 2018 III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos de lo dispuesto por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama una ley estatal de carácter tributario, en virtud de que la aplicación de la legislación reclamada como inconstitucional, se efectuó dentro de esta entidad federativa, lugar en donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama: a) La Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, en específico el artículo 14; b) La aplicación de dichas disposiciones legales con motivo del acto jurídico descrito en la escritura pública número 5,649, pasada ante la fe del Notario Público número 38 de la Demarcación Notarial de Querétaro (foja 78). TERCERO. Certeza de actos. Las autoridades responsables Quincuagésima Octava Legislatura y el Gobernador, ambos del Estado de Querétaro (fojas 91, 92 y 90), en sus informes justificados manifestaron que en el ámbito de sus respectivas competencias son ciertos los actos que se les reclaman; además, al ser actos de naturaleza legislativa no están sujetos a prueba, pues constituyen un hecho público y notorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA", así como la diversa tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, Materia(s): Común, página 249, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL)". CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo I. Justificación no surge causal de que no se haya emitido acto administrativo que afecte esfera jurídica respecto al artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018. En ese sentido, se debe precisar que en materia de amparo contra leyes, se debe de analizar el acto de aplicación (retención de una contribución por un tercero auxiliar del fisco), respecto de dos ópticas, una cuando es en perjuicio del quejoso para acreditar consentimiento tácito; y, otra, cuando es en beneficio, como condiciones de acceso al amparo sobre interés jurídico a partir de un primer acto de aplicación (retención). Esto es, la Jurisprudencia nacional, como se verá, ha fijado dos ópticas o parámetros en torno al análisis del primer acto de aplicación y sus requisitos como valoración según se trate de cualidades a reunir para acceder al amparo (en beneficio del quejoso), o bien, para negar tal acceso por consentimiento de aquel (en perjuicio del quejoso), particularmente cuando ese acto proviene de un tercero auxiliar del fisco que individualiza la ley en perjuicio del gobernado, como originalmente fue el caso de retención de contribuciones por patrón respecto al trabajador, donde se fijaron dos parámetros: 1) La retención contenida en el recibo de pago del trabajador, era apta como acto de aplicación (acceso al amparo), si contenía el concepto, de contribución retenida en el desglose de cantidades o prestaciones, sin que fuera necesaria la cita del fundamento o precepto legal, siempre que fuera razonable y cierto que la norma que pudiera dar sustento a tal retención fuera la reclamada o el sistema normativo relativo (doctrina del fundamento implícito). 2) La retención requería establecer en su liquidación el concepto y el fundamento, si se trata de establecer el conocimiento fehaciente como condición de extemporaneidad de la demanda en el término de quince días. Primer óptica: Como acto concreto de aplicación y afectación al interés jurídico para acceder al Juicio de Amparo. Bajo esta óptica (la que interesa en el caso que nos ocupa), es a la inversa, dado que si el sujeto está en tiempo respecto de ese acto de aplicación (recibo), que expide el Notario, y se analiza si efectivamente es una individualización de la norma en su perjuicio que lo legitima para acudir al amparo es suficiente para acreditar el acto de aplicación del tributo, que indique el concepto en cuestión, aunque no se exprese el fundamento pero sea implícito y obvio éste, pues no debe de analizarse con el mismo rigor. En este sentido los precedentes del Máximo Tribunal del país, ya establecían la fundamentación implícita como apta para acreditar el acto de aplicación. Esta fundamentación como acto de aplicación no es novedosa pues ya existía desde la novena época en la jurisprudencia del Pleno, misma que se estableció en la Jurisprudencia P./J. 30/96, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio 1996, página 58, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." Este criterio obligatorio ha sido observado en el caso de actos de aplicación constreñidos en recibo-retención como fue al resolver el amparo en Revisión 1334/2000, en cuya ejecutoria se estableció: "Lo anterior se estima así tomando en consideración que el recibo en cita es un comprobante del pago que realiza el patrón al empleado y en él se contiene el desglose de todas las percepciones, descuentos y retenciones del trabajador, lo que permite que se advierta que, efectivamente, solicitó a su empleador diversos préstamos, de manera que la retención antes precisada que aparece en dicho documento bajo el rubro "ISR ingresos x servicios" es evidente que se refiere al impuesto sobre la renta establecido por ese concepto en el artículo 78-A de la ley que regula ese gravamen, máxime si se considera que no se encuentra en autos medio probatorio alguno que lleve al ánimo de considerar que la retención de mérito no se refiera al impuesto sobre la renta por ingresos en servicios, sino a otro distinto al que se señala en el numeral combatido, es decir, que dicha cantidad no se haya retenido a la quejosa por haber obtenido los préstamos de referencia, sino por un concepto diferente. Sobre el particular, tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia cuyos datos de publicación y contenido se transcriben a continuación: "Novena Época "Instancia: Pleno "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: III, junio de 1996 "Tesis: P./J. 30/96 "Página: 58 "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." Es corolario a lo así expuesto que, contra lo aseverado por la parte recurrente, la quejosa sí acreditó el acto de aplicación de los artículos combatidos y, por ende, su interés jurídico para demandar el amparo y protección de la Justicia Federal". Lo que dio origen a la Jurisprudencia P./J. 71/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, Página 7, que dice: "RENTA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUEDE ACREDITARSE CON EL RECIBO DE PAGO QUE CONTIENE EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL GRAVAMEN DE QUE SE TRATA, SI NO FUE OBJETADO. El precepto de mérito dispone: "Para los efectos de este capítulo los ingresos en servicios por préstamos obtenidos por los trabajadores con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, se determinarán aplicando al importe de dichos préstamos una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada y la tasa que se establezca anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación.-Los ingresos a que se refiere este artículo se consideran obtenidos mensualmente y se determinarán aplicando al total del préstamo, disminuido con la parte que del mismo se haya reembolsado, la tasa que resulte conforme al párrafo anterior en la parte que corresponda al mes de que se trate.". Por su parte, el artículo 80 del mismo ordenamiento establece la obligación de retener el impuesto en quienes hagan los préstamos. En estas condiciones, resulta inconcuso que, en términos de lo dispuesto en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el recibo por pago quincenal de sueldo efectuado al quejoso, que contenga todas las percepciones y descuentos, entre éstos el relativo al crédito con interés preferencial que le otorgó su patrón, con independencia de la forma en que se identifique ese concepto, cuando es el único documento exhibido y no objetado, es suficiente para acreditar el acto de aplicación del tributo y, por ende, el interés jurídico para promover el juicio de garantías." En congruencia con dicha doctrina del fundamento implícito cuando se ha analizado los actos de retención como condición de acceso al amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó el siguiente criterio: Jurisprudencia 2a./J. 145/2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 371: "RENTA. EL RECIBO DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A 2005 EN EL QUE CONSTAN LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO RELATIVO, ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISOS E), F) Y G), DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004. De las disposiciones señaladas, que establecen reglas para el cálculo del impuesto sobre la renta para el ejercicio de 2005, en relación con los artículos 113, 114 y 115 de la misma ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se advierte que la retención del impuesto indicado por concepto de ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado por parte de los patrones, en los términos precisados en los incisos e), f) y g) de la fracción citada, es una obligación que necesariamente debe cumplirse a partir de la fecha en que el señalado decreto entró en vigor (1o. enero de 2005) conforme a su artículo transitorio. En ese sentido, el recibo de pago de salarios otorgado por el patrón a sus trabajadores, en el que constan los descuentos relativos por concepto del impuesto sobre productos del trabajo (entendiéndose por tal el impuesto sobre la renta), demuestra la afectación al interés jurídico de los trabajadores que impugnan la inconstitucionalidad de aquellas normas, pues con ello se presume que el patrón, como retenedor por disposición legal, las aplicó al quejoso, sin que sea necesario que en los propios recibos se exprese el sustento legal de tal actuación ni que éste aporte otros medios probatorios para tal fin". De cuya ejecutoria se advierte: ".De esta manera, resulta innecesario que los trabajadores deban aportar otras pruebas para demostrar su interés jurídico para acudir al juicio de garantías reclamando el decreto de referencia, como la prueba pericial contable, pues basta para ello, como se estableció, con que aporten al juicio los recibos de pago de salarios en los que conste que el patrón les retuvo por vez primera cierta cantidad por concepto de impuesto sobre la renta. Asimismo, tampoco resulta necesario que en los señalados recibos de pago conste el precepto o