Leem Prados Peralta
Expediente 527/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Leem Prados Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de siete de febrero del año en curso (fojas 370 a 372), por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hubiese realizado exposición alguna al respecto; en esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial. Luego, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, en cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez trascurridos cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que, previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita.
- Principal
(CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de nueve de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de siete de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo cconducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, se dicto sentencia en este expediente en la que por una parte se negó al quejoso la protección constitucional solicitada y por otra, se concedió el amparo y protección a Leem Prados Peralta. II. En auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Amparos en representación de las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con residencia en la Ciudad de México, interponiendo recurso de revisión contra dicha sentencia. III. Mediante ejecutoria de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, confirmó la sentencia recurrida, por lo que, en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural. Asimismo, se requirió al Subsecretario de Ordenamiento Territorial de dicha dependencia, para que en su calidad de superior jerárquico, ordenara a sus subalternos cumplir con la ejecutoria de amparo. IV. En auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se tuvo al Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural [esta última por conducto del Director de Ejecutorias], todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, remitiendo copia certificada del acuerdo, de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, firmado por el Director de Ejecutorias de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Adjunta "A" de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en Representación del Subsecretario de Ordenamiento Territorial, ambos con sede en la Ciudad de México; en el cual se dejó insubsistente el diverso de archivo de veinticuatro de julio de dos mil quince determinando la continuación del trámite de la solicitud de enajenación realizada por la parte quejosa relativa al predio denominado "Soledad" por lo que con dichas constancias se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su derecho corresponda. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. La Superioridad confirmó la concesión de amparo, para los efectos siguientes: "1. Dejen sin efecto el acuerdo de archivo de veinticuatro de julio de dos mil quince. 2. Emitan otro en el que, de manera completa, fundamente su competencia para emitir el acuerdo correspondiente. La concesión del amparo se hace extensiva al acto reclamado al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, consistente en la notificación del acuerdo de archivo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, pues no se expusieron conceptos de violación en su contra." Al respecto, la autoridad Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural [esta última por conducto del Director de Ejecutorias], todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento al fallo protector, mediante oficio REF.I.110/A/D/13206/2016, remitió copia certificada del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis; en el cual se dejó insubsistente el acuerdo de archivo de veinticuatro de julio de dos mil quince, y se determinó la continuación del trámite de la solicitud de enajenación realizada por la parte quejosa relativa al predio denominado "Soledad". Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En efecto, de la lectura del nuevo acuerdo pronunciado el veinticinco de mayo del presente año en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que en el considerando cuarto del referido acuerdo se estableció lo siguiente: "Bajo este tenor, no habiendo resultado suficiente para el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el Fundamento establecido en el Acuerdo de Archivo de fecha 24 de julio de 2015, para acreditar la competencia de la Dirección General de la Propiedad Rural y de la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural para emitir el Acuerdo de Archivo en el expediente de control interno de la Delegación Estatal número 387/06 relativo al predio denominado "LA SOLEDAD", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo, se determina que derivado de las consideraciones vertidas por parte del Órgano Jurisdiccional respecto al cumplimiento de la ejecutoria en que se actúa, y tomando en cuenta que con la emisión del presente Acuerdo se resuelve la insubsistencia del Acuerdo de Archivo de fecha 24 de julio de 2015, dictados respecto predio denominado "LA SOLEDAD" ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo, SE ORDENA A LA Subdirección de Terrenos Nacionales adscrita a la Dirección General Adjunta de regularización de la Propiedad Rural de esta Secretaria CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE ENAJENACIÓN ONEROSA DEL EXPEDIENTE DE CONTROL INTERNO DE LA DELEGACIÓN ESTATAL NÚMERO 387/06, DEBEIENDO AGOTAR PARA TAL EFECTO, TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES ESTABLECIDAS EN EL Titulo Noveno de la Ley Agraria y Titulo Cuarto del Reglamento de la Ley Agraria en materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a fin de determinar lo procedente respecto a la Titulación del predio de mérito. De la transcripción anterior se advierte que la autoridad responsable Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural [esta última por conducto del Director de Ejecutorias], todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, si bien no se pronunció en los términos señalados en la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, confirmada por la Superioridad en ejecutoria de catorce de octubre de dos mil dieciséis, respecto de la fundamentación de su competencia conforme al Acuerdo Delegatorio, publicado el uno de agosto de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación; lo cierto es que las autoridades responsables, al determinar la continuación del trámite de la solicitud de enajenación de terrenos nacionales promovida por el quejoso, le restituyeron su derecho fundamental que había sido vulnerado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo. La anterior determinación, hágase de conocimiento a la Superioridad por oficio vía fax para los efectos legales correspondientes.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veuinticinco de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinticuatro de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo cconducente señala: Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural [esta última por conducto del Director de Ejecutorias], todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, dan cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 314 y 315), ya que remiten copia certificada de la documental siguiente: Acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el trámite de enajenación onerosa ********************. En mérito de lo anterior, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de lo procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Administradora de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que las piezas postales relativas a los oficios 23859/2016 y 23860/2016, con los cuales se les notificó a las autoridades responsables el auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 314 y 315), mediante el cual se le requirió a las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de Propiedad Rural, ambas con sede en la Ciudad de México, fueron entregados a la oficialía de partes de este juzgado federal el quince del mes y año en curso, tal como se acredita con la constancia que anexa a su escrito de cuenta, lo anterior sin mayor proveído toda vez que dichos acuses ya obran agregados en autos a fojas trescientos cuarenta y cinco y trescientos cuarenta y siete. De lo anteriormente expuesto, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que sea el caso dictar mayor acuerdo, en virtud que en autos de nueve y quince de los corrientes, se acordó lo conducente.
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