preceptos que se aplicaron para realizar la retención señalada, pues ésta se presume que fue realizada al tenor de las disposiciones que obligatoriamente el patrón debía cumplir.". ".Como se puede apreciar, es cierto que la retención efectuada por el patrón en los casos que se señalan constituye el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual es susceptible de generar la improcedencia del juicio por "consentimiento tácito", en caso de que no se impugne en el plazo de quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento el trabajador, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó tal retención y el sustento legal de tal actuación, pero ello debe entenderse solamente así en virtud del conocimiento "cierto" del trabajador sobre el concepto y el fundamento legal por el que se le hizo la retención del impuesto, que genera la improcedencia del juicio por no impugnar el acto dentro de los términos legales; sin embargo, para efectos de acreditar el interés jurídico, no es necesario que en el documento (recibos de pago de salarios) se contengan las características señaladas en la tesis mencionada, pues como se determinó en párrafos anteriores, basta con que en él conste que se realizó la retención del impuesto, porque se entiende que se realizó en los términos de las disposiciones legales vigentes. En otras palabras, la aplicación a contrario sensu del criterio señalado, permite arribar a la conclusión de que si los recibos de pago de salarios no contienen los requisitos que señala, entonces el juicio de amparo no sería improcedente por consentimiento tácito, lo que también permite concluir, por mayoría de razón, que tampoco sería improcedente el juicio por falta de interés jurídico, al presumirse que la retención la realizó el patrón en términos de la ley vigente.". De la misma forma la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la emitir la tesis, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página: 339, que dice: "RENTA, TASA ADICIONAL ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE (1986). PRUEBA DEL INTERÉS JURÍDICO MEDIANTE RECIBO DE SUELDO EN QUE CONSTA LA RETENCIÓN. Si los quejosos, para acreditar su interés jurídico para promover juicio de amparo contra la tasa adicional establecida en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicable a aquellos causantes que durante el año de 1986 hubiesen obtenido ingresos gravables por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado superiores a $332,320.00, aportan como pruebas las documentales consistentes en el primer recibo por concepto de pago de salario expedido a su nombre por la empresa patrona en el que conste que se les efectuó la retención de tal tasa adicional por exceder su salario del mínimo legal establecido en el referido precepto legal, debe considerarse que los mismos son suficientes para acreditar su interés jurídico, porque con ellos se demuestra que se encuentran en el supuesto normativo de causación de la tarifa adicional del impuesto, ya que si dichos recibos no fueron objetados por las autoridades responsables debe otorgárseles pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Amparo". Consecuentemente se advierte que cuando sea como acceso al amparo por afectación al interés jurídico encontrándose en el plazo es factible de acudir con el recibo que contiene la retención de una contribución que permita identificar el concepto siempre y cuando sea implícita la fundamentación; únicamente con que se precise el concepto razonablemente pero sin que sea exigencia o requisito ineludible la cita del precepto o fundamento que regula tal contribución. En este sentido el acto que realiza el auxiliar (Notario), es decir la retención de la contribución correspondiente (derecho), debe de tener razonable certeza del acto de recaudación, de manera que a la luz de los conceptos que se describan en el recibo se pueda concluir y advertir la contribución de que se trata, independientemente de la denominación que se le dé, esto es, que haya certeza del tributo de que se trata, no obstante no se funde, pues la fundamentación va implícita en el mismo siempre y cuando sea racional, máxime si los particulares no tienen que fundar sus actos. Segunda óptica: Como causal de improcedencia en relación al momento en que el quejoso tuvo conocimiento del mismo (extemporaneidad), caso en el que la retención o liquidación del notario requiere indicar el concepto de contribución a pagar y fundamento o precepto legal. En este caso tratándose de amparo contra leyes que se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación, la demanda de garantías debe interponerse dentro de los quince días siguientes al en que el quejoso tenga conocimiento de dicho acto o se ostente sabedor del mismo, siendo pertinente destacar que el conocimiento del acto reclamado por éste, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones, es por ello que el recibo correspondiente contenga precisado el concepto y fundamento, para que se atribuya conocimiento previo. En efecto cabe señalar que la Jurisprudencia Nacional en ese sentido ha evolucionado en los siguientes términos o se ha mantenido como constante lo siguiente: Jurisprudencia 2a./J. 52/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 557, con rubro y texto: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma tributaria puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis normativa en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tal norma realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria principal, o bien aquel particular que en auxilio de la administración pública la aplique, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención de una contribución a cargo de un tercero. De conformidad con los artículos 110, 113 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxiliares en la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos que el citado ordenamiento legal prevé como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, al momento de efectuar el pago correspondiente, así como de hacer enteros mensuales y realizar el cálculo del impuesto anual a cargo de sus empleados, y que por tal motivo son considerados como responsables solidarios de éstos hasta por el monto del citado tributo, es evidente que el acto en virtud del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto causado por el o los conceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de inconstitucional, constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente". Jurisprudencia 2a./J. 5/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página 657, con rubro y texto: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. onforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley". Jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Página: 1238, del tenor siguiente: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal". Cabe aclarar que por lo que hace a la última de las jurisprudencias, en último apartado en la ejecutoria se precisó: "En ese sentido, se concluye que aun cuando para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el acto por virtud del cual el notario público retiene los derechos por el Registro Público de la Propiedad constituye el primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo cierto es que para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo en contra de dicho precepto, no basta con tener por acreditado ese solo hecho, sino que, además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir, sin lugar a dudas, cuáles fueron el concepto de la retención y el sustento legal de esa actuación. Dicho en otras palabras, con independencia de que la retención que efectúa el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, constituya el primer acto de aplicación de esa disposición para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, dicha retención sólo puede servir de base para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, cuando se acredite plenamente que el quejoso tuvo total conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal". En esa tesitura, es dable concluir que para poder estimar consentido el acto concreto de aplicación por no impugnarlo dentro de los quince días siguientes al en que se verificó un acto de retención de contribución por un tercero en auxilio del fisco, no basta con tener por acreditado ese solo hecho, sino que además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente, a partir de qué momento el quejoso tuvo pleno conocimiento del mismo, sin que pueda estimarse que ello acontece, necesariamente, cuando se protocoliza la operación de que se trata en el caso de actos ante Notarios, pues no debe soslayarse que no existe disposición legal alguna que imponga al notario público la obligación de retener el impuesto al celebrarse dicho acto y, por ende, válidamente, puede efectuarse en un momento diverso, habida cuenta que en muchas ocasiones, en el recibo que al efecto expide el fedatario público, no se precisa el concepto ni el fundamento legal de dicha retención, en tanto los particulares no tienen la obligación de fundar y de motivar sus actos. Acorde con lo anterior se tiene como premisa que el conocimiento tiene que ser pleno y fehaciente si se quiere tener el conocimiento tácito como causa de improcedencia pues las causales de improcedencia no se basan en presunciones sino de manera plena y fehaciente, de ahí que cuando la retención es analizada para acreditar la causa de improcedencia incrementa el rigor y tiene que establecer el concepto y fundamento legal, para dar certeza de que el sujeto ya sabía plenamente el acto de aplicación y podía acudir al amparo, de no acreditarse esos extremos de manera indudable la causal se debe desestimar. Por lo tanto, no se deben confundir estas dos ópticas, la primera como causal de improcedencia en el cual el estándar de requisitos que debe colmar el recibo. Es decir, aquél más alto, (improcedencia por consentimiento tácito o extemporaneidad de la demanda), dado que debe existir la certeza plena y fehaciente del momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto y que le transcurrió el plazo para atacarlo; caso contrario, cuando se pretende acreditar el acto concreto de aplicación como condición de acceso al amparo, estando en tiempo la parte quejosa, al tener un estándar de requisitos menor, dado que bastará que del mismo (recibo) se pueda advertir el concepto, y, sin expresión sacramental del fundamento legal, sino que esta sea implícito y razonable de ser el sustento de ese tipo de actos, para que se acredite su interés jurídico. Análisis concreto Precisado lo anterior, se deben de analizar las constancias que integran el presente juicio, documental (foja 78), la cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo: Imagen 1 Documental que merece valor probatorio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 127, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, las jurisprudencias 2a./J. 24/2008 y 2a./J. 162/2011 (9a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." "EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL RECIBO DE PAGO PROVISIONAL DE DICHO IMPUESTO CON SELLO DIGITAL ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY RELATIVA Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DEL CITADO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008). Conforme a las reglas de carácter general establecidas por el Servicio de Administración Tributaria para enero de 2008, la declaración y, en su caso, el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única debían realizarse a través de los medios electrónicos autorizados al efecto por dicho órgano desconcentrado, por ello, es innegable que con el recibo emitido por las instituciones de crédito, con el sello digital que permite autentificar la operación efectuada y el pago correspondiente, la quejosa acredita haberse ubicado en el supuesto de las normas reclamadas, lo que produce una afectación a su esfera jurídica. Por ello, aun cuando se trata de un acto de autoaplicación de las normas respectivas, se considera como el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que dicha autoaplicación trasciende a la esfera jurídica del contribuyente y generó consecuencias, desde el momento en que las autoridades fiscales reciben el pago provisional correspondiente, conforme a las mencionadas reglas." Ahora bien, para deducir si dicha documental cumple con el estándar necesario para considerarse acto de aplicación, se debe acudir al: Test de verificación y fundamentación implícita del acto de aplicación (retención de contribución), como condición de acceso al amparo. En este caso se debe analizar al menos lo siguiente: 1.- Verificar el acto jurídico celebrado ante el Notario Público e identificar las operaciones o supuestos que darían lugar a la contribución de que se trate (no es otra cosa que constatar el hecho imponible), en su caso, la que daría lugar a derechos por inscripción de algún acto en el Registro Público. 2.- Analizar el acto de retención (liquidación o recibo que expida) de contribuciones (correlacionadamente), que expidió el Notario Público, ello para ubicar si aparece en los conceptos relativos aquel supuesto de contribución (vía retención), cuyo sustento pueda ser a la norma reclamada. 3.- Dicho análisis no debe ser extremadamente formalista sino, que el concepto sea razonable y susceptible de concatenarse con el acto jurídico celebrado que genere certeza de que el sustento legal sería la norma combatida en forma obvia, inequívoca o indudable, pero sin ser de una forma exagerada o sacramental, pues se trata de fundamentación implícita y dado que el caso o supuesto está previsto en la norma que se reclama, advertirlo de manera prudente y razonable. Máxime si está el contexto de no advertirse otro concepto de contribución (distinto) si no fue objetado; entonces tal recibo de retención es válido examinarlos en justicia y buena fe. Aspecto que se procede a analizar a continuación de la documental que se precisó. 1) Que de acuerdo al recibo exhibido por la parte quejosa realizó un acto traslativo de dominio (compraventa), mismo que fue formalizado ante Notario. 2) Que en virtud de dicha operación por mandato legal, como son las normas reclamadas, la parte quejosa está obligada a pagar diversas contribuciones, entre ellas el impuesto sobre traslado de dominio, de igual modo, los causantes del impuesto deberán presentar en la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales de la demarcación correspondiente, a través de medios electrónicos, una declaración o aviso que contendrá entre otros aspectos, fecha de la retención realizada por el Notario Público; monto del Impuesto, su actualización y recargos si fuere el caso, así como el cálculo desglosado de los mismos; así como copia certificada de la Escritura Pública, y comprobante de retención del Impuesto sobre Traslado de Dominio, en ese sentido, la Autoridad Fiscal Municipal competente, podrá verificar la determinación y pago del Impuesto sobre Traslado de Dominio realizado por el sujeto de este impuesto, con el fin de comprobar el completo y efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, lo anterior hasta por el tiempo de un año después de que se haya llevado a cabo el pago del Impuesto sobre Traslado de Dominio; efectivamente el artículo 8, de la Ley del Notariado, 73 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, aluden la obligación del Notario de retención de contribuciones respecto de actos que se efectúen ante su fe pública. 3) Que derivado de esto, el Notario retiene las cantidades a razón de las contribuciones aludidas, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, lo que en la especie aconteció como se advierte del recibo aludido, y del que se percibe las cantidades retenidas por derechos registrales, tal y como se muestra en la siguiente tabla: En este punto cabe precisar que la cantidad arriba descrita se obtiene de aplicar la tabla prevista en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018. En efecto, del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, se puede advertir que la adquisición de bienes, que se haga constar en escritura pública el notario tiene obligación de presentar la liquidación y el comprobante de cobro de impuestos o derechos en la oficina autorizada que corresponda, asimismo, debe proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, la información relativa a la determinación de dicho cálculo, y deberá expedir comprobante fiscal de retención en el que conste la operación y el cálculo del Impuesto correspondiente, aspecto último que se encuentra colmado con la constancia de retención que exhibió el quejoso con su demanda de amparo, del que se advierte la cantidad retenida por concepto de traslado de dominio; asimismo, cabe mencionar que dicho numeral 14 establece los elementos del impuesto sobre traslado de dominio en trato, entre ellos, la tarifa, la cual está contenida en una tabla con ocho rangos delimitados entre un mínimo y un máximo de acuerdo a la base del inmueble, asignándole a cada renglón y una cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. En ese tenor, respecto a la retención de contribuciones cabe decir que efectivamente permite advertir el concepto a pagar por el contribuyente de forma razonable, es decir, que se trata del acto traslativo de dominio, que no pueden ser visto en forma aislada, ya que el contexto inmediato y relevante es el acto formalizado ante Notario Público; y, que se demuestra con el recibo aludido, es decir, tal concepto no fue retenidos de la nada y sin causa inmediata alguna, sino por virtud de la previa protocolización de una operación de compraventa que existió. Elementos que concatenados son suficientes para entender que la operación fue compraventa, caso en el cual existe una norma que sin mayor complejidad precisa que en virtud de dicho acto traslativo, se pagará a la Secretaría de Finanzas Públicas Y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, el impuesto relativo de traslado de dominio, pues sería el fundamento indudable o inequívoco de una retención por haberse presentado a través de Notario la declaración de un acto traslativo de dominio en el que participó la parte quejosa. Por lo cual se cumple con la doctrina jurisprudencial de fundamento implícito del acto de aplicación de normas. Lo anterior permite concluir que la norma aplicada en dicha operación, en el caso concreto, es el artículo que por ésta vía se impugna. En consecuencia, por todo lo expuesto con la documental exhibida por la parte quejosa, consistente en el recibo de retención que le expidió el notario, sí se justifica el acto de aplicación del dispositivo tildado de inconstitucional. Por lo tanto, se demuestra que la parte quejosa sí tiene interés jurídico para acudir al presente juicio al quedar demostrado que le fue aplicado el artículo reclamado en su demanda de amparo y que fue el numeral 14 de la Ley de Ingresos antes citada. II. Asimismo, la Legislatura del Estado de Querétaro, refiere que se debe sobreseer el presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, no contienen todos los elementos del tributo reclamado. Dicha causal de improcedencia es infundada. Con la finalidad de evidenciar lo anterior, resulta necesario traer a glosa en lo que interesa, el artículo 14, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual dispone textualmente: "Artículo 14. El Impuesto sobre Traslado de Dominio de inmuebles, se causará y pagará conforme a los elementos siguientes: Es objeto del Impuesto sobre Traslado de Dominio, la traslación o adquisición de bienes inmuebles que consistan en el suelo o el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicadas en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., así como los derechos relacionados con los mismos. Son sujetos del Impuesto sobre Traslado de Dominio de Inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., así como los derechos relacionados con los mismos. Tratándose de la adquisición de un terreno, el cual tenga construcción al momento del acto o del otorgamiento del contrato respectivo, el adquirente deberá acreditar con la documentación oficial que las construcciones o mejoras fueron hechas por él, de lo contrario, éstas quedarán también gravadas por este Impuesto en los términos de la presente Ley, ya que se considerará que no solamente se transmitió el terreno sin construir, sino también la construcción misma. Será base gravable de este Impuesto, el valor mayor que resulte entre el valor de operación y el valor comercial del inmueble a la fecha de operación, este último determinado por el avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado, el cual tendrá vigencia de un año o, en tratándose de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, por el avalúo practicado en los términos de la Ley Agraria. Cuando no se pacte precio o monto de la operación, el Impuesto se calculará tomando en cuenta el valor comercial, conforme al párrafo anterior. En la adquisición de bienes por remate, el avalúo fiscal deberá referirse a la fecha en que quede firme la aprobación del mismo. Para los efectos de este artículo, son supuestos legales de causación del Impuesto, la realización de los siguientes actos traslativos de dominio de bienes inmuebles: Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones y sociedades. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. El contrato en el que se pacte que el futuro comprador entra en posesión de los bienes o que el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se formalice el contrato prometido. La cesión de derechos al comprador o al futuro comprador en los casos de los incisos b) y c) que anteceden, respectivamente. La fusión y escisión de sociedades. El pago en especie, independientemente del acto jurídico que lo origine. La constitución de usufructo, transmisión de éste entre vivos o de la nuda propiedad, así como la extinción de usufructo temporal. La adquisición de inmuebles por prescripción. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se considerará cesión de derechos hereditarios la renuncia o repudiación de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios, cuando se incrementen las porciones de los coherederos o legatarios, así como el repudio o cesión de derechos hereditarios hecha en favor de persona determinada cuando se realice antes de la declaratoria de herederos o legatarios. La adquisición por medio de fideicomiso, en los siguientes casos: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes; el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho; en la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones; el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. De igual forma, se causa este Impuesto por la división de la copropiedad y la constitución o disolución de la sociedad conyugal, así como la modificación de las capitulaciones matrimoniales, por la parte que se adquiera en demasía del porcentaje que le corresponda al copropietario o cónyuge; la adquisición, a través de permuta, caso en el que se considerará que se efectúan dos adquisiciones. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles, en virtud de remate judicial o administrativo; y la devolución de la propiedad de bienes a consecuencia de la rescisión o terminación del contrato por mutuo acuerdo o la reversión en caso de expropiaciones, así como por procedimientos judiciales o administrativos. El pago del Impuesto deberá hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: cuando el acto se eleve a escritura pública, el plazo comenzará a contarse a partir de que el acto quede perfeccionado con la firma de los otorgantes, razón por la cual los Notarios están obligados a dejar constancia del día y hora en que se realice la firma; a los tres años de la muerte del autor de la sucesión si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos últimos casos, el Impuesto correspondiente a la adquisición por causas de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente; tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. El acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiere reservado tal derecho. A los tres meses de que haya quedado firme la resolución judicial de prescripción positiva o información de dominio. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. Tratándose de adjudicaciones por remate, a los seis meses posteriores a la fecha en que haya quedado firme la resolución que apruebe el remate en cuestión; a la fecha del contrato por el que se realice la transmisión de propiedad o derechos sobre la misma, por cualquier documento de carácter privado. En los contratos en los que la condición suspensiva consista en el otorgamiento de un crédito. Para adquisición, que celebre con instituciones bancarias o financieras, organismos públicos o similares, el momento en que se firme la escritura pública de adquisición. En caso de incumplimiento, se sancionará con base en lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. El Impuesto sobre Traslado de Dominio, se determinará y pagará aplicando la siguiente tarifa progresiva: Rango Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Cifra sobre Excedente Límite Inferior 1 0.00 44,396.00 0.00 0.0399997 2 44,396.01 133,800.99 1,775.83 0.0403969 3 133,801.00 403,250.44 5,387.52 0.0406650 4 403,250.45 1,215,319.22 16,344.69 0.0409348 5 1,215,319.23 3,662,738.19 49,586.64 0.0412065 6 3,662,738.20 11,038,787.84 150,436.31 0.0414799 7 11,038,787.85 33,268,781.55 456,394.77 0.0417552 8 33,268,781.56 En adelante 1,384,613.79 0.0420323 El Impuesto Sobre Traslado de Dominio se determinará de la siguiente forma: A la base gravable de este Impuesto se le disminuirá el límite inferior que corresponda y a la diferencia de excedente de límite inferior se le aplicará la cifra sobre excedente límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda y dará como resultado el Impuesto Sobre Traslado de Dominio a pagar. (.)" Del artículo antes transcrito, se advierten los elementos del impuesto sobre traslado de dominio, en específico los sujetos, el objeto, la tasa y la base de pago, por tanto al no solo contener un catálogo de los tributos a recaudar, se colige que dicha ley y numeral reclamados si contiene los elementos del impuesto sobre traslado de dominio reclamado, de ahí que se estima infundada la causal de improcedencia hecha valer por la Legislatura del Estado de Querétaro. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Página: 160, de rubro y texto siguientes: "LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS. Ningún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Ley de Ingresos de la Federación deba tener sólo un carácter; por el contrario, los juicios que han llegado a realizarse sobre el particular permiten sostener que la Ley de Ingresos debe tener un contenido normativo específico, como lo es legislar sobre las contribuciones que deba recaudar el erario federal. En efecto, la Constitución no dispone que la Ley de Ingresos debe limitarse materialmente, a fin de contemplar sólo una serie de datos e informes sobre las contribuciones que deban recaudarse, razón por la que las Leyes de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, pueden regular aspectos sustantivos fiscales de trascendencia en la determinación de los impuestos. Por ende, resulta incorrecto afirmar que el contenido de la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, la materia a la que podría ceñirse desde el punto de vista constitucional, tendría que ser únicamente informativa de las contribuciones que el erario federal deba recaudar y que no puede regular elementos tributarios concernientes a la materia fiscal." La Tesis: 1a. CXVII/2011, consultable en la página 303, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS. Ningún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Ley de Ingresos de la Federación deba tener sólo un carácter; por el contrario, los juicios que han llegado a realizarse sobre el particular, permiten sostener que la Ley de Ingresos debe tener un contenido normativo específico, como lo es legislar sobre las contribuciones que deba recaudar el erario federal. En efecto, la Constitución no dispone que la Ley de Ingresos debe limitarse materialmente, a fin de contemplar sólo una serie de datos e informes sobre las contribuciones que deban recaudarse, razón por la que las Leyes de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, pueden regular aspectos sustantivos fiscales de trascendencia en la determinación de los impuestos. Por ende, resulta incorrecto afirmar que el contenido de la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, la materia a la que podría ceñirse desde el punto de vista constitucional, tendría que ser únicamente informativa de las contribuciones que el erario federal deba recaudar y que no puede regular elementos tributarios concernientes a la materia fiscal.". Y la tesis 894 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Página: 621, de rubro siguiente: "DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS." Ahora bien, tomando en cuenta que este juzgador no advierte la actualización de una causa de improcedencia diversa, ni las partes hicieron valer más, se procede realizar el análisis de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, sin necesidad de transcripción. QUINTO. Lo argumentado por la parte quejosa en sus conceptos de violación dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, resulta insuficiente para conceder la protección constitucional solicitada, en los términos que a continuación se precisan. En efecto, en sus conceptos de violación la quejosa insiste que el artículo reclamado es inconstitucional porque viola los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que en dicho precepto se establece para el impuesto sobre traslado de dominio tasas progresivas, las cuales son desproporcionadas, pues se aplica una tasa diversa -sin existir gradualidad ni coherencia- a los contribuyentes que se ubiquen en los diferentes supuestos que en dicho precepto se encuentran determinados, violentando con ello los principios tributarios anteriormente citados. En ese sentido, refiere que el artículo impugnado es desproporcional porque la tabla ahí prevista se integra por una serie de rangos, sin embargo no existe gradualidad ni progresividad en la misma, porque quien se ubique en un rango inferior pagará más que aquel que se ubique en uno superior a partir del segundo renglón, es decir, no se guarda una relación lógica ni jurídica con el incremento de un centavo en los rangos máximos en relación con los mínimos del rango subsecuente o inmediato superior (refiere que existe desigualdad en el incremento de la alícuota en cada renglón). Es decir, el quejoso parte de que la tabla prevista en el artículo impugnado es inequitativa y desproporcional en virtud de que el excedente del límite inferior no aumenta en la misma proporción de una rango a otro, hecho que ocasiona que el rango inferior pague más que el superior. Los anteriores argumentos deben calificarse de inoperantes. Para demostrar lo anterior, debe responderse a la siguiente pregunta: ¿Debe considerarse violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad, cuando para el cálculo del monto a pagar por un impuesto, en la tabla progresiva el excedente del límite Inferior no incremente en la misma proporción de un rango a otro? La respuesta a tal interrogante es NO. El sustento, lo encontramos en la tesis jurisprudencial 2a./J. 223/2009, sostenida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada a página 303, del Tomo XXXI, de Enero de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Administrativa, de rubro y texto siguientes: "PREDIAL. LA MODIFICACIÓN DE LA TARIFA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE LA CONCRECIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RANGOS Y TASAS O CUOTAS QUE LA INTEGRAN, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). El hecho de que los últimos rangos de la tarifa prevista por el precepto de referencia se hayan compactado, que los límites (inferior y superior) se actualizaron a razón del 4% conforme al índice inflacionario, y que las cuotas y tasas que la integran no se hayan incrementado en la misma proporción, por sí mismo no viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, en todo caso, para analizar la progresividad de dicha tarifa es necesario atender a todo el mecanismo que la contiene, valorando que el aumento de la alícuota entre un rango y otro sea proporcional al incremento de la base gravable que conduce al cambio de renglón, para lo cual, la medición debe efectuarse con el comparativo del renglón superior, pues será el parámetro que determinará el ascenso que va ocurriendo en el impacto tributario, de manera que las modificaciones a la tarifa sólo son relevantes cuando rompen con esta progresividad. En consecuencia, si la compactación de los rangos y la actualización de algunos de sus rubros no afectaron a la progresividad de la tarifa de mérito, toda vez que la diferencia de un peso entre un rango y otro se encuentra compensada con la cuota fija adicionada al impuesto marginal -que es el resultado de aplicar la tasa respectiva al excedente del límite inferior-, no es desproporcionada ni otorga trato desigual a quienes se encuentran en situaciones semejantes." Criterio jurisprudencial que resultó de la ejecutoria que resolvió los amparos en revisión 311/2008, 365/2008, 489/2008, 583/2008, 721/2008 y, 223/2009, en donde se explica cómo analizar la proporcionalidad de las tarifas progresivas para no caer en confusiones indebidas o análisis parciales que pierdan de vista la progresividad al exterior (entre los estamentos o los grupos a nivel estructural), y al interior (dentro de los límites inferior y superior de cada estamento); ejecutoria cuyos párrafos -en lo que interesa- se explicarán a continuación: "(.) Precisado lo anterior, debe señalarse que la progresividad de la tarifa -como criterio constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria-, se consigue mediante la estructura de distintos rangos o parámetros de la base gravable definidos entre un límite mínimo y uno máximo, con la cuota fija y la tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior, dado que ello permite cuantificar el gravamen en atención a la verdadera capacidad contributiva del causante, ya que la tasa no se aplica sobre el total de la base, sino únicamente a la porción que excede de cada rango y al resultado se le suma la cuota fija, cuya cuantía debe corresponder a la del impuesto a pagar en el límite superior del rango inmediato anterior, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro." En esa tesitura, es evidente que la progresividad de la tarifa del impuesto predial se asegura mediante la aplicación de los elementos integrantes de la tabla que la contiene y, por ende, es inconcuso, que su estructura no se puede analizar aisladamente, tomando en cuenta por un lado los distintos rangos de la base gravable y, por otro, las cuotas y las tasas o porcentajes aplicables para el cálculo del tributo, como lo pretende el quejoso. (.)" De estos dos primeros párrafos transcritos tenemos que la progresividad se asegura mediante la aplicación de los elementos integrantes de la tabla que la contiene y, por ende, es inconcuso, que su estructura no se puede analizar aisladamente, tomando en cuenta por un lado los distintos rangos de la base gravable y, por otro, las cuotas y las tasas o porcentajes aplicables para el cálculo del tributo. "(.) No pasa inadvertido que en la exposición de motivos del decreto impugnado, se precisó que en atención a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Financiero del Distrito Federal, se actualizaban las cuotas y tarifas de las contribuciones conforme al índice inflacionario, lo que en principio permite suponer que los valores que conforman las tarifas (tasas y cuotas fijas) debieron incrementarse en la misma proporción. .Ahora bien, del análisis comparativo entre las tarifas vigentes en dos mil ocho y dos mil siete, se desprende lo siguiente:  Los rangos N a Y de la tarifa vigente en dos mil siete, se compactaron en los rangos N, O y P de la tarifa vigente en dos mil ocho, como se demuestra a continuación. a) Los rangos N, O y P de la tabla 2007, quedan comprendidos en el rango N de la tabla 2008. Para establecer los límites del rango N 2008, se considera el límite inferior del rango N 2007 y el límite superior del rango P 2007. Ver análisis comparativo entre las tarifas vigentes en dos mil ocho y dos mil siete 1 b) Los rangos Q, R y S de la tabla 2007, quedan comprendidos en el rango O de la tabla 2008. Para establecer los límites del rango O 2008, se considera el límite inferior del rango Q 2007 y el límite superior del rango S 2007. Ver análisis comparativo entre las tarifas vigentes en dos mil ocho y dos mil siete 2 c) Los rangos T, U, V, W, X e Y de la tabla 2007, quedan comprendidos en el rango P de la tabla 2008. Para establecer el límite inferior del rango P 2008, se considera el límite inferior del rango T 2007. No hay límite superior. Ver análisis comparativo entre las tarifas vigentes en dos mil ocho y dos mil siete 3 Cabe destacar que los límites (inferior y superior) de todos los rangos de la tabla que contiene la tarifa del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, se incrementaron en un cuatro por ciento -4%-, lo que es acorde con lo expresado en la exposición de motivos del decreto impugnado en el sentido de que las cantidades que se prevén en el Código Financiero del Distrito Federal se incrementaban conforme al índice inflacionario.  Las tasas no se incrementaron en la misma proporción, pues incluso en algunos rangos se redujeron y otras se mantuvieron igual, como se demuestra con la siguiente tabla comparativa: Ver tabla comparativa De lo expuesto con antelación se colige que asiste razón a la parte quejosa en cuanto aduce que LAS TASAS de la tarifa del impuesto predial vigente en dos mil ocho NO SE INCREMENTARON EN LA MISMA PROPORCIÓN, PUES INCLUSIVE EN ALGUNOS RANGOS HUBO DECREMENTO; sin embargo, DE ELLO NO DERIVA SU INCONSTITUCIONALIDAD, pues aun cuando en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el jefe de gobierno del Distrito Federal se precisó que las cuotas y tarifas de las contribuciones se actualizaban conforme al índice inflacionario -lo que supone su incremento en una misma proporción-, tratándose del impuesto predial se modificó la estructura de la tarifa, en tanto se compactaron sus trece últimos rangos, cuestión tal que evidencia que las tasas y cuotas fijas que la conforman no se actualizaron conforme a dicho índice inflacionario, toda vez que para lograr que la progresividad de la tarifa sea efectiva, dichos valores deben ajustarse en la medida que sea necesario, pues incluso, así se precisó en el dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al señalar que en la aludida iniciativa se prevé "un incremento por ajuste en la tarifa del artículo 152". Lo anterior se explica en virtud de que la progresividad de la tarifa no implica únicamente un incremento en la alícuota al cambiar al renglón siguiente, pues es necesario además que esa alícuota se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable que conduce al cambio de renglón, para evitar un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones semejantes e igual a quienes se ubican en supuestos disímiles. Por tanto, el solo hecho de que los rangos de la tabla que contiene la tarifa del impuesto predial vigente en el dos mil ocho se hayan compactado y que las cuotas y tasas que la conforman no se hayan incrementado en la misma proporción, por sí, no puede dar lugar a estimar que la tarifa no es proporcional y equitativa, pues ello en todo caso derivará de que la alícuota a pagar al cambiar de rango no se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable. (.)" Asimismo, de los párrafos descritos de la ejecutoria en análisis, se obtiene que es constitucional disponer tarifas progresivas a un impuesto real, como sería sobre la propiedad raíz, sin embargo, el hecho de que los rangos de la tabla que contiene la tarifa del impuesto real a pagar se hayan compactado y que las cuotas y tasas que la conforman no se hayan incrementado en la misma proporción, en sí mismo, no puede dar lugar a estimar que la tarifa es inconstitucional o desproporcionada, pues ello en todo caso derivará de que la alícuota a pagar al cambiar de rango no se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable. "(.) En tal virtud, para analizar la progresividad de la tarifa del impuesto predial, es necesario atender al propio mecanismo que la contiene, pero no sólo en relación con la tasa y cuota fija que se aplica sobre el excedente del límite inferior, sino además valorando que el aumento de la alícuota entre un rango y otro sea proporcional al incremento de la base gravable que conduce al cambio de renglón, para lo cual, la medición debe efectuarse con el comparativo del renglón superior, pues será el parámetro que determinará el ascenso que va ocurriendo en el impacto tributario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CXXXVI/2007(8) de la Primera Sala de este Alto Tribunal, cuyo criterio comparte esta Segunda Sala, que se lee bajo el rubro: "RENTA. EL MECANISMO DE PROGRESIVIDAD APLICADO EN LA TARIFA DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE MEDIRSE CONFORME AL INCREMENTO DE LA ALÍCUOTA AL CAMBIAR DE RENGLÓN, Y SU AUMENTO DEBE SER PROPORCIONAL CON EL INGRESO." Así, atendiendo al mecanismo que prevé el precepto legal impugnado para calcular el impuesto predial y aplicando los propios valores de la tarifa, se obtiene el siguiente resultado: Ver resultado Del anterior ejercicio deriva que existe progresividad en la tarifa del impuesto predial que prevé el precepto legal impugnado, toda vez que la diferencia de un peso entre un rango y otro se encuentra compensado con la cuota fija que se adiciona al impuesto marginal -que es el resultado de aplicar la tasa respectiva al excedente del límite inferior-, evitando que el impuesto se eleve de manera desproporcionada. De tal manera, el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que la carga tributaria sea mayor en proporción al aumento del valor catastral del inmueble de que se trate, sin que tal incremento en el impuesto a pagar resulte en una medida mayor a la que tiene lugar en el renglón anterior por un aumento de la misma cuantía de la base gravable. En mérito de las consideraciones que anteceden, es dable concluir que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la tarifa que contiene el artículo 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil ocho, no viola las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que el distinto incremento porcentual de las tasas y cuotas previstas en la tabla que la contiene y su reducción de rangos, no afecta su progresividad, habida cuenta que al sumarse la cuota fija al resultado de aplicar la tasa sobre el excedente del límite inferior, se logra que la alícuota a pagar se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable, evitándose así otorgar un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones semejantes e igual a quienes se ubican en supuestos disímiles. (.)." Como se observa de la transcripción anterior, el mecanismo de progresividad de los impuestos, tanto al interior, como al exterior, se respeta cuando la cuota progresiva aumenta a medida que incrementa la base gravable, mientras que la porcentual (tasa) va en aumento en función del escalón en que se ubique la base gravable, y dentro de cada rubro, el porcentaje se calcula sobre el excedente del límite inferior de cada rubro o estamento, sin embargo, el hecho de que las tasas (inferior o superior) o el excedente del límite inferior no se incrementen en la misma proporción es un aspecto que no torna inconstitucional al impuesto real ya que las mismas deben ajustarse en la medida que sea necesario, tal como se aborda en la ejecutoria arriba descrita. En relación con lo anterior, podemos abundar que tratándose de impuestos la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, y en ese sentido, el Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, medularmente, que aun cuando el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos esenciales del tributo, la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos, motivo por el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa establecida por el legislador es un factor fundamental para determinar si el tributo de que se trata vulnera o no el principio de proporcionalidad tributaria. Así, se precisó que para analizar la idoneidad de la tasa o tarifa de una contribución es importante considerar las diferencias existentes entre los distintos tipos de tasas o tarifas aplicables, tal como se desprende de las consideraciones que a continuación se transcriben: ...quedó establecido que el análisis de la proporcionalidad tributaria debe hacerse en función de los elementos cuantitativos del tributo como la tasa imponible o tipo de gravamen, cuya elección por parte del legislador ordinario no puede quedar al margen de regularidad constitucional, aunque se trate de impuestos indirectos, ya que es ineludible que el monto de la tasa impositiva no ponga en riesgo la eficacia de un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos ...; además, el tipo de tasa tiene que ser coherente con la naturaleza especial de la contribución, porque no podría ser indistinta la implementación del tipo de tasa, si se toma en cuenta que su idoneidad a la clase de tributo es un elemento fundamental para establecer si con ello se vulnera o no el principio de proporcionalidad tributaria, porque de establecerse un criterio contrario daría lo mismo que los tributos consideraran una tasa o una tarifa que se aplicaría a la base, sin mayor relevancia jurídica, situación que implicaría validar el tipo de tasa elegida por el legislador aunque sea incorrecta por alejarse de la naturaleza del tributo. .Así, para examinar la idoneidad de las tasas impositivas del nuevo impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel, es menester destacar las diferencias entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables: a) Específicos: Se aplica a bases impositivas expresadas en magnitudes distintas al dinero (como medidas de longitud -metro-, de capacidad -litro- y de masa -kilogramo-) de tal modo que la tasa consiste en una cifra fija para cada unidad. En este caso la tasa permanece inmutable, cualquiera que sea la extensión de la base imponible, pues el importe de la deuda varía en relación con la magnitud de la señalada base; tasa que suele emplearse en los impuestos reales puros o que carecen de subjetivización alguna, y en los impuestos indirectos siempre que la base impositiva parta de una medida o capacidad, aunque al final pueda expresarse en un valor monetario. "b) Porcentuales: Si la base imponible está conformada, como ocurre de ordinario, por el valor del objeto o de la operación, el tipo impositivo queda expresado en un determinado porcentaje de la base monetaria, que también permanece incólume ante la posible variación -menor o mayor- de esta base, aunque se diferencia del anterior porque esta última no puede colocarse en una medida o capacidad, por lo que pueden ser aplicables excepcionalmente a algunos impuestos personales, a los reales y a los indirectos tanto al consumo como a las enajenaciones, si el valor de la operación o el bien no surge a partir de una unidad de medida o capacidad. c) Mixtas: El impuesto se ajusta a la magnitud de la base con un criterio diverso como establecer varios porcentajes o cifras fijas, con arreglo a las variaciones de la fuente de riqueza elegida por el legislador ordinario como acontece en los distintos porcentajes del impuesto al valor agregado, o bien, atendiendo a la afectación que llegue a generar la imposición, de ahí que con las diversas tasas se pretenda lograr una mayor igualdad entre los sujetos obligados o incididos o se atienda a razones de política fiscal. d) Progresivo: El tipo impositivo en vez de ser uniforme, se modifica al variar en menor o mayor grado la base imponible, la cual está dividida en escalones, en el que se prevé un gravamen cada vez más elevado hasta llegar a un límite máximo. La anterior progresividad escalonada es indudablemente mucho más perfecta para acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes, que a su vez tienen que soportar la carga económica, en el que el tributo reconoce sus situaciones personales o familiares, de modo que puede aplicarse este tipo de gravamen al impuesto personal, a los subjetivos y, en algunas ocasiones, a los impuestos reales que guardan cierta subjetivización como los que recaen en la propiedad raíz, no así en los impuestos indirectos ya que si el valor monetario expresado en la base se puede dividir en unidades de medida o de capacidad, si fuese progresiva la tarifa, al final los gobernados por igual consumo podrían pagar más o menos impuesto, según si el consumo se hace en un solo momento o en varios, en tanto que la alícuota aumenta por cada renglón, generándose un problema de proporcionalidad tributaria." De lo anterior, se obtiene que es constitucional disponer tarifa progresiva a un impuesto real, como sería sobre la propiedad raíz, entre los cuales se ubica el impuesto sobre traslado de dominio; para ello es menester: a) Dividir en escalones o estamentos la base imponible o gravable (grupos distintos de base gravable como es a través de renglones en la tabla respectiva); b) La variación de tales grupos de base debe ascender de menor a mayor valor (progresividad estructural/distintos grupos o rangos de tributación según los segmentos de base gravable -rangos de valor subdivididos); y, c) Disponer límites inferior y superior al interior de cada estamento o escalón, así como gravar de manera progresiva cada uno de ellos. d) Es válido fijar distintas cuotas fijas a medida que sea mayor la base gravable de los distintos estamentos o rangos en que el legislador subdivide los grupos o subgrupos de contribuyentes con distinta capacidad económica (valor del inmueble cuyo dominio se trasladó) Una vez hecho lo anterior, se deben cumplir dos aspectos: 1) La tabla se debe diseñar de forma estructural con la división de grupos, escalones o, estamentos, disponiendo una cuota fija para cada uno de ellos, que será mayor de manera progresiva, es decir, se debe establecer una mayor cuota sobre las bases gravables, a cada estamento, de manera consecutiva y ascendente, de manera que, a mayor base gravable, se debe fijar una mayor tasa fija en cada rubro o estamento; y, 2) Con una tasa, tarifa o factor aplicable al excedente entre el límite inferior y superior del inferior de cada estamento o escalón (progresividad al interior de cada grupo). En ese sentido, como se adelantó, el impuesto de traslado de dominio previsto en el artículo que se reclama, grava una manifestación aislada de riqueza, a través del valor del bien inmueble de que se trate, por lo que la capacidad contributiva de los sujetos pasivos se mide, precisamente, en función del valor del bien inmueble. Dicho aspecto, lo podemos constatar del propio contenido del artículo 14 de la Ley de Ingresos reclamada, que es del tenor siguiente: "Artículo 14. El Impuesto sobre Traslado de Dominio de inmuebles, se causará y pagará conforme a los elementos siguientes: Es objeto del Impuesto sobre Traslado de Dominio, la traslación o adquisición de bienes inmuebles que consistan en el suelo o el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicadas en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., así como los derechos relacionados con los mismos. Son sujetos del Impuesto sobre Traslado de Dominio de Inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., así como los derechos relacionados con los mismos. Tratándose de la adquisición de un terreno, el cual tenga construcción al momento del acto o del otorgamiento del contrato respectivo, el adquirente deberá acreditar con la documentación oficial que las construcciones o mejoras fueron hechas por él, de lo contrario, éstas quedarán también gravadas por este Impuesto en los términos de la presente Ley, ya que se considerará que no solamente se transmitió el terreno sin construir, sino también la construcción misma. Será base gravable de este Impuesto, el valor mayor que resulte entre el valor de operación y el valor comercial del inmueble a la fecha de operación, este último determinado por el avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado, el cual tendrá vigencia de un año o, en tratándose de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, por el avalúo practicado en los términos de la Ley Agraria. Cuando no se pacte precio o monto de la operación, el Impuesto se calculará tomando en cuenta el valor comercial, conforme al párrafo anterior. En la adquisición de bienes por remate, el avalúo fiscal deberá referirse a la fecha en que quede firme la aprobación del mismo. Para los efectos de este artículo, son supuestos legales de causación del Impuesto, la realización de los siguientes actos traslativos de dominio de bienes inmuebles: Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones y sociedades. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. El contrato en el que se pacte que el futuro comprador entra en posesión de los bienes o que el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se formalice el contrato prometido. La cesión de derechos al comprador o al futuro comprador en los casos de los incisos b) y c) que anteceden, respectivamente. La fusión y escisión de sociedades. El pago en especie, independientemente del acto jurídico que lo origine. La constitución de usufructo, transmisión de éste entre vivos o de la nuda propiedad, así como la extinción de usufructo temporal. La adquisición de inmuebles por prescripción. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se considerará cesión de derechos hereditarios la renuncia o repudiación de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios, cuando se incrementen las porciones de los coherederos o legatarios, así como el repudio o cesión de derechos hereditarios hecha en favor de persona determinada cuando se realice antes de la declaratoria de herederos o legatarios. La adquisición por medio de fideicomiso, en los siguientes casos: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes; el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho; en la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones; el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. De igual forma, se causa este Impuesto por la división de la copropiedad y la constitución o disolución de la sociedad conyugal, así como la modificación de las capitulaciones matrimoniales, por la parte que se adquiera en demasía del porcentaje que le corresponda al copropietario o cónyuge; la adquisición, a través de permuta, caso en el que se considerará que se efectúan dos adquisiciones. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles, en virtud de remate judicial o administrativo; y la devolución de la propiedad de bienes a consecuencia de la rescisión o terminación del contrato por mutuo acuerdo o la reversión en caso de expropiaciones, así como por procedimientos judiciales o administrativos. El pago del Impuesto deberá hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: cuando el acto se eleve a escritura pública, el plazo comenzará a contarse a partir de que el acto quede perfeccionado con la firma de los otorgantes, razón por la cual los Notarios están obligados a dejar constancia del día y hora en que se realice la firma; a los tres años de la muerte del autor de la sucesión si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos últimos casos, el Impuesto correspondiente a la adquisición por causas de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente; tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. El acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiere reservado tal derecho. A los tres meses de que haya quedado firme la resolución judicial de prescripción positiva o información de dominio. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. Tratándose de adjudicaciones por remate, a los seis meses posteriores a la fecha en que haya quedado firme la resolución que apruebe el remate en cuestión; a la fecha del contrato por el que se realice la transmisión de propiedad o derechos sobre la misma, por cualquier documento de carácter privado. En los contratos en los que la condición suspensiva consista en el otorgamiento de un crédito. Para adquisición, que celebre con instituciones bancarias o financieras, organismos públicos o similares, el momento en que se firme la escritura pública de adquisición. En caso de incumplimiento, se sancionará con base en lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. El Impuesto sobre Traslado de Dominio, se determinará y pagará aplicando la siguiente tarifa progresiva: Rango Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Cifra sobre Excedente Límite Inferior 1 0.00 44,396.00 0.00 0.0399997 2 44,396.01 133,800.99 1,775.83 0.0403969 3 133,801.00 403,250.44 5,387.52 0.0406650 4 403,250.45 1,215,319.22 16,344.69 0.0409348 5 1,215,319.23 3,662,738.19 49,586.64 0.0412065 6 3,662,738.20 11,038,787.84 150,436.31 0.0414799 7 11,038,787.85 33,268,781.55 456,394.77 0.0417552 8 33,268,781.56 En adelante 1,384,613.79 0.0420323 El Impuesto Sobre Traslado de Dominio se determinará de la siguiente forma: A la base gravable de este Impuesto se le disminuirá el límite inferior que corresponda y a la diferencia de excedente de límite inferior se le aplicará la cifra sobre excedente límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda y dará como resultado el Impuesto Sobre Traslado de Dominio a pagar. (.)" De dicho numeral se tiene que la tarifa del impuesto sobre traslado de dominio, está contenida en una tabla con ocho rangos delimitados entre un mínimo y un máximo de acuerdo a la base del inmueble, asignándole a cada renglón y una cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. En ese sentido, el tipo de cuota progresiva (tarifa), prevista en el artículo reclamado, sí cumple el requisito de proporcionalidad aludido, en principio en forma estructural, con un mecanismo de progresividad, tanto al interior, como al exterior. Ello porque aumenta a medida que incrementa la base gravable, mientras que la porcentual (tasa) va en aumento en función del escalón en que se ubique la base gravable, y dentro de cada rubro, el porcentaje se calcula sobre el excedente del límite inferior de cada rubro o estamento. Así, el sistema impuesto es compatible con el principio que nos ocupa, pues permite medir con precisión la capacidad contributiva del causante. Importa destacar que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme al mayor o menor valor del inmueble, reconociéndose así la capacidad contributiva individual, pues varía en función de la modificación de la base gravable, y permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. De igual modo, tampoco existe violación al principio de proporcionalidad e igualdad tributarias, cuando el quejoso argumenta que respecto a la tabla progresiva prevista en el numeral reclamado, los ingresos que conducen al cambio de renglón dan como resultado que las diferencias entre los importes a pagar por el impuesto (máximo y mínimo sucesivamente) varían en demasía de un rango a otro al grado de no ser proporcionales dichas diferencias entre un renglón y otro, observándose a su vez que lejos de ser graduales estas diferencias en relación con los ingresos que conducen al cambio de renglón, son completamente desproporcionales e inclusive se aprecia un decremento en los rangos superiores conforme a los inferiores. Pues como se abordó en la ejecutoria antes descrita, el hecho de que el excedente sobre los límites (inferior y superior) de todos los rangos de la tabla que contiene la tarifa del impuesto impugnado no se incremente en la misma proporción, e inclusive en algunos exista decremento o en otros pueda mantenerse igual; no torna inconstitucional al impuesto en sí mismo, toda vez que para lograr que la progresividad de la tarifa sea efectiva, dichos valores deben ajustarse en la medida que sea necesario y en este sentido, el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos esenciales del tributo, la tasa o tarifa impositiva. De ahí, que la tabla progresiva por sí, no puede dar lugar a estimar que la tarifa no es proporcional y equitativa, pues ello en todo caso derivará de que la alícuota a pagar al cambiar de rango no se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable (lo que en el caso no ocurre, ya que como se advierte de la propia tabla prevista en el numeral reclamado, paga más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción) Lo anterior, así se advierte de la tabla que enseguida se inserta: Número de Rango Rango de Valores Cuota Fija en pesos (+) Excedente de límite inferior (x) Porcentaje sobre Excedente Límite Inferior Impuesto sobre traslado de dominio a pagar Inferior Superior 1 $0.00 $44,396.00 $0.00 $44,396.00 0.0399997=$1,775.82 $1,775.82 2 $44,396.01 $133,800.99 $ 1,775.83 $89,404.98 0.0403969=$3,611.68 $5,387.51 3 $133,801.00 $403,250.44 $5,387.52 $269,449.44 0.0406650=$10,957.16 $16,344.68 4 $403,250.45 $1,215,319.22 $16,344.69 $812,068.77 0.0409348=$33,241.87 $49,586.56 5 $1,215,319.23 $3,662,738.19 $49,586.64 $2,447,418.96 0.0412065=$100,849.56 $150,436.20 6 $3,662,738.20 $11,038,787.84 $150,436.31 $7,376,049.64 0.0414799=$305,957.80 $456,394.11 7 $11,038,787.85 $33,268,781.55 $456,394.77 $22,229,993.7 0.0417552=$928,217.83 $1,384,612.60 8 $33,268,781.56 En adelante $1,384,613.79 En adelante. 0.0420323 En adelante. De ahí que, tratándose de la tarifa progresiva en estudio, la misma es idónea para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra. En ese tenor, resta reiterar que la estructura de rangos, cuotas fijas y porcentajes aplicados a la porción de la base gravable que exceda del límite inferior de aquél, que se prevé en la tarifa de referencia, no da lugar a un incremento desmesurado, porque si bien es cierto que se establece un límite inferior y un límite superior entre los cuales deberá ubicarse la base gravable, también es cierto que la tasa no se aplica al hecho imponible en su totalidad, sino sólo a la porción que exceda del límite inferior de cada rango. Es decir, aun cuando la tarifa agrupa a los contribuyentes según el monto total de la riqueza que constituye la base gravable, en orden creciente, no se aplica a esa base una parte alícuota del monto total, sino que la tasa proporcional se aplicará sólo a la cantidad que se exceda del límite inferior del rango, a la cual se adicionará, además, una cuota fija que gradúa el incremento entre rangos, lo que impide la generación de un salto cuantitativo que provoque un pago desproporcional. Al respecto, resulta aplicable la tesis "P. LXXXI/92", del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y tres, Octava Época del volumen cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos, que dice: "TRANSMISIONES PATRIMONIALES, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTÍCULOS 112, 113, 114, 115 Y 116 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SUJETO DEL TRIBUTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, consistente en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, la cual debe analizarse en relación con el objeto del gravamen. Ahora bien, este requisito es respetado por los artículos 112, 113, 114, 115, y 116 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco (Diario Oficial de 3 de abril de 1984) que establecen el impuesto sobre transmisiones patrimoniales toda vez que el objeto del tributo, consistente en la transmisión o adquisición de la propiedad o de derechos de copropiedad de bienes inmuebles, por cualquier acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, siempre que se ubiquen en el territorio de los municipios que comprende el Estado, es indicativo de capacidad económica, puesto que el sujeto principal del tributo al erogar una cantidad en relación a su objeto revela que cuenta con recursos que le permiten celebrar la operación." De igual forma, resulta aplicable la tesis "1a. XXV/2000", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientas cincuenta y tres, del "Tomo: XII, Octubre de 2000", Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PRINCIPIO DE. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido en términos generales que el principio de proporcionalidad tributaria radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. De conformidad con el citado principio constitucional los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, mediante el establecimiento de tarifas progresivas. Ahora bien, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales reviste características particulares, porque el legislador no toma en cuenta la capacidad contributiva total del contribuyente, en tanto que el hecho imponible lo constituye la transmisión patrimonial y la base imponible la conforma exclusivamente el valor de la parte del patrimonio que se adquiere y al que se le aplica la tarifa correspondiente. De ahí que el principio de proporcionalidad en este impuesto se cumpla cuando el sujeto pasivo tributa en proporción a su propia capacidad, en relación directa con la parte del patrimonio adquirido, aplicando al valor la tarifa correspondiente." Por tanto, contrario a lo que señaló la impetrante de la acción constitucional, el artículo 14 reclamado no viola las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues el mismo únicamente determina el mecanismo para calcular el Impuesto sobre traslado de dominio, el que establece una tarifa para el pago del impuesto con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa aplicable al excedente del límite inferior, lo que de modo alguno eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución a pagar respecto de la indicada en el renglón anterior, ya que para aquellos contribuyentes que rebasan el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, se les señala una cuota a aplicar a la cantidad existente entre un límite y otro, lo que refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado, al impedir el salto cuantitativo que ocasione un pago desproporcional o inequitativo. Sin que sea dable considerar como inconstitucional el hecho de que las tasas de la tarifa del impuesto sobre traslado de dominio no se incrementen en la misma proporción, pues ello en todo caso derivará de que la alícuota a pagar al cambiar de rango no se incremente en la misma proporción que aumenta la base gravable (lo que en el caso no ocurre). Además, el tributo en cuestión no atiende a las características del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino al valor real del inmueble materia de la adquisición, como manifestación de la capacidad contributiva del adquirente, es decir, que su causación no se basa en parámetros atribuibles al sujeto pasivo, tales como su ingreso, como en el caso del impuesto sobre la renta, sino que atiende a características específicas del bien adquirido y se da en función del valor económico del mismo, en tanto es incorporado al patrimonio del adquirente y en tal sentido, refleja capacidad contributiva (aspecto que se aborda en la ejecutoria origen de la jurisprudencia 223/2009 arriba analizada). En tales condiciones, al ser los analizados todos los argumentos hechos valer para combatir la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, y haber resultado ineficaces para tal efecto, procede NEGAR a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita, contra los actos del proceso legislativo que dio origen, atribuidos a la Legislatura y Gobernador del Estado de Querétaro. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alma Alejandra Pérez Rodríguez, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Claudia Gómez Peralta, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. Revisó Cotejó: Claudia Gómez Peralta Querétaro, Querétaro a 13 de noviembre de 2018 E-439. LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. CIUDAD E-440. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. CIUDAD Por vía de notificación para su conocimiento y efectos legales del caso, en el presente remito a Usted copia certificada de la sentencia pronunciada el día de hoy en el juicio de amparo número 1292/2018-II, promovido por Alma Alejandra Pérez Rodríguez, contra actos de usted y otras autoridades LICENCIADA CLAUDIA GÓMEZ PERALTA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. CGP.

  3. Principal

    Justificados Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, respectivamente, así como designando delegados y señalando domicilio procesal; con su contenido, dese vista a las partes. Causal y documental Además, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de la materia, se tiene a una de las responsables haciendo valer la causal de improcedencia que refiere; y, conforme a lo dispuesto por los numerales 119 y 124, ambos de tal ordenamiento legal, se tiene por admitida la documental que exhibe, ello dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de la relación que de la misma se haga en audiencia constitucional. Pedimento ministerial Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formuladas las manifestaciones que vierte la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y como lo solicita, de conformidad con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su oportunidad expídase copia simple de la actuación que indica, previa toma de razón que de su entrega se deje en autos. Desahoga requerimiento y se da vista Finalmente, téngase por recibido el escrito y anexo de cuenta, atento a su contenido, se tiene al Notario Público número Treinta y Ocho de la Demarcación Notarial de Querétaro, Querétaro, desahogando la prueba de informes ofertada a su cargo por la parte quejosa, así como dando contestación a los puntos requeridos mediante auto de dieciocho del presente mes y año; de lo que se toma conocimiento, y con su contenido se da vista a las partes.

  4. Principal

    . Informe Justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de la autoridad responsable que suscribe el informe de cuenta, respecto de la ampliación de demanda; con su contenido, dese vista a las partes. Además, de conformidad con el numeral 9 de la Ley de la Materia, se le tiene señalando domicilio procesal y autorizados. De igual manera, de conformidad con el numeral 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen por ofrecidas y admitidas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de la relación que de las mismas se haga en la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de ser tomadas en cuenta al momento de emitirse el fallo. Escrito quejosa -Prevención, Queja-. Por otra parte, visto el segundo escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho; del cual, previo a proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, resulta necesario requerir a la promovente para que dentro del plazo de TRES días, legalmente computados, cumpla con lo siguiente: Exhiba trece copias de su escrito de queja, toda vez que sólo exhibió el original; sin embargo, se requiere una copia para el expediente, nueve para las autoridades responsables, una para el tercero interesado, una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita por ser parte en el juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de la Ley de Amparo, y una más para el Ministerio Público adscrito al órgano colegiado que conozca del recurso.

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